Las tres mujeres han seguido caminos diferentes para la regularización, todos vinculados a los trabajos de cuidados. Karen tuvo varios trabajos sin contrato cuidando a adultas mayores. En 2020 consiguió empleo en la casa de una familia. Dormía allí durante la semana y salía solo los fines de semana. A este modo de trabajo, que usualmente implica mantener una casa y cuidar a niños o a adultos mayores, se le llama trabajo “de interna”, mientras que las trabajadoras del hogar “externas” vuelven a sus casas todos los días y suelen trabajar con más de un empleador.
Esta familia le ofreció un contrato para que pudiera tramitar una residencia temporal por arraigo social. Esta residencia tiene como condición que la persona migrante haya vivido en España por un mínimo de 3 años y, entre otros documentos, que presente un contrato de trabajo de al menos 30 horas semanales. Ahora, Karen es residente temporal y podrá seguir renovando su permiso de residencia mientras tenga un trabajo con contrato.
Ana consideró solicitar protección internacional. Pero al no tener un caso concreto de persecución decidió aceptar trabajos sin contrato como externa los días de semana y como interna los fines de semana. Eventualmente, ella espera poder regularizarse como Karen, con una residencia por arraigo social.
Para Heidi fue, en comparación, más sencillo. Su cuñada Patricia se nacionalizó rápidamente gracias al Convenio de Nacionalidad entre España y Guatemala. En cadena, Patricia agilizó la nacionalización de su madre, de su hermano y de sus sobrinos. Tras año y medio, Heidi también pudo obtener la nacionalidad española a través de sus hijos.
Actualmente una iniciativa legislativa popular (ILP) por la regularización de la población migrante en situación irregular se encuentra en debate en el Congreso español. Según estimaciones de Por Causa, una de las organizaciones impulsoras de la iniciativa, entre 475 mil y 514 mil personas se encuentran en “situación administrativa irregular”. De esas, ocho de cada diez vienen de Centroamérica y Suramérica, y más de la mitad (58%) son mujeres.
El movimiento impulsor de la iniciativa argumenta que la regularización de las personas migrantes y el establecimiento de vías regulares para la migración traería importantes beneficios para el país. Como muchos otros países del norte global, España tiene una población envejecida, porque la proporción de personas adultas mayores aumenta año con año, pero los nacimientos y la proporción de población joven no.
Sin embargo, según datos del Centro Nacional de Estadística, España inició el 2021 con 61 mil personas más que el año anterior: la población creció. Pero esto no se debió a un aumento de los nacimientos por sobre las personas que fallecieron, sino a las 216 mil personas que inmigraron en 2020. Es decir que, sin las personas migrantes, la población española habría disminuido. El Gobierno español mismo propuso en su estudio España 2050: el «fomento de la inmigración legal y de la captación de talento extranjero» como un eje estratégico para contribuir al sostenimiento de su Estado de bienestar.
Heidi reconoce esto como parte de su aporte a la sociedad española: “Nosotros contribuimos a las pensiones que vienen en un futuro, porque si no hay trabajadores tampoco va a haber pensiones”. Por Causa estima que solo el 1% de las personas inmigrantes en situación irregular es mayor de 65 años, en contraste con la población española, con un quinto de la población en esta franja de edad. Calcula que la inclusión de este medio millón de personas migrantes en el mercado laboral formal podría significar 950 millones de euros anuales en impuestos para el Estado.
Heidi, Karen y Ana comenzaron sus vidas en España cuidando a personas adultas mayores. Mujeres migrantes como ellas son, en buena medida, quienes están asumiendo los cuidados de personas dependientes, es decir, que requieren apoyo para realizar tareas básicas diarias. A finales de 2021 había cerca de un millón y medio de personas dependientes en España.
El trabajo de cuidados de personas dependientes, como el que realizan Heidi, Karen y Ana, suele requerir que quienes les cuidan trabajen de manera interna, puesto que una persona dependiente puede necesitar atención día y noche.
Por un lado, aceptar un trabajo de este tipo es práctico para quienes acaban de llegar y necesitan ahorrar rápidamente —al vivir con sus empleadores, no gastan en alquilar un cuarto, por ejemplo—. Pero también las expone a condiciones más precarias que aquellas que ya se han establecido y han regularizado su situación.
En uno de sus primeros trabajos de interna, Karen debía trabajar los siete días de la semana. En lugar de darle uno o dos días libres, su empleadora le permitía descansar y salir dos horas al día. Se despertaba muy temprano y se iba a dormir a las 11 de la noche, sin contar todas las veces que interrumpía su sueño para acompañar al baño a la señora que cuidaba. Dormía muy poco y se sentía enferma, pero no podía dejar ese trabajo porque, recién llegada, no tenía otra opción.
Su situación migratoria y la presión de ahorrar y de establecerse rápido en España empuja a mujeres como Karen, Heidi y Ana a aceptar estos trabajos como recién llegadas. Pero incluso con el paso del tiempo, se mantienen en el sector del hogar y de cuidados. Y se enorgullecen de hacerlo. Karen tiene claras ambas caras de la moneda: “A los españoles no les gusta trabajar en esto. Ellos siempre buscan a extranjeros, a gente como nosotros, para que hagamos este tipo de trabajo. Pero el trabajo de uno es muy importante porque cuidamos personas”
* Nombres ficticios con el fin de proteger la seguridad y privacidad de las personas entrevistadas.