Alejandra Burgos: «La criminalización de mujeres por emergencias obstétricas es una realidad sistemática en El Salvador»
Metzi Rosales Martel | 05/10/2023
La teóloga y activista feminista Alejandra Burgos ha conseguido, junto a la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la liberación de 72 mujeres criminalizadas. En esta entrevista, Burgos recuenta los hitos del activismo por los derechos sexuales y reproductivos y explica lo que han aprendido durante más de veinte años de lucha.
Alejandra Burgos es una teóloga y activista feminista que se dedica a la defensa de los derechos humanos. Desde hace una década, forma parte de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, un grupo de activistas sociales comprometidas con esta causa en El Salvador.
En esta entrevista, se hace un breve recorrido sobre las principales consecuencias de la penalización absoluta del aborto en la vida de las mujeres salvadoreñas desde 1998, año en que entró en vigor la reforma al Código Penal. Se perfila a las criminalizadas, a partir de las tres actualizaciones del informe “Del hospital a la cárcel”, el cual permitió identificar 181 casos de procesadas, de 1999 a 2019, por aborto o emergencias obstétricas que provocaron muerte o riesgo al embrión. Y se explican los aprendizajes en las estrategias legales y de comunicaciones adquiridos por la Agrupación Ciudadana desde el 2016, año en que comenzó a representar a Karina Clímaco. Entre los hitos que se destacan están la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuela y otros versus El Salvador, y la reciente audiencia pública en el caso de Beatriz y otros versus El Salvador, la que califica como histórica por ser la primera vez que la Corte IDH conoce una demanda contra un Estado por la prohibición del aborto cuando la salud y vida del cuerpo gestante está en riesgo y cuando la vida del producto es inviable fuera del útero.
Al momento de publicar esta entrevista, la Agrupación Ciudadana había logrado que 72 mujeres recuperaran su libertad y seguía litigando otros 22 casos: 20 criminalizadas por la prohibición absoluta del aborto y 2 que se interseccionan por derechos sexuales y reproductivos.
¿Podrías explicarnos cómo era la ley antes de la penalización absoluta del aborto y cómo cambió en 1998?
Entre 1974 y 1998, El Salvador tenía una de las legislaciones más progresistas en América Latina. Contemplaba tres tipos de aborto: ético, eugenésico y terapéutico. El Salvador no solo reformó su Código penal para penalizar el aborto de manera absoluta, reformó la Constitución para reconocer a la persona humana desde el instante de la concepción en 1999. Esto no corresponde a un término científico o legal, corresponde a una categoría religiosa y filosófica. Hablar de concepción es hablar del dogma católico de la Inmaculada Concepción.
Cuando se dice que la vida empieza desde la concepción, se coloca un valor al nasciturus por encima de la persona gestante. Esto lleva a que cuando se criminaliza debido a una complicación obstétrica, no se tipifica como aborto. Aunque la persona sea denunciada por presuntamente haber cometido un aborto, es procesada por homicidio o intento de homicidio, debido a que se reconoce el nasciturus como persona humana.
¿Cuáles son las principales consecuencias sobre la vida de las mujeres a partir de esta reforma que criminaliza el aborto?
Más de 200 mujeres criminalizadas. Hablamos de un perfil: mujeres viviendo en situación de pobreza, con baja escolaridad, con poco acceso tanto a recursos como a programas de desarrollo educativo y poca información en torno a la sexualidad. Esto sucede en un país donde la educación integral en sexualidad sigue siendo un mito.
El Estado ausente a lo largo de sus vidas, se convierte en su verdugo: las procesa por no cumplir con el rol de una maternidad abnegada. Hay mujeres que han tenido un parto extrahospitalario, sin atención médica. Confundieron los dolores de parto con ganas de ir al baño, que en esos casos puede ser una fosa séptica, el patio de su casa o una vereda, y han tenido un desprendimiento del feto. El análisis jurídico se basa en cómo el juez entiende qué es la maternidad y el instinto materno. En la forma de analizar estos casos, han primado estereotipos de género, no se han tomado en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales.
¿En qué año comienza a funcionar la Agrupación Ciudadana?
La Agrupación fue fundada en 2009, pero venía realizando labores desde 2006, cuando se conoce el caso de Karina Clímaco, por una publicación del New York Times. Fue la primera vez que se dice: en El Salvador una mujer está condenada a 30 años por abortar. Eso provocó un debate al interior del movimiento feminista porque el Código Penal penaliza el aborto con 2 a 8 años de cárcel. Entonces, ¿por qué si esta mujer lo que tuvo fue un aborto está condenada a 30 años?
Una de las primeras limitaciones, para este caso, fue que muchas personas dijeron: está juzgada por homicidio. Eso desalentó porque no se había entendido el cambio de tipificación. Fue muy difícil encontrar un abogado defensor que quisiese representar a Karina porque decían que ya era una cuestión juzgada, con una sentencia condenatoria y no se podía hacer más.
Ahí se empezaron a construir distintas estrategias jurídicas, se solicitó revisión de sentencia. Tuvimos que volver a construir el caso de Karina: presentar nuevas evidencias, peritajes médicos, forense, análisis psicológico y social. Para la Agrupación, ha implicado construir la información caso por caso.
¿Qué influyó para que El Salvador retrocediera en este tema de los derechos sexuales y reproductivos?
No es casual que después de la Conferencia de Población y Desarrollo, en 1994, donde se reconocen los derechos sexuales y reproductivos, los grupos conservadores, que hoy reconocemos como neointegristas, reaccionen y se opongan al avance de los derechos. En El Salvador, empezaba a construirse una democracia después de la firma de los Acuerdos de Paz. El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, apenas se había dado en Viena en 1993, con la Conferencia de los Derechos Humanos. En El Salvador, en 1994 ocurrieron las llamadas elecciones del siglo, se presentó la Plataforma de Mujeres 94, que fue la primera articulación del movimiento de mujeres en El Salvador, que plantea demandas concretas como ciudadanas. Los grupos conservadores estaban muy nerviosos: era la primera vez que veían a un partido de izquierda participar en la Asamblea Legislativa.
¿Es más difícil la situación en las cárceles salvadoreñas para las mujeres criminalizadas por partos extrahospitalarios y/o emergencias obstétricas en comparación con las mujeres acusadas de delitos no relacionados con roles y estereotipos de género?
Una de las cosas que más han comentado quienes han estado privadas de libertad es que el estereotipo de madre abnegada o víctima opera tanto en el sistema carcelario como el de salud y justicia. A una mujer que ha tenido una emergencia obstétrica no le preguntan ¿qué te pasó? La juzgan y acusan. Esa ha sido la experiencia de la mayoría. En los últimos años, eso ha cambiado un poco porque desde la Agrupación Ciudadana y los medios se han publicado investigaciones sobre lo que implica el fenómeno del aborto en El Salvador.
En 2013, el caso de Beatriz hizo una fisura a nivel social y mediático. La gente empezó a hablar de lo que estaba pasando y a entender que esto puede pasarle a cualquiera.
Además de brindar representación legal gratuita para que estas mujeres recuperen su libertad, ¿qué otros tipos de apoyos ofrece la Agrupación Ciudadana a estas mujeres mientras están privadas de libertad?
Muchas familias no tienen recursos para comprar los kits de aseo y materiales para los procesos formativos de sus familiares privadas de libertad. Como no podemos hacer donaciones para ellas porque no somos familiares, se han cubierto estas necesidades, pero no solo para ellas.
¿Y cuándo recuperan su libertad, qué tipo de apoyos les brindan?
Muchas han dejado hijos, hijas en condiciones de pobreza. Muchas eran la responsable de llevar todo a la casa. Estos niños y niñas quedan en orfandad, a cargo de sus abuelitos o de una tía. Entonces, mantenemos una comunicación directa con la familia. Muchas veces, no podemos cubrir sus necesidades de educación y salud, pero buscamos quién sí puede cubrirlas, para ello nos articulamos con otras organizaciones que tengan trabajo en el territorio. Antes [del régimen de excepción], apoyábamos con el transporte para que pudieran ir a visitar a la cárcel a su familiar.
Algunos procesos vinculados a las mujeres cuando ya han recuperado su libertad, tienen que ver con apoyarles en la reconstrucción de su proyecto de vida y de sus vínculos familiares. Algunas organizaciones dan becas, otras apoyan con procesos formativos que les permitan continuar formándose para poder encontrar un trabajo digno. La Agrupación terminó construyendo un equipo psicosocial para poder ir respondiendo a esas necesidades.
¿Han tenido acercamientos con las autoridades encargadas del sistema penitenciario para asegurar que se respeten los derechos de las mujeres criminalizadas por partos extrahospitalarios y/o emergencias obstétricas?
Desde la Agrupación y la Colectiva Feminista hemos mantenido un diálogo sin importar quién ha estado al frente del Gobierno, partiendo de los estándares internacionales de derechos humanos. Hay casos en que hacía falta transporte para poder trasladar a una mujer a una audiencia y lo hemos proporcionado para que no se cancele la audiencia. También, hemos desarrollado procesos formativos para sensibilizar a personal de la Procuraduría General de la República y a jueces.
En las calles de la capital de El Salvador, defensoras de derechos humanos y activistas feministas se toman las calles para denunciar la violencia de género durante el 8 de marzo, día internacional de la mujer. Fotografías: Kellys Portillo
De 2006 a la fecha, hemos transitado de un Gobierno de derecha (Antonio Saca 2004-2009), a dos de izquierda (Mauricio Funes 2009-2014 y Salvador Sánchez Cerén 2014-1019) más el actual oficialismo (Nayib Bukele 2019 a la fecha).
¿En las conversaciones que han sostenido con representantes de Arena, Fmln y Nuevas Ideas han identificado si independientemente de la ideología política, hay un desconocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y sobre la criminalización de estas a partir de la penalización absoluta del aborto?
Respecto a los derechos sexuales y reproductivos sólo los sectores más progresistas reconocen el aborto como un derecho humano. A los funcionarios públicos se les olvida que el día que ganan las elecciones dejan de ser representantes de su partido político y se convierten en representantes de la ciudadanía. Hay posturas más conservadoras, más cercanas a los fundamentalismos religiosos de quienes se reconocen a sí mismos como personas de derecha. Pero hay algunas variaciones.
¿La campaña de Las 17 les permitió identificar esas «variaciones» o cambios de postura?
En el marco de la campaña de Las 17, identificamos que una de las estrategias legales que se venía implementando en casos anteriores, que era la revisión de sentencia o el recurso de casación, se estaba agotando. Es decir, no estaba dando el resultado que esperábamos. La campaña mediática era parte de una estrategia jurídica: a través de la Ley de Ocursos de Gracia buscábamos obtener la libertad de las mujeres vía indulto. El ejercicio que hicimos fue justamente sentarnos y dialogar con los y las legisladoras, independiente del partido político que fuera.
En ese marco, invitamos a una serie de profesionales, congresistas, legisladores de otros países, expertos de distintos ámbitos; y, dependiendo de quién fuera el diputado, la diputada, de cuál fuera su postura ideológica eran los diálogos que buscábamos establecer. No era que nos escucharan a nosotras, era para que escucharan a profesionales y congresistas. Este es un tema difícil de abordar porque es complejo, pero debe de ser abordado de una forma desapasionada, desde una forma racional y multidisciplinar, no desde una perspectiva moral y religiosa.
¿Qué resultados tuvo esta estrategia jurídica y la campaña de Las 17?
Dos mujeres recuperaron su libertad, vía indulto. La campaña de la libertad para Las 17 nos ayudó a posicionar la situación específica que no se trataba de uno o tres casos: se trata de una realidad sistemática, un patrón de injusticia y de estereotipos de género, que opera sobre los cuerpos, las vidas de las mujeres que tienen estas características y pertenecen a este perfil concreto.
¿Cuál es el impacto en las familias que sus hijas hayan sido criminalizadas?
Amnistía Internacional publicó el informe «Familias separadas, abrazos rotos». Y, justamente, colocaba esa dimensión: ¿Qué implicaciones tiene criminalizar a una mujer por una situación de salud a nivel personal, pero sobre todo a nivel familiar y comunitario?
Es una cuestión que no solo afecta un proyecto de vida personal, afecta un proyecto de vida familiar, social y comunitario. Y la carga emocional que implica para muchas de estas familias: la mayoría son de escasos recursos, muchas veces no saben leer y escribir y han sido, sin darse cuenta, quienes han puesto su huella para firmar la denuncia de estas mujeres.
El estigma social comunitario para las familias que tienen una hija o una madre privada de libertad por homicidio agravado. La vergüenza, el desánimo, la somatización, la frustración, enojo, decepción, tristeza. Los hijos, las hijas que se sienten abandonadas. El desarraigo que implica ser separados de sus madres o de sus hijas.
El Estado salvadoreño fue condenado en noviembre de 2021 por el caso de Manuela. ¿Cuáles son las implicaciones de esta condena de la Corte IDH con respecto a la criminalización de las mujeres por partos extrahospitalarios y/o emergencias obstétricas en El Salvador y otros países?
El hecho de que las mujeres que tienen complicaciones obstétricas sean llevadas a la cárcel es algo que ya no debería de pasar, según la sentencia. Nos preocupa que se continúe criminalizando a las mujeres. La reparación a la familia, en términos económicos y de seguimiento a la salud, ya está sucediendo. Lo que no se ha cumplido es la publicación de la sentencia en la página oficial de cancillería ni la disculpa pública, por eso se hizo la fiesta popular. Fue un acto simbólico y necesario. Un resarcimiento de los daños a la familia. El entorno comunitario necesitaba conocer la verdad. Es un hecho de justicia simbólica y restaurativa que una comunidad reconozca que Manuela no fue culpable, que fue víctima del Estado.
En marzo de este año, la Corte IDH realizó la audiencia por el caso de Beatriz, a quien el Estado salvadoreño le negó el aborto en un embarazo inviable debido a la anencefalia del feto y porque este embarazo ponía en riesgo la salud de Beatriz quien padecía lupus. ¿Qué precedente sentaría una condena contra El Salvador para el mundo?
Es la primera vez que el Estado salvadoreño es llevado a la Corte IDH por un caso de aborto y que la Corte IDH conoce un caso sobre absoluta penalización del aborto. Esperamos con la sentencia que ninguna mujer tenga que enfrentarse al sistema de justicia de su país, en las Américas, para poder tener acceso a una interrupción legal del embarazo por cuestiones de salud. Y, que se pueda construir un protocolo de prevención de violencia obstétrica, que se construyan medidas no punitivas respecto a las complicaciones obstétricas en El Salvador; y que las mujeres puedan optar por razones de salud a la interrupción legal de un embarazo.
La mayoría de las mujeres criminalizadas han sido liberadas. ¿Cuáles son los próximos pasos que la Agrupación tiene previstos para que la penalización absoluta del aborto en El Salvador deje de afectar la vida de las personas gestantes?
Nos vemos acompañando procesos de sensibilización, desarrollo y construcción de proyectos de vida de las mujeres que continúan privadas de libertad, acompañando sus procesos de libertad; y denunciando la criminalización por emergencias obstétricas.