Mónica Campos | 12/05/2022
Desde el inicio del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad afirman haber capturado alrededor de 26 mil personas. La investigadora y especialista en derechos humanos, Celia Medrano, asegura en esta entrevista que la privación de derechos no puede ser una herramienta para el combate a la criminalidad. Además, advierte que nos encontramos las puertas del desconocimiento de la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Casi dos meses han pasado desde el 27 de marzo, día en que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó un régimen de excepción a petición del presidente Nayib Bukele. Esto como respuesta a una ola de asesinatos que dejó más de 70 muertes en dos días. Las denuncias públicas de violaciones a derechos humanos no tardaron en viralizarse en las redes sociales y en registrarse por decenas ante organizaciones no gubernamentales.
Las autoridades desplegaron operativos en zonas empobrecidas y realizaron capturas masivas que rondan las 26,000 personas detenidas, en un régimen que les priva del derecho a la defensa y que alarga la detención provisional a 15 días, en lugar de 72 horas. Para Celia Medrano, investigadora y especialista en derechos humanos, el deterioro a las garantías a los derechos de las y los salvadoreños no deberían de ser una herramienta para el combate a la criminalidad.
La experta señala con preocupación que tanto la estrategia de seguridad como el discurso presidencial se encaminan, más que a resolver la situación, a dividir a la población entre «buenos y malos». Medrano asegura en esta entrevista para Alharaca que las reformas penales aprobadas en la Asamblea en el marco del régimen de excepción también violan convenciones internacionales relacionadas a la niñez y la adolescencia. Los diputados aprobaron, entre otras siete reformas, penar con 10 años de cárcel a los menores desde los 12 años de edad que participen en ilícitos y con 15 años de prisión a los que tengan 16 años cumplidos.
La violencia estatal como respuesta a la violencia ejercida por las pandillas genera, para la analista, un escenario que deja a El Salvador a las puertas del desconocimiento de la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Pienso que estas reformas y otras que estuviesen pendientes nos están llevando es a un régimen de excepción permanente, haya un decreto legislativo que lo promulgue o no. Lo más grave de las reformas que se plantearon en la Asamblea Legislativa, a mi juicio, son las relativas al aumento de prisión a niños de 12 años y a niños mayores de 14 años. Es el daño más grave que se está haciendo en función de salirle al paso a una vieja insistencia de que el hecho de que haya niños pequeños involucrados en acciones de delincuencia y criminalidad amerita o se puede corregir con aumentar las penas y los castigos de carácter penal para estos niños. Se fomenta la idea en la población de que encerrar de por vida o por largos períodos a los que son responsables de hechos criminales, que llenar las cárceles de personas que cometen delitos es la garantía para que haya seguridad, para lo que en lenguaje populista se insiste, ‘para los buenos salvadoreños’.
Esto es grave porque está demostrado de que ni siquiera promulgar una pena de muerte —por ejemplo, los Estados Unidos, donde la pena de muerte está instaurada— ha disminuido la comisión de delitos graves por parte de quienes delinquen. No hay estudios que fundamenten que el aumento de penas y cárcel contra personas que cometen delitos, asegura la reducción de hechos criminales. La Asamblea Legislativa no está estableciendo una diferencia entre la instrumentalización de la delincuencia y del crimen organizado de niñas y niños con criminalizar a estos niños, a estas niñas. Está condenando la vida de un niño, de una niña, que difícilmente puede ser consciente de los hechos que está cometiendo y difícilmente puede achacársele la responsabilidad de ello. En muchos casos, el niño o la niña ni siquiera tiene el control de su vida para poder evitar verse envuelto en hechos criminales.
Creo que estas medidas son un recurso populista. La población estaba antes del régimen de excepción advirtiendo y participando con mayor visibilidad en otros temas no vinculados con seguridad pública, como es el alto costo de la vida, y eso estaba bajando niveles de popularidad que para las autoridades gubernamentales es importante mantener altos. Estamos en un año preelectoral y hay una intencionalidad de una reelección presidencial. En ese marco, cuando se da una situación de aumento de homicidios, que es algo que nos sucede prácticamente cada 5 o 6 meses, la respuesta es la misma siempre: continuar con la militarización de la seguridad pública e insistir en la idea de que violar los derechos humanos de otros nos garantiza seguridad nosotros, a los que llaman desde la narrativa oficial, ‘los buenos salvadoreños’. En ese marco es que se da el régimen de excepción.
Hay investigaciones bastante fundamentadas que apuntan a que la actual gestión gubernamental ha continuado con negociaciones y acuerdos con grupos élites de criminalidad organizada en función de mantener la reducción de homicidios y estos estudios, estos análisis, nos indican también que cuando se da el repunte de homicidios, ello responde a una presión por parte de estos grupos para que se reanuden enlaces y conexiones, contacto con los referentes, los interlocutores por parte de las autoridades para con ellos, o cuando algún tipo de acuerdo sea quebrado o no se está cumpliendo. Eso pudo haber pasado tanto en episodios de incremento de homicidios que hemos vivido por lo menos cuatro veces en los últimos tres años, como también pudo haber pasado en este último episodio de violencia homicida. La negativa a extraditar a líderes actualmente supuestamente en prisión por parte de las autoridades, creo que responde más, desde la lógica de los grupos de poder que ejercen control en Casa Presidencial, a no ceder ante Estados Unidos, a demostrar «fuerza» ante los Estados Unidos: que no van a ceder a un reclamo de extradición. Si estos liderazgos fuesen extraditados, probablemente proporcionarían información valiosa de estos diálogos, de estas negociaciones que pudieran haberse dado con actores gubernamentales anteriores como con actores gubernamentales actuales. No sabría yo asegurar si estos líderes están vivos o no. Actualmente algunas investigaciones apuntan a que ellos salieron de prisión en el año anterior y no se sabe de su paradero.
No lo dudo. Se está fomentando un imaginario de pandillas que desde hace mucho ya no es tan identitario para con estos grupos. Y en la medida de que se siga fomentando esa idea, consideraremos que no puede ser pandillero una persona vestida como cualquiera, empleado público, sin tatuajes e incluso un estudiante universitario, que sabemos que grupos pandilleros les han enviado a estudiar derecho a universidades incluso privadas. Y eso es porque precisamente los objetivos de este régimen de excepción están más orientados a fomentar de manera populista la ilusión de seguridad de la población. Y la población todavía no digiere, todavía no identifica a una persona bien vestida como alguien que puede pertenecer a pandillas.
Fomentan la idea de que una persona miembro de pandillas vive en zonas de alto nivel de pobreza y está tatuado en todas partes. Por lo menos desde hace 15 años sabemos que las nuevas generaciones de pandilleros han seguido es no tatuarse y no vestirse de manera que se le identifique como pandillero. En los cateos obligan a las personas a prácticamente desnudarse para verificar si están tatuadas o no, reproducen un imaginario de las pandillas que hace muchos años no existe, desde el momento en que las pandillas empezaron a mutar, a conformar grupos de criminalidad organizada.
Lo que pierde la persona es derechos relacionados con su libertad, pero no pierde derecho a la salud, no pierde el derecho a la educación, no pierde derecho a la alimentación, no pierde el derecho a que se respete su integridad física, su integridad moral. Y todo esto está bajo responsabilidad del Estado, porque es el Estado quien le ha privado de libertad y es el Estado el responsable. Si esta persona se enferma, si esta persona no es atendida de manera pronta, adecuada, digna, cuando necesita alimentación, educación, salud y sobre todo procesos adecuados a inserción social, a reinserción, rehabilitación social que empiezan no desde el momento en que la persona está privada de libertad, deben de empezar desde que la persona es procesada por la comisión de un delito determinado. Entonces lo que hay es la violación permanente a derechos, a la dignidad de la persona, a la integridad de la persona, a la vida de la persona, argumentando de manera oficial que, porque son responsables o porque se les ha señalado como responsables de la comisión de determinados delitos, merecen perder el derecho a la alimentación, merecen perder el derecho a la salud y merecen morir y ser tratados no como seres humanos.
Hay muchas acciones que se están tomando que están fuera del régimen de excepción. Para empezar, no está contemplado desde el derecho internacional, ya hemos hecho alusión a la opinión consultiva 9/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece con claridad que hay derechos que no pueden ni deben ser violentados, ni aún en condiciones de un régimen de excepción, como es el derecho a la defensa. Y el derecho a la defensa se ejerce desde el momento en que una persona es detenida, en donde se le debe de informar las razones por las que está siendo detenida, los delitos sobre los cuales se le está acusando, procesando. Y cuando es llevada a un centro de detención, tiene derecho a recibir la asesoría legal inmediata. Ese derecho se está negando en el marco de un régimen de excepción y desde ese momento tiene visos de inconstitucionalidad y está violentando normativa internacional de derechos humanos. Tampoco dentro del régimen de excepción están contemplados prácticamente estados de sitio o de facto a través de acordonamientos militares georreferenciados, ubicados geográficamente en determinadas comunidades. Y, sin embargo, se está haciendo y se anuncia.
Creo que los grupos que ejercen poder dentro de la actual gestión gubernamental en Casa Presidencial están convencidos de que estamos en una situación de reacomodo de fuerzas a nivel internacional. Yo sí creo que somos testigos de una era donde hay un reajuste a nivel de hegemonía hacia un mundo mucho más multilateral. Pero en esa lógica sesgada, desde estos grupos de poder consideran que los derechos humanos responden a un mundo hablando del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dominado desde la hegemonía de los Estados Unidos. Y por lo tanto al confrontar con los Estados Unidos, se arrastra también una confrontación hacia un sistema internacional, un sistema interamericano en materia de derechos humanos.
Muy probablemente estamos a las puertas de un desconocimiento por parte de El Salvador a la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la jurisdiccionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto ocasionaría una situación en donde El Salvador se estaría ubicando dentro de regímenes del corte de lo que fue Fujimori, por ejemplo, en Perú, el ex presidente peruano que desconoció a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia en su contra. Sabemos lo que sucedió, Fujimori ha tenido que ser condenado por hechos de violaciones a derechos humanos cometidos durante su mandato las víctimas actualmente esgrimen precisamente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado salvadoreño también estaría a la altura de un perfil de gobierno como el de Nicaragua.
Más que esperar condenas o sanciones internacionales para con el Gobierno de El Salvador, debemos vernos en el espejo de Nicaragua, con más de 20 años de gobierno y violaciones a derechos humanos cada vez más graves. Creo que somos los mismos salvadoreños los que estamos llamados a poner un alto real a esto y no esperar que la comunidad internacional de una lucha que es nuestra.