25/10/2023
El régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2023 disminuyó las amenazas de pandillas. Sin embargo, en el marco de esta medida aumentaron las violaciones de derechos humanos por parte de la Policía y Fuerzas Armadas.
Edición: Ana Fornaro
SAN MIGUEL, El Salvador. Hace siete años, un grupo de pandilleros golpeó a la mujer trans O. C. porque le tenían prohibido transitar por un vecindario popular al oriente de El Salvador. Mientras la agredían, unos vecinos salieron de sus viviendas para defenderla. Los pandilleros huyeron. Antes de marcharse, recogieron unas rocas volcánicas que había tiradas en la calle y se las lanzaron al cuerpo.
La maquillista de 36 años de edad asegura que ellos le negaban el paso simplemente porque era parte de la población LGBTI. También por residir en una zona controlada por otra pandilla rival, sin que ella tuviera algún vínculo con esa estructura. No podía caminar ni para abordar el autobús o visitar un familiar.
«Esa vez me iban a quitar la vida, pero por los vecinos no me lo hicieron. Ellos me golpearon toda contra una pared», dijo a Presentes la mujer identificada como O. C. por razones de seguridad.
Con el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele, ahora O.C puede transitar sin miedo a las pandillas, pero el nuevo peligro son las propias fuerzas de seguridad del Estado.
Entre el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio pasado, las organizaciones señalan detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso, el allanamiento de morada, tratos crueles inhumanos y degradantes.
Durante los años noventa, cientos de salvadoreños que formaron parte de las pandillas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles fueron deportados a su país de origen. En los años posteriores, el fenómeno se extendió en todo el país centroamericano. Vecindarios completos quedaron bajo el dominio de las pandillas. Ellas controlaban, bajo amenazas de muerte, las actividades de los habitantes y los comercios.
Según los especialistas, en sus territorios cometían una diversidad de delitos. Asesinaban y desaparecían personas, cometían abusos sexuales, cobraban extorsiones y mantenían acoso y discriminación contra la población LGBTI. Además, forzaban a los residentes a colaborar en sus actividades y les imponían silencio.
Según el «Estudio sobre el acceso a la justicia de las personas LGBTIQA+ particularmente de la población Trans, en Guatemala, Honduras y El Salvador» en el territorio salvadoreño se cometieron 60 crímenes de odio motivados por la orientación sexual, la identidad o expresión de género.
El informe retoma estadísticas de la policía entre el 1 de enero 2020 y el 31 de marzo de 2022. Señala que, de los 60 casos, 19 corresponden a lesiones, 41 a amenazas, de los cuales 15 se cometieron en los departamentos de San Salvador, 11 en San Miguel, nueve en Sonsonate y siete en La Libertad, entre otros.
Además, la misma investigación reporta 60 casos de desapariciones en el mismo período.
Oficialmente la institución policial registró 15 asesinatos en contra de la población en los años 2020 y 2021. Pero la organización Amate reportó en 2019 nueve crímenes, cinco en 2020, cuatro en 2021 y al menos uno en 2022, aunque podría haber un caso de subregistro.
La policía detuvo el 8 de octubre a Jairo Castellanos sospechoso de asesinar tres días antes a Víctor Rivas un estudiante universitario de 24 años de edad, con quien según las autoridades mantenía “una relación sentimental”.
«Este sujeto (Castellanos) pagará con décadas en prisión por el delito cometido. Se terminaron los tiempos de impunidad para todos los criminales que atentan contra la vida de los salvadoreños. Este homicida será sometido ante la justicia», escribió en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
La ciudad de San Miguel, 138 kilómetros al este de la capital, San Salvador, lugar donde habitan más de 345 mil habitantes, era disputada por las pandillas Mara Salvatrucha, una de las facciones del Barrio 18 y Mirada Locos 13.
«No me sentía seguro en mi propio país. En algún momento pensé en emigrar hacia otro país porque sí me sentía inseguro. Decía: ‘¿Cómo voy a hacer si paso por esta zona, esta colonia?, me matan o me desaparecen», expresó O. C. a Presentes.
Los pandilleros también exigían el pago semanal de 10 dólares a las trabajadoras sexuales LGBTI en las calles de la ciudad.
Cuatro trabajadoras relataron a Presentes que estaban obligadas a pagar el monto o de lo contrario eran golpeadas con bates, palos de escoba o garrotes con clavos. También las amenazaban con atentar contra miembros de su familia. Otras fueron asesinadas o desaparecidas.
En el año 2005, Elizabeth (nombre ficticio por razones de seguridad), una mujer trans fue atacada por dos hombres mientras ejercía trabajo sexual. Recibió golpes en su cabeza y cuerpo, finalmente le dieron una puñalada con la intención de asesinarla. Cayó inconsciente y despertó apenas vestida con su ropa interior. Estuvo hospitalizada durante cuatro días.
“Las pandillas nos limitaban la circulación. Estar acá no podíamos (en la calle), a no ser que pagáramos la cuota que pedían, la mal llamada renta o colaboración. Debían de pagar 10 dólares semanales para tener autorización de trabajar en los territorios bajo su control”, dijo Elizabeth de 37 años de edad.
Luego de la muerte de 87 salvadoreños en marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele pidió al Congreso que aprobara un Régimen de Excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, para combatir a las pandillas.
El régimen de excepción se prorrogó durante 19 meses y desde entonces se detuvieron a más de 73.000 supuestos pandilleros. Liberaron a unas 7,000 personas y se mantienen con medidas sustitutivas a la detención.
Según las autoridades de seguridad, la implementación del Régimen de Excepción ha permitido reducir 56.7% el número de homicidios en 2022, frente al año previo. También reportan una baja de los delitos como las extorsiones.
“Ahora es diferente. El sistema de seguridad que ahora tenemos como que ha frenado un poquito la intención de las personas al ejercer ese odio hacia nosotras, ya una se siente uno más segura hoy”, expresó Elizabeth a Presentes.
“Exigimos Libertad para el santaneco Brayan Eliú Estrada Moreno, joven de la comunidad LGBTI que por falsa denuncia en FB está preso injustamente. Las pandillas no aceptan entre sus filas personas LGBTI pero un ser inescrupuloso lo denunció usando una red social irresponsablemente”, publicó el Socorro Jurídico Humanitario en la red social X el 13 de septiembre.
Pero no es la única denuncia. Siete organizaciones no gubernamentales recibieron 5,490 casos de víctimas de violaciones a derechos humanos durante los primeros 15 meses de vigencia del Régimen de Excepción. Entre los denunciantes se incluyen las identidades de las víctimas que corresponden a 36 mujeres trans y 37 a hombres trans.
Del total, 42 vulneraciones han sido cometidos contra bisexuales, 32 contra gais, 19 contra lesbianas y un pansexual, indica el reporte.
Estos suelen ir acompañados de acoso, coacción, hostigamiento, desplazamiento forzado interno, malos tratos, tortura y hasta la muerte de privados de libertad, de los cuales ya se registran 180 muertes de personas bajo custodia del Estado, sin que haya investigaciones de parte de la Fiscalía General.
“La población LGBTI ha estado expuesta a diferentes niveles de violencia y discriminación. El régimen de excepción también ha agravado su situación de vulnerabilidad. Quedan en completo desamparo ante la ausencia de marcos normativos y mecanismos que les protejan”, expresan las organizaciones en un comunicado.
Dos trabajadoras sexuales trans relataron a Presentes que estuvieron tres meses en prisión. Un cliente las acusó de robo.
Aunque su caso no tenía relación con el estado de emergencia para combatir a las pandillas, la supuesta víctima de robo no presentó cargos en contra las mujeres trans en los tribunales. Ellas fueron liberadas, pero permanecieron tres meses en prisión, donde les cortaron el cabello y recibieron maltrato.
Las mujeres trans aseguran que de la misma manera algunas de sus compañeras han sido detenidas en el marco del Régimen de Excepción, aunque no son pandilleras, han sido acusadas falsamente. Para junio, la Federación Salvadoreña LGBTI aseguraba que unas 80 personas de la población permanecían detenidas.
“El régimen está bien pero no la forma en cómo lo están aplicando. Para llevarse a todos estos (pandilleros) han tenido que sacrificar a muchas personas inocentes”, expresó Elizabeth.
Según los críticos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), una entidad estatal creada para fungir como una institución independiente y velar por los derechos de los ciudadanos, ha guardado silencio ante los cientos de casos de vulneraciones.
“Se informa que la PDDH se encuentra recopilando y sistematizando toda la información relacionada con el Régimen de Excepción, la cual se hará de conocimiento público posteriormente. Por lo que, no se pude brindar la información requerida”, respondió la institución a Presentes luego de una solicitud de información sobre denuncias contra la población LGBTI.
“En cuanto al tema de pandillas, lo que nos han comentado es que sí se siente una percepción diferente de seguridad, no se sufre el mismo nivel de acoso y violencia que se tenía antes. Pero que ese miedo que se tenía antes se ha trasladado ciertamente hasta cierto grupo, policías y militares”, dijo a Presentes, Gonzalo Montano, especialista en formación del Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica de Amate.
En julio de 2020, tres policías fueron condenados a 20 años de prisión por el asesinato de la mujer trans Camila Diaz Córdova, una sentencia inédita en el país.
Esta nota fue publicada originalmente en Presentes el 17 de octubre de 2023.
Actualidad
Actualidad
Actualidad