Silvia Juárez: «Estamos retrocediendo 60 años en educación sexual en El Salvador»
Vilma Laínez | 26/09/2023
Silvia Juárez, coordinadora del Programa «Hacia una vida libre de violencia para las mujeres» de la Organización de Mujeres para la Paz (Ormusa), sostiene que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres, están asumiendo las tareas que le corresponden al Estado en materia de atención de casos de violencia contra las mujeres. Debido al desmantelamiento de programas favor de las mujeres y de las personas de la diversidad, considera que hay graves retrocesos para los derechos de estas poblaciones.
Para Silvia Juárez de ORMUSA, la relación que hay entre el Estado salvadoreño y las estructuras religiosas mina el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de la población LGBTIQ+ en El Salvador. Esto se ve reflejado, según Juárez, en el cierre de programas de atención a la violencia desde el Gobierno y la disminución del presupuesto a programas como Ciudad Mujer desde el 2019.
Juárez coincide que las mujeres son las principales afectadas porque están también asumiendo la carga de trabajo que le corresponde al Estado para garantizar los derechos de las salvadoreñas. Asimismo, considera que las nuevas leyes maternoinfantiles que se han aprobado en la Asamblea Legislativa solo reconocen a las mujeres desde su rol de reproducción.
En junio de este año, Alharaca publicó una investigación en la que explora cómo el matrimonio entre las iglesias y el Gobierno de Nayib Bukele tuvo un impacto devastador para las mujeres y la población de la diversidad sexual.
En esta entrevista, Silvia Juárez reflexiona cómo la relación que existe entre el Estado y la religión impacta la vida de las mujeres en el país.
¿Cuál es su opinión sobre la relación que hay entre la política y la religión?
La Iglesia es una estructura que tiene un poder. Al ser un espacio colectivo y de promoción de cierta ideología, de cierto pensamiento, tiene la posibilidad también de arrastrar ese tipo de pensamiento hacia una determinada población. Lo que debemos tener claro es que cuando hablamos de iglesia, cuando hay una intervención en las decisiones de un país o de un Estado que se dice no confesional, hablamos de una estructura de poder, incluso una estructura de negociación. Y ahí es donde es más preocupante porque tiene que ver con una cierta ideología. En el caso de las mujeres, promueve cierto tipo de prácticas. Por ejemplo: esta idea del perdón, de soportarlo todo, los mitos del amor romántico. Esas prácticas están fundadas desde ese planteamiento religioso. Esta es la base de una de las prácticas que más se registra de la cultura de la violencia.
En las políticas públicas, ¿cómo influyen estos sectores religiosos?
El Salvador ha tenido una cultura de violación que ha desencadenado una práctica recurrente y reiterada de hechos de revictimización contra las mujeres, sin que ello haya sido un elemento de alarma de estas ideas religiosas, de la misericordia, del amor al prójimo, o que haya servido para trabajar a favor de las víctimas. Al contrario, hemos visto cómo se ha minado, por ejemplo, la educación integral en sexualidad y afectividad. El caso más grave para nosotras es en el que una asociación (Movimiento “Salvemos la Familia) que se posiciona desde la religiosidad, le manda al Estado que no dé a conocer información tan básica como la diversidad humana y la identidad sexual. O una serie de comentarios en una red social que hacen que se paralice toda la educación integral en educación sexual en El Salvador y prácticamente entre la prohibición. Estamos retrocediendo 60 años en la educación sexual en El Salvador. Con ello se está condenando a que cuando un niño o una niña vive una violencia sexual, no la detecte, la silencie. Condena a la víctima a vivir esta violencia, favoreciendo la impunidad de los agresores.
En junio de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, con modificación de última hora. La normativa se aprobó un día después de que el Movimiento “Salvemos la Familia”, encabezado por Regina Cardenal de la fundación “Sí a la Vida”, pidiera a les diputados que eliminaran artículos relacionados a la educación sexual y reproductiva.
¿Cree que esta influencia de estas estructuras de poder de las iglesias es más fuerte en este gobierno?
El Estado salvadoreño ha estado bastante insensible a las necesidades de las mujeres, a la igualdad. Ese es un punto en común con estas iglesias, ser insensibles a las necesidades de las mujeres. Pero, yo no podría aseverar que hay más o menos que antes. Muchas de las prácticas del pasado están en el presente. Ahora me parece que son tan rapantes como el rótulo este del cambio de consigna en el Salón Azul. O sea, lo que está diciendo es: entérese, esta es nuestra agenda.
El 20 de julio de 2021, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de Símbolos Patrios para incorporar una nueva leyenda en el Salón Azul, salones de comisiones y demás instalaciones de este Órgano de Estado. La leyenda religiosa “Puesta Nuestra Fe en Dios” fue una propuesta del diputado presidente, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas.
¿Aparte de los retrocesos en salud sexual y reproductiva ¿En qué otros derechos se ven afectadas las mujeres?
En el desmantelamiento de los planteamientos de salud, por ejemplo, esta idea de Nacer con Cariño es una idea que retrocede en términos de considerar a las mujeres solo a partir de su rol reproductivo. La promoción, por ejemplo, de la salud de las mujeres cuando venía dicha desde la LEIV o la Ley de Igualdad en el considerando que las mujeres merecían salud por el hecho de ser mujeres. Está a la par la protección que representaban bienes jurídicos para el Estado, era un avance, pero cuando se ha realizado una práctica de cerrar el tema, de disminuir el presupuesto. Estar quitando todo esto del análisis basado en evidencia, por ejemplo, no tener acceso a datos. Ahora, por ejemplo, si pedimos acceso a datos de muerte materna o por razón de muerte, no se tiene acceso. También todo el cierre de políticas públicas de atención a poblaciones en situación de discriminación y vulnerabilidad: llámense mujeres, [población] de la diversidad y pueblos indígenas. También, un claro retroceso en los debates basados en datos, por ejemplo, no tenemos el informe anual de violencia contra las mujeres. De 2021 y 2022 no se tienen los informes anuales porque todavía eso va a impedir que se analice, por ejemplo, cuál es el condicionamiento que tienen las mujeres de violencia sexual en el sistema de salud. Estos sí son retrocesos claros.
Sobre el aborto: Todos los diputados y todas las diputadas de Nuevas Ideas y aliados ehan mostrado su rechazo al aborto, algunos a partir de discursos religiosos, y han dicho que, en esta Asamblea, ese tema no será abordado.
Como no avanzó en el pasado. No estoy intentando defender, pero quiero que tengan claro que es una práctica tan instalada en nuestra historia de República, que ahora es tan evidente, más cínica, si usted quiere verla así, abierta, donde se define congruentemente con una agenda política coincidente con una agenda de una estructura religiosa. Tampoco es que en el pasado tuvimos la despenalización del aborto.
En El Salvador antes de 1998 se permitía el aborto cuando el embarazo era producto de una violación o el feto tenía malformaciones. (aborto terapéutico, ético y eugenésico). A partir de ese año, se prohibió en cualquier causa. En octubre de 2021, la actual Asamblea Legislativa bloqueó bajo argumentos religiosos una propuesta para despenalizarlo en tres causales.
Pero había posturas diferentes que permitían más margen de debate.
Sí, había una opinión más diversa en la que se permitía al menos abrir el debate. Para mí estuvimos cerca de abrir un debate. Son problemas que afecta a la sociedad, particularmente a más de la mitad de la población. Debe ser discutido basado en evidencia científica, basada en los niveles de afectación real que se tiene en la vida de las mujeres. Ahora el discurso es más homogéneo en términos de que nadie se atreve a tener esa disidencia, esa diversidad y, por lo tanto, vamos a estar mucho más lejos de una apuesta o una decisión política como esa, porque ni siquiera la vamos a debatir, porque está dicho todo ya. Ese concilio que hay entre la postura de una iglesia y la postura del Estado, por conveniencia para ambos, va a hacer que se retroceda significativamente. Ya no vamos a pasar a una polarización de quiénes estaban a favor o en contra, sino de una sociedad que constantemente rechaza la otra postura, a satanizar o a volverlo un tema tabú en el caso de la educación integral y sexualidad. Eso no es solo una parálisis, sino, un retroceso.
¿Cómo estos retrocesos influyen o impacta el trabajo que realizan las organizaciones de mujeres?
Nos vemos afectadas, claro, porque primero se instala el miedo. Antes había cierto manejo de un conflicto entre lo que el Estado promovía. En las escuelas les enseñaban a las niñas que las partes del cuerpo son estas. Enseñaron sobre ITS (infecciones de transmisión sexual). Si yo soy religiosa o profeso alguna fe, esto me genera un conflicto y hay decisiones alrededor, pero cuando el Estado de entrada está diciendo «esto se prohíbe porque es malo», desde ahí no hay posibilidad de que haya siquiera, por ejemplo, en la mente de los adultos, adolescentes varones, un cuestionamiento alrededor de la sexualidad y el respeto del cuerpo de las mujeres. Ahí perdemos para nosotras, primero, si el Estado dice que es malo, es malo. Y decir que es malo, además, puede traer consecuencias.
¿Qué consecuencias?
Hay retroceso de nuevo. Volvemos a los tabúes. Y lo otro es que claro que nos afecta, porque los servicios públicos que el Estado no tenga, es una tarea más que se tiene que resolver desde las comunidades. Además de sobrepeso, en términos de que: si yo no tengo servicios de salud sexual y reproductiva, la comunidad puede organizarse alrededor de eso. Todo eso que el Estado no va haciendo va ir recayendo en la agenda de las mujeres. por ejemplo, cuidar las niñas que no vayan a salir embarazadas, porque ya el Estado no va a tener promotoras de salud dando consejerías sobre salud sexual y reproductiva. De nuevo, una carga en la agenda de las mujeres y distrae otros puntos de desarrollo para las mujeres.