08/06/2023
El matrimonio entre las iglesias y el Gobierno de Bukele tuvo un impacto devastador para las mujeres y la población LGBTIQA+, quienes han visto mermados sus derechos mientras los grupos políticos se han beneficiado de esta cuota de poder y votos. Algunas iglesias no solo ganan en su agenda, también las favorece el erario público.
Los diputados de la actual Asamblea Legislativa, de mayoría afín al Gobierno de Nayib Bukele, votaron a finales de 2022 para otorgar más de $600 mil a organizaciones religiosas, entre otras de diversa índole, dos años después de asegurar que dichas transferencias quedarían eliminadas y favoreciendo, en algunos casos, con más fondos a estas que a entidades educativas sin fines de lucro.
La movida legislativa es una pequeña muestra de cómo el Gobierno de Bukele, y los políticos de su partido, se han decantado por favorecer discursos y proyectos vinculados a entidades cristianas de las facciones más conservadoras.
La alianza de Bukele con algunas iglesias evangélicas iniciada en 2019 se consolidó al inicio del período de los 56 diputados de su partido, Nuevas Ideas, y ha sido verificable en los continuos retrocesos en la agenda de derechos humanos, particularmente en temas de género y diversidad. En contraste, algunas entidades religiosas han recibido un trato preferencial en el Legislativo, en la ejecución de megaproyectos que se construyen sin permisos y en la exoneración de impuestos.
Para el Presupuesto General de la Nación de 2023, la Asamblea Legislativa asignó fondos a 23 organizaciones sin fines de lucro, pese a que en el decreto de ley que aprobó el Presupuesto se establece que están prohibidas las asignaciones a organizaciones «cuyas actividades no estén relacionadas con los fines del Estado». En 2021 aseguraron que la entrega de fondos públicos se hizo de forma indiscriminada a organizaciones desconocidas o con vinculación con partidos políticos.
Ricardo Castaneda, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), explica que el Presupuesto General de 2023 sufrió considerables cambios en el área social, particularmente en perjuicio de áreas como género y diversidad. Pero también reseñó un cambio importante: la asignación de fondos a organizaciones no gubernamentales o fundaciones, muchas de ellas de carácter religioso, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la que se le asignó 250 mil dólares para 2023.
«Lo que tú esperarías es que, si se están incorporando oenegés en el dictamen, vaya la justificación de por qué decidieron, porque ojo, el Ejecutivo no lo había solicitado, fue algo de la Asamblea Legislativa, fue algo de los diputados», dijo Castaneda.
La asignación contrasta con el discurso y las decisiones de los diputados y diputadas de Nuevas Ideas, quienes en mayo de 2021 conformaron una comisión especial para investigar el destino de los fondos asignados a organizaciones, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, a las cuales llamaron «oenegés fachadas». Interpelaron a ex diputados para que explicaran el mecanismo de entrega y exageraron en la cantidad de dinero otorgado. Los resultados de dicha comisión, sin embargo, no se conocen.
Alharaca realizó una revisión de las asignaciones para asociaciones y fundaciones sin fines de lucro en el presupuesto vigente y comprobó que la transferencia de fondos para algunas de carácter religioso sobrepasa los $600 mil, más de la tercera parte del total aprobado.
Para el presupuesto de 2023, los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto aprobaron el dictamen 199, que otorga más de un millón y medio de dólares para organizaciones.
Luego de que el dictamen fuera aprobado como favorable, la iniciativa del presupuesto pasó a votación del pleno. En el decreto votado se plantea que los diputados consultaron al Ministerio de Hacienda sobre la modificación del presupuesto para entregar los «subsidios» a las organizaciones y que esa cartera de Estado no puso objeción a las transferencias de fondos públicos. Sin embargo, esas asignaciones no son públicas y no están consignadas en la Ley del Presupuesto General disponible en el portal web oficial de la Asamblea. Los fondos están brevemente reseñados en el presupuesto de cada cartera de Estado.
El decreto 628, votado y aprobado en diciembre de 2022 y que incluye el Presupuesto General 2023, explica en su artículo 11 que están prohibidas las asignaciones a organizaciones «cuyas actividades no estén relacionadas con los fines del Estado».
Las asignaciones en las unidades presupuestarias de los ministerios de Educación, Gobernación, Agricultura, Vivienda y Salud que tuvieron cambios en sus presupuestos aparecen como «Apoyo a instituciones adscritas y otras entidades». Y cada uno toma como referencia el dictamen 199 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. El Economista de la Fundación para el Desarrollo de El Salvador (FUNDE), Romel Rodríguez, detalló que los dictámenes solo son recomendables. «Al final, lo que manda es lo que se aprueba en el pleno legislativo con todos los diputados», agregó.
Estas son las oenegés a las que se les asignó fondos a petición de los diputados.
Y aunque algunas instituciones particulares, como la Cruz Verde, brindan apoyo a entidades oficiales en sus actividades formales, estas recibieron entre 200 y hasta 300 mil menos que otras organizaciones que son de carácter religioso, tal y como puede comprobarse en la gráfica.
Otras organizaciones, como la Asociación Redettes, que según un reportaje de Diario El Mundo es presidida por un excandidato del partido Nuevas Ideas, ha recibido fondos públicos durante al menos dos años seguidos. Esta práctica que fue duramente criticada en el pasado por los diputados de ese partido, quienes acusaron a la ahora oposición de realizarla, hasta llegar a la creación de una comisión especial. Dentro del dictamen 199, la Asociación Redettes tiene una asignación de $80 mil.
Como en el pasado, la actual Asamblea Legislativa también incentiva a organizaciones sociales y religiosas con la exoneración de impuestos de donaciones procedentes de otros países, por ejemplo, desde los Estados Unidos.
En la plenaria del 1 de marzo de 2023 los diputados votaron por exonerar a la Iglesia Kemuel «Levantados por Dios» para la introducción de 44 mil libras de alimentos donados por salvadoreños radicados en Estados Unidos, a solicitud de los diputados de Nuevas Ideas Walter Alemán y Christian Guevara.
Alemán aseguró que él se congrega en esa iglesia, como puede comprobarse en el video de la plenaria de ese día, aproximadamente en el minuto 34. «(Me gustaría) agradecer a todos esos compatriotas que cada vez se suman. Y eso es lo que estamos cada vez viendo el trabajo articulado tanto del Gobierno del presidente Bukele, esta Asamblea Legislativa, las diferentes comunidades, la iglesia, tanto la católica como la cristiana». Es decir: el diputado Alemán usó su iniciativa de ley para beneficiar con un perdón fiscal a la iglesia donde él dijo que se congrega.
El fin de semana previo a esa plenaria, el diputado Alemán acompañó a una comitiva de legisladores de Nuevas Ideas, encabezada por el presidente de este Órgano de Estado, Ernesto Castro, quienes viajaron a Estados Unidos para reunirse con salvadoreños residentes en dicho país. Según los diputados, fue durante esta visita que lograron gestionar donativos, tales como el ya mencionado, y de insumos de uso familiar, como pañales desechables y biberones, otorgados por la diáspora radicada en Maryland, Estados Unidos, para atención de emergencia en albergues del Ministerio de Gobernación.
Estas prácticas no son nuevas. Legislaturas y gobiernos anteriores también las ejercieron. El pastor Mario Vega, cabeza de la Iglesia Elim y crítico del actual gobierno, recuerda que en la época del presidente Elías Antonio Saca, del partido ARENA –ahora preso por delitos de corrupción y lavado de dinero–, los religiosos que no se sometían a la voluntad del funcionario eran aislados de beneficios del Estado, como la exención de impuestos para donaciones que les llegaban del extranjero.
Según el economista José Luis Magaña, coordinador de investigación e incidencia de la Plataforma para la Generación y Divulgación de Ciencias Económicas desde una perspectiva crítica, y que funciona bajo el nombre de Panorama Económico, las exoneraciones de impuestos a iglesias u oenegés son parte de los incentivos fiscales que da el país, tal como lo hace con empresas como maquilas, inversores, cooperativas, entre otros rubros. Para Magaña, todos estos incentivos deberían rediseñarse, ya que no necesariamente redundan en desarrollo para el país, incremento de las exportaciones, de las inversiones o del turismo.
«Así como están planteados actualmente, ni siquiera son incentivos fiscales, son privilegios fiscales los que se han otorgado, porque son elementos que se dan en muchas ocasiones a empresas que no lo necesitan, sin condiciones básicamente. Las condiciones son, simplemente, cuánto vas a invertir. Internamente ¿cómo va a competir una empresa local con una empresa multinacional, que además tiene un marco central de incentivo que la empresa nacional no tiene?», valoró Magaña.
Las últimas estimaciones existentes sobre cuánto el Estado ha perdonado en gastos tributarios, como se conocen a los incentivos fiscales, son de 2017. Según éstos, el Estado dejó de percibir para ese año unos $900 millones, lo que incluye los incentivos otorgados a maquilas, y otras empresas. Eso implica casi la quinta parte del Presupuesto General de la Nación para ese mismo año, que fue de $4 mil 957 millones.
Al referirse a las iglesias, el economista Magaña sostuvo que, por ser entes registrados bajo la calificación de «sin fines de lucro», las donaciones u ofrendas que reciben son declaradas libres del impuesto sobre la renta. Esto, incluso, podría aplicar para las donaciones de terrenos donde las iglesias construyen sus templos. «Así como están constituidas legalmente las iglesias, al ser asociaciones sin fines de lucro, les deja un gran campo de libre albedrío para ver si son responsables o no del pago de impuestos. Así como una iglesia pueda pagar y reportar todo utilizando el marco legal actual, otra iglesia puede usar el marco legal actual para evadir varios impuestos», afirmó.
De hecho, el artículo 231 de la Constitución de la República establece que «los templos y sus dependencias destinadas inmediata y directamente al servicio religioso, estarán exentos de impuestos sobre inmuebles». Iglesias como La Luz del Mundo, donde predican al menos dos diputados de Nuevas Ideas, podrían estarse beneficiando de disposiciones legales como esta para ejecutar megaproyectos.
El retroceso de derechos para las mujeres y la población LGBTIQ+ durante el actual gobierno comenzó el primer mes de su mandato, en junio de 2019, cuando Bukele eliminó la Secretaría de Inclusión Social, responsable de dar seguimiento a programas del Ejecutivo para víctimas de violencia basada en género. En esa ocasión, 120 personas fueron despedidas, según informó el Sindicato de Trabajadores de esa institución.
En su lugar, el Gobierno creó una Dirección de Diversidad Sexual bajo el paraguas del Ministerio de Cultura. El trabajo de este ministerio se enfoca en el desarrollo de las artes, la recreación, restauración de edificios religiosos y parques; celebraciones de fechas importantes, expresiones artísticas y la promoción del patrimonio cultural. En su última memoria de trabajo 2021-2022 solo destaca un evento de análisis sobre propuestas de la población LGBTIQ+ y de mujeres.
Luis Aguilar, politólogo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), valora que los partidos políticos hacen uso de la religión a conveniencia. Según él, los políticos no tienen como parte de sus agendas temas como el aborto, los derechos de la población LGBTIQ+ y de la mujer.
Aguilar sabe de lo que habla: en el marco de su trabajo, ha estudiado la relación de los grupos antiderechos con la política en la región centroamericana, mayoritariamente en Costa Rica. Para él, la postura a favor de estos temas no ha sido un factor determinante en las decisiones de la población a la hora de votar.
Los partidos políticos que han tomado como centro de su discurso las posturas conservadoras no han obtenido más del 5% de votos en elecciones presidenciales hasta 2019 en América Latina, según datos de la investigación realizada por Aguilar. De ahí que, según él, cualquier decisión que tomen los políticos ya en el poder va a depender de la coyuntura del momento.
«Estos [grupos antiderechos] reaccionan a situaciones. Por ejemplo, en Panamá en 2016 hubo una ley sobre la educación sexual, y esto generó una marcha por la familia», planteó Aguilar.
La reacción, según el experto, se da casi siempre cuando hay un avance de derechos.
Para 2009, el 50.4 % de los salvadoreños se reconocían como católicos, el 38.2 % se identificaron como cristianos evangélicos, un 8. 9% dijeron no tener religión y e l 2.5% pertenecían a otras expresiones religiosas, según la Encuesta de Opinión de la UCA sobre religión. Diez años después, una encuesta de LPG Datos, la unidad de investigación social del periódico La Prensa Gráfica, situaba en 40.3% las personas que se identificaban como evangélicas.
El sacerdote católico y director de programas de posgrado de la Universidad Don Bosco, Juan Vicente Chopin, trata de dimensionar la irrupción de la religiosidad en la vida pública: «En Estados Unidos, por ejemplo, ningún presidente puede ganar si no escucha al movimiento pentecostal, a los cristianos fundamentalistas norteamericanos. Es un sector determinante para poder ganar una votación. Aquí en El Salvador también, entre católicos y evangélicos podemos andar por el 80% de la población, aunque no sean practicantes, eso en política no interesa. Lo que interesa es la percepción que tienen estos cristianos de la política y si son mayoría, pueden determinar la votación», dijo.
Ante un país con un panorama de creencias tan polarizado a favor de la religiosidad, el pastor Mario Vega, de la iglesia Elim, resume las posibilidades así: «El que está en el poder trata de sacar provecho de eso (…) aprovechando que la mayor parte de gente es creyente de una u otra confesión».
El pastor Vega ha sido uno de los ministros evangélicos más críticos de las políticas públicas que impulsa el gobierno de Bukele. Esto le ha generado ataques del presidente y de diputados oficialistas. A Vega, por ejemplo, no lo han invitado a rezar a la Asamblea Legislativa, como sí lo han hecho con otros líderes religiosos.
«Algunos pastores lo hacen de buena intención: creen que lo que están haciendo es posicionar a la Iglesia. Se sienten honrados porque son invitados a la Asamblea Legislativa. Hay otros pastores que sí saben lo que están haciendo, que son oportunistas y andan buscando obtener algún tipo de beneficio al participar de sus actividades o mostrar cierto tipo de apoyo», agregó Vega.
La irrupción de la visión religiosa ha quedado evidenciada, incluso, en las plenarias legislativas de cada semana, que inician con la frase «Puesta nuestra fe en Dios». Esto fue posible debido a una reforma que propuso el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a la Ley de Símbolos Patrios en julio de 2021. La leyenda está ubicada en todos los salones donde se reúnen las diputadas y diputados, y es obligatoria en las demás oficinas de este Órgano de Estado.
Chopin valoró que «la religión es un poder mucho más fuerte que el político, porque la religión forma parte del fuero interno de la persona, por tanto, apelar a la religión es apelar a la conciencia de la persona». Opinó también que «el político que se apoya en la religión es un político no ilustrado».
Silvia Juárez, coordinadora del Programa hacia una vida libre de violencia para las mujeres de la Organización de Mujeres para la Paz (ORMUSA), opinó que la mayoría de las normativas que ha aprobado la presente Asamblea Legislativa se enfocan en un estereotipo de mujer, aquel que considera únicamente en su rol de madre o reproductora.
«Hay un retroceso simbólico en la humanidad de la mujer. Para el Estado salvadoreño, en sus 200 años de ser república, las primeras dos leyes que definieron a la mujer con independencia de su reproducción o de los cuidados, fueron la LEIV (Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres) y la de Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra Las Mujeres. Una década nos duró el encanto, para que ahora toda la reafirmación de la mujer está alrededor de la maternidad», dijo Juárez.
La influencia de grupos conservadores y religiosos ha sido evidente en las propuestas de leyes que se envían desde Casa Presidencial, aseguró Juárez, y las que se aprueban en la Asamblea Legislativa sin mayores debates con un marcado enfoque materno infantil exclusivamente. Juárez citó las modificaciones a varios artículos de la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia; referidos a la educación integral de la sexualidad de las niñas y niños en las escuelas que se hicieron a partir de peticiones de grupos conservadores como la Fundación Sí a la Vida.
Esta ley disolvió la norma conocida como LEPINA y al Consejo Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (CONNA). En su lugar prioriza el reconocimiento de la vida desde la concepción y deja a las madres y padres de familia el derecho a decidir sobre la educación sobre sexualidad que reciben sus hijos.
La Ley Crecer Juntos eliminó del contenido inicial los términos «género», «identidad de género», y «orientación sexual» tras la publicación de un comunicado de varios grupos religiosos de tendencia conservadora, que alegaban la promoción de «la ideología de género».
«Es una forma de abuso de poder inculcar a niños conceptos controvertidos sobre su identidad vulnerando la prioridad de los padres y madres en la educación de sus hijos», señaló el comunicado que encabezó Julia Regina de Cardenal, de la Fundación Sí a la Vida.
La diputada de Nuevas Ideas Suecy Callejas, si bien reconoció que se deben respetar las diferencias, al final acordó junto a sus colegas de bancada legislativa quitar del contenido de la ley los términos «identidad de género y orientación sexual» de los artículos 20 y 24. En este último se promovía que uno de los derechos de la niñez era recibir un trato «en condiciones de igualdad y no discriminación». «Nosotros estamos obligados a legislar para el pueblo salvadoreño, a tomar en cuenta sus preocupaciones, a poder hablar de todos los miedos… Nosotros jamás nos vamos a permitir a legalizar la discriminación», puntualizó Callejas durante el debate legislativo el 22 de junio de 2022. La legisladora aceptó también que las modificaciones se hicieron tras las opiniones que recibieron, incluso desde las redes sociales.
Para Juárez, el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva es fundamental para prevenir embarazos en niñas. En 2019, según estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), hubo 42 niñas menores de 19 años embarazadas cada día en el país.
Otras de las leyes sustituidas por la Asamblea Legislativa son la Ley Nacer con Cariño para un Parto Respetado y un Cuidado Cariñoso y Sensible para el Recién Nacido; y la Ley «Amor convertido en Alimento» para el Fomento, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, que sustituyó a la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna. Ambas iniciativas también fueron cuestionadas por organizaciones de mujeres feministas por su enfoque materno infantil.
La primera, Nacer Con Cariño, no responde a la realidad de las mujeres salvadoreñas, advirtieron varias organizaciones de mujeres en agosto de 2021, entre ellas, la Colectiva Feminista. Morena Herrera de dicha organización, sostuvo que la tercera parte de embarazos en El Salvador son de niñas y adolescentes. «Se tienen que enfrentar a los embarazos impuestos por violencia sexual en este país, las maternidades forzadas e impuestas también son un problema grave», indicó en La Prensa Gráfica en el marco de la presentación de la propuesta por el Gobierno.
La ley sostiene en su artículo 6 que uno de los derechos del recién nacido es el apego inmediato y el contacto piel a piel con su madre, algo que a juicio de Herrera resultaría una tortura para una mujer sobreviviente de violencia sexual.
La ley Amor Convertido en Alimento mantiene más de la mitad de los artículos de la disuelta Ley de Lactancia Materna. El artículo 37 de la nueva normativa establece que la madre y el patrono tienen que establecer los horarios de lactancia. El artículo fue cuestionado en septiembre de 2022 por el Movimiento Mamás Lactantes y Papás Lactivitas de El Salvador, porque consideraron que abre la puerta a que el patrono decida el horario.
El contraste de la aprobación de leyes con un fuerte enfoque materno infantil es la reducción de presupuesto para otras instituciones. El Gobierno de Bukele ha priorizado, por ejemplo, áreas como la seguridad, la Fuerza Armada y proyectos como el Bitcoin en los últimos años; y ha efectuado recortes sustanciales en los fondos destinados a salud, a la prevención de la violencia hacia las mujeres y a su desarrollo.
Un análisis presentado en abril de 2023 por el ICEFI sobre el Presupuesto General de la Nación 2023 y su comparación con el ejecutado de 2022 muestra cómo, a pesar de que las mujeres han sido impactadas con la crisis económica, las políticas públicas no las han tomado en cuenta. En 2021, según el ICEFI, el 28.4% de las mujeres se encontraba en pobreza, en contraste con el 27.1% de los hombres. El ingreso promedio de las mujeres fue de 361.78 dólares frente al de los hombres que ascendía a 397.74. Ese mismo año, el desempleo femenino aumentó en un 5.4%.
«Cuando uno desagrega los datos, a quienes les está pegando más [la crisis económica] es a las mujeres. Si lo dividimos por sexo, es a las mujeres; si lo dividimos por edad, es más a los jóvenes… ¿Qué es lo que pasa en un país en el cual desde el presupuesto público no se da respuesta a estos programas sociales? Se aumenta el trabajo del cuidado. La cantidad de horas que las mujeres tienen que dedicar son más, por ejemplo, hay muchas mujeres del área rural que no solo dedican horas para la preparación de los alimentos, sino que dedican horas para la obtención de los alimentos», explicó Ricardo Castaneda, director ejecutivo de ICEFI.
El economista citó también como ejemplo de estos recortes de presupuestos a programas claves para las mujeres como Ciudad Mujer. «Si uno revisa desde 2019 hasta la fecha, es un programa que sistemáticamente se ha venido recortando», dijo. Añadió que el programa incluso dejó de tener una institución fija como referente: «A veces lo encuentra en el Instituto Salvadoreño de la Mujer [en el presupuesto de la Presidencia de la República], otras veces adscrito al Ministerio de Desarrollo Local…»
Ciudad Mujer fue un programa que impulsó el expresidente Mauricio Funes en 2011 y estuvo enfocado a mejorar los servicios públicos para las mujeres, como la toma de la citología, atención y prevención de la violencia, autonomía económica, salud sexual y reproductiva, educación sexual y atención infantil, entre otros servicios.