Por Angélica Ramírez y Mónica Campos
La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, con dispensa de trámite y sin discusión previa, ocho iniciativas que se sumarán al regimen de excepción aprobado en la madrugada del pasado domingo, como respuesta al aumento de homicidios registrado el pasado fin de semana.
En total el Ejecutivo mandó a reformar siete leyes: el Código Penal, la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, el Código Procesal Penal la Ley de Presupuesto 2022, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Penal Juvenil y la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión. Asimismo, aprobó la creación de un nuevo marco legal: la Ley de Recompensas para Combate a la Impunidad de Actos de Terrorismo.
Esta última ley implica la creación de un fondo económico administrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que dará recompensas a la personas que den información que culmine en la capturas de pandilleros.
Según el documento oficial de la ley «el Fondo deberá contar con toda la colaboración necesaria de las instituciones públicas a quienes se les solicite apoyo, principalmente con los recursos necesarios para promover, desarrollar y ejecutar las recompensas» y estipula que será el Ministerio de Hacienda la institución que encargada de «consignar conforme al procedimiento respectivo los rubros presupuestarios necesarios para la ejecución del fondo».
Durante la plenaria extraordinaria también se aprobó la modificación a la ley del presupuesto de la nación para destinar $80 millones al ramo de justicia y seguridad pública y al ramo de Defensa. De estos $20 millones serán destinados al ejército y $60 millones a la Policía Nacional Civil para compra de equipo y armamento.
Reformas punitivas
El pliego de reformas fueron entregadas por el gabinete de seguridad del Gobierno de Bukele. Aumentan penas de prisión para diferentes delitos cometidos por miembros de pandillas y dicta que los cabecillas podrían enfrentar hasta 45 años de cárcel por el solo hecho de pertenecer a las estructuras. También se aprobaron penas de prisión de hasta 10 años a menores de 12 años cumplidos que cometan ilícitos.
«No hay que confundir la inclusión o la expansión de una conducta como delictiva y la sanción a esta, es decir el incremento en la punibilidad como combate efectivo al delito» apuntó, Marcela Galeas, abogada penalista y agregó que el aumentar las penas de cárcel no implica la reducción directa a la criminalidad.
La experta también comentó que estas reformas necesitaban estudio y análisis profundo y explicó que, pese a que estas reformas se han dado en el marco del régimen de excepción pero permanecerán como marco legal «normalizando el regimen de excepción», dijo.
Galeas afirmó que no se debía disculpar la actividad delictiva de menores de edad ni permitirse la instrumentalización para cometer ilícitos, destacó que el elevar las penas de la participación de niños y adolescentes debe ser analizada y discutida, tomando en cuenta estudios criminológicos que tomen en cuenta la normativa especializada que tutela los derechos de la niñez y adolescencia.
«Acordemonos que al mismo momento que estas personas estén infringiendo las normas, también existe una esfera de protección (la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia) que debe tener el estado frente a la niñez a quien esta sea infractora», dijo.
Defensores de derechos humanos, como Celia Medrano, denunciaron que las medidas se enmarcan dentro del «manodurismo» que ya han aplicado gobiernos anteriores y que, en lugar de reducir la criminalidad, han propiciado abusos, sobre todo en comunidades en situación de pobreza.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó a los pronunciamientos contra las medidas anunciadas, como el estado de emergencia máxima decretado en cárceles. «CIDH expresa preocupación por solicitud del presidente de decretar emergencia máxima en #cárceles, el #27marzo», publicó la entidad en Twitter. «Las medidas implementadas en las cárceles constituyen políticas de carácter represivo que pueden resultar en serias violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad», agregó.
Jueces sin rostro
Asimismo, se aprobaron reformas al código procesal penal. Entre ellas nuevas medidas de protección para jueces y magistrados. Los datos de identificación de jueces, magistrados o secretarios de actuación no estarán en los actos administrativos y en la práctica de audiencias presenciales o virtuales se instalarán mecanismos que imposibiliten la identificación virtual.
En ese sentido, Galeas explicó que en un proceso judicial deben estar identificadas todas las partes que intervienen por seguridad jurídica y para respetar el principio de publicidad y oralidad del proceso penal.
«El que una de las partes no conozca quién va a ser el juez que va a decidir sobre la causa, si tiene la acreditación debida, deja mucho que desear en términos de imparcialidad y de independencia judicial», dijo y apuntó que sí bien es importante que se garantice la protección de este personal eso podía lograrse estableciendo otras medidas de seguridad que no comprometan los parámetros de seguridad jurídica y del debido proceso.
Jeannette Aguilar, experta en seguridad, apuntó que esta era una de las reformas más peligrosas que podían ampliar el margen de abuso y arbitrariedad en el proceso penal y agregó que «en conjunto, situadas en el contexto de otras reformas al debido proceso, como la suspensión de medidas alternas o sustitutivas a la detención, la violancion del principio de inocencia, la aplicación desproporcionada del rango de penas para ciertas figuras delictivas (…) vistas en conjunto sí son reformas regresivas en términos a la violacion al debido proceso y garantías judiciales».
Asimismo, señaló que estas reformas son la antesala para que se cometan arbitrariedades ya que «se puede aplicar con un amplio margen de discrecionalidad a cualquier persona».
Las reformas se suman al regimen de excepción aprobado el domingo, que limita las garantías constitucionales de la libertad de asociación, manifestación y derecho a defensa. Esto como respuesta a las 62 asesinatos que ocurrieron durante el sábado. Desde el inicio de las medidas, hasta la tarde del miércoles se reportaron aproximadamente 3,000 detenciones.
