Irene Cuéllar: «El régimen de excepción afecta también la transparencia, el manejo de fondos públicos»

Vilma Laínez | 29/05/2024

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Irene Cuéllar, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, proporciona un análisis del trabajo realizado por la Asamblea Legislativa, la cual concluyó funciones el 30 de abril, así como del Gobierno de Nayib Bukele. Destaca que, desde mayo de 2021, cuando la Asamblea pasó a estar mayoritariamente conformada por Nuevas Ideas, se ha observado un aumento en la violación de los derechos humanos, la aprobación de reformas exprés a las leyes, sin debate, como es el caso del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. Esto se atribuye a la concentración de poder y la eliminación de contrapesos en el Órgano Judicial, exacerbado por las destituciones de jueces y fiscales.

Amnistía Internacional ha señalado que, desde el primer día de la legislatura 2021-2024, en la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, se han tomado decisiones ilegales como la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general, así como la aprobación del régimen de excepción el 27 de marzo de 2022. Estas acciones han resultado en violaciones a los derechos humanos. Y en el rompimiento del Estado de derecho, junto la anulación de los contrapesos fundamentales para garantizar la democracia y la transparencia. 

Para Irene Cuéllar, abogada, politóloga e investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, una de las principales áreas en las que la Asamblea Legislativa saliente tiene una deuda pendiente es con las mujeres y la población LGBITQ+. Considera que no se ha legislado adecuadamente para reconocer derechos básicos, como la Ley de Identidad de Género. Cuéllar enfatiza la necesidad de abordar problemas fundamentales, como la falta de datos precisos sobre feminicidios y la efectividad del sistema de protección para mujeres, que históricamente ha sido apoyado por la cooperación internacional. Además, cuestiona el papel del ISDEMU y su función en la prevención y atención de la violencia de género. 

En diciembre pasado, Amnistía Internacional publicó su informe «Detrás del velo de la popularidad: Represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador», donde documentó las graves violaciones a los derechos humanos que se incrementaron después de la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022. Este régimen ha suspendido garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa. Según el informe, una Sala de lo Constitucional independiente podría haber declarado inconstitucional el decreto del régimen de excepción y algunas reformas al Código Penal y Procesal Penal. 

En marzo, Amnistía advirtió en uno de sus comunicados sobre la profundización de la crisis de violación a los derechos humanos durante el segundo mandato inconstitucional de la presidencia de Nayib Bukele. Se teme que, «de no corregir el rumbo, la instrumentalización del proceso penal y la instauración de una política de tortura en el sistema penitenciario» puedan continuar, aumentando «las ya alarmantes cifras de violaciones al debido proceso, muertes bajo custodia del Estado y la precarización de la situación de las personas privadas de libertad». 

Esta entrevista tuvo lugar en abril, poco antes de que la Asamblea Legislativa iniciara su periodo 2024-2027. Por segundo periodo consecutivo, el oficialismo ostenta la mayoría absoluta con 54 de 60 diputaciones. En la primera Sesión Plenaria Ordinaria del 1 de mayo, eliminaron la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género y otras 11 comisiones permanentes. Para la primera Sesión Plenaria Extraordinaria, aprobaron la prórroga número 25 del régimen de excepción, la cual contó con 57 votos a favor: los 54 del oficialismo, 2 del Partido de Reconciliación Nacional (PCN) y 1 de la Democracia Cristiana (PDC). 


Toma de posesión de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2021. Foto: Archivo Alharaca.

¿Qué opinión tiene sobre el desempeño de la Asamblea Legislativa que concluyó su periodo el 30 de abril? 


Es una Asamblea que se parece mucho a las asambleas legislativas anteriores: muy alejada de la población. Creen que, porque ponen un tuit y tienen mil likes, eso los hace ser cercanos a la población o porque de vez en cuando van a una comunidad en la cual ya está todo preparado para la foto, el video, etcétera. Los diputados deberían hilar más fino, porque si no les va a pasar lo mismo que a los otros partidos políticos. Tienen cero capacidades de diálogo. No es una Asamblea Legislativa independiente. Siguen una línea de Casa Presidencial y eso es claro. 


¿Cuál es el análisis que Amnistía Internacional hace sobre las primeras medidas que tomó la pasada Asamblea en su primera sesión plenaria ordinaria? 


Hay interés particular desde el 1 de mayo de 2021, cuando asume la nueva Asamblea Legislativa, de constituirse bajo un modelo de concentración de poder. 


Precisamente, el 1 de mayo de 2021, en la noche, el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, propuso la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, la destitución del fiscal general y en seguida el nombramiento de los nuevos funcionarios.  


Estaríamos en un escenario diferente, si existiera una independencia de parte de la Fiscalía, si tuviésemos también una Sala de lo Constitucional independiente y un sistema judicial [independiente]. Hay que recordar que con una serie de reformas obligan a retirarse a alrededor del 60% de los jueces. Eso compromete de alguna manera al sistema, porque tampoco es un Gobierno que se caracterice por ser transparente. No sabemos, en realidad, cuáles han sido los procesos de selección de esos nuevos jueces y juezas.  


¿Cuáles cree que son las deudas pendientes con las mujeres y la población LGBTIQ+? 


Discutir y aprobar legislaciones o normas que vayan a favor o que reconozcan esos derechos básicos de estas poblaciones tradicionalmente excluidas e invisibilizadas. Empezaría, por lo más básico, refiriéndome no sólo a la Asamblea Legislativa, también al Gobierno porque no sabemos el número de feminicidios, por ejemplo, o qué pasa con el sistema de protección de mujeres que gobiernos anteriores a través de mucha cooperación internacional habían logrado establecer.  

Preguntaría por el papel del ISDEMU. De acuerdo con lo que establece la normativa interna, es el ente rector de la política de protección de la mujer. Preguntaría primero: ¿cuál es el papel o el rol que está jugando el ISDEMU en materia de prevención y atención de violencia de género? No lo veo, ni que se discuta a nivel de la Asamblea Legislativa, tampoco lo veo expresado en una política del Ejecutivo. Y lo otro, tal vez con la Asamblea Legislativa, ¿por qué cerrarse al diálogo con estas poblaciones y con estas organizaciones que han representado los intereses de esta población [LGBTIQ+] u otras organizaciones sociales o no recibir los aportes que hacen en relación con iniciativas de ley? ¿Con quién habla la Asamblea Legislativa? ¿Solo entre ellos?  


En uno de sus comunicados de marzo, Amnistía advierte una profundización de la crisis sobre violación a derechos humanos para este segundo mandato, tanto de Bukele como de la Asamblea Legislativa. ¿Podría explicar qué implicaciones tiene esto? 


Lo que nosotros hemos visto ha sido una crisis que ha ido en una escalada provocada por un modelo de Gobierno que promueve violaciones masivas de derechos humanos y la evasión de mecanismos de rendición de cuentas tanto a nivel nacional como internacional. Su Gobierno se ha caracterizado por el ocultamiento y manipulación de la información pública y la promoción de acciones destinadas a socavar el espacio cívico. Sin duda alguna, muchas de sus acciones no hubiesen podido tener el nivel de impacto que han tenido en materia de derechos humanos si hubiese habido una Sala de lo Constitucional independiente o un fiscal general de la República independiente.  


¿Qué aspectos adicionales pueden profundizarse con el régimen de excepción durante estos dos años que aún no hayan sido experimentados o identificados? 


Fue en 2021 o 2022 que la Asamblea empezó a discutir una ley de agentes extranjeros. Esa ley no está archivada, en cualquier momento pueden sacarla. Eso es lo que van a hacer. El objetivo que va a tener esa ley, como lo ha tenido en otros países como Nicaragua y Venezuela, es limitar la actuación de organizaciones, de sociedad civil. Incluso no teniendo una ley de agentes extranjeros, el Gobierno utiliza instituciones como el Ministerio de Hacienda y los instrumentaliza para llevar a cabo procesos que no tienen ninguna base legal o que sobrepasan sus facultades. 

Lo otro es la continuidad del régimen de excepción. Con las reformas que han hecho al Código Penal y Procesal Penal y a otras leyes, por ejemplo, a la Ley de Antiterrorismo, el sistema va a funcionar igual como está funcionando ahorita [aunque quiten el régimen]. Es decir, si a usted el día de mañana la capturan sin régimen de excepción, pero la capturan y la fiscalía le atribuye el delito de agrupaciones ilícitas o cualquier otro delito vinculado a la operación de estas estructuras de crimen organizado, como la extorsión, por ejemplo, el juez no tiene la capacidad de otorgar medidas sustitutivas que no sean la detención provisional. Usted de entrada estará detenida al menos seis meses, si le adjudican alguno de esos delitos. Eso es lo que estableció la reforma: el juez no va a valorar nada, ni arraigo ni nada, sino que casi es automático cuando tiene que decretar la detención provisional.  

El régimen de excepción únicamente se ha quedado por dos razones: una, porque cumple un objetivo a nivel de marketing; y, la otra, porque les permite hacer varias cosas, por ejemplo, todo el tema de compras. Si usted está bajo un régimen de excepción, la LACAP también queda, de alguna otra manera, inoperante. También pueden hacer movimientos entre líneas presupuestarias sin seguir el procedimiento que establece la ley para eso. El régimen de excepción no solo tiene un efecto a nivel de seguridad, también a nivel de la transparencia con la que se hacen algunos procesos relacionados con el manejo de fondos públicos.  


También ha mencionado a las personas liberadas de las cárceles, señalando que no pueden considerarse absueltas de los delitos que se les imputan mientras continúen cumpliendo con la obligación de firmar. ¿Podría explicar en qué consiste esto? 


Las organizaciones han identificado que ha habido 34 personas defensoras de derechos humanos capturadas o criminalizadas bajo el régimen de excepción. A todas, eventualmente, se les han otorgado medidas sustitutivas a la detención provisional, pero eso no significa que han quedado en libertad, eso significa que siguen los procesos, pero en su casa, no pueden salir del país. Tienen que estar yendo a firmar cada cierto tiempo, pero estas personas eventualmente van a ser llamadas ante un juez. ¿Qué garantías tienen estas personas que son o que ya fueron detenidas por ser críticas al Gobierno, sobre todo en el interior del país, que vienen de comunidades con condiciones bastante precarias y que no tienen una plataforma de visibilidad? 


¿Eso mismo podría pasar con todas las personas que han salido de las cárceles, supuestamente en libertad? 


Hemos identificado un factor común en todo el ciclo y es la arbitrariedad. Igual de arbitraria es la detención; igual de arbitrario es el otorgamiento de medidas sustitutivas a la detención provisional; igual de arbitrario es que el sistema o centros penales adopte de manera inmediata la decisión de un juez de poner en libertad a alguien. Todo es muy arbitrario.  

Nosotros documentamos casos de personas capturadas bajo el régimen de excepción juntas, o sea, en parejas, por ejemplo. Cuando entrevistamos a la persona solo le habían otorgado medidas sustitutivas a una de ellas, la otra seguía en la cárcel y se suponía que las habían vinculado a una misma estructura de pandillas. Entonces, si los habían detenido en el mismo momento por el mismo delito, ¿por qué a una le otorgan medidas y a otra no?  


¿Cuál es el análisis de Amnistía Internacional respecto a la afirmación del oficialismo de que en el régimen de excepción solo se están capturando a pandilleros para justificar la continuidad de este? 


Eso es falso. Le podría poner todos los ejemplos, de los más públicos. Por ejemplo, el periodista Víctor Barahona. Él estuvo preso ocho meses. El delito que la adjudicaron, luego de capturarlo, fue agrupaciones ilícitas. Evidentemente el señor no es pandillero. Otro caso es el del papá del futbolista, claro, por ser el hijo una figura pública y por lo viral que se volvió su caso, lo soltaron, pero el delito que le habían imputado era agrupaciones ilícitas. No hay un mecanismo, hoy por hoy, que nos garantice que las personas que están siendo capturadas, en realidad son pandilleros. Lo que sí le puedo decir es que el régimen de excepción es una política que está golpeando de manera muy particular a las personas en condición de pobreza y exclusión. La gran mayoría de personas que han sido capturadas bajo el régimen de excepción son personas que provienen de comunidades estigmatizadas por la violencia de las pandillas, personas que ya fueron víctimas de la violencia de las pandillas, personas que tienen un nivel bajo de educación, un bajo nivel de ingreso, es decir, es una política que criminaliza la pobreza. 


¿Existen estrategias efectivas para mitigar esta escalada de abusos, especialmente considerando el alto apoyo popular del que disfruta el presidente? 


El primer elemento es la voluntad, que es lo que no vemos. La voluntad del Gobierno de decir ya no quiero seguir violando de manera sistemática los derechos humanos de la población, pero eso no existe; además, el régimen de excepción está siendo también utilizado para otro tipo de cosas. Por ejemplo, los desalojos en el centro de San Salvador. Ahí usted no está combatiendo la delincuencia o la violencia. 


El escenario no parece tan halagador para el país. ¿Cómo resistir? 


Es preocupante, sin duda alguna. El llamado básicamente es a que estén atentos, a que actúen de una manera coordinada, oportuna, contundente frente al modelo de Bukele. La popularidad no puede ser una excusa para que estos mecanismos que tienen algún nivel de incidencia como los Estados promueven, garantizan y respetan los derechos humanos de las poblaciones, decidan tener una postura más vocal, porque la medida resulta o el gobernante es popular, porque eso además ya lo hemos visto. Esto no es nuevo. El Salvador está transitando por un camino que ya otros países lo han hecho. Incluso, nosotros mismos, hace muchos años atrás, y ya sabemos cuál es el resultado. 


¿Cuál es su opinión sobre la falta de respuesta de las autoridades salvadoreñas a los informes y llamamientos de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional? 


Nos llama la atención que a veces el mismo presidente nos tuitea. No nos arroba, pero si se refiere a nosotros. Hace poco sacamos un comunicado de prensa en el marco del segundo aniversario del régimen de excepción y nuestra directora [Ana Piquer] tuvo una entrevista con el señor [Omar] del Rincón de CNN, a la vez el presidente [Nayib Bukele] la retomó y parafraseó uno de los comentarios que había dicho Ana. No nos arrobó, simplemente puso, así como Amnistía Internacional y él parafraseó una de las frases que había dicho Ana. Él [Bukele] está pendiente. 

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