Vivienda digna en El Salvador:

Las tres mujeres comparten una misma realidad: viven en zonas de riesgo, carecen de escrituras de sus viviendas y no pueden acceder a un lugar más seguro debido a sus bajos ingresos. En El Salvador, con un salario mínimo de $365, mientras la canasta básica urbana cuesta $249.25 y la rural $176.21, las posibilidades de acceder a una vivienda digna son muy limitadas.

Los tres hogares enfrentan condiciones de pobreza. En El Salvador, el 40 % de la población, alrededor de 2,5 millones de personas, vive en alta vulnerabilidad económica, ganando entre $6,85 y $14 diarios. Esto sólo les permite cubrir algunas necesidades básicas. Un imprevisto, como una enfermedad o un desastre natural, podría empujar a estas familias a una situación de pobreza extrema, según el Banco Mundial.

«No contamos con una política pública de vivienda en El Salvador. A pesar de que en administraciones anteriores sí existían, actualmente solo hay lineamientos del Ministerio de Vivienda y del Fondo Social de la Vivienda. Esto deja al derecho humano a la vivienda desprotegido y sin regulación adecuada”, explica Teresa Hernández, coordinadora de la Dirección de Cultura y Derechos Humanos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Los precios de las viviendas varían según la oferta y la demanda, generando incertidumbre para quienes perciben el salario mínimo. Con este ingreso, una persona puede acceder a un préstamo de hasta $25,000 a través del Programa Vivienda Social del Fondo Social para la Vivienda (FSV).

«El ingreso de una familia debe permitir que, al pagar por la vivienda, no se comprometan otros derechos humanos. Esto incluye que el gasto sea soportable y sostenible para las familias”, añade Teresa Hernández.

Una vivienda no sólo se compone de techo y paredes; debe cumplir con siete elementos esenciales según ONU-Hábitat: seguridad de tenencia, servicios básicos como agua potable y electricidad, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación adecuada y respeto por la adecuación cultural. De acuerdo con el Mapa Socieoeconómico: guía para los 44 municipios de El Salvador,  alrededor del 38 % de la población vive en condiciones de hacinamiento, es decir, varias personas o una familia numerosa comparten una sola habitación, lo que limita el bienestar físico y mental de cada integrante debido a la falta de espacio adecuado.

«Una política pública adecuada debe incluir regulaciones claras sobre el costo de la vivienda, accesibilidad para distintos grupos, y programas que garantizan el acceso para mujeres y familias de bajos recursos. Las mujeres enfrentan limitaciones significativas para acceder a la vivienda, en parte debido a que una gran proporción de ellas trabajan en la economía informal, lo que les impide cumplir con los requisitos de titularidad”, señala Teresa Hernández.

De acuerdo con el VII Censo de Población y VI de Vivienda, realizado y publicado en 2024, el 65.4 % de los hogares en El Salvador son propietarios de su vivienda. Sin embargo, no se especifica quiénes figuran como titulares de estas propiedades. El último boletín de Estadísticas de Género 2011-2021 de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC) revela que sólo el 45,98 % de las mujeres en el país son propietarias de viviendas.

El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en El Salvador y está incluido en el artículo 119 de la Constitución de la República. En este art.  se establece que “El Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda”.

Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de destinar recursos para garantizar el acceso a una vivienda digna para aquellos salvadoreños que aún no la poseen.