El Estado está incurriendo en desapariciones forzadas por no informar en debida forma y a tiempo sobre el paradero de miles.
El Estado salvadoreño está incurriendo en desapariciones forzadas al no informar en debida forma y a tiempo sobre el paradero de miles de personas detenidas durante el régimen de excepción, advirtió el martes el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
El Comité contra la Desaparición Forzada considera que se ha dado esta práctica cuando se oculta el paradero o la suerte de una persona detenida a sus familiares, el traslado involuntario y la falta de comunicación entre la familia y la persona detenida, señala el informe.
Según Danilo Flores, coordinador general de este Observatorio, de 64 casos que registran organizaciones de defensa a los derechos humanos, en 24 los familiares de personas detenidas no tenían información de su paradero. “Esta situación es grave porque se sustrae, en este sentido, a la persona de la protección de la ley”, señaló.
Aseguró también que a los delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos no se les permite el acceso a los centros de detención para verificar las condiciones en las cárceles y documentar sobre las denuncias de tortura, malos tratos y las muertes que han ocurrido bajo custodia estatal.
Otras violaciones
Las detenciones masivas han generado una situación alarmante e inhumana en los centros penitenciarios, que antes del régimen contaba con una sobrepoblación del 119 %, ahora el hacinamiento carcelario estaría llegando al 232 %, advierte el informe
Desde el pasado 27 de marzo, cuando entró en vigor el régimen de excepción, las detenciones masivas han generado una situación “alarmante e inhumana en los centros penitenciarios”, que antes del régimen contaba con una sobrepoblación del 119 %. Ahora el hacinamiento carcelario estaría llegando al 232 %, advierte el informe
Danilo Flores indicó que el número de personas detenidas al día es de 564 y que el país pasó de un promedio mensual de detenciones de 2,667 personas a 17,504 durante el régimen. Los niños y adolescentes representan el 4% de la población detenida, pues hasta la fecha se registran 1,080 casos. “Están siendo llevados a centros de internamientos. El riesgo es que van a ser juzgados como personas adulta, con la posibilidad de imponérseles penas elevadas, de 12 años en adelante”, recordó Flores.
El OUDH agregó que hay suficientes indicios de la existencia de abusos sistemáticos de la figura de la detención en contra de la población civil no vinculadas a grupos de pandillas. La mayoría de personas detenidas son jóvenes entre los 18 y 30 años de edad que viven en zonas empobrecidas del país.
El informe destaca que en el primer mes del régimen de excepción se registraron 12 muertes vinculadas con estas detenciones, siete en enfrentamientos, cuatro por golpizas al interior de las cárceles y una persona murió por falta de medicamentos para atender su enfermedad crónica.
Piden dejar sin efecto el régimen de excepción
El OUDH pide a la Asamblea Legislativa es dejar sin efecto el régimen de excepción porque no garantiza los derechos fundamentales de las personas, vulnera los principios de necesidad, de amenaza excepcional, de proporcionalidad, de intangibilidad de ciertos derechos humanos, y porque es ilegal.
Flores enfatizó que, desde la primera vez que se aprobó el régimen, este no cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución, ya que el Gobierno contaba con todas las herramientas legales para enfrentar el aumento de homicidios, como el registrado entre los días 25 y 27 de marzo de este año. “Es una situación altamente preocupante, pero nosotros creemos que el Estado podría hacerle frente a esa situación con la Policía, la Fuerza Armada, la Fiscalía, los mecanismos legales que tiene el Código Penal. Creemos que tenía todo el instrumental para hacerle frente a la situación sin necesidad de coartar los derechos fundamentales de la población”, acotó.
El vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, dijo que esta situación le pasará graves facturas al país y al mismo Gobierno, pues el escenario de popularidad del que goza por hoy, se le podría revertir. “Esto va a estallar de alguna manera en un futuro cercano. El tejido social ya es endeble, se está fracturando más porque estas capturas no solo afectan a la persona que se llevan, sino a la familia, a las comunidades… Los efectos colaterales del estado de excepción se están visibilizando cada vez más y lo que en un momento fue causa de aumento en la popularidad del presidente, más bien, puede revertirse, si esto se prolonga…”, afirmó. Serrano llamó a la población a informarse más para que pueda defender sus propios derechos.
En el informe también se recomienda a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil a que investiguen con más profesionalismo y exhaustivamente los distintos delitos cometidos por los miembros de maras o pandillas para que pongan a los presuntos responsables a disposición de los tribunales. A la Procuraduría de Derechos Humanos se le pide que ejerza su función constitucional de vigilar, proteger los derechos de la población, y sobre todo, que investigue junto a la Fiscalía los casos de abusos de la fuerza, poder, arbitrariedades, entre otras vulneraciones a fin de deducir responsabilidades.
