¿Cómo describiría la situación actual de Ecuador bajo el gobierno de Daniel Noboa?
Este es el segundo periodo que cumple como presidente tras completar el mandato de Guillermo Lasso. Su gestión refleja un proyecto político del despojo: de derechos, de territorios y de la posibilidad de disentir. Esto se expresa en despidos masivos —más de 5,000 funcionarios en el sector público—, en la precarización laboral y en un desempleo que golpea con mayor fuerza a las poblaciones más empobrecidas.
A ello se suma un contexto de violencia extrema: atentados diarios, asesinatos tipo sicariato fuera de escuelas y colegios y control territorial mediante extorsiones. Todo esto ocurre en paralelo al debilitamiento de las instituciones, la militarización y el colapso de servicios básicos como salud, educación y acceso a derechos sexuales y reproductivos. Lo que creíamos garantizado, hoy puede borrarse de un plumazo.
El Ejecutivo, Legislativo, Judicial y electoral están hoy bajo el control del Gobierno. Esto se evidenció el 12 de agosto en una marcha contra la Corte Constitucional. Fue multitudinaria y muy tensa. Mucha gente tenía unas características fenotípicas de una clase media, media-alta, pero había gente de sectores populares. Siete cuadras del centro de Quito estaban militarizadas, con francotiradores en los edificios, vehículos del ejército y un presidente rodeado por un anillo de seguridad de diez metros. Además, instalaron vallas con fotos de jueces de la Corte y un contador de muertes, como forma de presión después de que la Corte suspendiera artículos de leyes que vulneraban derechos.
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De símbolo de resistencia al desfile del poder: marchas y movilizaciones
La Corte es conservadora —por ejemplo, mantiene sin resolver demandas para facilitar el acceso al aborto—, pero el escenario ha obligado a defenderla como último contrapeso frente a un Ejecutivo que impulsa reformas exprés y debilitamiento institucional. Noboa, siguiendo una ruta iniciada por Lenín Moreno y Guillermo Lasso, ha intensificado la fusión y eliminación de ministerios: entre ellos el de la Mujer que, aunque ineficiente, representaba un espacio de política pública en género.
Hoy, sectores sociales se ven obligados a pelear por instituciones que antes criticaban, mientras se enfrentan a leyes aprobadas a velocidad récord, bloqueos de cuentas y acusaciones contra líderes sociales. La sensación es de vivir entre la incertidumbre, la zozobra y la resistencia permanente, en un país donde el rumbo sí está claro: despojar y militarizar, debilitando toda posibilidad de defensa democrática.
Desde una mirada feminista, ¿qué aspectos de la democracia y del Estado de derecho considera que están más en riesgo?
Todos los derechos están en riesgo. Vivimos bajo estados de excepción permanentes y, en algunas provincias, con toque de queda. Derechos básicos como la libertad de expresión, la salud, la libre asociación o incluso la vida se ven amenazados, con denuncias de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. El gobierno ha instalado un lenguaje de guerra perpetua que construye enemigos internos y justifica el miedo como forma de control social.
Ese enemigo siempre parece ser el otro, pero cuando comprendamos que podemos ser nosotros mismos, será demasiado tarde. El proyecto político apunta a una ciudadanía reducida a la mera supervivencia, incapaz de pensar, actuar o resistir. Para eso arrebata los mecanismos de voz y participación, llenando de miedo a la población.
¿Qué efectos tienen las medidas del gobierno en los derechos de las mujeres, especialmente de las que están en una situación más vulnerable como las que viven con discapacidad, VIH, indígenas o afroecuatorianas?
Las medidas del gobierno han profundizado las violaciones a los derechos humanos, afectando de manera especialmente grave a mujeres en situación de vulnerabilidad, como quienes viven con discapacidad, VIH, indígenas o afroecuatorianas. Desde enero de 2024, con la declaración del conflicto armado interno, se ha reforzado una narrativa de guerra que construye un “enemigo” basado en estereotipos raciales, étnicos y de género, aumentando el racismo, homofobia, transfobia y lesbofobia.
Esta narrativa se concreta en detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y amenazas. Por ejemplo, en la zona del norte empezaron a circular chats donde llamaban a la gente a armarse para matar indígenas. En Esmeraldas, la militarización y la violencia han llevado a que muchas niñas y adolescentes abandonen la escuela por miedo a ser víctimas de delitos o de control policial y militar. Familias de personas detenidas en Otavalo, en el marco del Paro Nacional que se desarrolla en Ecuador desde el 22 de septiembre de 2025, reportaron esta violencia discursiva, mientras mujeres trans, especialmente quienes ejercen trabajo sexual, denuncian extorsiones y violencia policial. En este contexto, los derechos de estos sectores son los menos garantizados y se ven agravados por las políticas del gobierno.
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Noboa vs. movimiento indígena:
¿Ha percibido un aumento de discursos de odio o de violencia política contra mujeres y disidencias en este contexto?
El gobierno ha colocado a mujeres en roles visibles, como la ministra Zaida Rovira y la vocera del gobierno Carolina Jaramillo, lo que hace más complejo el uso utilitario del discurso de género y de paridad. Daniel Noboa casi no se expone públicamente. No sale a las ruedas de prensa, a darte una declaración, él habla solo por TikTok o entrevistas controladas.
Sí hay un aumento de discursos de odio y violencia política, especialmente hacia quienes disienten o defienden derechos. Por ejemplo, varias personas tienen bloqueadas sus cuentas bancarias y están bajo investigación por enriquecimiento privado no justificado; entre ellas, una viceprefecta indígena. Esto evidencia una violencia focalizada contra quienes opinan y participan políticamente, en especial en temas antiextractivos o de defensa de la naturaleza, donde se les estigmatiza como asociados al crimen organizado.
En Cuenca, tras una gran movilización, el 16 de septiembre, en defensa del páramo de Quimsacocha y en rechazo a la intención de que Dundee Precious Metals ingrese a extraer minerales, la ministra Zaida Rovira descalificó la protesta y negó que se tratara de una defensa del agua. Argumentó que, al haber consignas contra el gobierno de Noboa, la movilización tenía tintes políticos, como si defender el agua y cuestionar decisiones gubernamentales fueran cosas excluyentes. Organizaciones del Frente antiminero en Zamora, Fierro Urco, Las Naves y Molleturo enfrentan juicios y sanciones penales por defender tierras y territorios, labor mayoritariamente realizada por mujeres.
El discurso de odio se traslada a otros espacios: defensoras de derechos humanos son etiquetadas como “correístas” o “defensoras de delincuentes”, lo que legitima racismo, clasismo y violencia social, y permite que estalle la violencia en la calle y en el discurso cotidiano.
¿Qué papel están jugando los movimientos feministas, de mujeres y LGBTI frente a estas medidas?
Hay como una serie de iniciativas donde se han sumado mujeres y feministas, unas asambleas abiertas semanales, pero no me atrevo a hacer ninguna afirmación sobre qué papel están jugando.
En general, los movimientos sociales están intentando adaptarse a un contexto complejo: venimos de una pandemia y de gobiernos anteriores —como el de Correa— que dejaron estructuras y dinámicas que facilitan la arremetida del Estado actual. Esto exige reconfigurarse, asumir nuevos retos y adoptar estrategias, especialmente en comunicación estratégica.
El paro arranca con el tema del diésel, que no es la primera medida impopular que aplica Noboa, pero sí es un detonante. Estas movilizaciones ya no son por el diésel. Han permitido reflejar la magnitud de la intervención estatal, tanto en el aparato militar como en el control de la comunicación.
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El MIES tiene deuda que duele:
¿Qué desafíos enfrentan los medios feministas en Ecuador para sostener sus agendas y narrativas en medio de esta coyuntura política?
Los medios feministas e independientes enfrentan múltiples desafíos para sostener sus agendas y narrativas en la coyuntura política actual. Uno de los principales es la supervivencia económica, ante la reducción de presupuestos y la persecución a organizaciones, mientras se busca mantener un periodismo independiente que construya contranarrativas y ofrezca información ética y rigurosa.
Otro desafío es el acceso a fuentes y movilizaciones. Desde los últimos paros de 2019, 2022 y el actual, se ha vuelto difícil cubrir las calles: las personas desconfían de los medios, hay que mostrar credenciales y aclarar que no se pertenece a prensa tradicional, lo que complica la reportería. Esta desconfianza se intensifica con casos como el de Leonidas Iza, expresidente de la CONAIE, cuya comunidad fue vigilada por policías de inteligencia; los chats de estos agentes mostraron que Wilar TV operaba como medio de inteligencia del Estado.
Los medios también enfrentan hostigamiento institucional. La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, ha sido agresiva con periodistas en ruedas de prensa, negándose a responder y desvirtuando su rol. Además, empresas cercanas a Grupo Nobis, vinculadas a Noboa, han comprado medios como Radio La Calle, La Posta y Radio Canela, consolidando control sobre audiencias y recursos de comunicación.
Por último, el acceso limitado a información oficial y la presión para publicar todo lo que ocurre complican la labor periodística: se debe equilibrar la demanda de información con la rigurosidad y ética profesional. Sobrevivir y mantener las narrativas independientes requiere estrategias creativas, resistencia frente a hostigamientos y un constante cuestionamiento de los discursos oficiales.
¿Por qué considera importante que existan medios feministas en momentos de crisis democrática?
Los medios feministas son fundamentales en momentos de crisis democrática porque ponen en el centro las historias de mujeres y personas LGBTI, temas que muchos otros medios ignoran. Ser un medio feminista no consiste solo en entrevistar a mujeres o personas de la disidencia, sino en construir narrativas que visibilicen sus voces sin revictimizarlas, manteniendo rigurosidad, contraste de fuentes y ética periodística, aunque rompiendo la idea de neutralidad estricta.
Además, los medios feministas independientes, como La Periódica, enfrentan el reto de crear constantemente estrategias innovadoras y creativas para cubrir realidades invisibilizadas: desde pequeños plantones hasta conflictos locales, siempre vinculando la información con derechos de mujeres, LGBTI, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.
Estos medios también actúan como espacios de apoyo y defensa social, construyendo relaciones con organizaciones sociales que pueden respaldarlos en caso de persecución o censura. Su independencia editorial les permite cuestionar el poder, investigar con profundidad y mantener una línea de trabajo ética, sin estar condicionados por financiamiento externo.
Los medios feministas independientes son vitales para visibilizar lo que otros medios dejan fuera, sostener contranarrativas y garantizar que la información relevante llegue a todos los sectores de la sociedad, especialmente en contextos de crisis democrática.
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Las voces de las niñas y los niños: otros mundos posibles en Esmeraldas
Diversos analistas señalan que Daniel Noboa está replicando el modelo de Nayib Bukele en materia de seguridad. ¿Qué similitudes observa usted entre ambos gobiernos y qué riesgos implican para la democracia?
Las similitudes entre Daniel Noboa y Nayib Bukele no se limitan a la seguridad, también abarcan el discurso político. En El Salvador el enemigo son “las maras”; en Ecuador, el crimen organizado y el terrorismo. Ambos gobiernos han legitimado la militarización de las calles, con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en barrios y comunidades específicas. Además, han presionado a las instituciones —como la Corte y la Asamblea— aprovechando mayorías parlamentarias, siguiendo un libreto muy similar.
La diferencia principal está en el origen de clase: a Bukele le costó más ser aceptado en la élite, mientras que Noboa, uno de los hombres más ricos del país, consolidó desde el inicio un proyecto político respaldado por su posición económica, lo que le ha permitido avanzar más rápido.
En las prácticas de seguridad y en la narrativa, sin embargo, las coincidencias son claras. En Ecuador, el discurso del terrorismo ha calado de forma abrumadora. Casos como el de los niños de las Malvinas, desaparecidos y luego hallados muertos, muestran cómo la sociedad ha perdido capacidad de indignación: incluso en medio del dolor, las familias tienen que salir a desmentir que sus hijos fueran delincuentes. Se ha instalado la idea de que ciertas vidas no valen, que si alguien fue asesinado “debió ser culpable”.
Estas narrativas justifican el uso desmedido de la fuerza y la militarización, y refuerzan quiénes son considerados “desechables”: personas empobrecidas, afrodescendientes, indígenas y LGBTI. Los riesgos para la democracia son profundos, porque se normaliza la violencia estatal, se erosiona la justicia y se define quién merece vivir o morir según criterios de exclusión social y racial.
En El Salvador, las medidas de seguridad han implicado concentración de poder y debilitamiento de la separación de poderes. ¿Cree que Ecuador corre el mismo riesgo bajo el actual gobierno?
Sí, Ecuador corre el mismo riesgo. En tiempo récord, el gobierno de Daniel Noboa ha concentrado poder y debilitado la separación de funciones. Miles de empleados públicos especializados han sido despedidos, a pesar de la inversión en su formación, lo que no solo implica pérdida de capacidades técnicas, sino también la posibilidad de privatizar sectores clave como salud y educación.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social, responsable de atender a la población más vulnerable —personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas en extrema pobreza— es un ejemplo claro: reducción de presupuesto, recorte de personal sin experiencia, pagos retrasados a organizaciones cooperantes y un deterioro creciente en servicios esenciales como casas de acogida y centros de desarrollo infantil. En un caso que investigó nuestra compañera Mariela Rosero para La Periódica, la falta de personal capacitado derivó en protestas de adolescentes institucionalizados, que terminaron con la intervención violenta de la policía.
Mientras tanto, se incrementa el gasto en armamento, chalecos antibalas y equipamiento militar, y se suben impuestos como el IVA. El resultado es un Estado debilitado en su función social y fortalecido en lo militar y represivo. Como en El Salvador, el discurso de guerra ha permeado en la sociedad al punto de justificar despidos y desmantelamiento institucional con la idea de que “eran vagos” o “ineficientes”. Pero lo que está en juego es la atención a los sectores más vulnerables, convertidos en cuerpos desechables, mientras la concentración de poder avanza sin contrapesos.
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¿Qué aprendizajes pueden aportar los feminismos a la defensa de la democracia y de los derechos humanos?
Desde los feminismos, los aprendizajes para la defensa de la democracia y los derechos humanos parten de reconocer que nada está escrito en piedra. Algo que aprendí en la calle, siendo parte de Vivas Nos Queremos, es que necesitamos reconfigurar constantemente nuestras estrategias y discursos. Lo que en un momento fue una herramienta útil puede ser apropiado por el poder y devuelto como arma en nuestra contra, como ha ocurrido con el discurso de género. Por eso, los feminismos nos invitan a repensar, a crear, a llenar de nuevo los conceptos de sentido crítico y a cuestionarnos también hacia adentro.
Otro aprendizaje es que la crítica no puede dirigirse solo hacia afuera. Muchos sectores que hoy enfrentan gobiernos autoritarios también contaron con apoyo de personas feministas y progresistas. Eso nos obliga a mirarnos con honestidad, reconocer errores y asumir que no siempre alcanzamos a escuchar todas las voces. No se trata de romantizar la unidad, sino de levantar la palabra de manera crítica y propositiva.
Los feminismos enseñan a buscar caminos fuera de las lógicas del poder, incluso en lo digital. No podemos jugar siempre al ritmo que marcan los algoritmos. Necesitamos recuperar el contacto directo con las personas y los espacios públicos, generar narrativas y herramientas propias que respondan a nuestras comunidades y no a las plataformas de control. Los feminismos aportan creatividad, autocrítica y escucha para defender la democracia y los derechos humanos. Son un proceso en movimiento, que transforma sin perder de vista a quienes históricamente han sido más vulnerabilizados.
¿Qué llamado haría a la comunidad internacional sobre la situación que vive Ecuador y sus impactos en mujeres y disidencias?
Tiene que poner los ojos en Ecuador. Estamos en un momento crítico: se discute la instalación de bases extranjeras, avanza la onceava ronda petrolera, crece la presión minera y extractiva, y se intensifica la criminalización de quienes defienden tierras y territorios. Todo esto coloca al país en el centro de una disputa geopolítica que amenaza directamente a los pueblos indígenas, campesinos y a las comunidades que resisten.
Lo que pasa en Ecuador no es comparable con Gaza, donde presenciamos un genocidio televisado sin que la comunidad internacional logre detenerlo. Pero esa misma indiferencia global frente a las violaciones de derechos humanos debe servirnos de alerta: si no se actúa ahora, Ecuador puede profundizarse en una espiral de violencia e impunidad.
Ya existen denuncias de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, incluso de niños y adolescentes negros, así como del asesinato de líderes comunitarios y de detenciones arbitrarias en cárceles donde se han registrado masacres. Estos hechos muestran patrones claros de impunidad y un mensaje de control y miedo hacia la población. Y como suele suceder bajo gobiernos autoritarios, quienes más sufren son las mujeres, las mujeres trans, las afrodescendientes, las indígenas, las niñas y en general las disidencias sexuales y de género. Somos siempre las más expuestas a la violencia estructural.
La comunidad internacional no puede quedarse en declaraciones. Se necesita exigir información, presionar, intervenir con mecanismos de protección y rendición de cuentas. Si no hay acciones concretas, el riesgo es que Ecuador siga el camino de un autoritarismo intocable, con consecuencias devastadoras para los derechos humanos.
