Opinión

Las mujeres permanecemos inseguras en El Salvador

No se puede negar que la violencia homicida en El Salvador ha disminuido. Pero el Gobierno lo ha conseguido violando derechos humanos y sin considerar las problemáticas que afectan directamente a las mujeres. En esta columna, la periodista Valeria Guzmán cuestiona los vacíos y contradicciones de un país que se jacta de seguridad sin garantizarla a las mujeres salvadoreñas.

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La cantidad de feminicidios en El Salvador ha disminuido considerablemente en los últimos años. Es un hecho.  En 2019 hubo 230 feminicidios. Una cifra brutal. Cinco años después, en paralelo a la reducción general de homicidios, se tienen registros de menos muertes violentas de mujeres. Este año registramos 32 feminicidios. Pero ese número no es motivo de alivio. Las mujeres no somos números andantes. Y mientras exista un solo asesinato contra una mujer, las feministas vamos a seguir hablando y peleando para que la violencia de género deje de existir por completo. 

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha no es aleatoria. El 25N nació para conmemorar a las mujeres que no se callan. Nació por mujeres organizadas y luchadoras, como lo fueron las hermanas Mirabal. Ellas: Minerva, Patria y María Teresa Mirabal nacieron en República Dominicana y se opusieron a la dictadura de su país.  El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas bajo órdenes estatales. 

En El Salvador tampoco nos callamos, aunque medio país diga que todo está bien y la otra mitad tema decir lo que piensa en realidad. Las mujeres queremos vivir en un país donde no asesinen a ninguna. Esto no solo es un ideal, sino un derecho. Así de simple. No es una cosa de sueños, es el derecho a la vida que hasta la fecha, a 32 mujeres en El Salvador se les ha quitado. Y es que las víctimas de la violencia en El Salvador no son pocas. 

Se tienen registros de 57 hechos de violencia contra las mujeres cada día, de acuerdo con la Organización de Mujeres por La Paz (ORMUSA). Este cálculo se hace basándose en los registros de denuncias que ingresan en la Fiscalía General de la República. Son más de 20 mil casos por violencia de género al año. Esta incluye la violencia feminicida, física, sexual, patrimonial y psicológica. Y si estos solo son los registros, ¿cuál será la cifra real?

Existe una gran dificultad para que conozcamos el verdadero alcance de estos diferentes tipos de violencia. Al estigma social de ser víctima de violencia de género, se le suma la que proviene de los gobernantes que se niegan a hablar de estos temas. Cuando Bukele dice que la “ideología de género” no tiene cabida en las escuelas y su ministro de educación dice que ha borrado “todo rastro” de ella, ¿comprenden en realidad lo que están haciendo?

Para empezar “la ideología” de género no existe. Existen teorías, estudios y perspectivas que toman en cuenta cómo se percibe la vida (y la violencia) según el género que te asignan al nacer. En su diatriba contra la “ideología de género”, las instituciones gubernamentales borran el lenguaje que reconoce correctamente a las personas trans, esconden material sobre los programas de salud y prevención del VIH y se indignan porque se explique en un contenido educativo qué es la orientación sexual. 

Sin embargo, aunque el Gobierno intente no hablar “de género”, es imposible no hacerlo. En El Salvador sigue existiendo la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV). Gracias a este instrumento, la Fiscalía registra esos otros tipos de violencia de los que el mandatario más cool del mundo no habla en X. 

Alharaca y La Prensa Gráfica revelaron hace más de dos años las incoherencias del Plan Control Territorial de Bukele con las prácticas de su gobierno. Hablaban de una campaña anti-machismo cuando algunos colaboradores del gobierno utilizaban lenguaje violento y misógino contra algunas mujeres que ellos consideran oposición. Poco ha cambiado desde entonces. El nombre del plan es distinto y, tras la aplicación sistemática del régimen de excepción, el Gobierno se enorgullece de sus cifras de seguridad, sin explicar cómo se lograron en un inicio, y sin dar explicaciones ante los casos de tortura y muertes en sus cárceles. A pesar de ello, el plan de seguridad Bukele es mundialmente aplaudido aunque viola derechos humanos y, desde luego, no atiende directamente las problemáticas que afectan a las mujeres. Esos parecen ser temas secundarios. 

Las mujeres de El Salvador vivimos múltiples violencias y no parece haber un plan estatal para sanar esas heridas donde el Estado tiene una responsabilidad directa. ¿Cuál es el plan estatal para las niñas que el régimen de excepción deja sin padres? ¿Qué campañas de educación se hacen para que los hombres cambien prácticas machistas? ¿Qué medidas sancionatorias se toman cuando un funcionario ha ejercido violencia de género? ¿Acaso no es violencia estatal feminicida cuando una mujer arriesga su vida por un embarazo que no llegará a término? ¿Por qué el Estado deja solas a las mujeres que buscan los restos de sus hijos desaparecidos en terrenos inhóspitos? 

Un gobierno que se jacta de seguridad también debe tomar en cuenta la inseguridad y violencia que sufrimos las mujeres. La que ocurre en casa con nuestras parejas, hermanos, padrastros y padres. También la que sucede en redes sociales y la que ocurre por inacción de las autoridades. No se puede decir que se valora a la mujer, pero indignarse cuando una de nosotras habla contra la violencia que aún vivimos las salvadoreñas. 

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