Nayib Bukele cerró su quinquenio constitucional con tres condenas internacionales por graves violaciones a los derechos humanos. Aunque los hechos ocurrieron antes de su administración, las sentencias responsabilizan a su Gobierno de garantizar las reparaciones.
La primera condena del período se emitió en diciembre de 2021 por el caso Manuela. Esta mujer falleció bajo custodia estatal después de una emergencia obstétrica. Las dos condenas restantes, emitidas el 16 de mayo de 2024, incluyen el caso de Patricia Cuéllar y el de Miguel Ángel Aguirre Magaña.
El 28 de julio de 1982 fue la última vez que familiares y amistades tuvieron noticias de Patricia Cuéllar, activista y defensora de derechos humanos, su padre, Mauricio Cuéllar, y Julia Orbelina Pérez, su empleada del hogar. Testigos aseguraron que militares estuvieron presentes en la vivienda de la familia antes de que las tres personas fueran reportadas como desaparecidas. Décadas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado salvadoreño responsable de estas desapariciones y ordenó medidas de reparación.
El mismo día, la Corte IDH emitió otra sentencia contra El Salvador por el caso de Miguel Ángel Aguirre Magaña. En este fallo, se declaró que el Estado incumplió su obligación de investigar de manera diligente un atentado contra la víctima. Como parte de las reparaciones, ordenó realizar un conversatorio con operadores de justicia y pagar $35,000 como compensación al demandante. Ambas sentencias exponen un patrón de injusticia e impunidad que afecta a las víctimas y a sus familias.
Patricia Cuéllar: justicia para una defensora de derechos humanos
Patricia Cuéllar fue reportada como desaparecida el 31 de julio de 1982. En esa fecha, su expareja, presentó una solicitud de habeas corpus. La sentencia de la Corte IDH establece que Patricia desapareció forzosamente mientras iba a recoger a sus tres hijos a una guardería. Su padre, Mauricio Cuéllar, y Julia Orbelina Pérez, su empleada del hogar, fueron vistos por última vez en su vivienda, donde testigos reportaron presencia militar.
Las desapariciones forzadas de Patricia, Mauricio y Julia Orbelina se suman a las más de 8 mil registradas durante los 12 años del conflicto armado salvadoreño. En ese mismo periodo, la violencia dejó más de 75 mil personas asesinadas. En enero de 1992, la guerra terminó con la firma de los Acuerdos de Paz.
Patricia dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos en un contexto de violencia y represión. La sentencia reconoce, por primera vez, al Estado salvadoreño como responsable de violar los derechos de una defensora de derechos humanos.
Benjamín Cuéllar, primo de Patricia Cuéllar y también defensor de derechos humanos, considera que este fallo es útil para presionar al sistema interno de justicia, para que se investigue y sancione a los responsables. “Sirve para motivar a las víctimas de otros casos a que se organicen, que se conviertan en víctimas demandantes, no solamente en víctimas, esto a través de la organización, de la indignación y de la acción”.
Para Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la importancia de esta sentencia es la visibilización de la labor de las personas que defienden derechos humanos. Recordó que se necesita una legislación especial que les proteja.
El 19 de mayo de 2021, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos decidió archivar la “Ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y la garantía del derecho a defender derechos”. Esta propuesta, impulsada desde 2017, era el resultado del esfuerzo conjunto de diversas organizaciones y colectivos agrupados en la Mesa por el Derecho a Defender Derechos.
“Este caso se viene a sumar a Valle Jaramillo y otros versus Colombia y el caso Miembros de la Corporación Colectivo Abogados José Alvear Restrepo versus Colombia, en los que se señala esta vinculación con la labor que ejercen las personas defensoras con los principios democráticos y el respeto al Estado de derecho que debe tener cualquier persona. Reconocer esa labor de defensa por parte de Patricia Cuéllar es importante”, explicó.
Medidas de reparación dictadas
La Corte ordenó al Estado salvadoreño pagar $20,000 a cinco familiares de Patricia y Mauricio para cubrir tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico. También, en el plazo de un año, modificar el Monumento a la Memoria y la Verdad para incluir sus nombres completos y la fecha de los hechos. Además, realizar un acto público donde el Estado reconozca su responsabilidad internacional por estas tres desapariciones forzadas.
Para prevenir la repetición de estos casos, la Corte IDH pidió reglamentar la Ley de Banco de Datos de ADN, capacitar a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia en el tema de desapariciones forzadas e incluir en la currícula educativa nacional, en los niveles educativos medio y superior, un programa sobre graves violaciones a derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad.
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Deudas acumuladas
Morena Herrera, defensora de derechos humanos, señaló que El Salvador solo ha cumplido parcialmente las medidas dictadas en el caso Manuela. Aunque indemnizó a los hijos de la víctima, no realizó el acto público de reconocimiento de responsabilidad.
“No hay cumplimiento ni señales de cumplimiento. Pienso que es una responsabilidad del presidente como representante del Estado, pero requiere un compromiso con las víctimas y un nivel de empatía y una dosis de humildad de las cuales parece carecer el titular del Ejecutivo», expresó.
En su sentencia del 2 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que El Salvador violó los derechos humanos de Manuela, entre ellos, el derecho a la libertad personal, a la defensa, a la presunción de inocencia, y a la salud, además de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, y la igualdad ante la ley.
En agosto de 2008, Manuela fue condenada a 30 años de prisión, seis meses después de sufrir una emergencia obstétrica. Dos años más tarde, falleció en el pabellón de reos del Hospital Nacional Rosales debido a un cáncer linfático.
La Corte determinó que El Salvador no solo criminalizó a Manuela sin considerar su emergencia médica, sino que también le negó atención médica adecuada durante su condena. Además, subrayó que el proceso judicial fue discriminatorio y estuvo marcado por trato cruel e inhumano. Como resultado, ordenó al Estado adoptar medidas de reparación, incluyendo reformas legislativas y judiciales para proteger los derechos reproductivos de las mujeres.
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Gabriela Santos señaló que el Estado salvadoreño tiene una deuda histórica en el cumplimiento de las medidas de reparación dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre los ejemplos de incumplimiento destacan la creación de un banco de datos de ADN ordenada en los casos de El Mozote y las hermanas Serrano Cruz.
Desde 2004, El Salvador ha recibido nueve condenas de la Corte, incluyendo los casos de las hermanas Serrano Cruz (2004), Contreras y otros (2011) y Rochac Hernández (2014). Santos subrayó que esta deuda no se limita a casos recientes, ya que los gobiernos han ignorado medidas de reparación durante décadas. En 2022, organizaciones sociales denunciaron el incumplimiento de sentencias como la del caso Rochac Hernández, lo que refleja un patrón de desatención estatal.
Caso Hemanas Serrano Cruz, 2004
Caso El Mozote y lugares aledaños, 2012
Caso Colindres Shonenber, 2019
En octubre de 2022, la Corte IDH evaluó de forma pública el cumplimiento de El Salvador a las medidas dictadas en condenas internacionales. La Prensa Gráfica publicó en esa ocasión que organizaciones sociales demandaron que El Salvador había incumplido tres sentencias: la de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, la de los hermanos Gregoria, Serapio y Julia Contreras y la del caso Rochac y otros.
Gabriela Santos advierte que, durante el actual periodo presidencial inconstitucional, podría agravarse la situación de los derechos humanos. La concentración de poder y la falta de garantías limitan el ejercicio de derechos fundamentales. Detenciones arbitrarias, el temor a denunciar y la falta de acceso a servicios básicos son algunos de los síntomas de esta problemática.
“El Estado como agresor se ha mantenido durante este tiempo y, al parecer, lamentablemente va a continuar desentendiéndose de sus obligaciones y responsabilidades a nivel nacional e internacional”.
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