Nueva asamblea marca pauta para próximos años al desmantelar al Órgano Judicial
Suchit Chávez Y Jimena Aguilar | 02/05/2021
Menos de una hora después de haber sido juramentada, la bancada de Nuevas Ideas votó por la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Horas después, bajo el mismo método y votos, destituyeron al fiscal general de la República, anulando así contrapesos fundamentales a decisiones y transparencia del Ejecutivo y dejando al país en crisis, con denuncias de un posible golpe de Estado.
Con reportes de: Vilma Laínez, Graciela Barrera, Marcela Benítez y Marcela Trejo
64 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN, Gana y PDC removieron ayer a los 10 magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como al fiscal general de la República, en un madrugón legislativo que inició a las 5:25 de la tarde del 1 de mayo y finalizó a las 12:21 de la madrugada de este 2 de mayo.
Las múltiples destituciones se concretaron luego de que los nuevos funcionarios eligieran a una Junta Directiva sin representatividad de todos los partidos y apenas media hora después de haber rendido su juramento como diputados para el período 2021-2024. En este, los diputados protestan “bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto”, según el artículo 235 de la misma.
La iniciativa de destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional surgió de la ahora primera vicepresidenta del Órgano Legislativo, Suecy Callejas, cuando solicitó la introducción de una pieza de correspondencia con dispensa de trámite. El documento fue promovido y firmado por los diputados de Nuevas Ideas Alexia Rivas, Christian Guevara, Ana Figueroa, Caleb Navarro y Callejas. La dispensa fue aprobada con 64 votos y, esa tónica, fue la que se repitió votación tras votación, para las sucesivas destituciones y nombramientos de nuevos funcionarios.
Los principales argumentos esgrimidos en el documento hacían referencia a las sentencias emitidas por la Sala relacionadas con la pandemia por COVID-19, a la violación al derecho a la salud y a la vida, supuestamente a través de las sentencias de inconstitucionalidad falladas por la Sala, y a la invasión de funciones al órgano legislativo.
Durante la lectura del documento, efectuada por la diputada Elisa Rosales, se acusó reiteradamente a los magistrados de «abuso» e «intromisión» a las facultades del Ejecutivo. «De forma amplia y pública se ha identificado, discutido, y establecido que las violaciones a la Constitución por los actuales magistrados son específicas y graves» —leyó Rosales y añadió que con la elección de los 4 magistrados suplentes— «se violentó el principio de publicidad».
El texto leído por la nueva diputada argumentaba que los magistrados debían ser removidos de sus cargos porque: estos habían emitido «sentencias antipopulares»; «han generado un fraude a la constitución al ejercer facultades que no están expresamente en la Constitución», había una “arrogancia autoritaria que convierte a la Sala en legisladora”, “la Sala se arrogó atribuciones que corresponden al órgano Ejecutivo, específicamente en materia de salud»; «el riesgo generalizado de la salud popular desde enero de 2020 así como los decesos injustificados productos de una interferencia abusiva es responsabilidad directa de la Sala de lo Constitucional»: y «fraude constitucional», entre otros.
En la pieza de correspondencia, además, citan casos anteriores de choques entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, como ejemplos de un patrón de interferencia de un órgano con el otro. En aquel momento en 2012, El Salvador tuvo en la práctica dos Cortes Supremas de Justica, también llevando a una crisis constitucional.
El madrugón legislativo se concretó con actores claves que intervinieron bien para proponer las mociones de destitución, o bien para proponer a los nuevos funcionarios.
Tanto para la destitución de los magistrados, como para la del fiscal general, la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados utilizaron la mayoría parlamentaria para votar por la limitación de las intervenciones de manera “proporcional” al número de diputados de cada fracción: 6 para NI, 2 para Arena, y 1 para el resto de los partidos. Es decir, redujeron las posibilidades de diputados y diputadas de oposición de expresar disenso a los decretos que se aprobaron en el madrugón.
La bancada de Nuevas Ideas, que inició el día con una conferencia de prensa en la que el presidente del partido, Xavier Zablah Bukele acusando a legislaturas pasadas de «negociaciones oscuras, de cambio de opinión repentino, de maletines negros», hizo negociaciones sobre la composición de la Junta Directiva y desmanteló otro Órgano del Estado en un madrugón de forma repentina, con acuerdos a puertas cerradas y limitando los espacios para expresar oposición de otras bancadas.
En esta misma conferencia, Zablah dijo que el país que la ciudadanía conocía iba a cambiar por completo y prometió darle gobernabilidad al presidente. A pesar de pertenecer a otro órgano del Estado, funcionarios de Casa Presidencial estuvieron presentes en las negociaciones privadas sobre la conformación de la Junta Directiva.
Uno de los primeros en reaccionar ante la destitución fue el presidente de la República, Nayib Bukele, celebrando el madrugón.
A las 8:40 p.m., la destitución fue aprobada. Una hora más tarde, miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) rondaban la Corte Suprema de Justicia a raíz de este hecho. Alrededor de las 10:40 p.m. algunos medios publicaron que agentes de la PNC ordenaron al jefe de seguridad de la Corte que no permitiera la entrada al recinto a los magistrados destituidos. El jefe de seguridad se negó aduciendo que sin una orden judicial no podía negar el acceso. Finalmente, los nuevos magistrados ingresaron al edificio.
Magistrados declaran inconstitucional su propia destitución
Los magistrados que fueron removidos de sus cargos la noche del 1 de mayo emitieron una sentencia de inconstitucionalidad sobre dicha acción de la Asamblea Legislativa, recordando la situación que se dio en 2012 cuando hubo de facto dos salas. En esta sentencia, los magistrados recuerdan que el sistema de gobierno de El Salvador es republicano, democrático, representativo y pluralista y que «en una democracia cuenta la voz de todos los ciudadanos, incluso cuando mantienen cosmovisiones minoritarias. En este sentido una democracia es un proceso siempre abierto y no un régimen acabado». Agregaron que «el pluralismo» —en contraposición al estatismo— «implica el reconocimiento y protección de la multiplicidad de grupos e instituciones sociales».
En la sentencia establecen que, a pesar de decisiones que pueden ser controversiales, es necesario que la Sala de lo Constitucional, «como cualquier tribunal constitucional, sea independiente, y que su estatuto de independencia sea respetado». Para poder destituir a un juez, continuaron, se deben cumplir ciertos requerimientos como: «1. se informe por el debido proceso, por lo que no puede ser automática y sin garantizar los derechos que le componen —entre ellos, audiencia y defensa— 2. La persona sujeta un juicio político de esta clase debe contar con la garantía de que sea tramitado y decidido por un órgano competente, independiente e imparcial, que actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso se le somete, 3. Las razones para destituirles no pueden ser cualquiera, por lo que no basta con solo tener la competencia para hacerlo, sino que también de be usarse con justificación. 4. La decisión de destitución debe ser justificada».
Al concluir, la Sala sentencio la decisión de la Asamblea de destituirlos como «Inconstitucional en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista. Esto se debe a que, con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el Órgano Ejecutivo y Legislativo, incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa esta sala, el cual resulta necesario para una República, para la defensa y garantía del elemento sustancial de una democracia (derechos fundamentales, que también forma parte del sistema político) y para asegurar una democracia representativa compatible con la Constitución».
La bancada cyan remueve al fiscal y limita las intervenciones de la oposición
Durante la plenaria, además, el diputado Jorge Castro de Nuevas Ideas solicitó la introducción de una pieza de correspondencia con dispensa de trámite para destituir al fiscal general de la República, Raúl Melara. El fundamento para pedir la destitución del fiscal Melara es el artículo 192 de la Constitución. «Por su pasado con el partido Arena», leyó el diputado Numan Salgado. Christian Guevara, diputado por el mismo partido, propuso nombrar al abogado Rodolfo Delgado Montes como fiscal general.
Rodolfo Delgado fue jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado durante al menos 10 años. Durante su ejercicio dentro de la Fiscalía General de la República fue subalterno del actual Ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, quien anunció el 30 de abril que iniciaría investigaciones sobre funcionarios que terminan sus períodos legislativos o municipales. En 2020 fue quien defendió a el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, en la comisión de antejuicio cuando se analizó su desafuero por no cumplir las órdenes de la Asamblea Legislativa de llevar a los ministros de Hacienda, Alejandro Zelaya, y de Salud Pública, Francisco Alabí, a comparecer ante comisiones de la Asamblea Legislativa durante la legislatura 2018-2021.
Esta no es la única decisión que esta Asamblea toma luego de su instalación. Enseguida, con 59 votos, se puso a votación una regulación al número de intervenciones por sesión de cada partido. Nuevas Ideas consiguió 6, Arena 2, el FMLN 1, Gana 1 y Nuestro Tiempo, 1.
Al igual que los nuevos magistrados, luego de su nombramiento, Delgado Montes se trasladó hacia las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República (FGR) y brindó una conferencia de prensa junto a jefes policiales, incluido su antiguo cliente, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas.
Denuncias de un posible golpe de Estado
Diferentes actores, nacionales e internacionales, denunciaron las acciones de la nueva legislatura como mínimo como un «rompimiento al Estado de derecho». Algunos incluso llegaron a calificarlo como un golpe de Estado o un golpe de Estado técnico.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, calificó esta acción como un «rompimiento al Estado de derecho» y una concentración de poder por parte del gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele.
La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó, a primeras horas de la mañana, un comunicado oficial en el que rechaza la destitución de los magistrados y la del fiscal General, y llama al respeto del Estado de derecho.
Diego García-Sayán, Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, condenó la acción como «un desmantelamiento y debilitamiento la independencia judicial«.
Otras personas integrantes de organismos internacionales también reaccionaron ante la acción, como Julie Chung, Subsecretaria Interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. Personas de la sociedad civil han convocado a una concentración frente al Monumento a la Constitución en desaprobación a esta medida.
Foto destacada: Vilma Laínez
Diseño: Jimena Aguilar