Flores en defensa de la memoria

Fátima Cuéllar | 02/11/2020

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En el Día de los Difuntos, activistas y organizaciones de la sociedad civil instalaron un altar frente al Estado Mayor para recordar a las víctimas asesinadas y desaparecidas por fuerzas estatales. Fotogalería por Fátima Cuéllar, con textos de Lya Cuéllar.



En el Día de los Difuntos, la fachada de las instalaciones del Estado Mayor se cubrió de flores. El colectivo de derechos humanos Salvadoreñxs Construyendo Memoria instaló un altar de muertos para recordar a las personas asesinadas y desaparecidas en manos las fuerzas de seguridad del Estado.




Activistas y familiares de víctimas del conflicto armado acudieron con flores, fotografías y carteles para hacer memoria, pero también para exigir justicia, verdad y reparación al Estado. Reclaman la falta de compromiso del Gobierno con el combate de la impunidad.

El presidente Nayib Bukele prometió en los primeros meses de su mandato que daría acceso a los archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote. El 24 de septiembre, durante una cadena nacional, afirmó que los desclasificaría voluntariamente. Sin embargo, y pese a una orden judicial, se ha negado seis veces el acceso al juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, a realizar inspecciones físicas de sedes militares.




El colectivo Salvadoreñxs Construyendo Memoria se manifiesta con un «memorial permanente» desde hace semanas ante la renuencia del Gobierno de Nayib Bukele a colaborar con la investigación judicial de la masacre de El Mozote. Afirman que protestarán todos los lunes en el Parque de Pelota contiguo al Estado Mayor, sobre la Alameda Enrique Araujo, hasta que se abran los archivos militares del caso de la masacre.




En diciembre de 1981, alrededor de mil campesinxs fueron masacrados por el Ejército salvadoreño en El Mozote, en Morazán. Más de la mitad de las víctimas eran menores de edad; 477 eran niños y niñas que no alcanzaban los 12 años de edad. Es considerada la peor masacre de civiles del siglo pasado en América Latina.

La investigación del caso en el sistema judicial salvadoreño inició en 1990, pero fue cerrada con la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía General de 1993. Tras la derogación de la amnistía en 2016, el juez Guzmán ordenó la reapertura del caso.



Durante la acción simbólica, también se recordó a víctimas recientes de violencia en manos de las fuerzas de seguridad, como Camila Díaz, mujer trans, quien fue brutalmente asesinada por tres policías en enero de 2019. Algunxs manifestantes protestaron la militarización de la seguridad pública en El Salvador y denunciaron al presidente Bukele por no cumplir con sus promesas a las víctimas.



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