El costo de la vida lo afrontan las mujeres

Angélica Ramírez Y Metzi Rosales Martel | 19/03/2024

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La marcha del Día Internacional de la Mujer, realizada el 9 de marzo, presentó un elemento distintivo en comparación con años anteriores: el cacerolazo. Este fenómeno surgió en parte como respuesta al creciente costo de vida, el cual afecta de manera significativa a las mujeres. A finales de 2023 e inicios de 2024, se registraron los precios más altos de la canasta básica alimentaria en los últimos 20 años. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC), para enero de 2024, esta canasta tenía un costo de $256.74 en la zona urbana y $185.11 en la rural.

Ni Beatriz* ni María* asistieron a la marcha del 9 de marzo. Ninguna de las dos ha participado nunca y desconocen el significado de esta fecha conmemorativa, también conocida como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Aunque tienen conocimiento de algunos de sus derechos, como el derecho a la vida, la vivienda, la salud, la educación, el trabajo y al descanso, no tienen una comprensión precisa del papel del Estado en garantizárselos.   

Durante la mañana del 9 de marzo, ambas estaban ocupadas trabajando. Beatriz se encontraba en el centro histórico de San Salvador, vendiendo peines, ganchitos, cremas y labiales. Mientras tanto, a casi 177 kilómetros de distancia, en una playa en La Unión, María se levantó temprano con su familia para limpiar los restos de una boda a la que asistieron casi 100 personas en una casa de playa donde residen y trabajan. Tanto Beatriz como María tienen en común que ganan menos del salario mínimo vigente para el sector comercio y servicios, que es de $365, y que se dedican al empleo informal: Beatriz desde hace 20 años y María desde hace 11 años.  

A sus 54 años, Beatriz se enfrenta a una realidad en la que sus ingresos varían día a día. En sus mejores jornadas de ventas, puede ganar hasta 4 dólares por comercializar sus productos de 4:30 a.m. a 11:30 a.m. Los $4 casi duplican el costo diario de la canasta básica urbana por persona para enero de 2024, establecido en $2.09 por la ONEC.  

Hace 20 años, Beatriz tomó la decisión de dejar su empleo en una maquila en Soyapango para adentrarse en el mundo de la venta informal, una elección que le proporcionó la flexibilidad necesaria para cuidar a sus hijas. En aquel entonces, este negocio resultaba rentable para ella. Hoy, agradece que su hija menor tenga un trabajo estable para vivir con ella, ya que, si no, sería difícil mantener un hogar por su cuenta.  

Reflexiona sobre la situación de su hija, expresando su preocupación por lo que sucedería si esta perdiera su trabajo. Debido a que comparten vivienda, reconoce que no tiene que preocuparse por el pago de un alquiler elevado, pero teme por el impacto financiero si su hija quedara desempleada. Anteriormente, podía contribuir más económicamente, pero ahora siente que ya no puede hacerlo. 

Beatriz recuerda que antes de que iniciara la fase III del llamado Plan de Revitalización del Centro Históricoun proyecto iniciado por Nayib Bukele, en febrero de 2023, para las 11:30 a.m. ya había ganado $15. Eso le permitía ir a comprar un almuerzo completo, que hace un año le costaba $2.5. Además, podía comprarse agua para tomar durante el día y pagar los $0.25 que cuesta utilizar las instalaciones de sanitarios en los mercados. 

Este 9 de marzo, con $4.00 en su bolsa, Beatriz solo ha podido comprar un café y un pan a media mañana. Para esa hora, la marcha del cacerolazo estaba a punto de llegar al Parque Cuscatlán, donde cerraría con la lectura de un comunicado, expresiones artísticas y baile.  

Con esos $4.00 ha logrado desayunar un pan y un café. Podrá comprar, además, una bolsa de agua y utilizar los sanitarios públicos una vez. Si logra vender un par de dólares más, siempre y cuando no tenga que huir del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), comprará algunas verduras y huevos para llevar a casa y cenar con su hija. La idea de disfrutar de un desayuno o un almuerzo completo ya no existe: “Un almuerzo bueno está costando $3 o $3.50. Con lo que llevo ganado ahorita, mejor no pienso en eso, mejor busco un pancito mientras veo si hago otras ventas”. 


La lucha familiar por la supervivencia ante la precariedad laboral en la zona rural 

María, de 25 años, recibe un salario fijo de $150 al mes por preparar el desayuno, almuerzo y cena para una persona de lunes a viernes. Ha trabajado como cocinera en la casa donde reside durante los últimos 19 meses, y su compensación incluye estos tres tiempos de comida para ella. Anteriormente, trabajaba como cocinera y preparaba pupusas en un hotel de playa, donde ganaba $15 diarios, equivalente a $390 al mes. Sin embargo, renunció debido a las extensas jornadas laborales de más de 12 horas diarias, porque tenía un día libre no remunerado a la semana y porque su empleador intentó reducir su salario a $12. 

Además de los ingresos de María, se suman los ingresos de su hermano de 27 años y su hermana de 19 años. Los tres viven juntos en la misma casa donde trabajan. Él gana $250 mensuales como jardinero y por mantener limpia una piscina grande y otra pequeña. Por su parte, su hermana gana $20 cada sábado por lavar la ropa de dos personas. En total, los ingresos mensuales de los tres suman $480, que aumentan a $500 cuando el mes tiene cinco sábados. 

Con estos tres salarios, se encargan de comprar la comida de su mamá, quien vive sola en otro lugar, y de dos de ellos mismos. A enero de 2024, la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC) estipuló en $185.11 el costo de la canasta básica alimentaria para una familia compuesta por 4.26 personas. Además, se hacen cargo de los recibos de agua y energía eléctrica de la casa donde vive su mamá, una señora de casi 50 años, a quien también le pagan un tratamiento mensual por depresión, valorado en casi $350 mensuales. 

Para sufragar la manutención de su mamá, otro hermano que ya está casado y tiene una hija, da un aporte mensual. Además, durante la mitad del año, reciben remesas del patriarca de la familia, quien vive y trabaja en Estados Unidos. Sin embargo, durante los otros seis meses, su padre no puede enviarles dinero debido a una discapacidad física que le impide trabajar durante climas gélidos. 

Cuando su empleador recibe visitas, María y su hermana reciben ingresos extra por cocinar y lavar platos, ropa de cama y toallas. Por ejemplo, por la limpieza que realizaron después de la boda y por atender a ocho personas que estuvieron de visita durante siete días, María recibió un pago adicional de $170; mientras que su hermano y hermana recibieron un pago adicional de $120 cada uno. Sin embargo, estos ingresos extra no son regulares. «Hemos dejado de comprar alitas, pollo, carne y frutas. Solo compramos huevos, arroz, frijoles y espaguetis. Han aumentado los precios de las cosas y nos cuesta comprar». 


La inseguridad alimentaria tiene rostro de mujer 

El costo de vida en El Salvador ha aumentado. Por ejemplo, el precio de la canasta básica alimentaria urbana fue de $256.74 en enero de 2024. Es decir, aumentó $11.73 con respecto a enero de 2023; y $43.31 en comparación con enero de 2022. Este incremento afecta de manera diferenciada a las mujeres, quienes enfrentan una brecha salarial significativa: en promedio ganan $40 menos que sus pares hombres por realizar el mismo trabajo. Para el caso de la canasta básica rural, esta se mantuvo en el mismo precio si se compara enero de 2024 ($185.11) con enero de 2023 ($185.26), pero si aumentó $27.98 al compararla con enero de 2022 ($157.13). 

En El Salvador, de acuerdo con el estudio «Estado de la soberanía alimentaria en El Salvador 1961-2022», la inseguridad alimentaria tiene rostro de mujer. Este informe destaca que la inseguridad alimentaria, moderada o grave, afecta en mayor medida a las mujeres, alcanzando el 55 %. 

Además, las cifras del estudio revelan que entre 75 % y 80 % de las mujeres padecen inseguridad alimentaria severa, en comparación con el 28 % al 37 % de los hombres. Esto indica que hay una mayor incidencia de esta problemática entre las mujeres, y que enfrentan una situación más grave. 

El índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra un incremento porcentual del 3.60 % en el costo de los alimentos y bebidas no alcohólicas en enero de 2024 en comparación con enero de 2023. Respecto a alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, el incremento más significativo se registró en enero de 2022: un 6.68 % en comparación con 2021. En 2023, este aumento fue del 2.12 %, y para enero de 2024 se reportó un incremento del 0.36 %. 

La EHPM 2022 muestra que 2,845,750 personas tienen empleo remunerado, y que el promedio nacional de salario mensual es de $377.86, con una brecha salarial significativa en favor de los hombres, que ganan 59.97 dólares más que las mujeres. El costo de la canasta básica urbana representa el 67.94 % de un ingreso mensual de $377.86; mientras que el precio de la canasta básica rural equivale al 48.98 %.

Ni Beatriz ni María tienen ese salario mensual. Ambas luchan por sobrevivir con sus ingresos. Ambas mencionan que enfermarse se convierte en un lujo. Ambas han buscado atención médica en el sistema público de salud y con suerte han logrado recibirla. Con más suerte, les han recetado medicamentos que han sido dispensados por las unidades de salud u hospitales nacionales.  

Tanto a Beatriz como María las han diagnosticada con anemia en más de una ocasión. A Beatriz, además con depresión. “¿Y cómo voy a comer bien si no logro vender? Lo primero para la anemia es la alimentación y aquí no puedo. ¿Y cómo no voy a estar así deprimida si no puedo trabajar y aquí nos siguen como delincuentes?”, plantea Beatriz. Para el caso de María desde que trabaja como cocinera en esta casa, reconoce que su dieta alimenticia ha mejorado. De lunes a viernes, come pollo, pescado, carnes, frutas y hortalizas, lácteos y otros granos. De lunes a viernes está cubierta con la pirámide alimenticia de las personas para las que cocina. Pese a esto, su salario no deja de ser precario. 

“La inflación impacta en la autonomía de las mujeres no solo las priva de derechos económicos y sociales, en tanto privación de capacidad adquisitiva para bienes y servicios, sino que pone en riesgo la reproducción y sostenibilidad de sus vidas”, explica Cristina Montoya, economista feminista. 

Beatriz, de 54 años, podría ser elegible para recibir una pensión por vejez en 2025 si hubiera trabajado en un empleo formal y cotizado a la seguridad social durante al menos 25 años, ya sea de forma continua o intermitente. Sin embargo, está lejos de cumplir con estos requisitos, ya que desde hace 20 años se dedica a la venta ambulante. María, a pesar de tener 11 años de trabajar en el sector turismo y de servicios, nunca ha cotizado a la seguridad social. Ni quienes integran su núcleo familiar cercano: hermanos, hermana y mamá. 


Durante la marcha del 9 de marzo, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, el cacerolazo simbolizó, en parte, el aumento en el costo de la canasta básica que impacta de forma diferenciada a las mujeres. Fotografía por Kellys Portillo.

Cacerolazos para denunciar el costo de la vida 

El 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, más de mil mujeres pertenecientes a diferentes colectivos y de la población LGBTIQA+ marcharon desde la Universidad de El Salvador hasta el parque Cuscatlán. Con cacerolas y cucharones en mano, protestaron en contra de la desigualdad y de las violaciones a los derechos humanos en el actual contexto político. Denunciaron cómo el aumento en el costo de la vida impacta de manera diferenciada a las mujeres y cuerpos feminizados, quienes históricamente han sido relegades a las labores del hogar y de cuidados no remunerados.  

«Después de 49 años, las mujeres, niñas, personas no binarias y disidencias sexuales estamos aquí para expresarle al mundo entero que en El Salvador el dinero no nos alcanza, que la canasta básica es la más cara de nuestra historia», consignaba el comunicado de prensa de la Asamblea Feminista. En el documento, reconocían el aporte de las vendedoras ambulantes, como Beatriz, y de las trabajadoras del hogar remuneradas, como María. Las apoyaban y exigían el respeto de sus derechos laborales y un salario digno. 

Para Rosi Hernández, asistente de la marcha, el “cacerolazo” es la forma de reflejar cómo la crisis económica afecta directamente a las mujeres. “Esto simboliza que las mujeres también estamos pasando hambre. La crisis económica debe analizarse desde un enfoque de género porque hay una feminización de la pobreza”. 

Según la EHPM, la población económicamente inactiva asciende a 1,779,743 personas; el 76.8 % de estas son mujeres. También muestra que el 60.8 % de las mujeres no se encuentran en búsqueda activa de trabajo porque se dedican a las labores de cuidado y del hogar sin recibir una remuneración a cambio. La encuesta también revela que, por cada 100 mujeres ocupadas en el área urbana, 53 trabajan en el sector formal de la economía y 47 en el informal. 

Montoya explicó que, en esta economía, son los hogares los que absorben las deficiencias en bienes y servicios que el Estado no puede proveer. La economista señaló que el Gobierno podría tomar como partida para solventar la crisis económica, medidas focalizadas en grupos vulnerables que podrían ser en forma de subsidios o en la regulación del precio de los alimentos.  

“No es ajeno hablar del tema de la redistribución del trabajo de cuidados y asegurar la protección social no contributiva” apuntó. “A pesar de los esfuerzos individuales, lo cierto es que las desigualdades inherentes al capitalismo y patriarcado afectan profundamente el desarrollo pleno de las potencialidades de las mujeres. Es una estructura que marca un acceso diferenciado a una vida plena”. 

Edmé Aguilar, asistente de la marcha, destacó el papel fundamental de las mujeres en las tareas no solo de cuidado y crianza, también de la administración de los recursos en los hogares que para algunos casos también proveen: “Son ellas las que tienen que, con el mismo salario, hacerse cargo de la comida, de los útiles, de los hijos, de las medicinas, y no hay un crecimiento de los salarios acorde al aumento del costo de la vida”. Aguilar exigió al Gobierno implementar políticas públicas que consideren la variante de género en la economía y mejoren la calidad de vida de las mujeres, reconociendo todo el trabajo que realizan para mantener la vida de las familias.  


*Beatriz y María son nombres ficticios asignados a las mujeres que compartieron sus historias con Alharaca, y quienes solicitaron que se mantuviera su identidad en el anonimato.

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