‘Es el mismo libreto’: tres editoras explican cómo Ecuador replica el modelo Bukele

Ecuador atraviesa una crisis política, social y de derechos marcada por la militarización, la represión y la concentración de poder. Bajo el gobierno de Daniel Noboa —reelecto en 2025—, el país vive en un estado de excepción casi permanente y en un clima de guerra interna que, bajo el discurso de la seguridad, justifica un desmantelamiento institucional que golpea con especial fuerza a mujeres, pueblos indígenas, comunidades afroecuatorianas y disidencias sexuales.

Por Metzi Rosales Martel

Una manifestante habla durante una marcha en el marco del Paro Nacional. 28 de septiembre. Quito – Ecuador. Foto de Karen Toro para La Periódica.

Tres editoras ecuatorianas*: Isabela Ponce, de GK, Ana Acosta, de Wambra Medio Comunitario, y Jeanneth Cervantes, de La Periódica, analizan este momento desde una mirada feminista. Coinciden en que lo que atraviesa Ecuador no es una coyuntura aislada. Sigue el mismo libreto de lo que ocurre en El Salvador, con la diferencia de que no existe una baja en los homicidios.
Para Jeanneth Cervantes, lo que ocurre en Ecuador es “un proyecto político del despojo: del territorio, de los derechos y de la posibilidad misma de disentir”. La periodista lo describe como un proceso de concentración de poder que combina despidos masivos, debilitamiento del Estado y represión. “Se han despedido más de cinco mil funcionarios, se fusionan instituciones, se militarizan las calles y se recorta todo lo que garantizaba algún derecho básico. Es un despojo de todas las cosas que dignamente nos permitían vivir”, explica.
Esa precarización laboral y la pérdida de derechos se dan en un contexto de violencia generalizada. “Hay atentados casi a diario, asesinatos tipo sicariato frente a escuelas, colegios, barrios controlados por grupos criminales que cobran vacunas [extorsiones]. Y mientras tanto, las instituciones están colapsadas: salud, educación, servicios públicos. Todo ocurre con el Estado mirando hacia otro lado o justificándolo en nombre de la seguridad”, agrega Cervantes.
El discurso oficial, coinciden las tres editoras, se ha centrado en la guerra contra el crimen organizado. Sin embargo, esa guerra —convertida en eje de la política pública— ha significado la expansión de la militarización al conjunto de la vida civil. Para Ana Acosta, “es un gobierno neoliberal, autoritario y que ha basado su poder en la militarización y la guerra”. Utiliza la inseguridad como excusa para imponer leyes rápidas, eliminar garantías constitucionales y justificar la represión, advierte.
Desde otra mirada, Isabela Ponce, directora editorial de GK, señala que el Ejecutivo “opera a punta de decretos y estados de excepción prolongados”, debilitando los contrapesos institucionales y concentrando el poder. «No está entendiendo o considerando el contrapeso que significa la Corte Constitucional para sus decisiones. Ha hecho un ataque constante a la Corte diciendo que va contra sus planes y su política, les ha declarado casi que enemigos del pueblo, cuando es un ente de control constitucional. El principal problema tiene que ver con la falta de respeto a la institucionalidad, podría seguir atacando a la Corte y bajarse fallos como hemos visto que ha pasado en Estados Unidos. Eso asusta».

 Intervención de la Asambleísta Mariana Yumbay en la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional después de que familiares de 12 personas que fueron detenidas en Otavalo, en el marco del Paro Nacional dieran sus testimonios en la Comisión. 30 de septiembre. Quito-Ecuador. Foto de David Díaz para La Periódica.

Familiares de 12 personas que fueron detenidas en Otavalo, en el marco del Paro Nacional fueron recibidas por la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. 30 de septiembre. Quito-Ecuador. Foto de David Díaz para La Periódica.

Fusión institucional y retrocesos en derechos

Una de las expresiones más visibles de ese despojo es la fusión y eliminación de ministerios. En agosto de 2025, el gobierno suprimió el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, transformándolo en una dependencia menor dentro del aparato estatal. Para las editoras, esto simboliza el desmantelamiento de una política pública con perspectiva de género.
«Noboa, siguiendo una ruta iniciada por Lenín Moreno y Guillermo Lasso, ha intensificado la fusión y eliminación de ministerios: entre ellos el de la Mujer que, aunque ineficiente, representaba un espacio de política pública en género», señala Cervantes.
En un contexto de creciente violencia —con tasas de homicidios que colocan a Ecuador entre los países más violentos de América Latina (44,5 por cada 100,000 habitantes en 2023, Insight Crime), y con al menos 321 feminicidios registrados en 2023 (Alianza Feminista para el Mapeo de Feminicidios)—, las voces feministas insisten en que la defensa de la democracia pasa por la defensa de la vida y la dignidad.
Con la eliminación del Ministerio de la Mujer, el gobierno no solo redujo presupuesto y cobertura, sino también el valor simbólico de una conquista histórica. Ponce explica que la fusión “significa quitarles más presupuesto, atender menos y dejar con menos alcance a los centros de atención y casas de acogida”. Señala que esta medida “desconoce toda la historia y la lucha de las mujeres que han estado toda su vida buscando y consiguiendo nuevos derechos para las mujeres ecuatorianas, porque el Ministerio fue una de esas conquistas: lo elimina de un plumazo”.
Además, advierte que con la desaparición del ministerio “también se elimina la Secretaría de Diversidades”, lo que invisibiliza aún más las demandas de las personas LGBTI. “Con la excusa de la seguridad, esos temas de poblaciones vulnerables casi no se hablan en el Gobierno, están absolutamente invisibilizados”, subraya.
De acuerdo con las tres editoras, la eliminación del Ministerio de la Mujer y los recortes presupuestarios profundizan las desigualdades: reducen la atención a víctimas de violencia, afectan a mujeres indígenas y afroecuatorianas y dejan sin respaldo a la población LGBTI, personas que viven con VIH o con algún tipo de discapacidad. Estas medidas y los discursos racistas legitiman la exclusión.
Los recortes se combinan con la amenaza de una reforma constitucional, impulsada por Noboa, que podría reconfigurar los marcos legales conquistados en las últimas décadas. “Es una puerta abierta para retroceder en derechos: desde la consulta previa para comunidades indígenas hasta la privatización del Seguro Social y la eliminación del aborto por causales”, advierte Acosta.
En Ecuador, el aborto es legal solo en tres causales (vida, salud y violación), pero grupos ultraconservadores cercanos al gobierno han expresado abiertamente su intención de revertir esas conquistas. También está en riesgo el matrimonio igualitario, reconocido por la Corte Constitucional en 2019, así como las sentencias que garantizan derechos a la niñez trans. “La amenaza es real: si se elimina o debilita la Corte, todos esos derechos pueden desaparecer”, subraya Acosta.

Decenas de militares y policías montan guardia en distintos puntos de la ciudad ante el inicio del Paro Nacional. 22 de septiembre de 2025. Latacunga. Foto: David Diaz Arcos para La Periódica.

Ataques a la Corte Constitucional y control del Estado

El 12 de agosto de 2025, Noboa convocó una marcha contra la Corte Constitucional, acusándola de “obstaculizar la seguridad del Estado”. La concentración fue masiva y reveladora del momento político. “Mucha gente tenía características fenotípicas de una clase media y media alta, pero también había sectores populares. Se sentía la tensión y el miedo”, recuerda Cervantes. “Las siete cuadras del centro de Quito estaban militarizadas, con francotiradores en edificios y vehículos del ejército. Había vallas gigantes con las fotos de los jueces y un contador de muertes como forma de presión».
Ese episodio confirmó lo que muchas organizaciones ya denunciaban: la intención de Noboa de someter al poder judicial y concentrar el control político. Catorce días después, se aprobó la Ley de Transparencia Social (en un inicio, llamada Ley de Fundaciones) que restringe la operación de organizaciones sociales y de derechos humanos. Dos meses antes, el 11 de junio, entró en vigor la Ley Orgánica de Inteligencia que habilita el espionaje sin orden judicial. A esto se suma el bloqueo de cuentas bancarias a líderes y lideresas comunitarios y la criminalización de la protesta, con cargos como terrorismo para manifestantes.
“Las instituciones están en exposición total”, resume Cervantes. “Desde Lenín Moreno hasta Guillermo Lasso se debilitó al Estado, pero Noboa lo ha llevado al extremo. Ha fusionado instituciones, eliminado ministerios y reducido al mínimo la estructura estatal. Nos obliga a defender instituciones que antes criticábamos, porque son lo último que queda en pie frente al autoritarismo”.
Ponce agrega que detrás de este achicamiento del Estado también hay razones económicas. “Con esta idea de ahorrar y reducir el tamaño del Estado ha fusionado ministerios, despedido como 3,000 empleados públicos. El año pasado consiguió un crédito muy grande del FMI; Ecuador está en una crisis económica muy profunda, y para cumplir todas esas condiciones se requieren esos recortes”, explica.
Esa lógica de austeridad, advierte, se combina con una narrativa autoritaria que criminaliza la protesta y el disenso.

Mujeres y hombres indígenas gritan consignas durante una marcha en el marco del Paro Nacional. 28 de septiembre. Quito – Ecuador. Foto de Karen Toro para La Periódica.

Criminalización de la pobreza y violencia estatal

El impacto de estas políticas recae de forma desproporcionada sobre mujeres, disidencias y poblaciones empobrecidas. Para Acosta, “lo que vivimos es la criminalización de la pobreza”. Explica que los barrios militarizados, donde se concentran los operativos, son también los lugares donde las mujeres sostienen la vida cotidiana en medio del miedo.

“¿Y quiénes están en los barrios pobres, militarizados, sosteniendo a las familias, a los hijos que se quedan sin sus papás porque son encarcelados y sometidos a tortura, incluso dentro de las cárceles? Son las mujeres: gritando, buscando, denunciando todo lo que está pasando en estos barrios más empobrecidos”, dice Acosta. La Asociación de Personas Desaparecidas —integrada en su mayoría por mujeres— busca actualmente a decenas de familiares desaparecidos por militares.
Un informe reciente de Amnistía Internacional, basado en la investigación del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, documenta 31 personas desaparecidas de forma forzada por militares, además de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Entre los casos más graves, cuatro niños afrodescendientes fueron detenidos, desaparecidos y finalmente asesinados por los militares, un hecho que posteriormente fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mientras tanto, el gobierno insiste en construir una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño. “Es la copia del CECOT de Bukele”, señala Acosta. “Pero Ecuador ya vive una crisis carcelaria desde 2021, con masacres y prisiones controladas por el crimen organizado. Militarizar más el sistema no ha frenado la violencia, solo la ha institucionalizado”.

30 de septiembre | Familiares de personas detenidas en Otavalo durante el #ParoNacional2025 comparecieron ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Soledad Perugachi, vocera de los 12 indígenas detenidos, habló en Kichwa y denunció la criminalización de comerciantes, agricultores y artesanos: “No somos terroristas”.

El enemigo interno: miedo como forma de gobierno

Las tres editoras coinciden en que el lenguaje de guerra es el mecanismo central de control. “Hay un lenguaje perverso de guerra perpetua donde se construye la idea de un enemigo”, reflexiona Cervantes. “Y ese enemigo siempre es el otro: los pobres, las mujeres, las disidencias, los indígenas. El problema es que cuando nos demos cuenta de que ese enemigo podemos ser nosotros mismos, será demasiado tarde”.
Ese discurso se traduce en una ciudadanía paralizada por el miedo porque la retórica del enemigo interno también se ha extendido a las organizaciones feministas y comunitarias. “El proyecto político busca una población que no piense ni actúe, que sobreviva sin organizarse. Para eso te arrebatan los mecanismos de voz, de participación, y llenan de miedo la vida pública”, explica.
La violencia política contra mujeres y disidencias es evidente, explica Ponce, y el caso de la exvicepresidenta Verónica Abad lo ilustra: fue atacada hasta perder su rol, mediante demandas en tribunales dominados por aliados del gobierno. “Aunque hay ministras y asambleístas mujeres, eso no importa porque no son feministas y no hay verdadera política de género”, señala. Los movimientos feministas y LGBTI se pronuncian públicamente, pero “Noboa no escucha a la sociedad civil; debilita la institucionalidad, impide el diálogo y recurre a ataques mediáticos, lo que dificulta aún más el trabajo de quienes defienden derechos humanos”.

Una manifestante grita consignas durante una marcha en el marco del Paro Nacional en el día internacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. 28 de septiembre. Quito – Ecuador. Foto de Karen Toro para La Periódica.

Mujeres indígenas de  comunidades rurales de Cotopaxi realizan cantos en Kichwa como parte de su protesta pacífica en Latacunga. 22 de septiembre de 2025. Latacunga. Foto: David Diaz Arcos para La Periódica.

Feminismos en resistencia

Pese al cerco institucional y la represión, los feminismos ecuatorianos siguen organizando la resistencia.  Acosta describe que las mujeres y disidencias han estado al frente de las calles, exigiendo políticas para mujeres y niñas, derechos sexuales y reproductivos, y en contra de la violencia de género y el femicidio, mientras se articulan con otros movimientos sociales, como el indígena, en distintas luchas y causas. Entre 2019 y 2022 participaron activamente en los paros nacionales, sosteniendo redes de alimentación, vestimenta y medicinas para quienes llegaban a Quito a movilizarse. “Una de las acciones más fuertes fue el centro de acopio organizado por la Asamblea de Mujeres Feministas y Disidencias durante el paro nacional”, relata Acosta. Estas acciones han llevado a que los gobiernos de Lasso y Noboa identifiquen al movimiento feminista como un enemigo político, con episodios de represión y persecución de activistas durante las movilizaciones.
Hoy, esas mismas redes sostienen a familias que buscan a sus desaparecidos, acompañan denuncias de violencia estatal y documentan abusos. “Los feminismos están levantando una agenda contra la guerra y el punitivismo”, afirma Acosta. “Trabajan con mujeres excarceladas y con comunidades que proponen alternativas al castigo y la militarización”.

Fotografías cortesía de Wambra Medio Comunitario.

Para Cervantes, el periodismo feminista también cumple un papel crucial: “Frente al cierre de medios, la censura y la compra de redacciones por parte del poder económico, los medios feministas independientes y comunitarios son de los pocos espacios que siguen contando lo que pasa. Sostenerlos es sostener la democracia”.

Isabela Ponce explica que los medios feministas son fundamentales en momentos de crisis democrática porque ofrecen miradas sobre poblaciones vulnerables que los medios más grandes no necesariamente enfocan. Aclara que GK no se considera 100 % un medio feminista, ya que aborda otros temas además de género. Además, señala que los feminismos aportan “miradas más amplias de las cosas, o poner los puntos sobre las íes donde nadie más lo está viendo”, fortaleciendo así la defensa de la democracia y los derechos humanos.

* Las 12 preguntas fueron enviadas por WhatsApp a cuatro editoras, pero solo tres respondieron con notas de voz: Isabela Ponce, de GK, el 22 de septiembre; Ana Acosta, de Wambra Medio Comunitario, el 26 de septiembre; y Jeanneth Cervantes, de La Periódica, el 1 de octubre. 

Leé las entrevistas:

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