Represión, desnutrición, pandemia y más de 500 años de lucha en Guatemala
02/02/2021
En noviembre de 2020 miles de personas salieron a las calles de Guatemala. Para comprender los motivos de sus protestas, es necesario conocer la historia de represión y violencia estatal en este país profundamente desigual. Lucía Ixchíu plantea en su columna que lo que ocurre ahora en las calles de Guatemala y frente a sus oficinas de Gobierno es una manifestación de una rabia histórica, acumulada tras más de 500 años de resistencia de su población.
Texto: Lucia Ixchíu
Fotografías: Ernesto Cano
No podremos entender Guatemala, su contexto político actual y lo que sucedió en las calles en más de los 8 días de movilización ininterrumpida, entre el 21 y 28 de noviembre, si no conocemos los hitos históricos de sus últimos 500 años.
Guatemala está situada en Centroamérica, al lado de México. Somos una población de aproximadamente 19 millones de habitantes y digo aproximadamente porque no tenemos datos oficiales certeros. Además, según el coeficiente de GINI, usado por el Banco Mundial, Guatemala ocupa el noveno lugar en los países más desiguales a nivel mundial, superado solo por países de África y Honduras, vecino centroamericano.
Esto sin duda no es una coincidencia: el despojo colonial extractivista y racista es de hace más de 500 años, donde una elite criolla económica está acostumbrada a vivir a costas de las grandes mayorías y han provocado que el 80 % de la población viva en pobreza extrema.
Actualmente habitamos 25 pueblos en este territorio, 22 de estos, originarios, garífunas, Xinkas y mestizo/ladinos. El 60 % de toda la población son pueblos originarios, y lo que tampoco es coincidencia es el racismo estructural de las políticas excluyentes de los gobiernos desde la colonia, pasando por las reformas liberales, dictaduras militares, genocidio y tratados de libre comercio actuales que han dejado fuera a los pueblos.
Las relaciones de distribución de la tierra son fundamentales para entender los motivos reales de la desigualdad. En Guatemala, la tierra se distribuye a partir del latifundio, y el extractivismo y monocultivo son brutales.
Dictaduras militares dieron origen a un proceso de violencia, represión y despojo permanente y sistémico, que afloró un cuestionable pero importante, la revolución de octubre en 1944. Este suceso buscó cambiar de raíz el tipo de relacionamiento económico colonial que había partido de la esclavitud de la población mayoritariamente indígena para el enriquecimiento cómodo de las elites.
Esa fue la única época en la que Guatemala dejó de ser una finca para transformarse en un país. Claro, los pueblos indígenas también fueron vistos de forma paternalista y racista, respondiendo a su contexto histórico. El gobierno revolucionario logró que se reconocieran derechos laborales, que las mujeres pudieran votar y muchos de los más grandes avances en materia de salud, educación y economía del país. Fue una revolución liderada por jóvenes estudiantes universitarios y buscaba transformarlo todo. En su primera etapa logró cosas fundamentales para la dignidad humana en amplios sectores.
Al llegar el segundo periodo, con Juan Jacobo Árbenz como presidente, se tocó el tema fundamental de la distribución de la tierra y se planteó una reforma agraria. También se expulsó del país a la United Fruit Company, que desde 1908 había explotado y esclavizado a las poblaciones indígenas de la región del Caribe. Esta compañía, que operaba en un lugar conocido actualmente como el Estor, Izabal, no pagaba impuestos y era dueña de los telégrafos y carreteras y demás formas de operar de las empresas transnacionales extractivistas.
A raíz de esto, la revolución fue derrocada y Árbenz, expulsado del país. Surgió una alianza entre las élites criollas, militares y la embajada de los Estados Unidos. A raíz de esto, la CIA intervino con una operación encubierta, resultando en un golpe de Estado en 1954. La revolución fue derrocada y Árbenz, expulsado del país. Así se abrió otro hito vital para entender la joven democracia de Guatemala de no más de 25 años.
Guatemala vivió una guerra de 36 años que desató un conflicto armado que dejó más de 45 mil desaparecidos; 200 mil personas asesinadas y más de 1 millón de personas desplazadas. La firma de acuerdos de paz, en 1996, solo significó la apertura y aprobación del Tratado de Libre Comercio y el inicio de una nueva era colonial extractivista con los megaproyectos de minería, hidroeléctricas y monocultivos, sin contemplar en ningún momento resarcimiento y apoyos para las grandes mayorías después de la guerra.
En este país, la estrategia de violencia genocida más efectiva y de desmovilización es matar de hambre a la población. “Guatemala tiene la tasa de desnutrición crónica más alta de América Latina y unas de las más elevadas del mundo (49 %). En algunas zonas rurales, especialmente en el Departamento de Chiquimula, alcanza el 80 %”.
El gobierno actual de Alejandro Giammattei ha sido violento desde el inicio. El mismo día de la toma de posesión criminalizaron, vapulearon y detuvieron ilegalmente a un grupo de estudiantes que se manifestaba contra la toma de diputados en el Parlacen. Este gobierno ha impuesto varios estados de sitio en menos de un año en diversos territorios, y muchos de estos con violencia de empresas transnacionales y locales de monocultivo extractivista. También se impusieron estados de sitio durante la pandemia, que significaron la pérdida de garantías constitucionales.
Está de más contar que la pandemia incrementó las desigualdades y pobrezas a nivel mundial. El encierro impuesto y el paro económico dejaron a la población de este país en mayores niveles de vulnerabilidad y pobreza. Este gobierno hizo préstamos millonarios y no se tiene certeza de dónde o cómo fueron repartidos.
El paso de los huracanes Eta y Iota fue devastador y recrudeció fuertemente los niveles de pobreza extrema en los sectores más empobrecidos. Para el martes 10 de noviembre, los datos de personas damnificadas eran de 363 mil 495 y las afectadas sumaban 373 mil 49. Más de 24,000 viviendas fueron destruidas, y hubo una muy mala capacidad de respuesta. Además, diversas instancias hablan de un subregistro de damnificados al igual que de fallecidos por COVID19.
En medio de todo el hartazgo, y de todo lo anteriormente resumido, se suma que el congreso de la república en la madrugada del 19 de noviembre aprobó un presupuesto que recortó el dinero para educación y alimentación, y subió dietas y salarios para diputados. Esa fue la gota que rebalsó el vaso y la gente salió a las calles.
Por todo lo anterior, con una rabia acumulada de más de 500 años de lucha desde los pueblos y poblaciones populares masacradas, asesinadas y violentadas, salió la gente a las calles, con el estómago vacío, con el hartazgo de las juventudes de haber nacido en un país saqueado sin oportunidades, sin ninguna garantía de nada, pero con la esperanza de un cambio radical. En Guatemala los derechos son privilegios y la población ya no está dispuesta soportar eso.
La gente salió a ejercer el derecho a la manifestación reconocido en la constitución de la república de Guatemala. Se rallaron paredes, se quebraron ventanas; la indignación y hartazgo quemó el congreso de la república. La gente ya no está dispuesta a negociar sus derechos. Pero también, la gente salió a la calle a expresar su repudio a la clase política, “no es el presupuesto, no es Giammattei“, decían, “son más de 500 años de un despojo sistemático”. Las mujeres lideraron la primera línea. El terror de la clase política despertó y sembraron y decretaron miedo, violencia desmedida contra la población civil desarmada.
La brutalidad policial dejo un saldo de dos personas que perdieron el ojo izquierdo, más de 40 personas presas políticas incluyendo familias enteras, mujeres, menores de edad, periodistas heridos. Más de 25 personas fueron heridas y varias intoxicadas por gases lacrimógenos.
Lo único que conocen los pueblos en Guatemala es la represión, la violencia y la estigmatización estatal. En un país de los más desiguales del mundo —ocupa uno de los primeros lugares de helicópteros per cápita—, las relaciones coloniales no han cambiado en nada, por eso salió la gente a las calles.
Lucía Ixchíu. Mujer K´iche, feminista comunitaria, arquitecta, diseñadora, activista de derechos humanos, artista, gestora cultura y periodista comunitaria. Nací en Totonicapán, Guatemala, en 1990. Me hice activista y periodista por la masacre del 4 de octubre del 2012 en la cumbre de Alaska. Activa en el movimiento estudiantil desde 2012, representante estudiantil 2014-2016 facultad arquitectura, cofundadora de Festivales Solidarios, cofundadora del espacio feminista interseccional Mujeres en Movimienta, corresponsal noticiero intercultural Maya K’at, corresponsal Latinoamérica rompe el cerco. Columnista de opinión en medios nacionales y latinoamericanos. Cofundadora de Conectadas, LATAM, y parte del equipo organizador de ELLA.