Asociación de Periodistas: En El Salvador no hay garantías para ejercer periodismo
Gabriela Aquino | 06/04/2022
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) realizó un conversatorio sobre los casos más relevantes de vulneraciones a la prensa y las relaciones de los medios con las últimas cuatro gestiones presidenciales. Los participantes afirmaron que en el país no se cuenta con las garantías mínimas para ejercer el periodismo.
El conversatorio contó con la presencia de miembros de la APES, además de Liduvina Escobar, ex comisionada del Intituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y Claudia Ramírez, jefa de información de La Prensa Gráfica, quienes señalaron que el gobierno actual se dedicó a desmantelar el IAIP, y a dejar al periodismo sin instancias ni garantías para ser ejercido.
“El periodismo en El Salvador es un ejercicio de alto riesgo”, dijo Serafín Valencia, relator de la APES, quien añadió que actualmente hay un incremento alarmante de agresiones contra periodistas. Hasta abril de este año, la Asociación registra un total de 30 vulneraciones, entre ataques físicos y digitales. Destacan que la mayoría de víctimas son mujeres: “Es todavía más grave ser mujer periodista en el contexto actual”, añadió Valencia.
Según Liduvina Escobar, en las últimas cuatro gestiones presidenciales se ha visto a los medios como enemigos de algunos intereses. Sin embargo, en la administración actual la situación se ha agravado. Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, advierte que hay un alto índice de impedimento a la libertad de expresión (84 de un máximo de 100) en El Salvador.
Los ponentes calificaron de alarmante el uso arbitrario de recursos del Estado para perseguir a los periodistas. En enero de 2022, una investigación de Access Now y Citizen Lab denunció el uso del programa espía Pegasus, del israelí NSO Group, contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador. Las organizaciones pidieron una investigación. Entidades locales han solicitado información sobre el uso de fondos del Estado para la compra de dicho programa de espionaje, pero esta ha sido negada por la Corte de Cuentas de la República.
Además se documentan otras agresiones digitales, como el hackeo de la cuenta de WhatsApp del Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas de la APES y al menos ocho periodistas, difundiendo amenazas y expresiones de odio en grupos y chats personales.
Sumado a las agresiones físicas, digitales y a la obstaculización del trabajo periodístico por parte de entidades del Estado, la actual Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, ha aprobado reformas de ley que atentan contra la labor de los periodistas y limitan la libertad de prensa, como recientes enmiendas a la Ley contra los Delitos Informáticos que penalizan la difusión de información que una de las partes involucradas pueda considerar confidencial, y la creación de penas de hasta 15 años de cárcel por difundir contenido relativo a las pandillas.