Uno de cada cinco embarazos en 2020 fue de una adolescente menor de 20 años. La maternidad temprana es, ante todo, una vulneración de los derechos de las niñas, pero también tiene costos económicos para el país: de cada $10 que el Estado salvadoreño destina para la educación de una niña que abandona su educación por un embarazo, solamente “ganará” $4 de rentabilidad versus los $14 que ganaría si la maternidad se postergara hasta después de los 24 años.