Mónica Campos | 20/09/2022
José Bonilla murió bajo custodia del Estado, luego de ser uno de los más de 50,000 salvadoreños capturados bajo el régimen de excepción. Este es un relato reconstruido a partir de los testimonios de algunos de sus familiares, en el que narran el calvario que han vivido desde que José fue detenido.
«Aparte de estar heridos por la muerte de José, estamos doblemente heridos por saber que murió en poder del Gobierno», comenta uno de los familiares de José Bonilla, sindicalista y empleado de la Alcaldía Municipal de Mejicanos. José falleció el pasado 3 de septiembre, luego de haber estado detenido cuatro meses en el Penal «La Esperanza», conocido como Mariona. Bonilla fue una de las más de 50,000 personas que han sido detenidas durante los casi seis meses que ha durado el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele y su bancada de legisladores oficialistas.
Aunque el régimen de excepción solo puede aprobarse para 30 días y ser prorrogado una vez por igual periodo, los diputados oficialistas lo han alargado ya cinco veces. En este periodo se han acumulado cientos de denuncias por violaciones a los derechos humanos, y hay confirmación de al menos 80 personas que han fallecido mientras estaban detenidas.
El régimen implica la suspensión de garantías ciudadanas, el aumento del plazo de la detención administrativa, el ser presentado ante jueces sin rostro, y capturas masivas que dan paso a audiencias multitudinarias en los juzgados. En medio de esto, Josee perdió la vida: Sus familiares aseguran que Bonilla no recibió la atención médica necesaria por su diagnóstico de hipertensión arterial dentro del centro penal.
Más de dos semanas después del fallecimiento de José Bonilla, ninguna institución o funcionario se ha pronunciado formalmente por su muerte ni por las otras 80 personas reportadas por organizaciones sociales como Cristosal, Servicio Social Pasionista y el IDHUCA. La familia de Bonilla está preocupada por la situación de desamparo que se genera por las capturas arbitrarias. Han hecho denuncias públicas por la falta de justicia en el caso de José, y ahora que se ha vuelto conocido temen que esto pueda traerles represalias.
En el centro penal se les negó en todo momento información sobre la salud de Bonilla. Sabedores de la importancia que en esta gestión gubernamental se les da a las redes sociales, especialmente a Twitter, la familia de José decidió crear la cuenta «Justicia para José Bonilla» en dicha plataforma, y está activa desde el pasado 27 de abril.
«Yo ese día lo primero que hice fue irme al perfil del presidente y ponerle: mi familiar es inocente, se lo llevaron de forma arbitraria, lo sacaron de su casa y al minuto ya me había bloqueado», señaló la persona que administra la cuenta, quien agregó que a raíz de eso decidió crear una nueva cuenta para pedir justicia para José. En este relato se detallan los días clave en la búsqueda de justicia para José Bonila, según lo narrado por sus familiares, cuyos nombres y parentescos omitimos publicar a petición de ellos mismos y por motivos de seguridad.
La familia de José Bonilla cuenta que el empleado municipal se encontraba afuera de su casa jugando con su hija, Karla, una adolescente de 15 años de edad. Ella tiene una discapacidad intelectual, por lo que siempre necesita estar acompañada de un adulto. Al filo de las 6:00 p. m., la vida había transcurrido entre la calma y el calor de siempre en San Juan Opico, hasta que un grupo de policías abordaron a José en la calle. Los agentes le dijeron que necesitaban que rindiera declaraciones, no especificaron bien por qué y a él no le quedó más que llamar a un familiar para decirle que acompañaría a los policías a la delegación y en breve estaría de vuelta. Su pariente se quedó con Karla y él se fue, sin saber que no regresaría a su casa.
En la delegación las horas transcurrieron y José fue informado de que había sido detenido. A la mañana siguiente se comunicó con su familiar y le explicó que unos agentes estaban intentando que firmara un documento para hacer constar que había sido detenido en otro lugar con otras personas, y no fuera de su casa mientras jugaba con su hija. Días más tarde, miembros de su familia contarán esta historia en una denuncia interpuesta ante la Procuraduría de Derechos Humanos, por la detención arbitraria de Bonilla. Ellos alegaron en el documento que afuera de su casa hay cámaras que podían corroborar esta información.
Al igual que en este caso, muchas otras personas han denunciado vicios en los procesos de detención realizados en el marco del régimen de excepción. Hasta el 31 de agosto, organizaciones sociales reportaban 3,186 denuncias de abuso de poder por parte de las autoridades estatales. El Servicio Social Pasionista registra que un 29.4 % de las denuncias recibidas tienen que ver con faltas al debido proceso.
Una persona allegada a José se presentó en la delegación policial para pedir información sobre él. Según relató, los agentes se mostraron renuentes a dejarle conversar con el detenido. Asegura que uno de ellos le dijo que por el régimen de excepción Bonilla se encontraba en detención y sería enviado ese mismo día al Centro Penal «La Esperanza», ubicado en Mariona. «Desde ese día no lo volvimos a ver, hasta que supimos que estaba en la UCI (unidad de cuidados intensivos) del Hospital Rosales, más de cuatro meses después», agregó esta persona.
José Bonilla tuvo su audiencia de imposición de medidas, junto con 300 personas más. Su familia contrató a un abogado particular desde el día en que lo detuvieron, según explicaron a Alharaca. El abogado presentó en esa primera audiencia varios documentos para probar sus arraigos: constancias de empleo, documentos de su hija, casi 200 firmas de empleados de la Alcaldía Municipal que aseguraban que era un hombre “de buen carácter moral” y los antecedentes penales que mostraban un récord limpio. Pero en la audiencia la jueza dijo que ese día no se iba a ir nadie, y así fue. A partir de esa fecha, la familia de José tenía que esperar 20 días para solicitar una apelación y una revisión de medidas en una audiencia especial. En la audiencia, el abogado de José le pidió a la jueza que enviara un perito a revisar la salud de su cliente, porque era un paciente hipertenso que tomaba cuatro medicamentos diferentes al día.
La jueza del caso envió un perito a corroborar el estado de salud de José Bonilla. El experto emitió un informe que confirmó que el entonces detenido era un paciente crónico que necesitaba medicamentos y ser enviado al Hospital Zacamil para realizarse unos estudios.
En la audiencia especial que se le realizó a José tras la apelación presentada por su abogado, la parte fiscal no presentó ninguna prueba en contra de él. La jueza resolvió dejarlo en libertad bajo medidas, pero pidió unos documentos adicionales para liberarlo. Entre ellos, las credenciales de sindicalista de José, y la certificación de estudios y la condición clínica de su hija. Pidió además un informe sobre la salud de Bonilla.
A finales de junio, Bonilla continuaba en prisión, pese a que su familia entregó los documentos solicitados por la jueza. La respuesta que obtuvieron del juzgado fue que el penal no había emitido ninguna respuesta sobre el estado de salud de Bonilla, aseguró la familia.
La jueza del caso giró un oficio que daba detalles sobre las peticiones que había realizado al centro penal, sin obtener ninguna respuesta. «Cuando yo leí ese oficio me afligí porque lo que está haciendo es explicar paso a paso lo que hizo para desligarse de responsabilidad», comentó a Alharaca un familiar de Bonilla. En ese documento, la jueza escribió que daba a Centros Penales 24 horas para emitir un informe sobre el estado de salud del detenido, y si no le daban el medicamento, que lo trasladaran al Hospital Zacamil.
El abogado de Bonilla visitaba dos veces a la semana el juzgado, con la esperanza de tener noticias sobre el estado de salud de su cliente. Fue hasta el día 1 de septiembre que las noticias al fin llegaron. Le informaron que su defendido se había descompensado y que lo habían llevado de emergencia a un hospital. Ahí se dieron cuenta de que el día 25 de agosto, es decir una semana antes, había ingresado al Hospital Zacamil luego de un infarto. «Ahí lograron reanimarlo, le pusieron ventilación y luego lo trasladaron a la UCI del Rosales», explicó su familiar.
José Bonilla murió mientras estaba bajo custodia del Estado salvadoreño.
La jueza fue notificada de la muerte de José Bonilla y solicitó el acta de defunción para darle el sobreseimiento definitivo. La Fiscalía no presentó pruebas en su contra. Su familia espera que el juzgado les envíe el documento que confirma que Bonilla nunca tuvo ningún problema con la ley. La persona que accedió a hablar con Alharaca sobre el caso aseguró que una de las situaciones más difíciles en esta búsqueda por visibilizar la situación, fue la polarización y los ataques que recibieron por parte de fanáticos del Gobierno. Le escribían para decirle que su pariente de seguro era miembro de estructuras criminales. «Gracias a la gente que siempre creyó en mí porque siempre me atacaban, me ofendían sin conocerme y sin conocer a José. Él era inocente y se probó ante un juez», concluyó.
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