Cristosal registra 20 muertes en segundo mes del régimen de excepción

La organización Cristosal presentó un informe sobre violaciones a los derechos humanos  registradas en el marco del régimen de excepción en El Salvador, vigente desde el pasado 27 de marzo. En el segundo mes de la suspensión de garantías constitucionales, entre el 27 de abril y el 25 de mayo de 2022, han documento la muerte de 20 personas que estaban bajo custodia de autoridades penitenciarias: 12 de de estas dentro del penal de Izalco y 6 en el penal La Esperanza, conocido como Mariona.  

El informe afirma que al menos 14 de dichas muertes son consideradas ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, ya que acorde a los estándares en materia de derechos humanos pueden haber sido ocasionadas por la acción directa, la aquiescencia o la omisión de las autoridades responsables de los centros penales. En los dos meses del régimen, las muertes de personas bajo custodia estatal de las que Cristosal ha tenido conocimiento directo ascienden a 40.  

La organización ha estado recolectando denuncias sobre violaciones a los derechos humanos desde que el régimen entró en vigor por primera vez. A la fecha, ha sido prolongado en dos ocasiones. Según los registros de Cristosal, el 91.7 % de las denuncias son detenciones arbitrarias, con un carácter sistemático y generalizado que responde “a directrices generales emanadas y/o autorizadas por los altos niveles de dirección de ambas entidades, lo que compromete la responsabilidad de las titularidades de estas instituciones en los abusos cometidos”.  

Esto contrasta con las declaraciones de René Escobar, procurador general de la República, quien ha asegurado en entrevistas televisivas que no registran denuncias por detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción.  “Hasta este día no he recibido ni una tan sola de esas supuestas detenciones arbitrarias. Yo no puedo decir que exista o no, lo que sí te puedo decir es que he estado con estas organizaciones que alegan una cantidad de detenciones, pero no… yo les he dicho vengan a mí y yo voy a darles el seguimiento y no han venido”, dijo Escobar durante el programa de entrevistas matutinos Frente a Frente.  

Ruth López, abogada y defensora de derechos en Cristosal, afirmó que “el procurador exhibe un escandaloso desconocimiento de la realidad nacional y de lo que ocurre en las oficinas que formalmente dirige”, y agregó que “a un funcionario le corresponde cumplir con el mandato que la Constitución y la ley le obliga, no a servir a intereses partidarios. Afortunadamente hay decenas de procuradores comprometidos con su trabajo y con la población inocente que ha sido vulnerada por un régimen que sin escrúpulos ha enviado a prisión a miles de personas inocentes”. 

El informe señala que los allanamientos ilegales a viviendas continúan, así como las de tenciones que poseen tatuajes artísticos o antecedentes penales, aunque hayan sido absueltas por un tribunal. Asimismo, detalla que las detenciones arbitrarias por denuncias anónimas han aumentado.  

“En todos los casos verificados, las autoridades detienen a las personas sin vincularlos a conductas específicas que representen presuntos ilícitos, por lo que las detenciones responden más bien a criterios discriminatorios. Es importante relevar que las detenciones por aplicación del régimen de excepción no se están realizando en situaciones de flagrancia”, destaca el documento.  

El informe revela además que hay vulneraciones hacia mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+. En el caso de las mujeres, las agresiones se registraron tanto en las detenidas como en las familiares de personas ya privadas de libertad bajo el régimen.  

“Las capturas de mujeres responden a patrones discriminatorios y estereotipados: mujeres jóvenes; madres jefas de hogar sin pareja; residentes en determinadas barrios o comunidades, entre otros”, apunta el documento, y agrega que el rechazo de las autoridades a brindar información sobre la situación de las mujeres dentro de los centros penales impide la verificación de su situación.  

En este segundo mes del régimen de excepción han documentado 18 detenciones de personas de la población LGTBIQ+, y denuncian la existencia de malos tratos y vulneraciones a los derechos de estas personas por parte de las autoridades, pues al cerciorarse que tienen una orientación sexual o expresión de género diversa, emiten comentarios con un contenido altamente homofóbico y de odio.