Editorial | 11/02/2022
30 años después de la salida de El Salvador de un historial de dictaduras militares y un conflicto armado a base de represión, nos encontramos en una regresión. Vivimos en la fantasía militar de un hombre que finge atajar la violencia a punta de pistola. Él sostiene que es parte de una estrategia de seguridad llamada Plan Control Territorial que, hasta ahora, se ha mantenido escondido. En la práctica, el “plan” es una farsa de la comunicación del Gobierno que, más que dar soluciones integrales y sostenibles a la violencia, sirve para rendirle culto a su imagen.
Desde junio de 2019, el Gobierno de Nayib Bukele ha bombardeado desde sus canales de comunicación con propaganda sobre el #PlanControlTerritorial, acompañándola de imágenes, retórica y acciones que reviven el simbolismo militar que tanto costó arrancar de la dinámica usual de la política salvadoreña.
El Ejecutivo ha sostenido que la drástica reducción de homicidios registrada en los últimos dos años se debe ese #PlanControlTerritorial: a los tuits sobre redadas en comunidades controladas por las pandillas; a las fotografías de filas y filas de hombres privados de libertad, desnudos y sin distanciamiento social en medio de la pandemia; a los videos del presidente rodeado por cuadrillas de hombres armados, donde las diferencias entre la PNC y las Fuerzas Armadas se difuminan. Pero la actual administración ha ocultado el contenido de esta estrategia de seguridad que afirma estar implementando con tanto éxito.
Pero no porque no existiera un documento con ese título. Alharaca tuvo acceso a dos copias del Plan Control Territorial, cuya autenticidad fue verificada por varias fuentes independientes como parte de una investigación conjunta con La Prensa Gráfica. Encontramos que contiene directrices que el Gobierno simplemente no está cumpliendo, y, además, en muchos casos las acciones de las autoridades de seguridad son diametralmente opuestas o dinamitan lo que dicho plan proponía.
Es de suma importancia que la ciudadanía conozca el contenido del documento. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que El Salvador ha firmado y ratificado, defiende en su artículo 13 el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a «la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole». Se trata de una política pública —quizá la más importante del gobierno de Nayib Bukele— en materia de seguridad, que afecta la vida de toda la ciudadanía y, por tanto, debe ser de conocimiento general.
El mismo documento reconoce que es de carácter público y que no contiene información reservada. A pesar de esto, el Gobierno ha decido no publicarlo, hasta la fecha no ha publicado el índice de información reservada del Ministerio de Justicia y Seguridad —que es la entidad oficialmente a cargo del documento—, y lo ha presentado únicamente ante círculos pequeños y la comunidad internacional. Nunca a la ciudadanía general.
Si el documento se mantiene en la oscuridad, nadie puede pedirle al presidente y a sus funcionarios que rindan cuentas de su incumplimiento, que expliquen a dónde se ha ido el dinero que han obtenido en préstamos y cuánto se ha gastado en fondos públicos para la propaganda del plan ficticio del que hablan en redes. También evita que las personas sepan que la administración Bukele les pagó a dos treintañeros extranjeros y sin experiencia en seguridad pública por un documento que nunca ejecutó.
Le hemos dado especial relevancia a las acciones para combatir la violencia de género que el plan contenía, y que el Ejecutivo tampoco ha materializado. Es ahí donde salen a la luz muchas de las contradicciones con las que el Gobierno de Nayib Bukele ha operado, las abruptas diferencias entre la propaganda y la realidad.
La misoginia ha sido una marca en la actuación de diversos funcionarios, quienes han llegado a recurrir al ataque, la ridiculización y el linchamiento en redes sociales a mujeres consideradas opositoras. Las mujeres periodistas, las mujeres activistas, las mujeres de la oposición política, e incluso las víctimas de violencia son flancos habituales. La desfachatez de que esta administración prometiera y no ejecutara acciones mínimas y básicas como una campaña antimachismo y contra el ciberacoso deja a plena vista la seriedad con la que se toman estos problemas que cada día ponen en riesgo a la mitad de la población.
Invitamos a nuestros lectores a examinar nuestros hallazgos sobre el Plan Control Territorial elaborado por el Gobierno, a hacer su propia valoración sobre lo que en la realidad se está ejecutando como políticas de seguridad, y a analizar el impacto que estas medidas están teniendo sobre las causas estructurales de la violencia.
El Salvador ha sido un país desgarrado por las violencias, donde urge un Gobierno que se tome en serio la responsabilidad de tratar de resolver los problemas de seguridad de forma integral, priorizando a la población que siguen viviendo bajo el control de las pandillas. En medio de una escalada en las desapariciones, a casi un año de la revelación del caso Chalchuapa, descubrir que la principal política pública del Gobierno de Nayib Bukele es una farsa propagandística es una confirmación de que el país está en manos de alguien más preocupado por su propia imagen e índice de popularidad que por ser un líder que resuelve de verdad los problemas de la población.