Asesor de seguridad de Bukele ganó fondos públicos y una fundación

02/02/2022

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Un consultor extranjero se radicó en El Salvador para armar el Plan Control Territorial, pagado por Casa Presidencial. Un año después, terminó por crear una oenegé dedicada a la “prevención de violencia, seguridad ciudadana, justicia y derechos humanos en América Latina”. Él confirma la fundación, pero asegura que no tiene nexos con el Gobierno.


Por Ricardo Flores y Doris Rosales


Santiago Rosas, uno de los padres del Plan Control Territorial (PCT), encontró en El Salvador terreno fértil para potenciar su carrera como consultor a través de una asesoría pagada por el Gobierno Bukele.     

Rosas arribó al país en 2019 como parte de un equipo de asesores venezolanos dirigidos por Sara Hanna, un mando medio de la oposición venezolana vinculada a Leopoldo López. Junto a Ernesto Herrera, otro consultor de origen venezolano, recaló como enlace de Casa Presidencial con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, al punto que funcionarios y fuentes de la comunidad internacional les adjudican a ellos y no al exministro Rogelio Rivas la creación del PCT.  

Según las fuentes, entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, los asesores recorrieron varios organismos internacionales y oficinas gubernamentales en búsqueda de insumos para poner en un documento lo que su jefe Bukele ya publicitaba en Twitter y en cadenas de radio y televisión, aunque el PCT realmente no estaba ni escrito. 

Un año después, Rosas creaba una fundación dedicada a consultorías en seguridad pública que fue avalada por el Ministerio de Gobernación. 

Por la elaboración de una política de seguridad que el Gobierno ni siquiera ejecutó, Rosas recibió $90,000 de fondos públicos en concepto de salario. Una fuente de la Presidencia de la República que conoció de los pagos, y que habla con la condición de anonimato, asegura que el asesor recibió un primer desembolso por $7,500 a finales de octubre de 2019, cuando Bukele ya presionaba a la Asamblea Legislativa por la aprobación de un crédito de $91 millones para «financiar la segunda fase del Plan Control Territorial».  

De nacionalidad española, pero con estudios superiores en Venezuela, Rosas recibió un segundo pago por otros $7,500 en noviembre de 2019. El tercer salario para el último mes de ese año fue el doble: $15,000. Por tres meses de trabajo, el asesor recibió un total de $30,000. Pero esos fondos no serían los únicos.  

Entre enero y febrero de 2020, el reporte interno proveído por la fuente no consigna pagos para Rosas; pero en marzo de ese año reseña un desembolso de $15,000. En los siguientes seis meses, recibió $7,500 cada treinta días según ese reporte, para un total de $90,000 entre octubre de 2019 y septiembre de 2020.  

Consultado sobre su contrato, Rosas dijo que no opinaría al respecto.  

A juicio de expertos en seguridad pública a quienes se les presentó el PCT, el trabajo de Rosas y de Herrera en realidad es un documento que junta elementos de planes de gobiernos anteriores bajo un nuevo nombre: «Plan Control Territorial». De los dos asesores, Rosas ya no logró presentarlo en sociedad, pues dejó su cargo en Casa Presidencial al cierre de 2020. Esa tarea la realizó Herrera, un economista venezolano que se promociona a sí mismo en redes sociales como consultor en políticas públicas, con una maestría en ciencias del crimen.  

El 28 de enero de 2021, Herrera presentó alrededor de 20 diapositivas que contenían algunos componentes del PCT a organizaciones no gubernamentales y a algunos jefes policiales y fiscales en una video llamada convocada por el Ministerio de Seguridad. Se trató, según los asistentes, de una reunión en la que se presentó la estrategia de seguridad pero que dejó más dudas que certezas. 

Por ejemplo, mientras el PCT de los asesores plantea fuertes componentes de prevención y acercamientos del Estado hacia los territorios dominados por las pandillas a través de ‘interlocutores’, los tuits presidenciales han construido, en dos años y medio de gestión, una narrativa más represiva, hasta el punto de plantear que «habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero».  


De padre del PCT a fundador de Lab-Co  


A las 3 de la tarde del 16 de noviembre de 2020, apenas dos meses antes de que el PCT fuera presentado a un grupo de oenegés, Santiago Hernán Rosas Lorenzo se puso al frente de la Fundación Laboratorio de Soluciones Colaborativas de Políticas Públicas, que se puede abreviar como Lab-Co, la cual busca asesorar en políticas públicas sobre prevención de violencia en América Latina. 

La constitución de la fundación fue sellada por el notario José Jacobo Jiménez Quintanilla, que avaló el cargo de presidente de Rosas en dicha entidad. 

Rosas le confirmó a LA PRENSA GRÁFICA y Alharaca la creación de la fundación, sin embargo, sostuvo que Lab-Co «no ha tenido operaciones ni actividad alguna con el Gobierno de El Salvador. Por tanto, no existe ninguna relación entre esta fundación con el Plan Control Territorial o el Gobierno de El Salvador. De hecho, la creación de Lab-Co fue posterior al cese de mis servicios profesionales con el Gobierno de El Salvador». 


«La creación de Lab-Co fue posterior al cese de mis servicios profesionales con el Gobierno de El Salvador».

Santiago Rosas, exasesor de seguridad de Bukele

Lab-Co, la fundación que Rosas abrió en San Salvador, es en realidad una filial de una fundación mexicana que lleva el mismo nombre. Su inscripción en el país se dio sin mayores contratiempos. Tras algunas modificaciones de forma en su constitución, Gobernación inscribió a Lab-Co el 19 de mayo de 2021 en el listado de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro bajo la referencia número F03057. El ministro Juan Carlos Bidegain Hananía emitió el decreto número 16 que fue publicado en el Diario Oficial del 29 de junio de 2021. 

De acuerdo con el documento de constitución, Santiago Rosas actuó en calidad de «apoderado especial» de Thomas Julien Favennec, un ciudadano francés radicado en México que ha prestado sus servicios como consultor para temas de seguridad en Yucatán y Michoacán, siempre bajo el nombre de la fundación Lab-Co. 

Favennec, de acuerdo con la escritura de constitución, es el tesorero de Lab-Co El Salvador, cuyo capital inicial fue de $500. Con la apertura en San Salvador, Lab-Co ya cuenta con dos «sucursales» en Latinoamérica, sin embargo, en el testimonio de constitución quedó determinado que podrá establecer oficinas o representaciones «en cualquier lugar dentro o fuera del territorio salvadoreño». 

La secretaria de la fundación es Eugenia Mercedes de Lourdes Vega Rodríguez Azpurua, quien también le prestó servicios a la Presidencia de la República como parte del grupo de consultores venezolanos. Ella, de acuerdo con un funcionario cercano a CAPRES, estaba designada al área de marketing y turismo. 

La fundación se vende en su sitio de internet como un «laboratorio de innovación y soluciones en materia de prevención de violencia, seguridad ciudadana, justicia y derechos humanos en América Latina». 



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