La Constitución es clara: la reelección no es posible

El pasado 15 de septiembre, el presidente Nayib Bukele confirmó lo que muchas personas anticipábamos y temíamos sería el próximo paso de su régimen: anunció que violará la Constitución de El Salvador al competir para ser reelegido como presidente en el período 2024-2029. Esta acción va contra uno de los pilares de nuestra joven democracia.  

El anuncio de su candidatura llega en un entorno poco favorable para que haya elecciones libres y transparentes: el Ejecutivo controla prácticamente todas las instituciones involucradas en la organización, celebración y procesamiento de los resultados de los comicios. Además cuenta con el respaldo de las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía como del Ejército, un factor clave para regímenes que buscan perpetuarse en el poder. 

Lo hace además en medio de un régimen de excepción igualmente violatorio de la Constitución, que se ha extendido desde marzo de este año, por encima de los 60 días establecidos como máximo. El resultado de esta medida ha sido fatal: al menos 80 muertos bajo custodia del Estado, más de 50,000 detenciones bajo procesos irregulares, y miles de denuncias por violaciones a los derechos humanos.  

Para justificar su afrenta a la alternancia en el poder, que la Constitución define como un principio «indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos», el presidente se aferra a una resolución emitida por una Sala de lo Constitucional impuesta por él mismo, justo con el fin de que no fuera un contrapeso a su régimen. En esa resolución, los magistrados y magistrada hicieron una interpretación de la ley de la que ahora echan mano para convencer a la población de que lo que intenta hacer el mandatario es legal.  

Pero nuestra Constitución es clara: la reelección no es posible. Esa prohibición tiene su razón de ser en la historia misma del país, en la que los intentos de individuos o grupos de aferrarse al poder han sido desastrosos. El último mandatario que se reeligió en nuestro país fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez. 

La prohibición a la reelección presidencial, junto a la alternancia en el poder de forma pacífica, ha sido de los pocos principios que han sido respetados tanto por la izquierda como por la derecha después del fin de la guerra y la firma de los Acuerdos de Paz. Ni el FMLN ni Arena se atrevieron a desandar ese camino. Profanar la Constitución de esta forma vil abre del todo las puertas a revivir los males de un pasado, hasta hace poco, parecía hacerse más lejano año con año. Como entonces, los costos de reconstruir una democracia serán elevados, y habrá daño que ya no se podrá reparar. 

El anuncio del deseo del presidente de ser reelegido no fue sorpresa. Era predecible para un gobernante que ha encabezado el debilitamiento y destrucción de la institucionalidad, que demuestra sistemáticamente su vena autocrática y su falta de escrúpulos para conseguir sus objetivos y mantener la popularidad, aún a costa de la vida de salvadoreños y salvadoreñas.  

La reelección también es una decisión lógica dentro de su visión de mundo y el trayecto que ha venido trazando. Perpetuarse en el poder es el único camino que le queda a él y a los suyos para sostener los privilegios que ahora les garantizan protección e impunidad. Perder el poder significaría perderlo todo y, además abrir la posibilidad a rendir cuenta por sus acciones.    

Nayib Bukele está escribiendo un capítulo enorme de nuestra historia. Su nombre resonará a través de las generaciones que vienen. Pero que nadie se equivoque, el legado del bukelato se escribirá como lo que es: la destrucción de la democracia y la vuelta al terror de Estado.  

Eventualmente todos los gobiernos llegan a su fin, todos los regímenes autoritarios pierden el poder al que tanto se aferran. Lo demuestra también nuestra propia historia. Hasta entonces, las organizaciones, los medios independientes y la misma ciudadanía organizada seguiremos acuerpándonos en los días difíciles que atraviesa el país, pero también documentando y denunciando las ilegalidades, la corrupción y las violaciones a derechos humanos para que no haya olvido.