Aumentan las denuncias de abusos durante el régimen de excepción
Mónica Campos | 20/10/2022
Cristosal informó que han registrado un total de 2,878 denuncias que dan cuenta de violaciones de derechos humanos de 2,987 personas desde que, en marzo pasado, inició el régimen de excepción. Los casos incluyen detenciones arbitrarias, allanamiento de morada y malos tratos por parte de agentes policiales y militares.
Desde se aprobó el régimen de excepción en El Salvador, en marzo pasado, 80 personas han muerto mientras se encontraban bajo custodia del Estado, entre ellas una mujer, según el último informe de la organización civil Cristosal. Entre el 27 de marzo y el 18 de octubre de 2022, la oenegé recibió un total de 2,878 denuncias de vulneraciones a derechos humanos en el contexto del régimen de excepción que desde hace siete meses mantienen en pie el Gobierno de Nayib Bukele y sus legisladores aliados. En total, la organización contabiliza a 2,987 personas víctimas de vulneraciones.
El régimen de excepción fue aprobado en marzo y los diputados oficialistas lo han prorrogado seis veces. La medida implica la suspensión de derechos constitucionales, el aumento del plazo de la detención administrativa, el anonimato de los jueces, la intervención de las telecomunicaciones y capturas masivas en zonas empobrecidas, entre otras acciones.
Familiares y víctimas han denunciado falta de respuesta de parte de Estado, negativas de informar sobre el paradero o el estado de las personas detenidas, muertes que no son notificadas a parientes, e inactividad de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Incluso la Corte Suprema de Justicia tiene sin resolver la mayoría de los habeas corpus presentados por los parientes de las personas arrestadas.
En este contexto, han sido las organizaciones de la sociedad civil, como Cristosal y el Servicio Social Pasionista, quienes están atendiendo a las personas y documentando las vulneraciones. Cristosal reporta que las violaciones a derechos humanos denunciadas con más frecuencia han sido las detenciones arbitrarias, con un 97.7 % de los casos; el allanamiento ilegal de morada, mencionado en un 25 % de las denuncias, y los malos tratos en un 10.9 %. Las personas jóvenes, entre los 18 a los 30 años, han sido las víctimas en la mayoría de los casos revisados por la organización: las juventudes representan al 59.1 % de las denuncias totales.
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) son los victimarios denunciados en un 75 % de los casos, frente a un 6.1 % en el que los miembros de las Fuerzas Armadas son los denunciados. Los relatos de quienes comienzan a recuperar la libertad tras pasar seis meses detenidos, sin que se encontrara pruebas en su contra, constatan lo que las organizaciones han venido denunciando.
Salvadoreñas frente al régimen
La organización explicó que el régimen de excepción tiene un impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Estas últimas son quienes cargan mayormente con las consecuencias de las vulneraciones cometidas en el contexto de la suspensión de derechos.
Hasta principios de octubre, la Policía Nacional Civil reportaba más de 54,000 detenciones dentro del marco del régimen de excepción, entre las que hay unas 6,000 mujeres. Pero ante las ONG que ofrecen apoyo, las denuncias las están interponiendo las mujeres. Entre los familiares de detenidos que acuden a Cristosal en busca de ayuda, un 81.9 % son mujeres, frente a un 13.8 % de hombres.
Cristosal dijo que también hay mujeres detenidas y que las condiciones en las que se encuentran son preocupantes. Zaira Navas, representante de Cristosal, explicó que una de las acciones más graves que se ha dado en el marco del régimen es el traslado de privadas de libertad desde el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres en Ilopango, conocido como Cárcel de Mujeres, hacia otros centros penitenciarios donde hay hombres.
El informe presentado recoge los testimonios quienes que han sido liberadas y dan cuenta del aumento de mujeres encarceladas, el hacinamiento, malos tratos y hasta actos de violencia sexual por parte de personas que custodian a las detenidas.
Navas explicó a Alharaca que Cárcel de Mujeres ahora está ocupada por hombres, algo que han podido constatar mediante su labor de abogados. Además, adelantó que el próximo 25 de octubre ocho organizaciones de derechos humanos asistirán a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visibilizar la situación de las personas privadas de libertad en El Salvador. La abogada lamentó que el Estado no haya hecho presencia en otras audiencias convocadas por la comisión y dijo que espera que esta vez sí asistan.
