Ampliación del régimen sin medidas especiales para prevenir violencia hacia niñas y mujeres

Mónica Campos | 12/10/2023

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A pesar de los dos casos en que dos militares violaron a dos niñas de 13 años, en marzo y septiembre de este año, y que otra menor fue asesinada en el contexto de régimen de excepción, los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron una nueva prórroga del régimen sin incluir salvaguardias específicas contra la violencia de género.

Con 67 votos a favor y 7 en contra, Nuevas Ideas y sus aliados de GANA, PDC y PCN aprobaron la decimonovena extensión al régimen de excepción. Esta medida inició el 27 de marzo de 2022 en respuesta a una ola de homicidios que dejó a 87 personas asesinadas por las pandillas. 

A pesar de llevar más de un año y medio en vigor, el régimen de excepción sigue siendo una pieza central en el gobierno del presidente Nayib Bukele y se promociona como un éxito en la lucha contra la violencia en El Salvador. Sin embargo, el 23 de septiembre, una niña de 13 años fue violada por un sargento mientras otros cinco militares no tomaron medidas al respecto en el cantón Santa María Mizata, La Libertad. Medios locales informaron que el militar amenazó a la menor con detenerla bajo el régimen de excepción. En marzo, también se registró el caso de otra niña de 13 años, violada por un teniente de fragata de la Fuerza Naval, quien amenazada a la menor con capturar a su papá y a su mamá. 

Los casos de violencia contra niñas y mujeres no son hechos aislados. El 10 de octubre, el cuerpo sin vida de Melissa Hernández, una niña de 7 años, fue encontrado en el reparto La Campanera de Soyapango. Su mamá la había reportado como desaparecida un día antes a agentes de la Policía Nacional Civil, quienes le respondieron que organizara su búsqueda con otras madres. Su cuerpo presentaba signos de violencia. Ese mismo día, el director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas, anunció la captura de tres personas, incluyendo a la madre de la niña bajo cargos de descuido y desamparo. 

En respuesta a este hecho violento, el gobierno implementó tres cercos de seguridad en la zona de Soyapango, que incluyen controles vehiculares, registros y operativos casa por casa. El presidente Nayib Bukele anunció en su cuenta de “X” (Twitter) que se desplegaron 3,500 soldados y 500 policías en las zonas de Popotlán 1 y 2, Valle Verde, en Apopa, y La Campanera, en Soyapango. 



 

Organizaciones sociales han denunciado en repetidas ocasiones incidentes similares. En su informe “Un año bajo el régimen de excepción una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos”, Cristosal documentó casos de niñas, adolescentes y mujeres que “son víctimas de acoso y abusos sexuales por parte de policías y soldados. En algunos casos, dicha situación ha obligado a las familias a desplazarse o a enviar a las niñas y adolescentes a otros lugares para evitar que sean abusadas o detenidas por no ceder ante el acoso de los agentes de autoridad”, explica el documento.

A pesar de los continuos llamados de organizaciones sociales para que el gobierno implemente un enfoque diferenciado de género en su lucha contra la criminalidad, hasta la fecha no se han tomado medidas específicas para prevenir este tipo de violencia.  

Cuando se les preguntó a los legisladores si el régimen incluiría un mecanismo preventivo para violencia de género, el diputado Guillermo Gallegos, de GANA, afirmó que la pedofilia era un asunto “particular” y que “no podemos juzgar a toda la institución de la Fuerza Armada por malos elementos porque hemos visto que esto no es propio de una institución, sino que hay padres que abusan de sus hijas”.  

Por su parte, el diputado de GANA, Romeo Auerbach, expresó su deseo de que haya pena de muerte para el responsable de violar a la niña de 13 años, en Mizata, y para quienes hayan asesinado a Melissa, en La Campanera.  “Me encantaría que, para Héctor Alvarado, el sargento que está implicado en la violación de la niña o para el que capturaron de la niña de la Campanera, me encantaría que hubiera pena de muerte”.  

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó como un logro la captura del sospechoso del asesinato de Melissa, encontrada en La Campanera, y señaló que, a diferencia de casos anteriores, estos no quedarán impunes “Gracias a Dios ya no quedan en la impunidad como quedaban antes. Recordamos casos de niñas que asesinaban que hasta el día de ahora no se encuentran a los responsables. Ojalá que eso no vuelva a suceder, aunque hoy vamos por la prórroga 19 del régimen”.  

Ante la falta de un enfoque de prevención, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, informó que hace una semana en la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, preguntó a las encargadas del ISNA, Conapina y Crecer Juntos qué se está haciendo para prevenir el abuso por parte de las autoridades. Sin embargo, según sus declaraciones, la diputada presidenta de la comisión, Suecy Callejas les prohibió a las instituciones respondiera su pregunta.  

El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) registró en el año de inicio del régimen, en 2022, un total de 4,222 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. El 94.32 % de estos casos corresponden a niñas y adolescentes mujeres.  

En el contexto de esta extensión del régimen de excepción, tres derechos fundamentales siguen suspendidos. El primero es el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, lo que afecta la privacidad en las formas de comunicación. El segundo es el derecho de la persona detenida a ser informada de sus derechos y las razones de su detención, sin estar obligada a declarar, además de garantizarle asistencia legal. Finalmente, se permite la detención administrativa por un máximo de 15 días antes de que una persona sea presentada ante un juez. 

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