Organizaciones denuncian violaciones de derechos en el régimen de excepción

Vilma Laínez | 07/04/2022

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Varias organizaciones nacionales e internacionales denunciaron abusos en el marco del régimen de excepción aprobado recientemente en El Salvador. Se pronunciaron también ante la criminalización estatal que enfrentan por su trabajo en defensa de la población más vulnerada de este país.


Organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron este martes en contra de los abusos por parte de las autoridades, en el marco del recientemente aprobado régimen de excepción en El Salvador. El Servicio Social Pasionista, Asociación Azul Originario y Cristosal registran más de 26 víctimas de abuso policial solo en la primera semana de implementadas las medidas del régimen de excepción, en seis departamentos del país. De ese total, 16 han sido por detenciones arbitrarias, seis son intimidaciones y tres más, lesiones. Asimismo, han documentado ocho vulneraciones de personas privadas de libertad en las cárceles, entre otros abusos. 

Las entidades pidieron al Gobierno implementar medidas integrales de seguridad, que no violen los derechos humanos de la población. Al pronunciamiento se unieron organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), entre otros. 

Johanna Ramírez, del Servicio Social Pasionista, aseguró que, en materia de seguridad, han sido las organizaciones las que han asumido el trabajo que le corresponde al Estado. «Lo que buscamos es que las víctimas accedan a la justicia… Asesoramos y acompañamos a familiares de víctimas de la violencia, independientemente de quien sea la víctima, incluso, hemos acompañado a agentes policiales, militares, funcionarios de Gobierno; que también han sido afectados por la violencia», dijo Ramírez. 

Astrid Valencia, de Amnistía Internacional, expresó su preocupación ante el discurso presidencial confrontativo que estigmatiza, ataca y pone en riesgo a las personas defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y medios de comunicación independientes. «Para nosotros, las violaciones a derechos humanos no pueden ser la solución a la violencia, porque solo profundiza la grave situación, generando un contexto de abusos y un contexto de arbitrariedades», señaló Valencia.   

Para Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch, las medidas adoptadas por el Gobierno, en vez de proteger a la población, la están poniendo en riesgo. «Hablo del amplio régimen de excepción, que abre las puertas para que se comentan graves violaciones de derechos humanos, incluyendo contra niños que con tan solo 12 años pueden terminar en una cárcel espantosa, de las cuales, el Gobierno se jacta como algo para celebrar», dijo. 

Asimismo, se refirió a los ataques que el Gobierno lanza contra las organizaciones y contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Deslegitimar el trabajo que se hace es una estrategia para atacar al mensajero y no abordar los problemas que se están planteando sobre la mesa”, indicó. 

Human Rights Watch exhortó a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y de gobiernos de la región, a pronunciarse en contra de esta situación que está viviendo El Salvador antes de que sea demasiado tarde. 

Tanto las organizaciones sociales de El Salvador como de otros países, aseguraron que seguirán con su labor de denuncia y documentando las violaciones a derechos humanos, a pesar de los ataques de los que por hoy son víctimas por parte de este gobierno y diputados a fines. 

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