El 30º aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz encuentra a El Salvador dividido, no entre izquierdas y derechas, tampoco entre quienes representaban a la parte gubernamental en el conflicto y la ex guerrilla, sino entre quienes reclaman que lo conquistado tras 12 años de conflicto está en peligro de perderse, y quienes apoyan el estilo autoritario de la actual administración de Gobierno.
Este 16 de enero de 2022 no hubo actos oficiales de conmemoración del cese del conflicto, sino un esfuerzo estructurado desde el poder para deslegitimar el proceso de consolidación de la incipiente democracia salvadoreña. Encuentra al país con un poder Legislativo y uno Judicial alineados con el Ejecutivo, y con sectores de la población organizándose para marchar y reclamar que no se deseche lo hasta hoy conquistado en materia de construcción democrática.
El historiador Héctor Lindo Fuentes, profesor emérito de Historia por la Fordham University, hace en esta entrevista conjunta con la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO) un recorrido por el contexto que se vivía al momento de estallar el conflicto armado, las causas que originaron la guerra, y los cambios que hubo en el país tras la firma de los Acuerdos de Paz. Lindo Fuentes hace un análisis muy oportuno de por qué el ambiente de inseguridad ciudadana y la rampante corrupción de los partidos políticos, por incluso los más pequeños, han sido los generadores de que entre la población no se perciban cambios tras el fin negociado del conflicto, y que abonen a que actualmente se le reste mérito a todo el proceso de la nueva institucionalidad sobre la cual el país comenzaba a desarrollar su proceso democrático.
El desconocimiento de la historia que nos llevó a la guerra, y luego a buscar una paz negociada, azuzado por la tergiversación y la propaganda, es una fórmula para el desastre. La consecuencia de ignorar la historia, advierte Lindo, es facilitar el autoritarismo.
La guerra en El Salvador fue la consecuencia de una serie de factores políticos, sociales e históricos, ¿podría hablarnos del contexto que se vivía justo antes de que estallar el conflicto armado?
Quizá las dos frases que mejor definen la década de los 70 inmediatamente antes del conflicto armado son «fraude electoral» y «violencia política». Después del bien documentado fraude electoral de 1972, en el que llegó a la presidencia Arturo Armando Molina, la violencia política comenzó a acelerarse con las acciones de grupos paramilitares como ORDEN y los escuadrones de la muerte, por un lado, y los grupos guerrilleros, por el otro. La polarización política era palpable y cada vez más se manifestaba en secuestros, acciones de escuadrones de la muerte, prisión, tortura y desapariciones. Las acciones de operativos guerrilleros estaban a la orden del día. En esa década se empezó a privilegiar la búsqueda de soluciones armadas a nuestras diferencias. El papel protagónico que habían tomado las Fuerzas Armadas en la política salvadoreña desde 1932 facilitó una visión militarista a la resolución de problemas de naturaleza política y económica.
¿Cuáles fueron las causas que finalmente hicieron que los grupos de la ex guerrilla tomarán las armas? ¿Cómo reaccionó la autoridad en ese momento?
Ciertamente hubo muchas causas detrás de la formación de organizaciones guerrilleras. En todo país y en todo momento hay grupos que, por motivos ideológicos o económicos, se sienten profundamente insatisfechos y están dispuestos a tomar medidas extremas. Asimismo, la patente desigualdad económica y la pobreza no eran características únicas a El Salvador. La principal pregunta es por qué en determinados momentos, como ocurrió en El Salvador a final de la década de los 70, estos grupos reciben un apoyo masivo.
Creo que se pueden identificar dos aspectos distintivos y particularmente influyentes que aceleraron la actividad guerrillera y su atractivo para grupos más amplios de la población. Uno de ellos fue la percepción de que no había otra opción, de que cualquier intento por señalar injusticias o participar políticamente con propuestas alternativas encontraba una puerta cerrada. Las autoridades y grupos poderosos denigraban cualquier propuesta alternativa como comunista, la prensa no era libre, los mítines y manifestaciones encontraban represión policial. A medida que avanzó la década eran más frecuentes las reacciones violentas del Ejército, represión, falta de libertad de prensa, cárcel y exilio. La única opción viable para lograr verdaderos cambios parecía ser un alzamiento armado.
Hay que tomar en cuenta también las posturas ideológicas de la Guerra Fría y el contexto internacional de conflicto que contraponían a 1) el comunismo y grupos influenciados por Cuba, y 2) el capitalismo y el deseo de Estados Unidos de mantener a El Salvador dentro de su esfera de influencia. Estos factores geopolíticos garantizaban a ambos lados acceso a recursos como armas y dinero. Al finalizar la década de los 70 el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua aceleró la marcha hacia el conflicto armado. Por supuesto que hay muchos más factores que hay que tomar en cuenta. De hecho, se han escrito muchos libros al respecto, pero creo que esto son elementos que hay que tomar muy en cuenta.
Durante la guerra se dieron operaciones de «tierra arrasada» que dejaron como saldo masacres de civiles. ¿Podría hablarnos de esta parte del conflicto y cómo se diferencia de los combates como tales?
Mi reacción a esta pregunta es que hay temas en los que lo que digan los académicos con sus múltiples teorías y distinciones tiene mucho menos valor que la reacción de cualquier persona decente con valores morales bien fundamentados. El ejemplo de la masacre de El Mozote es el más icónico, pero no el único. La reacción natural es repugnancia, indignación y clamor por la justicia ante la evidencia de ataques a poblaciones indefensas y masacres de niñas y niños. La misma repugnancia que provocan las acciones de políticos que esconden pruebas y colocan obstáculos a los procesos que establece la ley para investigar, deducir culpabilidades y evitar la impunidad.
¿Por qué cree que tomó tanto tiempo que las partes iniciaran y lograran avances en las pláticas para la firma de un cese al fuego total?
Aquí se pueden mencionar varios factores. Por una parte, ningún lado lograba obtener una ventaja contundente, aunque hubo momentos en el conflicto en que ambos contendientes creyeron que el triunfo estaba a su alcance, lo que les daba un incentivo para seguir adelante. En segundo lugar, los debates sobre negociaciones no eran simplemente entre las dos partes, sino que también al interior de cada lado del conflicto. Tanto dentro del FMLN como del Gobierno había furiosos debates internos sobre qué negociar o inclusive si era deseable sentarse en una mesa de negociaciones.
Igualmente importante era el contexto internacional. La administración de Ronald Reagan en Estados Unidos le apostaba a una victoria del Gobierno. Los estadounidenses invirtieron una enorme cantidad de recursos económicos y políticos en un conflicto que veían exclusivamente bajo el prisma de la ideología y del forcejeo entre las grandes potencias de la Guerra Fría. No es sino hasta que se dan cambios a nivel internacional con la caída del muro de Berlín y el proceso que llevó al eventual colapso de la Unión Soviética que el entorno geopolítico cambió de manera determinante.
Al mismo tiempo, el desarrollo de la guerra al interior del país dejó claro que el impasse no se podía superar con las armas. Pasó una década antes de que hubiera circunstancias propicias para una negociación exitosa.
¿Qué expectativas había con la firma de los Acuerdos de Paz? ¿Cuáles cree son las mayores deudas de ese proceso?
A la firma de los Acuerdos de Paz siguió un breve periodo de euforia en el que se esperaba una rápida solución a todos los problemas. Esto no era realista. Rápidamente salieron a la luz las viejas diferencias y los difíciles problemas de la desigualdad, la marginación, la pobreza extrema y, cada vez con más urgencia, de la seguridad ciudadana.
Sin embargo, había una nueva actitud para dirimir diferencias. Los debates habrán sido airados, pero no eran violentos. Las instituciones eran imperfectas pero, un paso atrás y dos adelante, se avanzó. Con el tiempo, la población fue testigo de que las elecciones eran libres y limpias; de que era posible la alternabilidad en el poder sin que se cayera el mundo; de que la Sala de la Constitucional podía ser independiente, como lo demostró al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía; de que las Fuerzas Armadas no eran el árbitro de la vida política; de que la prensa podía investigar casos de corrupción con libertad y que funcionarios de alto nivel podían ir a la cárcel por actos de corrupción.
Desafortunadamente, en medio del problema de la inseguridad ciudadana provocada por las pandillas, la falta de crecimiento económico y la desmedida ambición y deshonestidad de numerosos políticos de los principales partidos, inclusive de los más pequeños, la población parece haber perdido de vista los logros de los Acuerdos de Paz.
Me pregunta sobre la mayor deuda de los acuerdos. Creo que la mayor deuda la tenemos desde la ciudadanía. Tenemos que seguir trabajando para apropiarnos de un sentido de orgullo por instituciones democráticas, por elecciones limpias y libres, por haber logrado que las Fuerzas Armadas se alejen de la política, por la libertad de prensa, por los avances de los mecanismos de transparencia, por la separación de los poderes del Estado.
Todavía existe en ciertos sectores ciudadanos una cierta nostalgia por el autoritarismo. Esta nostalgia se basa en una visión totalmente distorsionada del pasado que ha sido posible gracias a décadas de tergiversación y propaganda. Conocemos poco nuestra historia y eso nos impide trazar el camino hacia el futuro. Estamos a punto de que nuestra ignorancia del pasado nos lleve a tirar por la borda lo que hemos logrado construir.
¿Podría hablarnos de las leyes de amnistía que se aprobaron, qué diferenció a la primera de la segunda, y por qué no hemos visto avances en justicia restaurativa pese a que se derogó la segunda?
Una semana después de firmarse los Acuerdos de Paz, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad una ley de amnistía que se suponía iba a facilitar la reincorporación del FMLN a la vida activa y calmar el nerviosismo de muchos miembros del Ejército. Esa ley eximía de los beneficios de la amnistía a las personas que iba a identificar la Comisión de la Verdad —que todavía no había empezado a trabajar— como responsables de violaciones de derechos humanos. También eximía a quienes habían sido condenados por un jurado. Esta segunda exención dejaba fuera de la amnistía a los militares que ya habían sido condenados por los crímenes en la UCA en 1989 y por el asesinato de las religiosas Maryknoll. Pero un año más tarde, cinco días después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, que identificaba con nombres y apellidos a personajes poderosos responsables de graves violaciones de derechos humanos, la Asamblea Legislativa aprobó una segunda ley de amnistía cuyo principal objetivo fue eliminar las exenciones. La nueva amnistía tenía el objetivo de ser amplia, absoluta e incondicional. Esta vez solamente los diputados de derecha votaron por la ley después de una sesión borrascosa en el Salón Azul.
¿Es válido asegurar que en la situación actual de El Salvador estamos teniendo un retroceso de medio siglo, volviendo a las prácticas autoritarias y las carencias democráticas de los 70, previo al conflicto armado?
Ciertamente es muy preocupante ver que las Fuerzas Armadas están retomando un papel protagónico en la vida política, que el Gobierno prefiere demonizar a la oposición en lugar de participar en diálogos constructivos, que el Ejército y la Policía colaboran para impedir que la ciudadanía se manifieste pacíficamente en mítines multitudinarios y que los funcionarios del Estado acosen a la prensa e inclusive espíen a periodistas.
¿Qué valor tienen los Acuerdos de Paz 30 años más tarde y qué significa que el Gobierno los ignore?
Los Acuerdos de Paz no fueron diseñados para dar soluciones instantáneas a nuestros problemas económicos y sociales, sino para dar parámetros de convivencia que permitieran buscar soluciones sabiendo muy bien que hay posiciones e intereses contrapuestos que tienen que llegar a acuerdos, pero sin violencia y utilizando los mecanismos de la democracia. Desestimar los Acuerdos de Paz es equivalente a destruir los mecanismos diseñados para solucionar nuestras diferencias de manera pacífica y buscando consensos o, al menos, compromisos viables. Me preocupa mucho la actitud del Gobierno de olvidar la historia. Un autor muy incisivo que se llama Timothy Snyder dice que «La democracia necesita de la historia». En el mismo espíritu de la cita de Snyder, creo que la consecuencia de ignorar la historia es facilitar el autoritarismo.
Esta publicación es parte de la alianza entre Alharaca y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso).