«Acosos por militares llevaron a varias mujeres trans a centros de contención»

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Junio es el Mes del Orgullo para la población LGBTIQ+. Y, si se tratara de un junio normal, la agenda de Bianka Rodríguez habría sido muy distinta.  

Bianka Rodríguez dirige Comunicando y Capacitando Mujeres Trans (Comcavis Trans), asociación dedicada a la defensa de los derechos de la población LGBTI, enfocándose en la población trans. En septiembre del año pasado, Rodríguez recibió el Premio Nansen 2019 de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por su trabajo de protección a las víctimas de desplazamiento forzado.  

Debido a la pandemia de COVID-19, el equipo de activistas ha tenido que balancear las actividades culturales y las presentaciones programadas con la atención de urgencia que ha tenido que brindar a la población LGBTI afectada por la crisis. En lugar de hacer planes para la tradicional Marcha del Orgullo, Comcavis Trans se ha dedicado a repartir paquetes de alimentos y productos de higiene personal, y a brindar asesoría psicológica y legal a personas de la diversidad. Hasta finales de junio, habían otorgado 160 asesorías legales y 116 atenciones psicológicas. 

El trabajo de contingencia de la organización es especialmente urgente debido a las vulnerabilidades específicas de la población LGBTIQ+ y, sobre todo, de las personas trans. Rodríguez considera que el Gobierno no ha tomado en cuenta esas necesidades en su respuesta a la pandemia.  

Ha sido muy crítica de la gestión de Nayib Bukele  desde su decisión de eliminar la Secretaría de Inclusión Social y su Dirección de Diversidad Sexual en los primeros días de su gobierno. Sin embargo, considera que las carencias a la hora de mitigar el impacto de la pandemia sobre las poblaciones vulnerables van más allá de la gestión actual: “Pareciese que los sistemas de salud están tan cisnormativizados e invisibilizan las realidades de la población LGTBI ”. 

En esta entrevista también reflexiona sobre qué significa hablar de inclusión en un partido —debido a la precandidatura de una mujer trans— cuando el mismo partido no puede respetar su identidad de género. 

Jimena Aguilar: Queremos empezar preguntándote qué actividades están realizando como Comcavis Trans para atender las necesidades específicas de la comunidad trans durante la pandemia. 

Bianka Rodríguez: Hemos estado un poco beligerantes con la situación que enfrentan en específico las mujeres trans, ya que la pandemia ha sido un fenómeno que ha visibilizado otras problemáticas. Entre ellas, ha potenciado que se refleje la situación que vive la población trans, donde los altos índices de pobreza son los que marcan su realidad y cómo existen violaciones sistémicas a sus derechos. Tienen como consecuencia aún mayor que se generen situaciones de desigualdad y de falta de acceso a diversos servicios que brinda el Estado. Desde las organizaciones de sociedad civil, como con Comcavis, hemos estado tratando de mitigar esos impactos. Hemos entregado kits de alimentos, algunos medicamentos o artículos de higiene personal, kits de limpieza, también colchonetas, frazadas.  

En el marco de esta pandemia, vemos que el Estado salvadoreño, a través de todos sus órganos —Legislativo, Judicial y del Ejecutivo— carece de un enfoque diferenciado para poblaciones socialmente vulnerables como la población LGTB. Ni siquiera los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud cuentan con un enfoque diferenciado y basado en derechos humanos. Personas de la población trans tienen varias afectaciones que puede complicar adquirir el COVID. No existen en el sistema de salud de El Salvador cifras estadísticas de infección hacia poblaciones de mujeres trans o a población LGTBI. Pareciese que los sistemas de salud están tan cisnormativizados e invisibilizan las realidades de la población LGTBI y, en especial de las mujeres trans. Ellas tienen condiciones preexistentes dentro de su salud porque iniciaron un tratamiento de reemplazo hormonal y esto puede conllevar a un proceso de complicación de la infección de COVID-19.  

Jimena: ¿Cuántas mujeres trans han sido beneficiarias de los proyectos o de las ayudas que están organizando?  

Bianka: Hemos hecho alrededor de 1000 entregas hacia población LGTBI. El 70 % mujeres, que se han visto mayormente afectadas. Estos solamente datos estadísticos de COMCAVIS, aclaro. Nosotras hemos tratado de hacer una o dos entregas a cada persona en lo que duró el período de la cuarentena domiciliaria obligatoria.  

También hemos tratado de brindar servicios, como atención legal y atención psicológica a población LGTBI que se ha visto también afectada por violaciones a derechos humanos. Durante los 95 días de cuarentena domiciliaria obligatoria en El Salvador, atendimos 160 casos de asistencia legal, donde 79 personas fueron víctimas de desplazamiento interno forzado, lo que implica que hubo violencia, situaciones de riesgo, amenazas de estructuras delincuenciales, pero también de agentes estatales. Hubo detenciones arbitrarias, hubo acoso por parte de instituciones gubernamentales, desalojos y situaciones donde también se ven obligadas a renunciar personas de sus trabajos formales. También tenemos 116 atenciones psicológicas que no están relacionadas a la asistencia jurídica, sino que son otros casos que se contactaron con nuestro especialista en psicología, donde se brindaron atenciones a la población desplazada. Se brindó atención en mayor parte a violencia intrafamiliar y violencia en los hogares de jóvenes gais, de mujeres lesbianas. Violencia intrafamiliar es aquella violencia que también viene de parejas, donde había mujeres trans que, por temor, no denunciaban que estaban siendo violentadas. Mujeres lesbianas también denunciaban que estaban sufriendo estas arbitrariedades.  

Teníamos casos de personas jóvenes, en específico LGTBI, que querían atentar contra su vida porque no soportaban situaciones de violencia y discriminación en sus hogares, ocasionadas por ese encierro. Quiérase o no, vemos cómo el enfoque psicoemocional quedó fuera de los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud. Y si sumamos los 116 casos más los 160 casos, vemos una exponencial curva de violencia hacia la población LGTBI. Se supone que la casa es el lugar más seguro para que tú estés, pero vemos que para la población LGTBI esos lugares no son seguros.  

Lya Cuéllar: ¿Está el Estado salvadoreño incluyendo de alguna forma las necesidades de la población trans en su reacción a la pandemia?  

Bianka: No. Relativamente, no. A pesar de que ahora el tema LGTBI ha pasado al Ministerio de Cultura, ni siquiera de ahí ha venido un acompañamiento a las organizaciones de sociedad civil, ni a la población LGTBI. Pero sí vimos a una ministra de Cultura en cadena nacional decir que habían entregado paquetes a poblaciones LGTBI, cuando de nuestra propia boca escuchamos de personas LGTBI que decían: “no, a nosotras no nos han entregado nada”. Y, por último, vimos que el Ministerio de Cultura ha seleccionado a organizaciones muy afines a su partido político para tratar de validar la asistencia que las que están entregando. Incluso les hicieron donación de kits de alimentos muy, muy básicos, que contenían una lata de sardina, una libra de arroz, de azúcar, de frijoles, espaguetis y salsa, y esa era la canasta que les estaba entregando. Era algo muy simbólico para la población LGTBI. Mientras tanto, la población LGTB ni siquiera fue beneficiada con la medida del bono de los 300 dólares. Esa fue otra situación que ni siquiera se hizo con el enfoque diferenciado.  

Jimena: ¿Qué políticas se necesitan para responder a las necesidades específicas de la población LGBTI durante la pandemia y de cara a la crisis económica que viene?  

Bianka: Yo mantengo que hay una oportunidad para todos los funcionarios para trabajar en estas problemáticas que han quedado totalmente evidenciadas con la pandemia del COVID. También creo que es hora de que, con la apertura económica, se empiece a trabajar desde el Órgano Ejecutivo el enfoque diferenciado, porque pareciese que la reapertura económica solo va dirigida a las empresas, pero no para la población LGTBI. También formamos parte de la fuerza laboral de este país. Formamos parte de la micro y pequeña empresa y del comercio informal, pero ni siquiera se han tomado iniciativas para tratar de mitigar esos impactos económicos. Durante la pospandemia va a haber muchos retos, y van a ser la oportunidad específica de las instituciones gubernamentales para tratar de abordar estos temas. Porque no sabemos si de aquí en uno, dos, tres o cuatro años puede volver a surgir otra pandemia. ¿Y cómo nos va a volver a afectar si estos problemas no se empiezan a mitigar desde ya?  

Jimena: Al inicio mencionaste casos de violencia intrafamiliar que han aumentado debido a la pandemia. ¿Qué otros tipos de violencia se están generando o siendo más fuertes debido a la pandemia? 

Bianka: Vimos a un presidente en cadena nacional que decía que las mujeres estaban 61 % más seguras. Esto se basa en decesos de mujeres en cuanto a esta pandemia. Sabemos que hay alrededor de 24 feminicidios, pero el feminicidio es la violencia extrema de las violencias hacia la mujer. Para la población LGTBI es algo similar: a pesar de que solo tenemos documentado un posible caso, de una persona que fue asesinada casi al finalizar la cuarentena, vemos cómo se naturaliza la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia física, la violencia económica o patrimonial, intrafamiliar. Y estas violencias tampoco están reconocidas en la legislación. Las mujeres trans no pueden aplicar la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia porque no reconoce a las mujeres diversas o disidentes, como mujeres transgénero que son afectadas por la violencia ocasionada por sus parejas o por hombres. Carecemos de una Ley de Identidad de Género que permita que nuestro documento de identidad asuma el género con el que nos identificamos. Las mujeres lesbianas no pueden tampoco ocupar su orientación sexual como símbolo de que también se puede ejercer violencia durante estas situaciones tan complejas como la cuarentena.

Jimena: Ya terminó la cuarentena obligatoria, pero sigue la dinámica alrededor de la pandemia. ¿Qué opciones tiene una mujer trans que está pasando por una situación de violencia? 

Bianka: A pesar de que hemos avanzado, hay situaciones donde la población LGTBI no denuncia por temor a represalias. Existe ese temor, incluso en los casos de desplazamiento vemos que las chicas trans no quieren ni siquiera hablar o denunciar por factores de corrupción dentro de estas instituciones. Porque si tú denuncias y el policía está asociado a esta estructura criminal o al pandillero, y revela información que tú has ido a proporcionar… Y hay estas situaciones de corrupción donde muchas personas no denuncian por temor a represalias, y donde también se ven obligadas a abandonar el país. Tampoco es una garantía denunciar, acceder al sistema de justicia, porque ni siquiera realizan investigaciones, solo queda en un acto plenamente administrativo. Entonces, vemos como estas carencias normativas conllevan también a violencia institucional de parte del Estado. 

Jimena:  Si no podés o tenés miedo de acudir a las autoridades, ¿qué opción tienen las mujeres trans? ¿A quiénes pueden acudir?  

Bianka: Una de las pocas instituciones en las cuales la población LGTBI tiene un cierto nivel de confianza es en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, no todas tratan de poner una denuncia administrativa en estas instituciones. Muchas se abocan a las organizaciones de la sociedad civil, como COMCAVIS u otras para poder solicitar asesoría jurídica, asistencia humanitaria o asistencia psicológica o cualquier otro tipo. Las que deciden salir del país piden ayuda para poder contar con alguna documentación que respalde su caso. Quiérase o no, es muy complejo tratar de decirle al Estado ahora: “mirá, nosotras estamos haciendo tu rol, pero, por favor, necesitamos de tu apertura para que desde nuestro trabajo empecemos a hacer esta transición nuevamente. El trabajo o la tutela de derechos es tu obligación, más no la de nosotras. Pero nosotras estamos ahí para acompañar esa tutela de derechos humanos”.

Jimena: ¿Cómo es por el momento el pedirle asesoría a COMCAVIS? ¿Qué puede esperar alguien? 

Bianka: Los servicios los brindamos, aunque sea de manera telemática en el marco de la pandemia, y las respuestas han sid

o casi momentáneas. Hemos tenido un poco de complicaciones por los cordones sanitarios y las medidas de tránsito, donde no podías pasar de municipio a municipio. También porque no tenía una autorización avalada por el Ministerio de Salud que te validara que fueras una empresa autorizada para circular en medio de la pandemia. Creo que ahí era el desafío de nuestra organización en tratar de llevar esta asistencia a nuestras compañeras, compañeros LGTBI. Pero, a pesar de todas estas circunstancias, hemos tratado de evolucionar y adecuar nuestro servicio a las condiciones existentes que ahora están. 

Jimena: ¿Cuál es el perfil de las personas con las que trabajan?  

Trabajamos con población LGTBI de todas las edades, sin ninguna exclusión. Es más, hemos detectado casos de niñez y adolescencia LGTB que fueron excluidos desde sus hogares y situaciones de riesgo donde hemos intervenido. Los perfiles más específicos con los cuales trabajamos son con población desplazada interna, migrantes, refugiados, sobrevivientes de violencia sexual o basada en género. Trabajamos incluso con personas ex privadas de libertad e incluso también con privadas de libertad, aunque ha sido un poco difícil acceder ahora a los sistemas penitenciarios por las medidas de distanciamiento social y las medidas que ha impuesto la Dirección de Centros Penales en cuanto al no acceso ni siquiera de los familiares para proporcionar insumos de limpieza, de alimentos para esta población.  

Lya: En el trabajo que hacen con personas privadas de libertad, sabemos que estaban trabajando en el penal de Sensuntepeque, y, aunque no han tenido acceso, ¿han tenido comunicación con las personas beneficiadas por el proyecto? 

Bianka: Sí, durante lo que va de la pandemia, aunque ha sido muy difícil el acceder a los centros penitenciarios. El Centro Penal de Sensuntepeque alberga a varias personas de la población LGTBI, creo que alrededor de 115 personas LGTB privadas de la libertad. A nivel nacional, en los 23 penitenciarios, hay alrededor de 580 personas LGTBI. Eso también es otro desafío para nosotras, que se generen cifras y datos estadísticos reales de cuánta población LGTB hay en las prisiones. ¿Cómo va a ser ese enfoque diferenciado? Sabemos que hemos trabajado también un protocolo para la Dirección General de Centros Penales para la atención a la población LGTB. Sin embargo, vemos que todos estos protocolos, todos estos avances en materia de políticas públicas inclusivas, han quedado un poco detenidas con el cambio de funcionarios, porque existe falta la voluntad política y también porque este gobierno no tiene interés en apostarle al avance de los derechos humanos. 

Lya: Dijiste que han visto casos en los que las autoridades, las fuerzas de seguridad, han sido quienes perpetran violencia contra la población LGBT. ¿Ha habido casos de acoso policial durante la pandemia?  

Bianka: Correcto, y viene también de militares. Por ejemplo, aquí en San Salvador se levantó un cordón sanitario donde los militares pasaban por las zonas de trabajo sexual diciéndoles a mujeres trans: “Mirá, enseñame un pecho, descubrite el busto, levantate la falda. Y si no me la enseñás, te voy a llevar a un centro de cuarentena”. Estas situaciones también constituyen hechos de violencia para la población LGTBI, en especial para las mujeres trans. Estas situaciones ejecutadas por militares también llevaron a que varias de mujeres trans fueran a cuarentena obligatoria en un centro de contención porque carecían de un documento de identidad en ese momento. Hubo compañeras que fueron detenidas por algo tan absurdo de no portar su documento de identidad. Hay otras que sufrieron discriminación en los controles sanitarios para salir de su colonia, para salir de su municipio. Les pedían el documento de identidad y, al ver que discrepaba su imagen física de su nombre y su expresión actual, la policía les decía: “Pero ustedes no son, aquí aparece un hombre. Por lo tanto, nos vamos a dirigir a usted como un hombre”. Aunque tuviera una expresión muy femenina. Los cuerpos uniformados también tenían estas situaciones de violencia hacia la población LGTBI.  

Lya: ¿Sabes si hubo algún caso de discriminación dentro de un centro de cuarentena?  

Bianka: Hemos documentado varios casos, alrededor de 10, 12 casos de personas LGTBI que estuvieron en centros de detención. Las mujeres trans iban al sector de hombres y los hombres trans iban a sector de mujeres. Vulneraban a la persona al enviarla a un ala donde solo acudían hombres, reconociendo a la persona por su sexo biológico, no como ella se identificaba. Les llamaban con su nombre según el DUI, aunque pedían que se refirieran a él o a ella con nombres autoasignados. Hubo un caso de un hombre trans que nos comentaba que le llegaron a hacer dos o tres veces la prueba de COVID-19. Él venía a El Salvador únicamente a sacar su documento de identidad, porque ahora reside en Guatemala y tuvo que pasar por ese centro de cuarentena. Le dijeron que solo lo iban a llevar para hacer el análisis y al final lo dejaron en cuarentena. “Cuando me realizaban estas pruebas de COVID siempre se referían en tono burlesco con nombre femenino”, me decía. Cuando pedía que le respetaran su identidad le decían: “no, que su documento de identidad tiene consignado su nombre y yo le voy a llamar por su nombre”. Esta persona duró como 45 días dentro de estos centros de contención.  

Lya: Y entre esos casos, ¿había personas que necesitaran medicamentos, por ejemplo, que estuvieran en terapia hormonal?

Bianka Según lo que pudimos documentar no había ese tipo de necesidades, sino que había más necesidades de, por ejemplo, artículos de higiene personal, ropa. Pero había un proceso tan burocrático para hacer la entrega de esos insumos a las personas que, ya en las últimas ocasiones, suspendieron que se entregara alimento o ropa.   

Jimena: Has mencionado que ha aumentado la violencia y, por otro lado, la falta de políticas públicas que sean dirigidas a la población LGBTI. ¿Por qué es importante que se incluyan, que se hagan esas diferenciaciones en las políticas públicas? 

Bianka:A pesar de que hay una reforma del Código Penal en los artículos 129 y 155 que tipifican las amenazas, los crímenes por odio hacia población LGTBI basados en su orientación sexual o identidad de género, todavía se carece de instrumentos normativos dentro de las instituciones especializadas en el acceso a la justicia para la población LGTB. En el año 2018, se construyó la política institucional del Ministerio de Justicia para población LGTBI, que abarca a 7 u 8 instituciones en el ramo de seguridad —Centros Penales, la Academia, la Policía Nacional Civil, Migración y Extranjería—. Sin embargo, esta política ha quedado estancada. Hay funcionarios que se niegan a recibir denuncias de población LGTBI. Es como que estuviéramos volviendo al pasado, a tratar de volver a sensibilizar a nuevos funcionarios, a convencer a otras personas para que crean que las afectaciones a derechos LGTBI existen, como lo tratamos de hacer ver en una reforma al Código Penal. La Fiscalía General de la República creó —con apoyo de la comunidad internacional, de las organizaciones de sociedad civil y de los organismos internacionales de derechos humanos— una política de persecución penal para delitos hacia población LGTBI. Pero tenemos a un fiscal renuente de querer aprobar este instrumento tan valioso que permite a fiscales y policías, que llevan investigaciones de crímenes por odio, guiarse bajo esta normativa. Muchos, muchos casos son desestimados también por jueces. Prácticamente, al no tener un instrumento que operativice los artículos 129 y 155, carecen de sustento legal dentro de los tribunales.  

Lya: ¿Qué avances hubo en las administraciones pasadas?   

Existen muchas carencias. Dejaron muchas políticas institucionalizadas, pero ahora el reto es que las instituciones las retomen. Porque existen políticas públicas, como los lineamientos de atención a población LGTBI en materia de salud, el protocolo de atención a personas LGTBI privadas de libertad, la política institucional del Ministerio de Justicia. Son políticas que se construyeron desde la sociedad civil en conjunto con las instituciones gubernamentales, pero se ha venido a ocasionar un paro al avance de los derechos. La política puede estar escrita, pero si no se aplica, no va a haber una inclusión real de nosotras para el acceso a nuestros derechos.  

Lya: ¿Tuvo que ver el cierre de la Secretaría de Inclusión Social y de su Dirección de Diversidad Sexual en esos retrocesos?  

Bianka: El Gobierno no puede hablar de inclusión cuando ni siquiera tiene una institución encargada para velar por esa inclusión. La Dirección de Diversidad Sexual desapareció y lo que se ha hecho es adjudicar atribuciones a la Unidad de Género dentro del Ministerio de Cultura para que asuma los roles que tenía. Ese es otro claro retroceso porque antes teníamos una Secretaría específica que abordaba todos los temas de inclusión para grupos en situación de vulnerabilidad y ahora ya no tenemos nada. Y la Dirección, que era autónoma dentro de la Secretaría de Inclusión Social, ahora pasó a ser una atribución de un Ministerio que no puede intervenir en las decisiones de otros ministerios. La Secretaría de Inclusión Social, que era un ente autónomo desde la Presidencia sí lo podía hacer. Entonces, no se puede hacer presión desde la Unidad de Género. Y que una única persona haga todo este trabajo también muy complicado, porque dentro de esta reestructuración que hizo el Ministerio de Cultura, somos el pilar 26, 27 y 28 de todo el trabajo que tiene que hacer la Unidad de Género. Entonces no hay una prioridad para abordar nuestras problemáticas ni nuestras demandas. 

Jimena: Ya lo hemos hablado a nivel nacional, pero quizás a nivel municipal, ¿conocés algún lugar donde sí se estén tomando en cuenta estas diferenciaciones con la población LGBTI?  

Bianka: En San Salvador, la Alcaldía Municipal entregó kits de alimentos a población de mujeres trans trabajadoras sexuales, pero porque eran mujeres trans trabajadoras sexuales, no directamente a otra población del colectivo LGTB. Sabemos que está muy bien tratar de priorizar a las personas más afectadas. Pero también hay personas que se han vuelto muy vulnerables porque carecen de recursos económicos. Hay mujeres trans que son comerciantes informales en el centro de San Salvador, y que pagan sus impuestos a la Alcaldía de San Salvador, y no pudieron siquiera acceder a una canasta básica de la propia alcaldía, de los propios impuestos que éstas pagan. Entonces hubo cierta exclusión dentro de las entregas que hicieron. También vimos a la Alcaldía de San Miguel, que donó kits de higiene a población LGTBI. Esa es una muy buena medida que se implementó. Sin embargo, tampoco se vio que se proporcionara kits de alimentos a estas personas afectadas por la pandemia. Como te decía al inicio, la mayor parte de la población LGTBI de mujeres trans viven en pobreza, casi pobreza extrema. Van subsistiendo casi como “coyol comido, coyol quebrado”, como dice ese dicho.  

Lya: En Ahuachapán, el alcalde comunicó que se iba a regular la cuarentena alternando los días de salida por género y que, a la hora de implementarlo, se iba a respetar la identidad de género de las personas trans. ¿Qué pensás de esa consideración? 

Bianka: Sí funcionó en la práctica, pero la dificultad es que no podés limitar ciertos derechos a la población en general. Fue una muy buena medida y un buen pronunciamiento de respeto a la identidad de género. Ya quisiéramos ver a más alcaldías y a más funcionarios públicos comprometidos con ese respeto a la identidad de las personas trans, que somos la cara más visible de la población LGTBI, la que sufre más la exclusión y negación a los derechos. Concuerdo con que también esa fue una medida de respeto, pero tampoco se supo qué programas proporcionó la alcaldía para la población y si tuvo un enfoque diferenciado para la población LGTB de Ahuachapán.  

Lya: Porque además tampoco se sabe si, por ejemplo, la Policía ha sido sensibilizada en cuestiones de género. No es ninguna garantía de que no va a haber acoso por parte de las autoridades. 

Bianka: Correcto.  

Jimena: Las alcaldías no son de los mismos partidos políticos. ¿Por qué creés en estos tres municipios sí se está haciendo el intento?  

Bianka: Creo que porque también ha habido trabajo bastante articulado (de organizaciones civiles). En la Alcaldía de San Salvador se trabajó una ordenanza pública. En San Miguel ya se ha tenido también trabajo con la Alcaldía. Es más: en las fiestas de San Miguel del año pasado se permitió la incorporación de un grupo de la población LGTBI migueleña al Desfile de Correo para visibilizar también las aportaciones culturales de la población al municipio. Con la alcaldía de Ahuachapán no ha habido tanto trabajo, pero vimos a un funcionario bastante comprometido. Aún existen muchos desafíos para las organizaciones al trabajar con los gobiernos locales, pero también para los gobiernos locales al buscar ese asesoramiento de las instituciones.  

Lya: En los casos en los que ha habido trabajo conjunto, ¿quién tomó la iniciativa, ustedes como organización o las alcaldías se les acercaron? 

Bianka: Bueno, en el caso de San Salvador, fue de la Alcaldía; en el caso de Miguel, fueron las organizaciones.  

Jimena: De cara a las elecciones, ¿ves dentro de las plataformas o discursos de quienes están postulando para precandidaturas para el otro año algún interés en adecuar leyes para beneficiar a la población LGBTI?  

Lya: Hace dos días se lanzó la primera precandidatura de una mujer trans para Nuevas Ideas.  

Bianka: Es una precandidatura dentro de las elecciones en su mismo partido. Pero, si vemos la imagen de esta campaña de precandidata, de la primera mujer trans precandidata de Nuevas Ideas que opta a un cargo de diputada, el afiche dice: “Por la inclusión”. Pero la inclusión va más allá. Es muy complejo y contradictorio porque hablan de inclusión y ni siquiera pueden respetarle a ella la identidad de género. Si te fijas, ponen el nombre de ella en masculino más grande y el nombre en femenino más pequeño, entre paréntesis, como si fuera un alias. No se puede hablar de inclusión dentro de un partido si ni siquiera pueden respetar la identidad de género, ni el nombre con el que se identifica. “Pero es que la Ley de Partidos Políticos así lo demanda”. Pero oye, ¿por qué entonces no pones Brenda en grande y abajo le pones el nombre masculino si quieres, y entre paréntesis, el nombre masculino? No veo problema. Pero, ¿por qué siempre el nombre masculino vulnerándole ese derecho a la identidad? 

Lya: Y, ¿dentro de la plataforma de otras precandidaturas o de otros partidos, ves alguna posibilidad?  

Bianka: En Nuestro Tiempo vimos que también se ha lanzado precandidatos abiertamente gay para diputados. Vimos también en el grupo del FMLN que también van por esa misma línea. Pero es muy interesante que hoy en día hablen de candidato o candidata LGTBI para optar a estos cargos públicos, cuando antes ocupaban ocupaban a toda la población LGTBI como lobby para ganar votos, para infundir odio. Para decir: “Ciertos diputados están a favor del matrimonio gay. Nosotros vamos a estar en contra. Estamos aquí para defender tus principios y valores morales y religiosos que atentan contra la familia, etcétera”. Cambiaron ese discurso que, aún el año pasado, tenían en la contienda electoral bien abierto, porque hubo candidatos que dijeron estar en contra de la población LGTBI. Ahora, ver diputados o propuestas a diputados y diputadas abiertamente LGTB da una sospecha de qué tan real será esa inclusión.