Acceso e información restringidas en el penal de Izalco

Vilma Laínez | 08/06/2022

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Las familias de las personas detenidas en el penal de Izalco durante el régimen de excepción tienen que caminar casi dos kilómetros para entregar el paquete de higiene personal o pedir información de su ser querido. El acceso está restringido desde finales de abril por las aglomeraciones a las afueras del penal, ante la falta de información.

Familiares de personas detenidas esperan información frente a un penal salvadoreño. Foto: Kellys Portillo.

El ambiente está húmedo. Ha amanecido lloviznando y el camino hacia el penal de Izalco ya es transitado por decenas de personas que han madrugado para buscar información de sus parientes, o para llevarles el paquete de higiene personal que la Dirección de Centros Penales les solicita. Algunas han dormido en el lugar, al aire libre, para aprovechar el tiempo. Son personas que vienen de lejos y que saben que un día no les alcanzará para estas vueltas. Acompañamos el trayecto que hacen las personas desde la terminal de Sonsonate hacia el penal de Izalco.  

Son pasada las 7 de la mañana del lunes 6 de junio y este lugar parece un punto de encuentro para los parientes de las personas detenidas. No pasan desapercibidos ante los ojos de taxistas u otros pasajeros, por las bolsas transparentes que cargan con los productos de higiene personal y por las conversaciones sobre sus casos. Entre las familias se acompañan y se orientan sobre la ruta que las llevará al penal. De hecho, el microbús va lleno casi solo de personas que van en busca de información. En menos de media hora, el microbús los baja a casi dos kilómetros antes de llegar al penal, y quienes continúan el trayecto son residentes de la zona que son revisados por policías y soldados. 

Los nombres de las personas que aparecen en esta nota han sido cambiados para proteger sus identidades. Las historias fueron transcritas de las conversaciones que sostenían en el transporte, en los comedores, en los lugares de descanso y en los puntos de espera. En este último lugar, las personas hablaban en voz baja, ante la presencia de policías y soldados. Las familias tienen miedo y se puede notar en sus rostros cuando uno se presenta como periodista. Pero también es evidente la solidaridad que han ido construyendo, porque cada uno se ofrece a ayudar a quien llega por primera vez. 


***


«Mire hasta dónde los han venido a meter, bien refundidos», cuestionaba María, una mujer que había viajado desde Cabañas para poder entregarle el paquete de higiene personal y cambio de ropa a su hijo, capturado el 31 de marzo. María, una mujer de 41 años, no conocía el lugar, era la primera vez que llegaba. Tuvo que viajar desde el domingo para poder ser de las primeras en pasar el lunes y así asegurar que el paquete le fuera entregado. «Él no es de asociaciones ilícitas, él no es de cosas de pandillas, él no andaba haciendo delitos», decía María, en su afán de desmentir las acusaciones que la Policía hace al joven. 

El hijo de María fue capturado mientras iba a jugar fútbol, y las autoridades lo acusan de asociaciones ilícitas. Un agente policial, consultado sobre estas capturas, aseguró que a jóvenes como el hijo de María los detuvieron por distribuir droga —marihuana — y que ese es un negocio atribuido a las pandillas. «Él no es criminal. Confío que saldrá pronto. Le pido a Dios, al Divino Niño para que lo tenga con salud, para que nada malo le pase», le susurraba María a otra madre que lloraba por su hijo detenido. 

Para María, esto ha complicado aún más su situación económica y ha perturbado la tranquilidad emocional de su hogar. Es una mujer empobrecida que también tiene que cuidar de su hija adolescente con discapacidad intelectual y hacer oficios varios para sobrevivir. Pero la solidaridad de otras madres que también tienen hijos presos le ha permitido estar informada sobre y acceder a ayuda económica para poder trasladarse al penal y llevarle el paquete a su hijo. «Hay una amiga buena que me quiere y conoce mi situación. Ella siempre se solidariza con la gente», dijo María, al referirse a una vecina. 

Como María, otras familias también tuvieron que recorrer largos trayectos entre el domingo y el lunes en busca de información de sus parientes y para la respectiva entrega del paquete. José, junto a su papá, viajó desde Usulután a las 11 de la noche del domingo para saber de su hermano, detenido el 13 de mayo. «Lo llegaron a capturar a la casa a las 5 de la tarde, mientras él le estaba preparando el café a mi mamá que trabaja en un agroservicio», dijo José, mientras compartía con otros padres sus preocupaciones sobre el régimen. Ni él ni su papá conocían el penal, aprovechó el viaje de un vecino que también tiene un hijo detenido y tuvieron que pagar 80 dólares entre los tres para el gasto de gasolina. 


Captura por antecedentes penales 


Los esposos Juana y Miguel, de San Vicente, cuentan que a su hijo se lo llevaron detenido hace dos meses porque antes estuvo preso por consumo de drogas, y no por ser pandillero. «Como aprendió el vicio de fumar, por eso lo tuvieron por dos años, porque le encontraron marihuana en las bolsas del pantalón y ahora como dijeron que es la ley del presidente, lo llegaron a capturar al trabajo, pero él ya había pagado», señala Juana. 

Esperar es lo único que habían hecho, confiados en que su hijo saldría pronto, pero la falta de información sobre su integridad física y la falta de productos de higiene personal, los hizo viajar. «Nos costó llegar acá, por ratos pagando transporte directo y por ratos en bus. A saber, a qué horas vamos a salir de aquí», dijo Juana, angustiada al ver que a la hora que llegó la fila ya era más larga y cada vez se iba llenando. El trasporte colectivo que llega a la zona del penal no es fluido, se espera hasta más de media hora para que pase la única ruta que hace el recorrido. A estos esposos, otras familias que también esperaban los orientaron sobre la entrega de los paquetes y la dinámica de espera: alquilar a $2 una hamaca, una silla, o sentarse a esperar al aire libre. Pagar $0.35 por el uso de los baños y $1.25 por tres pupusas y café. 

Una familia que viene del oriente o de la zona paracentral del país, y que viaja en transporte colectivo, tiene que destinar hasta dos días para llegar al penal, debido a la distancia. Los esposos Juana y Miguel, por ejemplo, salieron de San Vicente, desde la zona del puente Cuscatlán, antes de las cuatro de la mañana, y llegaron a Izalco pasada las 10 a.m. para entregar el paquete de su hijo y buscar información sobre él. 


Negocios alquilan hamacas para personas que esperan por sus familiares en detención. Foto: Vilma Laínez.

Otras personas prefieren quedarse a dormir en el lugar, y esperar que su familiar sea puesto en libertad. Ese es el caso de Antonio, quien vive en Ahuachapán. Asegura que se ha quedado a dormir hasta cinco días consecutivos sobre una hamaca que alquila en un negocio de comida. La renta de hamacas y sillas es uno de los negocios surgidos a raíz del régimen de excepción. Cuando Antonio ha tenido que viajar, sale de su cantón a las 2 de la mañana y le toca caminar más de una hora hasta agarrar el transporte que lo trae a la terminal de Sonsonate. «Porque es temprano y el transporte (en el cantón) empieza a recorrer a las 5 de la mañana me toca salir a una parte donde pasan los buses que vienen de Las Chinamas. Hago prácticamente cuatro horas», sostuvo. Su hijo fue detenido junto a otros cuatro jóvenes en una iglesia, a principios de abril. 

Antonio ya ha sido testigo de la liberación de jóvenes en horas de la noche de este penal, sin que sus familiares estén presentes. Aseguró que otras personas que esperan les han facilitado ropa y hasta dinero para que se puedan trasladar a sus hijos. «Si viene uno (detenido) y necesita ayuda, todos ayudan aquí». 

Antonio sueña con estar presente el día que liberen a su hijo, pero si no está, confía en que otras personas lo ayudarán. Durante estos dos meses ha perdido a un hermano por complicaciones en la diabetes, la salud de su esposa se ha deteriorado y él parece cansado. Es un hombre de más de 70 años, también padece de diabetes. El lunes tenía previsto quedarse a dormir y seguir esperando a que su hijo salga libre. 


La falta de información persiste 


La única información que dan las autoridades en el penal de Izalco a estas familias es el número de sector y celda donde están recluidos sus parientes. Sobre sus condiciones no dan detalles, ni cuando se consulta de forma presencial, ni por los teléfonos que han habilitado. 

Durante la visita de este lunes al penal, pasó un microbús con reos, pero nadie supo a dónde los llevaban. Las vendedoras de frutas y comida que llegan al lugar todos los días, aseguran que ven seguido vehículos de Medicina Legal, o que trasladan presos golpeados al Hospital Mazzini de Sonsonate. En el hospital tampoco dan información. 

Iris llamó este lunes al penal de Izalco y al Hospital Mazzini para saber sobre su hijo, detenido el 1 de abril en Santa Ana, tras enterarse por un familiar que el penal estaba en emergencia y que había varios reos heridos, pero no logró ninguna información. «Esto cada día se vuelve un calvario de pensar que nuestros familiares puedan morir. Si lo que más duele que no sabemos su situación y si hay personas que están desnutridas. Ocultan información de nuestros familiares», señaló. 

La organización Amnistía Internacional denunció el pasado 2 de junio que al menos 18 personas han muerto bajo la custodia del Estado salvadoreño desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo. La directora para las Américas de este organismo, Erika Guevara Rosas, advirtió que dadas las precarias condiciones carcelarias, existe el temor de que el número de víctimas fatales incremente. 

«La política implementada con la supuesta justificación de reducir la violencia en el país a toda costa, encuentra su máxima expresión de ensañamiento en estas muertes bajo la custodia del Estado. Las autoridades salvadoreñas deben investigar a todas las muertes arbitrarias inmediatamente y no permitir ni una más», apuntó Guevara Rosas. 

El lunes, el ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, recluido en el Penal La Esperanza desde junio de 2021, habló con periodistas tras salir de una audiencia en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador. Dijo que en ese reclusorio mueren de dos a tres reos a diario y que él mismo ha sido testigo porque su celda queda frente a la clínica penitenciaria. 

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