“Se criminaliza la pobreza y son las mujeres quienes cargan con esa violencia”  

“¿Quiénes sostienen a las familias cuando los hombres son encarcelados o desaparecidos? Son las mujeres que buscan a sus hijos y esposos, que gritan frente a las cárceles y denuncian las torturas”, advierte Ana Acosta, Editora General de Wambra. Para ella, el proyecto de Noboa abre la puerta a retrocesos graves: desde el aborto terapéutico hasta el matrimonio igualitario, pasando por derechos ambientales y de consulta previa en territorios indígenas. 

¿Cómo describiría la situación actual de Ecuador bajo el gobierno de Daniel Noboa?  

Noboa fue reelecto en las últimas elecciones de este año, por cuatro años más. Su Gobierno ha estado marcado por la declaración de este conflicto armado interno, esta supuesta guerra interna que Ecuador estaría viviendo por el tema de la inseguridad, el crecimiento del narcotráfico y de los grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, esta política del Gobierno lo que ha significado es una política de militarización de la seguridad, lo que ha llevado a que existan denuncias de graves violaciones de derechos humanos. Hay un informe que recién sacó Amnistía Internacional basado en un trabajo de investigación que ha hecho el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, en el que se habla sobre más de 30 personas que han sido desaparecidas de forma forzada por militares. A eso se suma la ejecución extrajudicial de otras personas y el caso de cuatro niños afrodescendientes que fueron detenidos, desaparecidos y finalmente asesinados después de estar retenidos por los militares.  

La situación con el gobierno de Noboa es un contexto de militarización y de autoritarismo justificada, supuestamente, por el combate a los grupos de delincuencia organizada. Pero eso no ha sido así. Ecuador sigue siendo uno de los países ahorita que tiene más casos de homicidios y que tiene las ciudades más inseguras del mundo.  

Desde una mirada feminista, ¿qué aspectos de la democracia y del Estado de derecho considera que están más en riesgo?   

Noboa ha planteado la propuesta de hacer una Asamblea Constituyente. Esto implica un proceso de consulta popular para que el pueblo decida si es que queremos o no que se convoque una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución y hacer otra Constitución.  

¿Qué efectos tienen las medidas del Gobierno en los derechos de las mujeres, especialmente de las que están en una situación más vulnerable como las que viven con discapacidad, VIH, indígenas o afroecuatorianas?  

Esto representa para las mujeres, las feministas, para la democracia, una puerta abierta para un retroceso en derechos de todos los niveles. En temas de derechos ambientales, el Gobierno se ha mostrado favorable para avanzar con unos proyectos extractivos y mineros en los territorios indígenas, esto afecta con mayor fuerza a las mujeres porque son ellas las que permanecen en las comunidades cuidando a sus hijos y son quienes enfrentan los daños ambientales de las empresas mineras y petroleras.  

El Gobierno quiere eliminar el derecho a la consulta previa, las prohibiciones de hacer minería en áreas protegidas y de recursos hídricos, lo cual va a abrir la puerta hacia una mayor explotación de los territorios. Esto afecta principalmente a mujeres indígenas de la Amazonía, de la Sierra Centro y de la Sierra Sur que son quienes están en sus comunidades resistiendo esta situación. Además, quiere eliminar varias, que ellos lo llaman trabas en el tema económico para la privatización del Seguro Social, de empresas estatales, de telecomunicaciones, petroleras.  

En el círculo del Gobierno hay grupos de derecha ultraconservadora que han dicho que esta es la oportunidad para eliminar el derecho al aborto terapéutico, que en Ecuador es legal en tres causales:  causal vida, salud y por violación.  

Esta puerta que el Gobierno quiere abrir para reformular la Constitución es una puerta abierta para hacer una Constitución a la medida del gobierno, que es un gobierno neoliberal, autoritario y que ha basado su poder en el tema de la militarización y la guerra.  

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¿Cómo impactan estas políticas en la población LGBTI?  

Es similar la amenaza de esta reforma a la Constitución. La Corte Constitucional reconoció el matrimonio igualitario como un derecho que tienen las personas del mismo sexo, al igual que las personas de parejas de distinto sexo. La Corte ha emitido varias sentencias a favor del acceso a la educación de la niñez trans. La misma Corte emitió una sentencia para despenalizar el aborto por violación. Entonces, eliminar la Constitución, que tiene todo un marco de derechos y que en la estructura del Estado implica tener una Corte Constitucional, en realidad lo que busca es eliminar todos estos derechos para las poblaciones más vulnerables, [esto implicaría] retrocesos para la población LGBTI.  

¿Ha percibido un aumento de discursos de odio o de violencia política contra mujeres y disidencias en este contexto?  

Hay un contexto de mayor violencia, Ecuador está viviendo un un contexto en el que todo se justifica, toda política autoritaria se justifica por el combate al crimen organizado, por el combate de la inseguridad. Esto lo que ha generado es que se circulen un sinnúmero de discursos de odio y de violencia contra las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, la población afrodescendiente, hombres y mujeres de barrios populares, mujeres trans y poblaciones que son empobrecidas y que el Gobierno ha generado esta imagen de que son los enemigos internos y los causantes de la inseguridad. Ante esto, lo que ha ocurrido es de que frente a esta violencia, y la política del Gobierno de reprimir, de militarizar o de encarcelar a población vulnerable sin generar políticas para nada de acceso a beneficios sociales, lo que ha hecho es que se está criminalizando a la pobreza. ¿Y quiénes están en los barrios pobres, militarizados, sosteniendo a las familias, a los hijos que se quedan sin sus papás porque son encarcelados y están en condiciones de tortura, incluso dentro de las cárceles? Son las mujeres que están ahí: gritando, buscando, denunciando todo lo que está pasando en estos barrios más empobrecidos. Por ejemplo, la Asociación de Personas Desaparecidas y de Personas Desaparecidas de Forma Forzada en el contexto de este conflicto armado interno, entre comillas, son mujeres. Mujeres que están buscando a sus hijos, a sus esposos, a un familiar que fue desaparecido por los militares.  

¿Qué papel están jugando los movimientos feministas, de mujeres y LGBIT frente a estas medidas?  

En los últimos años, el movimiento feminista y de las disidencias ha sido uno de los movimientos que más movilizado ha estado en las calles, exigiendo políticas a favor de las mujeres, de las niñas y también articulando junto con otros movimientos, por ejemplo, el movimiento indígena en distintas luchas y causas. Una de las características del movimiento feminista es que ha generado en los últimos años varias movilizaciones masivas exigiendo el aborto legal, derechos sexuales y reproductivos, en contra de la violencia de género, el femicidio. Pero también las feministas, las mujeres y disidencias han participado en las distintas movilizaciones sociales y levantamientos populares que se han dado en Ecuador entre 2019 y 2022. Por ejemplo, una de las de las acciones más fuertes que realizaron en Quito, la Asamblea de Mujeres Feministas y Disidencias fue justamente sostener uno de los centros de acopio más grandes dentro del paro nacional para sostener la alimentación, la vestimenta, las medicinas de todas las poblaciones indígenas que llegaron a Quito para movilizarse y realizar el paro nacional. Esto lo que ha generado es que los gobiernos de turno, desde [Guillermo] Lasso hasta Noboa, hayan identificado al movimiento feminista como uno de los movimientos enemigos dentro de la acción política. Y ha habido, por ejemplo, en varias ocasiones de las movilizaciones de mujeres, una acción desmedida de parte de la policía, con represión y con persecución a varias activistas feministas que han participado en las distintas movilizaciones y protestas.  

¿Qué desafíos enfrentan los medios feministas en Ecuador para sostener sus agendas y narrativas en medio de esta coyuntura política?  

En este momento hay un contexto en Ecuador que está cercano y afectado por todo el contexto global de desfinanciamiento de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, con la agenda feminista, LGBTI, de migración, de derechos humanos por la política que viene desde Estados Unidos de [Donald] Trump. En este momento, sostener un medio feminista y comunitario, como es el caso de Wambra en Ecuador, es un reto muy grande porque hay un desfinanciamiento y hay una política de parte del Gobierno de ahogar a las organizaciones sociales. Recién se aprobó una Ley de Fundaciones muy parecida a la ley que aprobaron en El Salvador para controlar a las organizaciones sin fines de lucro. Esto genera ciertas trabas administrativas para que las organizaciones puedan funcionar y también para que puedan recibir fondos internacionales. Está provocando que exista un control de parte del Estado de las organizaciones sociales, por ejemplo, con el bloqueo de cuentas bancarias de líderes y de organizaciones sociales que han estado participando en la protesta, además de una serie de requisitos que debemos cumplir como organizaciones para poder seguir operando de forma legal. Todo esto es parte de una política relacionada con la política global antigénero, antiderechos humanos, que está enmarcada en esta política regional que tiene la administración de Donald Trump. El presidente Noboa es aliado de esta política, de hecho nació en Estados Unidos y tiene toda esta línea de cumplir con todos los requerimientos que plantea la presencia de Trump en Estados Unidos, eso implica justamente ejercer este tipo de políticas para ahogar a las organizaciones sociales y, por ende, también a los medios feministas que nos sostenemos desde la articulación con las organizaciones sociales.  

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¿Por qué considera importante que existan medios feministas en momentos de crisis democrática?  

Wambra es un medio comunitario y un medio feminista. Hacemos un trabajo en el que tomamos el trabajo de la comunicación comunitaria y también del periodismo feminista, con enfoque de derechos humanos. Nuestro trabajo se enfoca en acompañar a las organizaciones, en contar esas historias que justamente los poderes no quieren que se cuenten. Ahorita en Ecuador hay un contexto muy fuerte de desaparición, eliminación y compra de medios de comunicación por parte del gobierno y de los poderes económicos. Ante eso, un proyecto de periodismo y de comunicación como Wambra es fundamental que siga existiendo en un contexto en el que la democracia está en riesgo y en el que existe un crecimiento del autoritarismo porque hay pocas personas, pocos espacios de medios de comunicación y pocos periodistas que se atreven a contar lo que está ocurriendo, y eso es fundamental para sostener una democracia.  

Algunos analistas señalan que Daniel Noboa está replicando el modelo de Nayib Bukele en materia de seguridad. ¿Qué similitudes observa usted entre ambos gobiernos y qué riesgos implican para la democracia?  

Noboa ha tomado el modelo de Bukele en varias cosas, pero a diferencia de Bukele, no ha logrado disminuir lo básico en el tema de datos sobre violencia en Ecuador. Ha imitado el tema de las cárceles, por ejemplo, ofreció la construcción de una megacárcel en la Amazonía, a lo que organizaciones indígenas y comunidades indígenas se opusieron y lograron suspender el proyecto. Noboa trasladó el proyecto a una provincia en la costa, donde también existen comunidades indígenas que se están oponiendo y están resistiendo para que no ocurra, pero ya está siendo construida esta cárcel y el modelo es la megacárcel de Bukele.  

A diferencia de El Salvador, Ecuador tiene un antecedente en la crisis carcelaria que empezó desde 2021, cuando ocurrieron varias masacres carcelarias. En Ecuador, el tema de las cárceles se ha ido vinculado al crecimiento del crimen organizado: las cárceles están controladas por las distintas bandas de narcotráfico y de crimen organizado. Entonces, en vez de ser unos espacios de control de la delincuencia, han pasado a ser centros de operaciones. Las cárceles existentes están militarizadas, les quitaron el control a la policía y la parte civil. Estando militarizadas han seguido ocurriendo masacres y motines. El jueves 25 de septiembre estaba ocurriendo una nueva masacre en la cárcel de Esmeraldas. Noboa ha querido crear otra cárcel, pero tiene esta otra mirada de que no ha podido ni siquiera controlar las cárceles que Ecuador tiene.  

Otra de las cosas que ha intentado tomar del modelo de Bukele, es el tema de la militarización de la seguridad. Para Noboa, el discurso de una guerra interna es lo que le ha permitido generar políticas autoritarias que eliminan derechos, pero con el argumento de que eso es necesario para la seguridad. Ese ha sido el discurso que hemos llevado desde hace dos años.  

Al igual que en El Salvador, esto lo que ha significado es graves violaciones de derechos humanos. Hay varios informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch que muestran que esto lo que ha generado es violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias donde están involucrados militares y policías, y no existe una política clara de cómo está funcionando el llamado Plan Fénix para controlar todo esto.  

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¿Qué aprendizajes pueden aportar los feminismos a la defensa de la democracia y de los derechos humanos?  

Una de las cosas que nosotras hemos visualizado en estos últimos años es que los feminismos en Ecuador han logrado sostener una acción callejera, también digital, pero articulada con otros movimientos. En Ecuador hay una acción desde las organizaciones feministas que se plantea desde la interseccionalidad. Hay un cruce en las demandas de los feminismos con las agendas feministas, características como la lucha en contra de la violencia, el aborto, pero también hay cruces con las luchas de los pueblos indígenas en los territorios en contra del extractivismo y a favor de la naturaleza y del agua. En este cruce entre la lucha por nuestros cuerpos y por el territorio, los feminismos han levantado una agenda muy fuerte en contra del autoritarismo, de la violencia y de la guerra. Hay organizaciones feministas que trabajan con mujeres populares, mujeres excarceladas, mujeres que han vivido el sistema punitivista, y que plantean alternativas al punitivismo, la guerra y la cárcel. Eso es algo que ahora los movimientos sociales de izquierda están intentando tomar, analizar, mirar, y los feminismos ya lo han venido planteando desde hace años.  

Otro de los temas que los feminismos han logrado levantar es la importancia de los cuidados en un contexto de debilitamiento de los lazos sociales y colectivos. Cada vez es más difícil juntarte, articular, generar espacios de encuentro entre movimientos y entre organizaciones. Los feminismos han generado esos espacios de encuentro, por ejemplo, la lucha de las mujeres en contra de la violencia se ha articulado a la lucha de las mujeres madres buscadoras de sus hijos desaparecidos y ahora desaparecidos forzosamente por parte del Estado. La lucha de las mujeres indígenas se ha articulado también en los distintos paros. Y la lucha de las mujeres trans y de las disidencias se ha articulado también con las luchas de los feminismos de una forma que ha permitido cuidar que los espacios colectivos estén libres de estos discursos esencialistas en contra de las personas trans. Los feminismos se han construido desde una articulación con las disidencias y una articulación entre distintos movimientos. Esa es la potencia feminista en Ecuador y en otros países de América Latina.  

¿Qué llamado haría a la comunidad internacional sobre la situación que vive Ecuador y sus impactos en mujeres y disidencias?  

Ecuador está viviendo un contexto de crecimiento del autoritarismo y de varias acciones de parte del Gobierno para reprimir la protesta, a organizaciones sociales de derechos humanos, indígenas, campesinas y organizaciones de mujeres que están resistiendo frente al ajuste económico. El Gobierno de Noboa eliminó, mediante un decreto, el subsidio al diésel y esto es lo que provocó las protestas que están ocurriendo en el país. La respuesta del Gobierno frente a estas protestas ha sido desmedida: una militarización de las calles y de los territorios indígenas, una judicialización de personas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. En este momento están abriéndoles expedientes fiscales de denuncias por delitos que van desde el delito de paralización de servicio público por salir a las calles a protestar. En este momento hay 12 jóvenes de Otavalo que fueron detenidos en una protesta, dos de ellos migrantes venezolanos que están acusándolos de terrorismo. Este delito podría ser sancionado con 30 años de prisión.  

Hay un ejercicio del Gobierno de control y vigilancia que fue denunciado hace aproximadamente un mes, cuando policías fueron encontrados haciendo un seguimiento y una vigilancia e incluso haciéndose pasar por periodistas y por medios de comunicación comunitarios. Eran policías que estaban haciendo el seguimiento a las organizaciones sociales, participando en chats de periodistas y de organizaciones sociales y era una estrategia de vigilancia y seguimiento. Además, el Gobierno ha ejercido una acción de control con el bloqueo de cuentas bancarias a las organizaciones y el desfinanciamiento. Vivimos un momento de autoritarismo muy fuerte, donde las organizaciones están  abrumadas por todos los lados: por un lado estamos con unas políticas de ajuste en el que se está dando paso a la privatización de la Seguridad Social, hay un colapso en el sistema de salud y a la par está ocurriendo todo esta represión para las personas que están protestando. El llamado es a que miremos que lo que está pasando en Ecuador y podamos denunciar esto como parte de una política de un gobierno que cada vez más muestra sus tintes autoritarios.