Desprotegidas ante el régimen
Mónica Campos | 24/04/2023
A pesar de las afirmaciones de funcionarios oficialistas, el régimen de excepción no demuestra un enfoque de protección hacia las mujeres. Además, los abusos documentados desde que inició la suspensión de garantías ciudadanas están llevando a niñas y adolescentes a enfrentar situaciones extremas que resultan en trabajo infantil, abandono y deserción escolar.
El 12 de abril pasado, Elisa Rosales, diputada del partido oficialista Nuevas Ideas, afirmó en una entrevista televisiva que, aunque las niñas, adolescentes y mujeres han sido afectadas por la inseguridad, las políticas aprobadas por la actual administración, entre ellas el régimen de excepción, «están brindando paz a sus vidas» y añadió que «el régimen de excepción tiene en cuenta la protección de la mujer».
Sin embargo, la realidad pinta un panorama distinto. La suspensión de garantías ciudadanas por el régimen de excepción, vigente hace más de un año, ha provocado abusos como detenciones arbitrarias, negativas a informar sobre la situación de las personas capturas, e incluso torturas y muertes dentro de los centros penales. A la fecha organizaciones no gubernamentales como Amate, Red Salvadoreña de Defensoras de Derecho Humanos, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamérica (IDHUCA), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Azul Originario (AZO), registran más de 5,000 denuncias por estas y otras violaciones a los derechos humanos.
También han advertido que hay una afectación particular hacia las mujeres, quienes son las que mayormente asumen las tareas de buscar apoyo legal para sus familiares detenidos, entregar en las cárceles los paquetes que les piden, y encargarse del cuidado de las infancias que quedan desprotegidas.
Alharaca conversó con una funcionaria a cargo de la unidad de género de un municipio en el interior del país, con una madre de niñas afectadas por el régimen, y con una representante del sistema educativo, y obtuvo respuestas coincidentes: el régimen de excepción no incluye mecanismos específicos de protección para niñas y mujeres, y más bien, empeora la situación para ellas.
La funcionaria de la unidad de género, quien habló bajo condición de anonimato, aseguró que desde el comienzo del régimen de excepción ha enfrentado numerosos obstáculos para coordinar acciones colaborativas con la Policía Nacional Civil (PNC). Dentro de sus responsabilidades, se encuentra la atención a las víctimas y la activación de comunicación directa con la Policía, la Fiscalía y otras instituciones para abordar los casos.
Ella dijo que ha visto con frustración el deficiente desempeño de la Unidad de la Mujer de la PNC en la delegación de su municipio. «Se les llama para atender casos de violencia doméstica y no llegan», mencionó. Afirmó que los agentes asignados a esa unidad ahora son destinados a otras tareas incluidas en el régimen, como patrullajes y detenciones de personas que consideran «sospechosas» en la comunidad.
Además de la desatención a las víctimas de violencia, la funcionaria observa con inquietud la situación de las niñas y adolescentes que están abandonando la escuela a edades tempranas. Esto sucede porque deben cuidar a sus hermanos menores, ya sea porque los padres han sido encarcelados, o para que sus madres puedan trabajar y compensar la pérdida económica ocasionada por las capturas de los padres.
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) también ha señalado que las autoridades no están abordando adecuadamente los problemas que afectan a las mujeres. Instituciones clave, como la Policía y la Fiscalía, concentran sus esfuerzos en la aplicación del régimen, lo que las aleja de prestar la debida atención a la violencia de género.
Un caso que se repite
El 28 de marzo pasado, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) organizó una marcha hacia la Asamblea Legislativa con el objetivo de exigir a los diputados el cese de las prórrogas del régimen de excepción. Además, solicitaron el respeto a los derechos humanos fundamentales de aquellos privados de libertad, sobre quienes sus familiares no poseen información alguna.
La mayoría de los participantes en la marcha eran mujeres, quienes representaban a madres, esposas e hijas de personas encarceladas sin derecho a visitas. Entre ellas se encontraba Mirna*, una mujer de 36 años, madre de cinco hijos y esposa de un detenido por el régimen.
Mirna enfrenta dificultades desde que su esposo, el principal sustento de la familia, fue detenido hace dos meses. Sus tres hijas mayores han sido las más afectadas por la situación. Ana*, de 18 años, logró graduarse de bachillerato en 2022, pero no pudo continuar sus estudios universitarios debido a la detención de su padre en febrero de 2023. Ahora, ella debe colaborar con su madre para aportar recursos económicos y asegurar la alimentación de toda la familia.
Las hermanas de Ana*, de 14 y 13 años, también enfrentan situaciones complicadas. En lugar de asistir a la escuela, se ven obligadas a encargarse de las tareas del hogar. Se despiertan a las 6:00 a. m. para preparar a sus hermanos menores, de 7 y 4 años, quienes sí asisten a clases. Al regresar a casa, preparan el almuerzo, realizan la limpieza general y cuidan a los pequeños cuando vuelven de la escuela.
Mirna, su madre, no puede asumir estas responsabilidades debido a que se levanta a las 4:30 a.m. para trabajar. Ahora se dedica a vender ropa en línea y realiza personalmente las entregas a domicilio, utilizando el transporte público. Además, para complementar sus ingresos, lava ropa para otras personas tanto dentro como fuera de su comunidad.
Mirna expresó su frustración ante la situación: «La esposa del presidente habla de nacer y crecer con cariño, pero nuestros hijos no están creciendo con cariño. Todo está mal». Lo dijo mientras soportaba el intenso sol de las 11:00 a. m. en San Salvador.
A lo largo de estos dos meses, Mirna ha intentado acceder al sistema judicial para obtener información sobre su esposo, pero no ha tenido éxito. A pesar de presentar los arraigos solicitados, estos no fueron considerados, según relata. «Al menos deberían investigar. Él sigue detenido, no sé cómo está, no sé si está bien o enfermo. La verdad es que no sabemos nada de él y por eso estamos aquí», concluyó.
Alharaca solicitó información sobre las cifras de deserción escolar a una empleada del Ministerio de Educación. La fuente, que prefirió mantenerse en el anonimato, respondió que, aunque existen datos correspondientes a los años 2022 y 2023, estos no se encuentran disponibles. Además, confirmó la presencia y regularidad de casos similares al de las hijas de Mirna. «Conozco situaciones en el oriente del país donde niños se han quedado sin padres y han tenido que asumir la responsabilidad de cuidar a sus hermanos desde muy temprana edad», afirmó.
Sin protección, sin datos
Alejandra Burgos, de la Red de Defensoras de Derechos Humanos, ha visto de cerca casos de niñas y mujeres afectadas por el régimen de excepción. Afirma que el impacto en ellas no ha sido considerado en las políticas públicas. «Dado que las mujeres constituyen el 53% de la población, cualquier situación que ocurra en El Salvador, cualquier política pública o vulneración de derechos humanos, afecta de manera desproporcionada a las mujeres y niñas», comentó.
Burgos lamentó que el gobierno no ofrezca datos ni estadísticas sobre la situación de las niñas y mujeres en el país. Ante la falta de información oficial, las organizaciones sociales llevan un registro de los afectados basándose en el número de casos o denuncias que reciben.
Según las organizaciones sociales, los hombres representan el 83% de las detenciones durante el régimen. Burgos explicó que esto conlleva un aumento en las responsabilidades productivas de las mujeres y niñas para mantener a sus familias, así como una necesidad de asistencia humanitaria en áreas como alimentación y recursos que deben ser proporcionados por organizaciones civiles.
Burgos mencionó que, a través de su organización, ha conocido numerosos casos en los que niños y niñas han sido abandonados. «Existen situaciones en las que detienen tanto al padre como a la madre, dejando a los niños sin la protección del Estado y en un estado de desamparo», afirmó. Además, señaló que estas prácticas guardan similitudes con casos ocurridos durante la guerra civil salvadoreña de la década de 1980.
*Los nombres de las personas han sido modificados para proteger el anonimato de las fuentes.