Úrsula Indacochea: «Las inequidades de género se amplifican en el sistema de justicia»
Mónica Campos | 05/05/2023
Los esquemas de poder dentro de los sistemas de justicia siguen marginando a las mujeres, que en pocos casos alcanzan altos cargos, como de juezas o magistradas, reveló un estudio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). En esta entrevista conversamos con Úrsula Indacochea, directora del programa de independencia judicial de la DPLF.
En Latinoamérica, la desigualdad de género se ensaña con las fiscales, juezas y magistradas. Para ellas, el camino es cuesta arriba en el desarrollo de su carrera. En la mayoría de los casos, el trabajo de cuidado no remunerado y las labores de crianza hacen que muchas no estudien las especializaciones que son requisitos para llegar a altos cargos, según muestra el estudio «La participación de las mujeres en los sistemas de justicia en América Latina», de la Universidad Austral de Chile con el apoyo de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Esta barrera las pone en desventaja frente a sus pares masculinos, señala el documento.
Úrsula Indacochea, directora del programa de independencia judicial de DPLF, aseguró que, si bien en los últimos diez años ha habido un aumento gradual y constante de mujeres en los poderes judiciales, ellas se quedan en puestos primarios, ya que se autoexcluyen de los procesos de selección. Esto se debe a que las elecciones para magistraturas y otros cargos de poder se hacen mediante mecanismos diseñados para beneficiar perfiles masculinos, que no incluyen procesos diferenciados que tomen en cuenta las dificultades que tienen las mujeres para tener estudios de postgrado.
El informe recoge los testimonios de operadoras de justicia de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Chile, México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Ellas revelaron que, además de las labores de cuidado, el acoso sexual, la discriminación y el acoso laboral son también factores que les impiden desarrollarse plenamente en sus carreras.
Indacochea señaló que en algunos casos la aplicación de protocolos de género es clave para asegurar la paridad en la participación de las mujeres. Sin embargo, en El Salvador estos protocolos no existen en el sistema judicial. La disparidad es visible, en el país hay únicamente cuatro mujeres entre los 15 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia. La organización de las mujeres juezas, fiscales y procuradoras podría ser clave para un cambio significativo en los países latinoamericanos, señaló Indacochea.
¿Considera que hay avances o retrocesos en los últimos años en materia de equidad para las mujeres que trabajan en los sistemas de justicia latinoamericanos?
El informe busca desafiar la idea de que ha habido avances en la igualdad de género en la justicia. Las mediciones y evaluaciones que normalmente se hacen para medir estos avances y retrocesos son cuantitativas y se basan en la presencia de mujeres. Si hay mujeres, consideran que hay avances. El informe se enfoca en evaluar si estas mujeres tienen las condiciones adecuadas para desenvolverse en igualdad de condiciones con sus pares varones, incluyendo a aquellas que no son juezas, como secretarias de despacho o judiciales. La conclusión del informe es que aún existen muchas barreras invisibles.
¿Cómo afecta esta situación al acceso a la justicia para las mujeres y poblaciones vulnerables?
Existe la creencia generalizada de que nombrando más mujeres en los poderes judiciales se aumenta la protección de los derechos de las mujeres, y se ha probado que eso no necesariamente es así. Hay países en los que se ha logrado una mayor representación femenina en el poder judicial, pero cuando hay casos en los que se debe decidir, por ejemplo, sobre derechos sexuales y reproductivos, las mujeres han votado en contra.
Pero el abrir espacios para las mujeres en el poder judicial implica hacerlo para todas las mujeres, no solo para las feministas. Todos, hombres y mujeres que ejercen la judicatura, tienen la responsabilidad de aplicar un enfoque de género en el juzgamiento, no solo las mujeres.
En el informe resaltan un fenómeno, que cuando vemos las posiciones con mayor poder, es menor la cantidad de mujeres que están participando en estos puestos. ¿Por qué se da eso y cómo creen que se podría corregir?
En la mayoría de los sistemas de justicia, más del 50 % del personal son mujeres. Sin embargo, esta proporción cambia significativamente cuando se analiza cómo se distribuye la participación en los cargos de decisión o en las altas cortes, donde hay más hombres que mujeres. El informe destaca que las inequidades de género que existen en otros espacios se amplifican en el sistema de justicia debido a la interacción con otros factores. Las estructuras de género presentes en el contexto institucional de la justicia, que incluyen normas y formas de funcionamiento internas, hacen que estas estructuras se camuflen debajo de procesos aparentemente neutrales. Es interesante poder visibilizar estos efectos amplificados, como por ejemplo, la distribución del cuidado y cómo esto afecta el desarrollo profesional de las mujeres en la justicia. Ya sabemos que las tareas de cuidado que desproporcionadamente tenemos que asumir las mujeres ralentizan nuestro desarrollo profesional, y en el caso de aquellas que trabajan en la justicia, esto se amplifica por la forma en que están diseñados los mecanismos internos.
El informe habla sobre la politización de los nombramientos a magistraturas o cargos de poder. Ustedes han encontrado que los concursos o procesos de selección a magistraturas tienen influencia política, ¿cómo esto afecta el hecho de que las mujeres puedan acceder a esos puestos de poder?
Eso hace que se produzca el fenómeno de la autoexclusión. Las mujeres altamente calificadas no se presentan a estos concursos porque carecen de esas redes políticas, formales o informales, e incluso ilícitas. Otra cosa muy importante es que los mecanismos de selección privilegian un perfil profesional masculinizado. Por ejemplo, siempre está este argumento del mérito. «¿Por qué vamos a nombrar mujeres si no tiene los méritos, solamente por cumplir una cuota o por tener mayor cantidad de mujeres?». Y el problema es que, claro, (las mujeres) no tienen los méritos diseñados para privilegiar un perfil masculino, por supuesto que va a ser más difícil para una mujer cumplirlos. Por ejemplo, el profesional (elegido) debe tener un alto conocimiento jurídico, cierta antigüedad en el ejercicio de la profesión, se valora positivamente el tener maestrías, doctorados y títulos, que para las mujeres son más difíciles de obtener debido a las responsabilidades de cuidado y a la falta de tiempo disponible. Los hombres tienen mayor disposición de tiempo y pueden capacitarse más, escribir libros, artículos, exhibir experiencia profesional más pronto que las mujeres. Las mujeres suelen llegar a las altas cortes a edades más avanzadas que los hombres debido a las interrupciones en sus carreras profesionales por responsabilidades de cuidado. Entonces, no estamos hablando de un mérito que sea neutral, aunque aparentemente lo sea. El argumento de que las mujeres no tienen méritos suficientes para ocupar estos puestos es falaz, ya que los criterios de selección están diseñados para favorecer un perfil masculino.
¿Han encontrado a lo largo de la investigación alguna voluntad política, gubernamental o de algún tipo de mejorar esa situación? Digamos, ¿alguna política de cuidados?
Hemos identificado buenas prácticas, pero no fue a través de un estudio coordinado con las autoridades. En cambio, recogimos las experiencias de las propias afectadas, incluyendo juezas, magistradas y fiscales. Encontramos varias buenas prácticas que podrían corregir este problema. Te puedo mencionar tres. Una de ellas es la organización de concursos o procesos de selección exclusivamente para mujeres, es algo que se ha hecho ya en México y ha sido promovida por la Corte Suprema de Justicia. Allí sí podrías hablar de una voluntad política en el sentido de política judicial.
Otra buena práctica que reportamos en Costa Rica es permitir que las capacitaciones requeridas para el ascenso se realicen en línea y de forma asincrónica. Las personas no tienen que asistir a una hora específica y pueden completar las capacitaciones a su propio ritmo. Si las capacitaciones deben ser presenciales, se pueden programar dos horarios, uno dentro del horario laboral y otro fuera de él, para que las mujeres puedan utilizar parte de su tiempo laboral para completar las capacitaciones sin tener que disponer del tiempo que normalmente dedican al cuidado.
Una tercera práctica la encontramos en Honduras, y es el establecer listas separadas en los procesos de selección de magistrados y magistradas en la Corte Suprema. En lugar de enviar una sola lista al Órgano político, se envían dos listas, una de hombres y otra de mujeres, de modo que haya la posibilidad de elegir la mitad de cada lista.
¿Cree que El Salvador tiene que modificar sus prácticas para lograr de alguna manera la paridad en las elecciones de magistraturas?
Una modificación legislativa sería positiva. La ley reciente de Honduras es un buen modelo a seguir. Pensando un poco en la estructura del proceso que se tiene en El Salvador, en el que hay participación, por ejemplo, de la FEDAES, que es un ente en el que se organiza una elección por voto, se podrían hacer cédulas con los nombres de las candidatas mujeres separadas de las cédulas de los hombres. Podría hacerse, pero no es indispensable que se haga una modificación para poder lograr la paridad. Si el Consejo de la Judicatura tuviera una política interna y un reglamento interno que pudiera tener ese enfoque de género, sería innecesario modificar normas legales y constitucionales.
¿En este momento el Consejo no lo tiene?
No, no. Tiene una normativa que es como las de otros países, aparentemente neutral. Para la elección de la Corte Suprema en 2018, hicimos un análisis de cómo se había entrevistado a los candidatos en la Asamblea Legislativa. Allí pudimos encontrar, por ejemplo, que a las mujeres se les pregunta sobre ciertas cosas que a los hombres no se les pregunta, o se les repregunta más que a los hombres, o se les evalúa en entrevistas más largas que a los hombres. Ese tipo de cosas hacen que no sea un proceso neutral.
¿Las preguntas tienen componente sexista?
No recuerdo si en el caso de El Salvador había alguna, pero en general te puedo decir que en los temas sobre género se les pregunta a las mujeres, no a los hombres por igual. Nadie va abiertamente a preguntarle: «Oiga, ¿usted es casada? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué va a hacer con sus hijos cuando en caso de ser elegida?». Eso ya sería políticamente incorrecto. Pero igual los sesgos de género se camuflan y se introducen de otras formas. Por ejemplo, preguntando sólo sobre temas de género a las mujeres, pero también el tipo de preguntas que se hace cuestionan sus decisiones académicas: «¿Por qué usted estudió en esta universidad y no en otra? Usted se fue a estudiar a Italia, ¿leyó los autores en italiano o sabe italiano?».
En las entrevistas de Tribunal Constitucional de Perú se preguntaba a las mujeres y se les cuestionaba por qué habían seguido una determinada tendencia en una doctrina y no otra, cosa que a los hombres no. A los hombres se les pregunta cosas de fondo más que cuestionarle sus propias decisiones de vida.
Y en cuanto al tema del acoso sexual dentro de este gremio, ¿que han podido observar ustedes, a qué se enfrentan las mujeres en el sistema de justicia?
El acoso sexual y el acoso existen, y existen mucho, solo que se denuncian muy poco. Si juntas ese ingrediente con la discrecionalidad para el ascenso, o cuando las suplencias se pueden determinar discrecionalmente, las mujeres que denuncian nunca van a ser llamadas a suplir, porque tienen una especie de castigo. Las juezas que son abiertamente feministas o las que denuncian la corrupción sufren también violencia, además de discriminación. Y existen juezas absolutamente capacitadas para ser magistradas de la Corte Suprema, pero que siguen siendo juezas de primera instancia precisamente por eso.
¿Han podido ver algún tipo de organización interna entre estas mujeres o creen que las condiciones no dan para que ellas puedan organizarse y tomar acciones, ya sea individuales o colectivas?
Existen buenas experiencias, como en Argentina con la AMIA, que es la Asociación de Magistradas Argentinas, y en Chile la MACHI, que es la Asociación de Magistradas Chilenas. Ellas específicamente han adoptado esta agenda para lograr remover estas barreras, visibilizar y también apoyar a las mejores candidatas. Las mujeres que se postulan a los altos cargos no van solas, van con todas las mujeres de estas asociaciones detrás apoyándolas políticamente, y eso fortalece las candidaturas y también anima a las mujeres a presentarse.
En el caso de El Salvador, ¿cree que hay factores que no favorecen esa organización?
En el caso de El Salvador creo que hace falta una asociación formal, digamos, de magistradas, de mujeres, magistradas y juezas que explícitamente adopten esta agenda, una agenda feminista. Yo creo que el feminismo es pensado como una ideología más que como una forma de analizar la realidad. Y entonces por eso quizás las juezas feministas quieren evitar el estigma, para evitar justamente la violencia y la discriminación, y no se presentan abiertamente como tales, las que las que existen. Yo animaría a las abogadas y a las juezas a organizarse, a empezar desde lo pequeño, pero poder empezar a visibilizar cómo estas cosas les impactan, para poder lograr cambios.