Lya Cuéllar | 23/06/2023
A días de las elecciones en Guatemala, la politóloga Lya Cuéllar no ve motivos para estar a la expectativa de cambios de la mano de una posible presidenta electa. Sin embargo, cree que, pese a la devastadora venganza de las élites contra la sociedad civil y los funcionarios independientes, las resistencias de Guatemala pueden construir otro país.
Pese a los embates constantes a las jóvenes democracias centroamericanas, todavía consigo ilusionarme con los destellos en la oscuridad. Pero incluso desde el más terco optimismo centroamericano, ante las elecciones guatemaltecas del próximo 25 de junio, cuesta encontrar algún atisbo de luz. ¿Dónde queda la esperanza en Guatemala?
Sin duda, una de las desilusiones más devastadoras de los últimos años en la región ha sido el desmantelamiento de las instituciones democráticas de nuestro país vecino.
La década anterior en ese país fue una de profundas injusticias, como todas, pero también de esperanza en una nueva especie de primavera guatemalteca. No por la expectativa de alguna gran revolución, sino por una serie de procesos institucionales importantes, impulsados por la ciudadanía, la sociedad civil y la comunidad internacional, que abrieron paso a la justicia y a la rendición de cuentas.
Los históricos casos promovidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) nos tenían al resto del vecindario centroamericano mirando con un dejo de envidia. Pero desde luego, no hubo tiempo para que ni los vecinos ni la misma Guatemala olvidáramos que el Estado guatemalteco ha sido construido sobre los cimientos de siglos de genocidio, y a partir de la exclusión sistemática de la enorme mayoría de su población. Estaba claro que las élites enquistadas —militares, políticos, empresarios, el llamado “pacto de corruptos”— no iban a soltar su poder tan fácilmente.
A cuatro años de la expulsión de la CICIG, estas viejas élites están ejerciendo una venganza sistemática y devastadora contra aquellas personas que lideraron los esfuerzos de justicia en aquel momento. Operadores de justicia, periodistas y activistas valientes que hicieron frente a la corrupción, al extractivismo, a la impunidad y al crimen organizado han tenido que abandonar el país en los últimos años a raíz de la persecución. Una tras otra, se ven forzadas a dejar su hogar en condiciones de riesgo o precariedad.
La ofensiva contra las voces independientes es, en parte, lo que nos ha llevado a este momento. Nos encontramos a menos de un mes de las elecciones generales en Guatemala. El contexto para este proceso electoral es imposible: el “pacto de corruptos” ha logrado restablecer la impunidad y apoderarse de las instituciones estatales a un paso implacable, entre ellas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por ello, activistas y analistas hablan de un fraude electoral adelantado. No queda duda de que un proceso electoral que restringe la participación de candidatas y candidatos con legitimidad, pero permite candidaturas constitucionalmente prohibidas, no es libre ni justo. Es una farsa.
Hace medio año, parecía claro que Guatemala tendría una mujer presidenta. Y que, con toda probabilidad, eso no era una buena noticia. Las candidatas que encabezaban las encuestas en aquel momento, Sandra Torres y Zury Ríos, eran viejas conocidas. Ambas habían intentado en varias ocasiones alcanzar la presidencia —y fracasado—. Las dos conocían esa posición de poder desde sus lazos familiares: Torres, como exesposa del expresidente Álvaro Colom; Ríos, por ser hija de uno de los genocidas más sanguinarios de América Latina, el dictador Efraín Ríos Montt —por quien, en realidad, Zury tiene constitucionalmente prohibido participar en la elección presidencial—. Ambas se han aliado con figuras involucradas en corrupción y grupos ultraconservadores.
Una tercera candidatura de otra importante política guatemalteca —diametralmente opuesta a Torres y Ríos— cobraba cada vez más fuerza. Thelma Cabrera, lideresa indígena y candidata por el Movimiento de la Liberación de los Pueblos (MLP) ya había corrido para la presidencia en 2019 y alcanzado el cuarto lugar. Ahora, y con más fuerza, volvería a lanzarse. Pero poco después de que el partido eligiera como candidato a la vicepresidencia a Jordán Rodas, ex procurador de los Derechos Humanos, el TSE no permitió la inscripción de las candidaturas.
Una serie de personajes con apoyo electoral, pero hasta el cierre de este texto menos probabilidades según encuestas, les seguían de cerca. Edmond Mulet, ex Secretario General Adjunto de la ONU —señalado por ser parte de una red de adopciones irregulares de niños y niñas en la guerra civil—, pareció acercarse poco a poco, pero se encuentra actualmente en tercer lugar. El outsider Carlos Pineda llegó, de forma sorpresiva para muchas y muchos, a encabezar una encuesta a principios de mayo. Pineda era una suerte de Bukele guatemalteco en términos de comunicación, involucrado además con figuras reconocidas del crimen organizado. Fue puesto en su lugar rápidamente, con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que anulaba su candidatura y las de todo su partido.
Así volvemos, full circle, a la claridad inicial: Guatemala tendrá, probablemente, una mujer presidenta. Y eso no será motivo de alegría.
En una reunión con la sociedad civil alemana, un defensor de derechos humanos de Guatemala nos decía, sombrío, que sin importar quién de las candidatas gane, la persecución continuará. La diferencia, explicó, será con quién se ensañará más la futura presidenta. Espera que Torres continúe la línea de persecución del actual Gobierno de Alejandro Giammattei, pero prevé que Ríos arremeterá contra quienes llevaron a su padre a la cárcel.
Usando los mismos instrumentos que pretendían servir la institucionalidad de una democracia, los grupos de poder han eliminado posibilidad tras posibilidad de política independiente —ni se diga de izquierda—. Para asegurar que nadie vuelva a retarlas o poner en riesgo su control absoluto, las élites han regresado a viejas prácticas y optado por una táctica de tierra arrasada: no les basta suprimir candidaturas incómodas, sino que pretenden silenciar de una vez por todas a las voces disidentes que trabajan por la justicia, la verdad y la participación ciudadana.
Hace rato se perdieron las razones para contar los días hasta el 25 de junio. No habrá mayor razón para contener la respiración cuando se anuncien los resultados oficiales. Sin importar el resultado, quien gane ahora o en segunda vuelta encarnará la continuación de un proyecto colonial determinado a mantener la impunidad, facilitar la corrupción y perpetuar —si no fortalecer— los vínculos entre el crimen organizado y el Estado. Está claro.
Si alguna luz asoma al final del túnel, no pasará por la elección de una presidenta —definitivamente no por esta—. La esperanza recae en las diversas resistencias dentro y fuera de Guatemala. Esas fuerzas que las élites creen agonizantes, pero que, para su desgracia, están reconfigurando sus estrategias dentro y fuera del país, juntando fuerzas, estableciendo alianzas inesperadas pero importantes.
Las candidaturas de izquierda, determinadas en construir otras municipalidades pese a la amenaza de la violencia política. Las y los operadores de justicia, que resisten en los juzgados del país o se juntan en Washington D.C. Las comunidades rurales e indígenas haciendo frente a empresas y al mismo Estado mercenario en los territorios del interior del país. La prensa independiente que no calla ni ante la cruel e injusta sentencia de uno de los periodistas más reconocidos del país. El exilio centroamericano, que se conecta y conspira cada vez más unido para construir una región donde podamos vivir en paz. Hay destellos en la oscuridad.
Foto: Paro Nacional de Guatemala del 27 de agosto 2015 por Nerdoguate (CC BY 4.0)
