«Cualquier cimiento de la imagen de estadista se desmoronó el 9F»
Mariana Belloso | 09/02/2022
Desde la perspectiva de Ruth Eleonora López y Celia Medrano, abogada y defensora de derchos humanos, respectivamente, el deterioro de la incipiente democracia salvadoreña se aceleró ese 9 de febrero de 2020, cuando el presidente Nayib Bukele se tomó, junto a elementos de las Fuerzas Armadas, el Palacio Legislativo.
Entre julio de 2019 y febrero de 2020, Nayib Bukele, quien recién había asumido el cargo de presidente de la República de El Salvador, construyó un creciente discurso de confrontación con la Asamblea Legislativa, que para entonces aún tenía representación mayoritaria de la oposición: el partido de derecha, ARENA, que estuvo 20 años en el poder tras la firma de los Acuerdos de Paz, y el FMLN, de izquierda, conformado por integrantes de la ex guerrilla.
Desde que llegó al Ejecutivo, Bukele centró su política en el denominado Plan Control Territorial (PCT), supuesta base de su política de seguridad, del cual no daba detalles. A la vez, solicitaba a la Asamblea que se le aprobaran fondos para financiarlo. Ante la negativa de la oposición, que exigía información sobre el uso del dinero, y en medio de llamados de atención de organizaciones de la sociedad civil, que ya advertían una militarización de la seguridad pública; el conflicto se aceleró y llegó a un punto álgido: la toma de la Asamblea Legislativa por parte del propio Bukele, con la complicidad de la Policía Nacional Civil y el Ejército, en lo que ahora se recuerda como el 9F.
¿Qué cambió a partir de ese día? La abogada Ruth Eleonora López acudió un día antes, el sábado 8 de febrero, a la Sala de lo Constitucional, para presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de la orden del Consejo de Ministros, convocado por Bukele, para llamar a una sesión plenaria extraordinaria en la que se aprobaran los fondos para el PCT. Ella advertía una ruptura institucional que estaba en curso. «Era la primera vez que se presentaba una inconstitucionalidad en un juzgado de paz, en un día no hábil, pero consideré que la gravedad era tal que tenía que hacerlo, provocar que la institucionalidad de control suspendiera la convocatoria», explicó.
La semana anterior, las exigencias de Bukele por la aprobación de un préstamo de US$109 millones para el financiamiento de la fase III del Plan Control Territorial se habían intensificado. Pese a que el viernes 7 los diputados de la comisión de Hacienda habían acordado avalar el préstamo y someterlo a votación en la plenaria del jueves siguiente, esto no evitó que el presidente llamara al Consejo de Ministros para que se convocara una plenaria de urgencia el fin de semana, algo que la Constitución contempla cuando hay motivos de máxima necesidad, como un desastre natural.
Ruth López fue una de las demandantes que advirtió la inconstitucionalidad del acuerdo del Consejo de Ministros, en la que se convocaba a sesión extraordinaria a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero. Pero la resolución de la Sala de lo Constitucional, que le dio la razón, llegó hasta en octubre de 2020.
Mientras tanto, Bukele había organizado una concentración fuera de la Asamblea Legislativa. Esperaba que los diputados se presentaran ese domingo 9 de febrero con el único objetivo de aprobar los fondos para el PCT, de cuyas primeras dos fases no había presentado informes.
Lo que siguió fue un operativo conjunto de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada tomando el control del Palacio Legislativo, obligando a los trabajadores a abrir las puertas y facilitando el ingreso de Bukele, junto a militares y policías armados. Legisladores afines al presidente que habían asistido a la convocatoria de la plenaria extraordinaria comenzaron a tratar de abandonar el Salón Azul. Algunos, como la entonces diputada de ARENA Felissa Cristales, denunciaban a través de sus redes sociales la invasión del espacio legislativo.
«La escena dantesca de los militares en la Asamblea, a los que algunos aun hoy le restan importancia para justificar el actuar desenfrenado del presidente, si bien pudo haberse evitado si la Sala hubiera actuado antes, creo que le había impedido al mundo advertir rápidamente la falta de límites del presidente y la inexistencia absoluta de vocación democrática», señala Ruth López. «Cualquier cimiento de la imagen de estadista que podría haber construido, se desmoronó ese 9F», añade.
La defensora de derechos humanos Celia Medrano, quien al igual que López, ha sido blanco de ataques desde el Ejecutivo por denunciar internacionalmente acciones del Ejecutivo, considera que el 9F fue más que los eventos de un día: «Fue un conjunto de hechos que demostraron la falta de escrúpulos para el uso del poder y de las fuerzas armadas y, de manera particular, la toma de la Asamblea fue el culmen de la primera muestra, con impacto internacional, del rostro autoritario de Bukele», sostiene.
Celia Medrano indica que el 9F se dio en medio de una creciente narrativa que pretendía justificar restricciones o violaciones a los derechos humanos en nombre de la ‘seguridad’. «En medio de una pandemia, El Salvador fue uno de los Estados caracterizados por aprovechar la pandemia para avanzar y asentar una agenda autoritaria», recordó.
La explotación del miedo y del hecho de haber alcanzado el Ejecutivo con amplio margen de votos son dos de las condiciones que permitieron imponer una agenda política mediante fuerza militar, dice Medrano. Una agenda destinada a ganar aún más poder y anular la poca y desgastada oposición e institucionalidad existente.
«Pocos actores, demasiado pocos, mal articulados y sin sostenibilidad, advirtieron la gravedad de lo que llamaríamos nuevamente la militarización de la política. La institucionalidad estaba tan débil que no resistió el 9F ni pudo imponérsele a un poder Ejecutivo armado», indicó. Al 9F le siguió un proceso de debilitamiento democrático, facilitado por la emergencia del COVID-19, añade: «La población no lo condenó. En medio de la pandemia, del sobrevivir para cada día, vimos a una población dispuesta a aceptar el autoritarismo».
López y Medrano ven en el 9F el punto de partida de un regreso a la militarización de la seguridad y un quiebre del orden democrático, algo que El Salvador venía luchando por superar desde antes de la firma de los Acuerdos de Paz. Las consecuencias las está viviendo el país, consideran: La ya frágil institucionalidad está ahora cooptada o sometida al Ejecutivo.
«Esto ha dado pie a una violencia institucionalizada ejercida desde el Estado mismo. Se pagará una alta factura por este acelerado y grave retroceso democrático. Una factura que pagaremos todos y todas», concluye Medrano.