A las puertas de las elecciones, Bukele y su Asamblea desbaratan el sistema electoral
Mariana Belloso Y Kellys Portillo | 07/06/2023
A pocos meses de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024, la Asamblea Legislativa cambió, por orden del presidente Bukele, el número de diputados de la Asamblea Legislativa y la forma en la que se reparten los escaños. La reforma al Código Electoral se aprobó la madrugada de este miércoles 7 de junio de 2023, sin análisis ni discusión previos, y afectará la representatividad de la población en el Legislativo, pues cierra espacios a partidos pequeños y modifica la circunscripciones electorales.
El Salvador amaneció este 7 de junio de 2023, y a menos de ocho meses de los comicios presidenciales, legislativos y municipales de 2024, con un nuevo sistema electoral. Se bajó de 84 a 60 el número de diputados, y se cambió el sistema con el que se calculaba cuántos escaños ganaba cada partido, y que anteriormente permitía la participación de partidos más pequeños. La reforma no fue discutida ni aprobada por la comisión de asuntos electorales, sino que se introdujo a la agenda de la sesión plenaria del miércoles 6 de junio por la noche, con dispensa de trámite.
La reforma había sido anunciada unos días antes, el 1 de junio, durante el discurso por el cuarto año de gobierno de Nayib Bukele, quien también dijo que reduciría de 262 a 44 los municipios del país y, por tanto, la cantidad de alcaldes que serán elegidos.
Esta reforma del sistema electoral tendrá implicaciones serias en la pluralidad y en la representación de sectores minoritarios de la población, aseguraron analistas y juristas consultados tras el madrugón legislativo, pero también es el resultado de una concatenación de movimientos con los que el actual gobierno ha ido concentrando el poder, una vez Bukele contó con una Asamblea Legislativa con mayoría afín a su gobierno. Estas iniciaron el 1 de mayo de 2021 con la remoción ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, actualmente ocupada por jueces alineados al oficialismo.
El 15 de septiembre de 2022, el presidente Bukele anunció que buscaría la reelección presidencial, pese a que la Constitución lo prohíbe, y el pasado 15 de marzo de 2023, también con dispensa de trámite y sin consulta ni análisis previos, la Asamblea oficialista derogó el artículo 291-A del Código Electoral, que prohibía hacer cambios o reformas al sistema electoral un año antes de las elecciones.
La última gran reforma electoral en El Salvador se había dado tras un fallo en 2011, en el que la Sala de lo Constitucional de entonces eliminó el mecanismo de votación que anteponía el voto por bandera sobre el voto por persona. Esto fue seguido por meses de negociaciones entre las diversas fracciones de la Asamblea Legislativa de la época para concluir en reformas que incluyeron el habilitar las candidaturas independientes, el voto por rostro, y el voto cruzado entre candidatos de diferentes partidos.
«Con las reforma sobre la asignación de diputaciones se violenta el principio de pluralismo político, esencial para el mantenimiento de un sistema democrático. Se establecen reglas que son retrocesos en cuanto a la mejor distribución del poder entre los diferentes actores políticos, porque eliminan las minorías y cada vez más se establece una tiranía de la supuesta mayoría que actualmente se encuentra gobernando la Asamblea Legislativa», dijo la abogada Ruth López, especialista en temas electorales.
«Un año antes de celebrarse cualquier tipo de elección, no se admitirá ninguna modificación a las reglas que rigen el proceso electoral, salvo aquellas que sean estrictamente necesarias para ejecutar algún aspecto de la elección».
Art. 291-A del Código Electoral, derogado el 15 de marzo de 2023.
Lo aprobado
Los diputados reformaron el Art. 10 del Código Electoral para cambiar las circunscripciones electorales, y el Art. 13 para pasar de los 84 diputados actuales, a 60. También sustituyeron el Art. 217, para cambiar la fórmula de asignación de diputados. En el sistema anterior, se dividía el total de votos válidos entre la cantidad de diputados a asignar, y se obtenía el cociente electoral. Partidos pequeños que no alcanzaban el cociente electoral pero sí un residuo alto, podían ganar representación.
Ahora esto se ha sustituido por la fórmula de D’Hondt (ver tabla anexa). Los votos de cada partido se dividen entre 1, 2, 3, y sucesivamente, hasta llegar al total de escaños en disputa. El nuevo artículo incluye un ejemplo en el que se asignan seis diputaciones.
Estos cocientes parciales se colocan de mayor a menor, hasta completar la asignación de las seis diputaciones. En el ejemplo incluido en el Art. 217 reformado, el partido A obtiene 2 diputados, el B 2, el C obtiene 1, el D también 1, y el E y el F no alcanzan ninguno.
Esto hace que para ganar cada diputación los partidos hayan tenido que tener, por cada escaño:
Partido A: 20,500 votos
Partido B: 17,500 votos
Partido C: 29,000 votos
Partido D: 21,000 votos
Con este sistema, los partidos pequeños necesitan más votos que los grandes para ganar un diputado, lo que concentra las posibilidades en los partidos con mayores votos. En países como España, se ha criticado precisamente que esta fórmula favorece a partidos grandes y a regiones poco pobladas.
“Está claro que esta reforma lo que busca es eliminar la competencia, sobre todo de aquellos partidos más pequeños. Aunque se mantiene siempre una fórmula proporcional, es menos generosa con los partidos pequeños, obviamente se está buscando excluirlos. Si a esto le sumamos que se ha pasado a circunscripciones de dos escaños en varios departamentos, se está restringiendo aún más, porque generalmente esto lleva a un bipartidismo o a un partido hegemónico», explicó Malcolm Cartagena, especialista en temas electorales.
Agregó que, al cambiar el tamaño de las circunscripciones y la fórmula para asignar las diputaciones, se elimina la representación de las minorías con un objetivo netamente electoral, sobre todo porque se está haciendo a menos de ocho meses de las elecciones.
Por su parte, Mauricio Maravilla, abogado y comunicador, aseguró que estas reformas vulneran varios principios constitucionales. “El primero es que hay una ausencia de debate en esta propuesta, ya que apenas fue anunciada por el presidente el pasado jueves y aprobada anoche. Una reforma de esta envergadura debería de tener una amplia discusión”, sostuvo.
Dijo que también vulnera un principio de seguridad jurídica, pues las leyes deben tener una amplia discusión y difusión. Cuando las cosas se aprueban así, se atropellan los procesos, principios de la ciudadanía. “Esto es una muestra más del carácter autoritario del oficialismo y de que están dispuestos a renunciar a cualquier apariencia de demócratas con tal de asegurar mayoría parlamentarias para el próximo período electoral. Tiene legalidad porque ha sido aprobado por la Asamblea, pero carece de legitimidad”, acotó.
Las reformas entran en vigor a ocho días de su publicación en el Diario Oficial, y el decreto aprobado deja claro que estas deben regir las elecciones que se celebarán el 4 de febrero de 2024.