Edición: Suchit Chávez y Jimena Aguilar
Visualizaciones: Marcela Benítez
La Asamblea Legislativa ha otorgado $44.4 millones a asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, entre los años 2011 y 2020, procedentes del Presupuesto General de la Nación, según detallan datos publicados en el sitio web oficial del Ministerio de Hacienda. Los fondos fueron otorgados a unas 183 entidades en 342 asignaciones, que trabajan en diversos rubros, tales como religiosos, ambientales, sociales y educativos.
Los números del Ministerio de Hacienda pintan una imagen muy distinta a la que el presidente, un informe del mismo ministerio y la bancada legislativa de Nuevas Ideas han establecido en sus comunicaciones. Los números, al menos los públicos, muestran que se han entregado $228.6 millones menos de lo que estos aseguran. Además, los datos muestran que las cinco organizaciones que más han recibido dinero son organizaciones educativas independientes, con una larga trayectoria de trabajo y rendición de cuentas, no instituciones “fachadas”, como los diputados de Nuevas Ideas han llamado de forma generalizada a oenegés este tiempo.
Sin embargo, sí hay organizaciones cuyos fines, prácticas de rendición de cuentas e independencia partidaria son cuestionables, como el de una fundación que solo emitió un informe de 6 páginas para justificar $450,000 en gastos y que fue constituida por miembros y fundadores del partido GANA, entre ellos el asesor de Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa por el mismo partido.
Desde el pasado 18 de mayo, la Asamblea Legislativa —dominada por la bancada de Nuevas Ideas— aprobó la creación de una Comisión Especial destinada a investigar los fondos recibidos por asociaciones, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro que recibieron fondos en pasadas legislaturas mediante transferencias aprobadas dentro del Presupuesto General de la Nación de cada año.
El tema había resonado, desde días antes, en las redes oficiales del presidente Nayib Bukele, por ejemplo, cuando el 2 de mayo pasado comentó un tuit sobre Venezuela:
Tanto Rivas como el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, han sostenido que los fondos han servido para favorecer a entidades “con vínculos partidarios”.
En contraste, el Ministerio de Hacienda (MH), la institución encargada de rastrear las asignaciones del Presupuesto General de la Nación, únicamente tiene a unas 183 entidades registradas entre los años 2011 a 2020, como datos públicos en su sitio web oficial y en respuestas a solicitudes de información pública. Los datos de este ministerio además señalan que estas han recibido un total de $44.4 millones en dichos años. Es decir, seis veces menos fondos de lo que el ejecutivo asegura se les ha dado del presupuesto.
El MH, en su apartado “Montos a destinatarios privados”, únicamente consigna información sobre los fondos otorgados entre 2015 y 2021 en tablas visibles en el sitio web. Sin embargo, dentro del sitio también están disponibles los proyectos de presupuestos votados en donde constan decenas de asociaciones y entidades más a las que también se les asignaron fondos.
Desde la gestión gubernamental de Bukele empezaron a incluirse en este sector de “privados” instituciones que no caen bajo esa figura, como el Sindicato de los Trabajadores del Ministerio de Hacienda (SITRAMHA) e incluso administradoras de pensiones.
Alharaca se dio a la tarea de analizar los datos consignados en el portal web, así como los contenidos en resoluciones de transparencia de carácter público del mismo MH sobre el dinero otorgado a oenegés; y dentro de los presupuestos, que no están publicados de manera accesible. Es decir, el MH no tiene publicados todos los datos de transferencia de fondos a organizaciones que han sido aprobados en la Asamblea Legislativa de manera accesible.
De acuerdo con los datos del MH, entre 2011 y 2020, de las 183 organizaciones que recibieron transferencias de fondos, la que más recibió fue la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con $2.8 millones. De hecho, en el top 5 de las entidades que más dinero han recibido están instituciones educativas con una larga trayectoria de proyectos sociales y educativos y con prácticas de rendición de cuentas reconocidas.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), presentó en 2017 un estudio sobre transferencias de fondos públicos a organizaciones de la sociedad civil en el período 2002-2017, con base en los presupuestos aprobados.
En ese estudio destaca que, durante estos años, la Asamblea Legislativa entregó alrededor de $294.6 millones en transferencias, incluidas a organizaciones privadas, entre ellas, universidades. Según FUNDE, en la mayoría de casos —y en los de las universidades e instituciones educativas particularmente—, los fondos que se han otorgado han sido en concepto de subsidios o donaciones. Las otras dos organizaciones que puntean con más dinero asignado es la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP), con $2.1 millones; y la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), con $1.7 millones. Sin embargo, dentro de los mismos presupuestos votados consta que la mayor parte de estos fondos llevaban nombre y apellido: estaban destinados a financiar proyectos comunales de construcción de caminos rurales, canchas, remozamiento de escuelas, entre otros.
La fundación con un informe de 6 páginas sobre la ejecución de $450,000
Fuera de las entidades educativas y las oenegés locales, la siguiente entidad privada que más dinero recibió fue la Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas. Dentro de los presupuestos votados, no obstante, se reconoce como dos fundaciones diferentes a esta y la llamada «Fundación Una Mano Amiga». De acuerdo con sus estatutos y su reporte de rendición de ejecución de fondos, entregado al MH, se trata de la misma. Las asignaciones que recibió en diferentes años la dejaron con $1.7 millones.
«Fundación una Mano Amiga», fue constituida por miembros y fundadores del partido GANA. Uno de ellos fue Mario Itamar Escobar Escobar, asesor del diputado Guillermo Gallegos —y actual tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Órgano Legislativo—-.
Esta fundación ya había sido mencionada en una publicación de La Prensa Gráfica, en 2017, también relacionada a fondos recibidos por oenegés que tenían vínculos con políticos. La publicación señala que, de 40 entidades analizadas, 32 resultaron con vínculos políticos directos o indirectos.
Los vínculos de Escobar Escobar con Gallegos y Gana van más allá de ser asesor del diputado.
El nombre de Escobar Escobar, empleado legislativo, se conoció por primera vez públicamente cuando una investigación del periódico El Faro reveló que otra oenegé , APDEMES —fundada por la esposa de Gallegos, Julia Romero de Gallegos—, recibió más de medio millón de dólares dentro de las asignaciones presupuestarias. Escobar Escobar fue también miembro fundador de esa oenegé.
Además, Mario Escobar Escobar también fue candidato a diputado propietario del partido Gana en las pasadas elecciones legislativas por San Salvador.
María Ruano Guerra fue otra fundadora de la Fundación una Mano Amiga. Ella también forma parte de otra oenegé que recibió fondos por $158,000 en diversos años, según los datos públicos del MH. La Asociación de Desarrollo de Madres Solteras y Viudas de El Salvador (ASDEMASYV). Una auditoría de la Corte de Cuentas de la República, que estudió el uso de $143,000 asignados y ejecutados durante el año 2015, no encontró reparos sobre esta institución.
En el reporte, ASDEMASYV aseguraron haber gastado $30,000 en “entrega de fondos, uniformes y trofeos a jóvenes en riesgo de inserción en grupos delictivos”. Su contraparte en la ejecución fue el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).
Los únicos dos informes de ejecución que están disponibles en el sitio del MH sobre la Fundación una Mano Amiga no tienen ningún detalle sobre cómo se ocupó el dinero, con fechas, o cronograma de actividades desarrolladas. En uno de ellos, que solo utilizó 6 páginas para rendir cuentas del uso de $450,000, la institución asegura únicamente en una oración y media que benefició a 17 mil niños. Pero no menciona en qué municipio o departamento del país, ni qué acciones hicieron, o cuáles específicamente fueron los beneficios. Las seis páginas incluyen una para portada y otra para índice.
Alharaca llamó al número (2124-7009) que aparece en la página web de esta fundación y en su cuenta de Facebook para conocer en detalle sobre inversión de los fondos públicos que recibió, pero la persona que contestó dijo que el presidente de esta fundación se encontraba fuera del país y se comunicaría con nosotras. Sin embargo, al cierre de esta nota, no se había comunicado con Alharaca.
Entre las últimas publicaciones en su página de Facebook, del 29 de enero de 2020, Fundación Una Mano Amiga detalla que entregó un donativo al Ministerio de Desarrollo local directamente a su titular, María Chichilco. En el resto de sus publicaciones, la entidad deja claro que han sido apoyados por la organización Cross International, que es de carácter católico y de caridad.
Otros documentos también evidencian que reciben donativos de suministros médicos, siempre procedentes de organizaciones católicas de caridad.
No todas las organizaciones que reciben dinero del Estado tienen informes y documentos tan delgados como los de Una Mano Amiga. Algunas sí tienen un largo historial de funcionamiento y publican de forma constante información sobre los proyectos que ejecutan.
Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), por ejemplo, tiene varios años de existir y publica información sobre su trabajo en comunidades rurales en su sitio web. Ahí se pueden encontrar las memorias de labores de todos los años. En el de 2017, por ejemplo, informan que recibieron dinero de organismos internacionales y nacionales como el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Oviedo y el BMZ, Casa Presidencial, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre otros.
La fundación de la cual 3 de sus 5 fundadores tienen vínculos políticos
Otra oenegé que ha recibido cuantiosos fondos del Presupuesto General de la Nación, según los datos públicos del MH, es la Asociación de Seguridad Ciudadana de Mejicanos (ASCM). Ocupa el puesto 8, de acuerdo al análisis que realizó Alharaca. La organización recibió $1.1 millones en los años 2011, 2013, 2014 y 2015, con desembolsos de $215,000, $450,000, $325,000 y $195,000, respectivamente.
De acuerdo con el Diario Oficial del 26 de julio de 2006, la asociación fue fundada por César Amílcar González Arcia, quien fungió como su presidente al inicio; Jubelina Villacorta de Álvarez, Pablo Mardomeo Valle Flores, Julio Alberto Pineda Mejía y Elena Esperanza Montoya Barrera.
De estas personas, dos tienen vínculos partidarios y una con la Asamblea Legislativa.
Información pública del Tribunal Supremo Electoral (TSE) revela que González Arcia ha sido candidato dos veces en elecciones municipales de Mejicanos: en 2009, a regidor propietario bajo la bandera del partido ARENA. Y en 2015, cuando fue candidato a síndico bajo la bandera de GANA.
Su compañero de Asociación, Pablo Mardomeo Valle Flores fue el candidato a alcalde de Mejicanos. Valle Flores, además, consta como uno de los donantes del partido GANA en el año 2014, con $2,500.
González Arcia, además, consta en documentos públicos como empleado de la Asamblea Legislativa, al menos hasta el año 2018. Sin embargo, en este Órgano de Estado nadie lo conoce. Se consultó a 10 personas, entre ellas, una diputada del FMLN, un sindicalista, empleados del área de comunicación, administrativos y hasta de seguridad, que llevan más de una década trabajando y aseguraron que nunca lo habían visto en la Asamblea Legislativa.
También se le preguntó al jefe de comunicaciones del partido GANA, Ernesto Landos, quien dijo que no lo conoce y no tiene idea dónde localizarlo. Solo un exempleado, quien fue despedido en abril, sostuvo que le pareció haber visto a González Arcia un par de veces en los pasillos de la Asamblea Legislativa, pero nunca supo en qué área trabajaba.
A diferencia de Fundación una Mano Amiga, la ASCM sí presentó un informe financiero explicativo de cómo gastaron los $215,000 obtenidos durante el año 2011. En el documento dan cuenta de múltiples actividades de apoyo a la municipalidad de Mejicanos, desde celebraciones comunitarias (Día de la madre, Día del padre, etc.), apoyo a la infraestructura energética del municipio, hasta charlas contra la violencia de género; con un supuesto alcance de entre 400 hasta 4000 personas por el total de eventos desarrollados.
La fundación que se terminó de fundar después de que le asignaran $400 mil dólares
Aunque en el sitio web oficial del MH aún no conste el desembolso de fondos a más oenegés para este año, el sitio de la Asamblea Legislativa sí consigna más fondos aprobados a entidades sin fines de lucro para el presente ejercicio fiscal 2021, por un total de $17.1 millones. Entre estas, una de las que más fondos tiene asignados es la Fundación Rompiendo Barreras sin Límites para la Humanidad, con $400,000, procedentes de la partida del Ministerio de Gobernación (MIGOB). El dictamen 392 de aprobación del Presupuesto General 2021, incluyendo los fondos a estas oenegés, se firmó el 23 de diciembre de 2020.
Información pública del Diario Oficial detalla que la Fundación Rompiendo Barreras sin Límites para la Humanidad fue fundada apenas un mes antes de recibir esos $400,000. Incluso, sus estatutos fueron publicados en el Diario Oficial cuatro meses después de ya le hubieran sido aprobados dichos fondos, el 28 de abril de 2021.
El presidente de la Fundación, Roberto Carlos Cáceres Posadas, consta en documentos municipales de la Alcaldía de Metapán como un comerciante de ese sector.
Al ser consultado por Alharaca, Cáceres Posadas aseguró que el dinero aún no lo han recibido, pero que las autoridades del Ministerio de Gobernación en 2020 consideraron a bien asignarles esos recursos por el trabajo que venían realizando desde hace siete años, a pesar que no estaban legalizados.
“Nosotros hasta San Salvador buscamos al ministro (Mario Durán, ministro de Gobernación en ese momento), a todos prácticamente. Hicimos todo transparentemente, demostrando si querían venir a los lugares. Tenemos un auditor, un contador. Nosotros legalmente tenemos todo, comprobantes de donación, facturas de crédito fiscal… Hay una transparencia en todo sentido”, dijo.
Cáceres Posadas reconoció que los papeles para legalizarse los empezaron a meter en septiembre del año pasado, por recomendación de instituciones como Cruz Roja, iglesias católicas y otras organizaciones que ya han recibido fondos públicos.
“No somos una organización fantasma” reiteró varias veces.
El comerciante metapaneco aseguró que como oenegé se han puesto a disposición de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. “Yo pedí una reunión para que nos conozcan por el hecho que no tenemos nada que ocultar, simplemente nosotros mismos pedimos a la comisión reunirnos para que nos conozcan a todos… Ellos investigan, va, pero nos dicen, no, con ustedes todo está bien”, afirmó.
Sin mecanismos de control de la entrega de fondos
Eduardo Escobar, el director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, una institución enfocada en temas de transparencia y rendición de cuentas, dijo que de la entrega de fondos a las oenegés no está claro si es legal o no. No se tiene una base legal que lo posibilite, y agregó que ese es uno de los puntos que está en el debate. Rommel Rodríguez, coordinador del área de microeconomía de FUNDE tuvo un planteamiento similar: las entregas de los fondos no son ilegales per se; y no existe un mecanismo regulatorio.
Para Escobar, los diputados tienen que investigar a profundidad sobre los patrones de entrega de estos fondos públicos. “No podemos señalar a priori que hay una red de corrupción sin haber visto todos esos patrones de entrega de fondos. Creo que lo que viene o lo que se necesita es que sean investigaciones detalladas, a fondo, de quiénes, cuánto y en qué usaron el dinero de las organizaciones y a partir de ahí tratar de determinar ese tipo de patrón. Si esta organización siempre recibía fondos de esta forma y qué pasaba con los fondos, al tener esos datos ya se puede determinar si hay alguna red de corrupción que se había instalado en la Asamblea Legislativa, utilizando a las organizaciones que recibían fondos públicos”
Según Escobar, en 2016 solicitaron como Acción Ciudadana que se hiciera esa investigación, tras conocerse que la esposa del diputado Guillermo Gallegos había recibido más de medio millón de dólares a través de una oenegé.
Lo fundamental en este proceso, según Rommel Rodríguez de FUNDE, es que se conozcan cuáles fueron los criterios que usaron los funcionarios de los gobiernos anteriores para asignar los fondos, cómo seleccionaron a las oenegés beneficiadas y cómo decidieron los montos a otorgar.
“La cuestión es cómo quitar eso, eliminar ese procedimiento y entregar los fondos de manera más transparente y que incluso puedan llegar a ser concursables por parte de los ministerios, es decir, una vez se apruebe el presupuesto…se le van adjudicar a aquella (organización) que esté mejor preparada y presenta los mejores profesionales en un mejor plan”, dijo Rodríguez.
El economista añadió que considera imposible que en 11 años se hayan otorgado los $273 millones que alega la Comisión Especial, a menos que se hayan incluido los fondos destinados a contratos, o los fondos de la cooperación internacional. De lo contrario, la cifra es menor, dijo.
“Las oenegés que, en su mayoría, han hecho un buen trabajo no tienen nada que temer”
El diputado del partido GANA Romero Auerbach, explicó que la cantidad de dinero que le atribuyen a las oenegés que recibieron de parte del Estado, sale de las cifras cotejadas entre la Unidad de seguimiento al presupuesto general de la República de la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda. Afirmó que solo en 5 años las oenegés recibieron $159 millones.
Auerbach no especificó qué tipo de oenegés han recibido esos fondos. Solo se limitó a decir que “aquellas que han hecho un buen trabajo no deberían de preocuparse” por la investigación que realizan desde la Asamblea Legislativa. “Creo que van a salir hasta beneficiadas porque al no darles montos a oenegés fachadas vamos a tener la capacidad, quizás, de darle un poquito más a las oenegés que están haciendo una buena labor”, agregó el diputado quien forma parte de la Comisión Especial.
Además de Auerbach, la Comisión Comisión Especial para investigar sobre la finalidad de los fondos para ONG está integrada por Alexia Rivas (NI), Caleb Navarro (NI), Giovanni Zaldaña (NI), Lorena Fuentes (NI), Carlos Herman Bruch (NI) y Reynaldo Cardoza (PC).
Una de las organizaciones que recibió fondos públicos en 2013 y 2014, es la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos Durante el Conflicto Armado. La organización sin fines de lucro fue fundada por el fallecido sacerdote jesuita, Jon de Cortina y familiares víctimas de la guerra en 1994. Desde ese año han logrado encontrar —y a la vez reunificar con sus parientes— a más de 500 niñas y niños que fueron desaparecidxs durante el conflicto. El trabajo de Probúsqueda es reconocido tanto a nivel nacional como internacional. En 2013 recibió del Estado $30 mil dólares y en 2014, $25 mil, de acuerdo con los datos públicos del MH.
La diputada del FMLN Dina Argueta, consideró fundamental que se investigue a todas las oenegés que han recibido fondos públicos. Sin embargo, espera que el trabajo de la Comisión Especial no se centre en perseguir a organizaciones que hacen trabajo territorial en prevención de la violencia, entre otras actividades.
“Por transparencia esperamos que se haga una investigación integral, que no se lleve como objetivo unas organizaciones y a otras no, porque entonces estaríamos nosotros no buscando la transparencia en el uso de los fondos públicos. Aquí la comisión estaría buscando incriminar algunos y salvando a otros”, sostuvo la diputada.
Argueta detalló que la Asamblea Legislativa lo único que hace es asignar fondos. El encargado de distribuirlos es el Órgano Ejecutivo, es decir, el MH. Para la diputada, la asignación de este tipo de fondo “no es nada nuevo” y señaló que en algunos casos es el mismo gobierno el que ha propuesto la asignación de fondos a las oenegés, como en el caso del Padre Arrupe, Fundación Padre Vito Guarato, Instituto del Cáncer, entre otras.
Las últimas acciones que emprendió la Comisión Especial fueron las entrevistas a ex empleados legislativos, para indagar sobre cómo se decidía la entrega de fondos. El resultado de una de esas entrevistas fue la presentación de un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex jefe del Área de Asesoría Técnica de la Asamblea, Alejandro Solano, por supuesto falso testimonio, el 2 de julio recién pasado.
Alexia Rivas, presidenta de la Comisión Especial, aseguró que Solano había “mentido en reiteradas ocasiones”.
De acuerdo al análisis efectuado por Alharaca, entre 2011 y 2020 la mayor cantidad de asignaciones presupuestarias se efecturaron en 2016. Es decir: hubo más oenegés a las que se les dio fondos. Lo asignado, según los datos extraídos del presupuesto votado, fueron $8.3 millones. Sin embargo, en cuanto a dinero, es 2017 el año que acumula más dinero asignado, con $25.9 millones.
Alharaca verificó con FUNDE la veracidad de la base de datos publicada en su repositorio y que detalla las asignaciones presupuestarias a oenegés y privados entre los años 2002-2017. De acuerdo con esos datos, en 2016 hubo una asignación de $29.4 millones y nos los $8.3 millones que son rastreables a través de datos publicados en el sitio web oficial del Ministerio de Hacienda.
La base de datos de FUNDE evidencia un incremento exponencial en asignaciones a oenegés y entidades privadas entre los años 2008 y 2009; y un ritmo sostenido entre los años 2011 y 2017. Los presidentes de la Asamblea Legislativa en esos años fueron Rubén Orellana, Ciro Cruz Zepeda, Sigfrido Reyes, Lorena Peña y Guillermo Gallegos.
