Engañoso: “Ahora ya no hay partida secreta, por primera vez desde la guerra civil”
Graciela Barrera | 31/03/2021
¿Que no exista esta partida significa que este Gobierno es más transparente? Alharaca consultó a expertos y verificó que la afirmación del presidente Bukele, quien aseguró que ya no hay partida secreta, es engañosa. Te lo explicamos en Alharaca chequea, nuestra sección de fact-checking.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) listó para 2018 la desinformación y el autoritarismo como dos de los males que más afectaban la libertad de prensa en Latinoamérica. En Alharaca creemos que dos de los principios básicos del periodismo, informar y contribuir a una ciudadanía crítica, son irrenunciables.
Hoy iniciamos un ejercicio para honrar esos principios y evidenciar, cada vez que se pueda, esos males que enunció hace ya tres años RSF y que en última instancia, afectan a la sociedad salvadoreña entera.
El presidente de la República, Nayib Bukele, afirmó la noche del 21 de marzo en cadena nacional que: “Ahora ya no hay partida secreta, por primera vez desde la guerra civil”. Eliminar los gastos secretos fue una de sus principales propuestas durante su candidatura a la presidencia e, incluso, contemplada en el Plan Cuscatlán, documento publicado como su plan de gobierno. Sin embargo, en 2019 una investigación del medio digital El Faro reveló que en sus primeros dos meses de gestión, incumplió su promesa.
La partida secreta son los gastos reservados del Ejecutivo, históricamente no transparentados y, en la práctica, usados como la caja chica de la Presidencia de la República. Por ley, esta solo se puede conocer de manera general. Los gobiernos de Arena y el FMLN, según investigaciones judiciales y periodísticas, usaron esta partida para pago de sobresueldos a funcionarios, gastos ilícitos y propaganda, por mencinonar algunos. En 2018 el expresidente Elías Antonio Saca fue condenado a 10 años de cárcel por desviar 300 millones de dólares a sus empresas, para pagar sobresueldos y beneficiar a su familia.
En 2010, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional los artículos 2 y 6 de la Ley del Presupuesto que hasta esa fecha permitía a la Presidencia de la República mantener la partida 54315, comúnmente llamada partida secreta. A pesar de esta resolución, los presidentes siguieron utilizando diferentes mecanismos para hacer uso de ella. Por ejemplo, los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén recortaron partidas del Presupuesto de la Presidencia y orientaron préstamos para alimentar esa partida.
Para 2018, Nelson Fuentes, exministro de Hacienda, propuso que se le asignara un nuevo nombre a la partida “54315-Gastos Reservados”. La iniciativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa y se estableció por ley su existencia con el nombre de “Unidad Presupuestaria 10, Inteligencia del Estado”, dentro del Presupuesto de la Nación de 2019.
Aunque Bukele ha sostenido públicamente desde que era candidato la necesidad de eliminar la partida secreta, no se ha referido a que durante sus dos primeros meses en el cargo de la presidencia, en 2019, gastó $2,114,961.56 de esa partida «54315-Gastos Reservados» que supuestamente ya no existía. Una investigación periodística de Revista Factum determinó a través de información oficial —brindada por la misma Presidencia de la República— que para noviembre de 2019, con menos de 6 meses en el cargo, Bukele había gastado más de $7 millones en fondos que no debía justificar.
Alharaca analizó la Ley General del Presupuesto aprobada para los años 2020 y 2021, publicadas en el Diario Oficial de la República y no encontró recursos asignados a la partida 54315. Sin embargo, para 2020 los fondos aprobados para la Unidad 10 de Inteligencia de la Presidencia de la República fueron $17.5 millones, según el documento. $12 millones estuvieron destinados exclusivamente para el área de Inteligencia y el resto para Seguridad y Protocolo del Estado. Para 2021, esa misma unidad quedó con un fondo aprobado por $1,030,000 y desglosado así: $830 mil para Inteligencia, $100 mil para Protocolo y $100 mil más para Seguridad del Estado.
Según Ricardo Castaneda, economista senior y coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), hay indicios que apuntan a que Bukele continúa haciendo uso discrecional de los fondos de la Presidencia. “Cuando se empezó a ejecutar el presupuesto (de 2020), sí se le trasladaron recursos a esa partida, particularmente dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad. Eso significa que hasta el 31 de diciembre de 2020, El Salvador continuó teniendo gastos reservados”, dijo.
Aunque Castaneda matizó que el monto asignado a la Unidad Presupuestaria 10, Inteligencia del Estado, en el último presupuesto, «no es muy significativo” en comparación a otros años en los que el monto llegó a representar más de “100 millones de dólares”, agregó que es importante prestar atención en el actual contexto a que “desde la llegada de este Gobierno los gastos del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), en la práctica son gastos reservados, porque no se está brindando ningún tipo de información”, comentó.
“En la partida ´54315 Gastos Reservados´, cuando se solicitaba la base de datos, al menos si se indicaba cuál era el monto que se había ejecutado y quién lo había ejecutado. En cambio ahora, si se realiza una solicitud detallando los rubros en los que se ha ejecutado, no le van a dar esa información, le dicen que esa información es reservada. Entonces, más allá que no tenga el nombre de partida secreta o partida de gastos reservados, el OIE se ha convertido en ese nuevo esquema”, aseguró Castaneda.
Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac-Funde), afirmó que “esta administración pública continua con los mismos patrones de restricción de información que los gobiernos anteriores, repite prácticas como el abuso de la reserva de información pública, utilizar la vía de lo contencioso administrativo para dilatar la entrega de información pública”.
“Creemos que dentro de todo esto hay una estrategia que desde Casa Presidencial se ha venido concibiendo que todo aquello que pueda poner en riesgo político al Ejecutivo debe ser información reservada”, dijo Sandoval.
La Ley de Acceso a Información Pública (LAIP) establece en su artículo 2 que “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información, generada, administrada o en poder de las instituciones públicas”. El gobierno en turno, según Sandoval, ha incumplido esta ley. “Es falso que no se oculta información. La información se sigue ocultando y una de las principales es la información del OIE”.
La afirmación del presidente Bukele es engañosa, ya que si bien no hay datos de fondos asignados a la partida de gastos reservados 54315 en los presupuestos de los últimos dos años, los dineros – no auditables – para la Unidad 10 de Inteligencia se mantienen. Por otra parte, tal y como han demostrado investigaciones periodísticas basadas en información oficial proporcionada por el mismo gobierno, la Presidencia de la República ha usado gastos reservados. La actual administración, además, hace uso de la reserva de la información pública en datos que son considerados por la LAIP como información oficiosa.
“Ahora continúan haciendo gastos de los cuales la ciudadanía no tiene acceso a la información sobre cómo se han ejecutado los recursos. Ahora ya no es una partida en sí misma sino que una unidad, que en este caso es el OIE”, dijo Castaneda.
Sandoval agregó “seguimos con la mismas prácticas de siempre, a pesar de que se trata de enarbolarlo o posicionar el discurso de transparencia. Vemos exactamente los mismos esquemas que utilizó el presidente Mauricio Funes, como la utilización del OIE. La única variación es que ya no lo hacemos bajo el nombre de la partida reservada”. Al igual que Saca, Funes fue acusado de desviar más de 300 millones de dólares de la partida secreta para favorecer a sus amigos y familiares, así como para pago de sobresueldos. El exfuncionario se mantiene prófugo, gozando de asilo en Nicaragua.
Texto: Graciela Barrera
Edición: Suchit Chávez
Diseño: Lya Cuéllar