Liduvina Escobar, excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, Leonor Arteaga, directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso, y, José Miguel Cruz, director para el Centro de Administración de Justicia de la Universidad Internacional de la Florida, coinciden en que en El Salvador no hay libertad en términos democráticos. Sostienen que el Gobierno y el Estado concentran un poder casi absoluto. «Los salvadoreños viven en una sociedad en la que el Estado puede decidir más allá de la voluntad de las personas», afirma Cruz.
La Constitución de la República establece en su artículo 2 que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo y a la propiedad. Aunque la libertad de expresión no está formalmente suspendida bajo el régimen de excepción, los especialistas aseguran que es uno de los derechos más violentados en el país.
Liduvina Escobar, quien tuvo que salir del país tras ser suspendida de su cargo por órdenes del presidente Nayib Bukele, narra su experiencia de persecución. Ataques en redes sociales y acusaciones por parte de la fiscalía la obligaron a abandonar El Salvador para protegerse, luego de agotar todas las instancias judiciales locales.
José Miguel Cruz advierte que el Estado salvadoreño ha pasado de combatir las amenazas de las pandillas a convertirse en una amenaza para los derechos civiles. Asegura que el Gobierno tiene la capacidad de decidir quién puede ser arrestado de forma arbitraria, lo que recuerda los tiempos de la guerra civil en el país. «Estamos viviendo en un régimen autoritario», señala Cruz, argumentando que la independencia y los derechos individuales están en riesgo.
Liduvina Escobar, excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública
¿Qué derechos están en riesgo en El Salvador para que usted tuviera que irse del país?
El derecho a no ser perseguida por defender derechos. A ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. A un debido proceso. A tener la posibilidad de vivir sin esperar que toquen la puerta de mi casa y que de manera arbitraria me priven de libertad.
Mi suspensión en el cargo [como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública] fue por estar en contra del presidente [Nayib] Bukele. Así dice el escrito de notificación.
¿Qué pasó después de que él ordenara su suspensión del IAIP?
Ataques en redes, y casos creados en la Fiscalía [General de la República].
¿Corría el riesgo de ser capturada?
Sí, ahora estoy mejor. Ya estoy con mi familia [hijos y esposo], aunque al principio tuve que irme sola.
¿Cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta El Salvador para garantizar la libertad de expresión?
En primer lugar, el restablecimiento del derecho de acceso a la información pública, el derecho a saber, a preguntar, a pedir cuentas. Es un derecho fundamental para restablecer la libertad de expresión. También, el respeto a la libertad de prensa. En El Salvador, el ejercicio periodístico es cada vez más riesgoso. Es fundamental la protección de los y las periodistas, que son claves para exponer cómo se está ejerciendo el poder de manera arbitraria. Todas las instituciones de derechos humanos hemos obtenido información a través del ejercicio periodístico. Esas dos cuestiones son, para mí, desafíos fundamentales para la libertad de expresión.
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José Miguel Cruz, director para el Centro de Administración de Justicia de la Universidad Internacional de la Florida
¿Cómo impactan las políticas públicas gubernamentales en la protección de los derechos civiles y las libertades individuales?
Este Gobierno ha interpretado la protección de los derechos civiles, básicamente, como la defensa contra las pandillas o cualquier amenaza que representen. Sin embargo, al hacerlo, el Estado y el Gobierno se han convertido en una de las principales amenazas para la población, por lo que no están protegiendo los derechos de las personas.
Los derechos de las personas incluyen la capacidad de decidir lo que piensan, lo que quieren hacer, y su propia identidad. Esto no es posible en El Salvador porque el Gobierno tiene la potestad de intervenir en esos aspectos.
¿Puede dar ejemplos de cómo las restricciones a la libertad pueden afectar negativamente otros derechos?
La libertad de asociación y la libertad de circulación son ejemplos claros. Me sorprende la facilidad con la que ahora vemos escenas que no veíamos desde la guerra: retenes en los que los policías detienen los autobuses, bajan a todas las personas, las someten a restricciones y deciden quiénes serán arrestados. Esto era común durante la guerra, cuando vivíamos en un Estado autoritario. Ahora, parece que estamos de nuevo en un régimen autoritario, donde el Gobierno y el Estado tienen la potestad de actuar así, sin recursos de protección, lo que indica que los derechos no están realmente protegidos.
¿Podemos hablar de independencia este 15 de septiembre?
Por supuesto que no. ¿Independencia de quién? Los ciudadanos no son independientes; es el Estado quien decide por ellos. Los salvadoreños viven en una sociedad donde el Estado puede actuar arbitrariamente, arrestando a quien quiera, sin que haya forma de oponerse o cuestionarlo. Las instituciones no son independientes; responden a la voluntad del Ejecutivo.
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Leonor Arteaga, directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
¿Cómo define usted el derecho a la libertad en El Salvador?
El derecho a la libertad es, ante todo, el derecho de que no se nos capture por nuestras ideas, opciones políticas o actividad social. Las personas solo pueden ser detenidas cuando cometen delitos definidos en la legislación penal; de lo contrario, no deberían ser privadas de su libertad.
Actualmente, en El Salvador, este derecho no se está respetando. Miles de personas son capturadas por portar tatuajes o vivir en zonas asociadas con pandillas y de bajos recursos. Vivir en estos lugares no debería ser motivo suficiente para la detención. Incluso cuando alguien comete un delito, el derecho a la libertad implica que su culpabilidad debe ser demostrada ante un juez, con garantías del debido proceso, algo que no está ocurriendo.
Ahora cualquier persona puede ser capturada y no se sabe qué va a pasar con ella. Hay justicia secreta y oscurantismo. Vemos que en El Salvador se está irrespetando el derecho a la libertad de muchas personas.
¿Cómo puede la restricción a la libertad afectar otros derechos?
La gente teme vivir sin libertad y ser capturada por lo que opina, dice, resiste o protesta. Existe un clima de miedo donde las personas sienten que su libertad puede ser truncada en cualquier momento por razones ilegales. Cuando no hay libertad, se pierde el contacto con la familia y se ven afectadas las oportunidades de trabajar y estudiar.
¿Considera fundamental este derecho en una sociedad democrática?
La democracia implica libertades ciudadanas y que la población se sienta segura, siempre que no cometa delitos, de vivir pacíficamente. Que las personas se autocensuren por miedo a ser capturadas es muy grave; eso no es una democracia. Además, en una verdadera democracia, el Estado puede detener a una persona, pero debe llevarla ante un juez y juzgarla con todas las garantías de un debido proceso.
