Denunciar la violencia contra las mujeres: cuando el silencio también habla

Cuando mujeres agarran el valor de denunciar, se les critica la forma y no el contenido de sus denuncias. Lo que importa es que son anónimas y en redes sociales, y no que, a pesar de todo, quieran hablar. Tampoco importa que sus testimonios coinciden y refuerzan lo que tantas veces han dicho los informes y datos oficiales  

En agosto de este año, un tuit desató una ola de denuncias en redes sociales. Mujeres, muchas jóvenes, denunciaron haber sido víctimas de abusos psicológicos, físicos y sexuales  manos de hombres a quienes nombraron públicamente. Una lista de nombres se formó y circuló por redes sociales y en grupos de Whatsapp. La mayoría de las denuncias fueron hechas desde el anonimato.  

Las críticas a este movimiento online fueron similares a las que el #metoo ha recibido en otras partes del mundo: las mujeres no deberían escudarse en el anonimato, ni denunciar en redes sociales. Deberían usar los canales oficiales para hacer estas denuncias, porque si no, están violando la presunción de inocencia de los señalados.   

Esta exhortación para acudir al sistema de justicia se vuelve un tanto ridícula cuando se observa un poco debajo de la superficie.  

En 2017 el Estado salvadoreño publicó una encuesta que estima que 67 de cada 100 mujeres salvadoreñas han sufrido algún tipo de violencia de género. De estas, el 94% decidió callar sobre los abusos de los que fueron víctimas y el 90%, ni siquiera, buscó otro tipo de apoyo. Por supuesto, aunque no haya denuncias, no significa que no haya un problema. Por el contrario: estas cifras son escandalosas porque indican que, pese a la existencia de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, pocas, poquísimas mujeres ven al Estado como una entidad con capacidad de procurarles justicia.   

¿Por qué? ¿Por qué las mujeres víctimas de violencia deciden no poner denuncias formales? ¿Por qué algunas incluso prefieren guardar completamente silencio antes que recurrir al Estado y sus instituciones?   

Desde Alharaca, decidimos poner atención a estas preguntas poniendo nuestra atención en un actor al que casi nunca se menciona cuando se critica a las mujeres que denuncian en redes sociales:  el sistema de judicial.   

A través de redes sociales pedimos que, de manera anónima, mujeres compartieran con nosotras las razones por la cuales, al haber sufrido algún tipo de violencia, deciden no acudir a las instituciones de justicia. Sus testimonios, como podrán escuchar, coinciden con lo que investigaciones y datos oficiales han reconocido: el sistema de justicia no funciona para las mujeres.   

Sabemos que las grandes carencias del sistema judicial afectan a todxs. La impunidad es un problema de sociedad. Sin embargo, no se manifiesta, ni nos perjudica a todxs de la misma manera. En el especial ¿Por qué no denuncié?, ponemos la atención en los obstáculos específicas que se relacionan con los delitos que más afectan a las mujeres.  

El informe sobre Hechos de Violencia contra las Mujeres 2016-2017, del Ministerio de Justicia y DIGESTYC, señala que, entre 2015 y 2017, se registró un promedio de 13 denuncias diarias por delitos contra la libertad sexual de las mujeres. Esto equivale a más de un delito cada dos horas. El mismo informe reconoce que esta cifra no es total, pues no considera el subregistro de hechos que las mujeres no denuncian ante el sistema de justicia. El mismo documento reconoce que las causas de este subregistro son miedo a represalias, temor a la estigmatización o revictimización, y la desconfianza en el sistema de justicia.   

Desconfianza que encuentra sustento en las altas cifras de denuncias, el bajo número de judicializaciones y el mínimo de sentencias condenatorias. El Informe de Labores de la Fiscalía General de la República 2018 – 2019 revela que, de un total de 6,305 denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual, solo 788 llegaron a una sentencia definitiva condenatoria. Esto equivale al 12%.  

Investigaciones han demostrados que las razones judiciales para dejar a tanto acusado absuelto o con algún tipo de sobreseimiento en este tipo de delitos se sustentan en prejuicios de género que terminan culpabilizando o desacreditando a las víctimas, o en argumentos que las responsabilizan por no querer someterse a un largo proceso potencialmente revictimizador.   

El alto índice de impunidad corrobora lo que las mujeres más temen: que al someterse a un proceso judicial formal tienen una mínima probabilidad de obtener justicia y una gran posibilidad de salir aún más violentadas. Claro ejemplo de esto es la resolución que la Cámara Primero de lo Penal emitió sobre la denuncia contra el magistrado Eduardo Jaime Escalante por haber manoseado, en público, los genitales de una niña de 10 años y que declaró que esta acción no era un delito, sino una “falta contra las buenas costumbres”.   

Detrás de nuestra investigación, subyace la razón que nos motivó a llevarla a cabo: los medios de comunicación y su silencio – casi total – respecto al movimiento que se desató en redes sociales. Por ser un hecho con impacto social y, por lo tanto, con valor periodístico, en Alharaca hemos intentado explicar lo que pasó y por qué. Creemos que contarlo es nuestra obligación como medio feminista, porque la violencia contra las mujeres es quizá el más claro reflejo del desbalance de poder entre hombres y mujeres.  

Por supuesto que también hay periodistas se han atrevido, contra todo pronóstico, a denunciar con nombre y apellido a acosadores sexuales y ponerse de parte de las víctimas que deciden dar sus testimonios de manera anónima. La Voz de la Diáspora, un medio internacional liderado por salvadoreñas viviendo en el exterior, y su reportaje sobre el acoso sistemático del periodista Roberto Hugo Preza a colegas de trabajo, logró que se abriera una investigación y se suspendiera temporalmente el contrato de trabajo del señalado. El medio mantuvo una cobertura continua sobre el tema y las periodistas han sido objeto de acoso y violencia online. Otros medios como Gato Encerrado y el log La Palabra Prohibida de Mónica Campos son también ejemplos de lo que se ha hecho. 

Sin embargo, creemos que estos esfuerzos no son suficientes. La violencia contra las mujeres es un problema social que debería cubrirse sistemáticamente en los medios de comunicación de manera rigurosa y profesional; porque es fenómeno que afecta, no a un nicho, sino a más del 50% de la población. Se necesita seguir hablando de las diferentes aristas de la violencia que fueron señaladas en las denuncias anónimas, que se explique por qué esas mujeres jóvenes están teniendo la fuerza para hacer denuncias y por qué han callado tanto las de otras generaciones. Pero, sobre todo, es necesario fiscalizar al Estado salvadoreño sobre sus acciones para combatir la violencia de género, y, principalmente, sobre sus omisiones. 

Hasta el momento, sin embargo, los grandes medios salvadoreños – impresos y digitales – siguen sin hacer caso del hecho de interés público que subyace detrás de las denuncias que surgieron en redes sociales: la violación de los derechos de las mujeres. No hubo investigaciones, reportajes, entrevistas, ni columnas de opinión. Sospechamos que las razones de este silencio son lo poco importante que el tema les parece y que algunos periodistas aparecieron denunciados en esa lista y en las redes sociales.   

Aunque el movimiento metoo en El Salvador recibió las mismas críticas que sus predecesores en otros países, no recibió la misma cobertura en los medios locales que estos. A veces se olvida que una investigación periodística del New York Times desató el metoo en Estados Unidos. Las periodistas que lideraron esta investigación adaptaron su cobertura para incluir el movimiento y acaban de publicar un libro al respecto. 

Cuando mujeres agarran el valor de denunciar, se les critica la forma y no el contenido de sus denuncias. Lo que importa es que son anónimas y en redes sociales, y no que, a pesar de todo, quieran hablar. Tampoco importa que sus testimonios coinciden y refuerzan lo que tantas veces han dicho los informes y datos oficiales   

Creemos en el valor de las denuncias formales y motivamos a las mujeres que decidan emprender ese camino. Su valentía es aliento para otras y presiona a que el Estado y sus instituciones cambien. Pero, al mismo tiempo, respetamos las denuncias anónimas, porque entendemos que el anonimato es un escudo al que las víctimas recurren para evitar la estigmatización y la revictimización. También defendemos el derecho a no querer denunciar formalmente la violencia que vivimos. Cada persona es la única que puede decidir cuándo y cómo contar sus historias, y si está lista para hacerlo. El hecho de no denunciar no borra, ni deslegitima la violencia vivida.    

En un país donde el Estado mismo ha reconocido que las víctimas no denuncian por la prevalencia de la impunidad y por “los obstáculos que enfrentan en el acceso a la justicia”, poner sobre sus hombros la responsabilidad total de que los agresores sean perseguidos y procesados es un insulto.  

Si algo mostró ese movimiento en redes sociales es que las nuevas generaciones ya no se quedarán en el silencio y que los acosadores y violentadores sexuales, cada vez más, serán expuestos. Esperamos que esto sea un aliciente para que el estado tome cartas en el asunto y deje de ser un simple observador participante y se convierta en un verdadero procurador de justicia. 

Leé nuestro especial