Marcela Benítez Y Jimena Aguilar | 22/12/2020
Por Marcela Benítez, visualizaciones de Jimena Aguilar | Tanto en papel como en discurso, y especialmente ante organismos internacionales, el Estado salvadoreño se ha comprometido durante décadas a eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Esas promesas no han sido tan fáciles de cumplir. Al cierre de 2020, ¿qué deudas tiene el Estado con las mujeres salvadoreñas?
La promoción y la defensa de los derechos de las mujeres han sido promesas de los gobernantes salvadoreños, sobre todo en el período de la posguerra:
“En el nuevo gobierno se ha considerado tener una política con un enfoque de género en todo su accionar y en todas áreas”, se lee en el apartado de Mujeres, del Plan Cuscatlán que presentó el presidente Nayib Bukele (Gana/NI) en su campaña electoral.
«Tenemos que transformar nuestro pensamiento y cultura machista, cambiar y respetar los derechos de las mujeres, tenemos que hacer ese cambio en la humanidad», dijo el expresidente Salvador Sánchez Cerén (FMLN) el 8 de marzo del 2015.
“Apoyar la mujer será una gran prioridad de mi gobierno. Conmigo pueden estar seguras de que ustedes tendrán un grande amigo y aliado”, comentó el expresidente Mauricio Funes (FMLN), quien actualmente está prófugo en Nicaragua sin posibilidad de extradición, en un spot televiso durante su campaña electoral.
“Las mujeres ya no estarán solas”, decía el expresidente Elías Antonio Saca (Arena). Esta se volvió una frase recurrente en su campaña electoral y durante su presidencia. Saca está actualmente en la cárcel por desviar $301 millones de fondos públicos.
Pero pocos de estos enunciados hechos por estos presidentes y sus predecesores se han visto materializados en la vida cotidiana de la mujer salvadoreña. No solo las promesas han quedado sin cumplir, sino también partes claves de convenios internacionales firmados por El Salvador desde hace décadas.
El 25 de noviembre de 2020, la Dirección General de Estadística y Censos (Dygestic) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública publicaron el informe anual “Hechos de Violencia contra las mujeres” sobre 2019. Este reporte muestra que desde que se empezó a llevar este informe en 2015, los hechos de violencia contra las mujeres han aumentado en un 5 % de 2018 a 2019, con 21,809 hechos de violencia registrados el año pasado. Específicamente la violencia sexual ha ido en constante aumento en los 4 años registrados, con un crecimiento del 21 % de casos reportados entre 2015 y 2019. Las víctimas, además, son mujeres muy jóvenes, con 7 de cada 10 víctimas de violencia sexual siendo mujeres de 19 años o menos. El mismo reporte reconoce que hay un subregistro y que el aumento puede deberse a que más mujeres estén denunciando.
El marco legal que reconoce y garantiza el bienestar de las mujeres está formado tanto por normativas nacionales como internacionales. El artículo 144 de la Constitución de El Salvador indica que los tratados internacionales firmados y ratificados por el país equivalen a leyes de la República. Estos tratados o convenios en ocasiones obligan al Estado a crear o modificar leyes de acuerdo con sus disposiciones. Y en cualquier conflicto entre el tratado y la ley, prevalece el tratado.
Pero ¿ha cumplido el Estado salvadoreño todas estas declaraciones grandilocuentes en forma de acuerdos internacionales que prometen reconocer los derechos de las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia?
Esta misma promesa la ha hecho en varias ocasiones a través de los siguientes tratados y convenios:
El Salvador ha cumplido algunas partes de esta promesa. En 2011, 30 años después de ese primer convenio, se aprobó la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE).
53.8 % de las instituciones del Estado implementaban al menos dos instrumentos de políticas de igualdad y erradicación de discriminación para 2017, según un informe de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sin embargo,
El Salvador lleva19 años sin ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este es la herramienta que permite recibir denuncias y hacer investigaciones sobre el cumplimiento de la CEDAW. Mientras este no sea ratificado por la Asamblea Legislativa, las ciudadanas salvadoreñas no pueden demandar al Estado por no cumplir su promesa. Este protocolo ha permitido, por ejemplo, que ciudadanos y ciudadanas demanden al Estado mexicano por violar la convención en el curso de la investigación de la muerte de una mujer. Las mujeres salvadoreñas simplemente no tienen esta opción.
Aunque haya un bueno número de convenios y leyes aprobadas que tipifican los diferentes tipos de violencia contra la mujer como delitos, las cifras oficiales de mujeres asesinadas y desaparecidas siguen siendo alarmantes. Miriam Bandes, de ONU Mujeres, declaró que, aunque El Salvador ha fortalecido su legislación en el tema de los derechos de las mujeres, todavía queda mucho trabajo por hacer. Expresó que es preocupante que las leyes no cuenten con un presupuesto que permita su implementación de manera correcta. “Aunque hay un compromiso del Gobierno, no hay una priorización del tema de derechos de las mujeres en la agenda pública”.
Además, la situación de violencia se agravó con la llegada del COVID-19. El Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (Isdemu) reportó que solo entre el 1 de marzo al 15 de agosto del 2020 atendieron a 1,030 mujeres víctimas de violencia psicológica, física, sexual, económica, feminicida, simbólica, entre otras.
Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL y Naciones Unidas, El Salvador es el tercer país con la tasa más alta de feminicidios en la región, con 3.3 mujeres víctimas de feminicidio por cada 100,000 mujeres. 230 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2019.
2,004 mujeres fueron víctimas de muertes violentas entre 2015 y 2019, cifra que incluye tanto feminicidios como homicidios, ya que no todas las muertes violentas han sido calificadas como feminicidios. De los asesinatos de mujeres entre 2013 a 2019 solo 1,000 llegaron a una condena en el sistema judicial, asegura Miriam Bandes de ONU Mujeres.
Aunque la tasa de muertes violentas en contra de mujeres ha disminuido cada año desde 2015, según el informe “Hechos de Violencia contra las mujeres” de 2019 del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia Contra las Mujeres (SNDVM) las denuncias de violencia sexual han aumentado en un 21 % desde 2015.
Muchas de las leyes y convenios mencionados previamente, definen y tipifican a la violencia sexual como un delito. Sin embargo, tan solo en el año pasado hubo 6,268 mujeres víctimas de violencia sexual, según el SNDVM. Estos fueron solo los casos reportados.
La violencia sexual no solo abarca la violación, el estupro, el acoso y las agresiones sexuales, sino también la difusión de información íntima en medios electrónicos sin el consentimiento de la mujer.
La violencia sexual es un tipo de violencia que ataca mayoritariamente a las mujeres. De todas las denuncias que hubo en el 2019 de violencia sexual, el 91.1% de las víctimas fueron mujeres.
El mismo Estado ha reconocido que hay un subregistro de casos de violencia sexual, ya que muchas mujeres deciden no denunciar debido al estigma que conlleva ser víctima o porque sus agresores son personas que conocen.
La Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer de 2017 estimó que 67 de cada 100 mujeres salvadoreñas han sufrido algún tipo de violencia de género. De esas mujeres, solo 6 de cada 100 denuncia. Es decir que el 94 % decide no denunciar y el 90 % ni siquiera buscó ayuda fuera del sistema judicial.
Ver especial: Por qué no denuncié
La violencia sexual ataca especialmente a las niñas y adolescentes. De acuerdo con el informe de violencia contra la mujer de 2019, 7 de cada 10 víctimas de violencia sexual tenían 19 años o menos.
Más grave aún es cuando se ven las cifras de mujeres de 14 años o menos. De cada 10 víctimas de violencia sexual 3.5 tenían 14 años o menos. En El Salvador, tener relaciones sexuales con alguien menor de 15 años es un delito. A pesar de esto, el estado salvadoreño no ha podido garantizarle a las niñas y adolescentes una vida libre de violencia sexual.
Solo en el primer semestre de 2020, se registraron 258 embarazos en niñas entre 10 y 14 años, los cuales efectivamente son evidencia de un delito.
El Salvador no cuenta con una política de educación sexual, tan solo con una Política de Salud Sexual Reproductiva que fue emitida en 2012 por el Ministerio de Salud. Esta y otras estrategias como la Estrategia Nacional de Condones de 2016 han sido las únicas respuestas al artículo 24 de la Ley De Protección Integral De La Niñez Y Adolescencia (Lepina) que exige al Estado salvadoreño crear políticas públicas y programas para la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Esta fue aprobada hace casi 10 años, en 2009.
El Ministerio de Salud reconoció que la adolescencia es un período de vulnerabilidad y que el embarazo adolescente es un problema para resolver. El contexto radicaba a las cifras del 2011, donde había una tasa de embarazo precoz en mujeres entre 15 y 19 años de 89 por cada 1000 mujeres en este grupo de edad. Desde el 2016 estas cifras comenzaron a bajar, y en el 2017 la tasa llegó a 24.11 embarazos por cada 1000 adolescentes entre 10 y 18 años. A pesar de los progresos, las cifras siguen siendo altas y alarmantes si se observan sólo entre adolescentes entre 15 y 18 años.
En 2016, a nivel nacional, 6 de cada 100 adolescentes del rango entre 15 y 18 años estuvieron embarazadas. En 2017, la cifra bajó a 5.5 embarazos entre adolescentes de ese grupo de edad.
En 2019, se declaró como improcedente la iniciativa de Ley de Educación en Afectividad y Sexualidad Responsable argumentando que algunas disposiciones ya las plantea la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y, además, porque algunos diputados manifestaron que dicha ley no va acorde a los valores cristianos de la población, según el portal web de la Asamblea.
Entre 2005 y 2012, en la mayoría de los departamentos del país, las mujeres representaron más del 50 % de víctimas de los delitos de privación de libertad y privación de libertad agravada. En algunos departamentos del país, la proporción llegó a estar de forma constante arriba de 70 % de víctimas mujeres. La proporción de víctimas mujeres ha disminuido a partir de 2012, pero las cifras muestran que esto sucedió porque desde ese año más hombres han sido víctimas y no porque las mujeres hayan dejado de desaparecer.
En el caso de las desapariciones, la gran mayoría de casos quedan sin resolver. Según registros de la Policía Nacional Civil, de 35,000 personas que fueron reportadas como víctimas de desaparición (antes tipificada como privación de libertad) entre 2005 y 2018, solo 827 personas fueron encontradas con vida; del resto, se desconoce su paradero.
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Actualmente, las mujeres pueden ejercer el derecho al sufragio y optar por cargos públicos avaladas por la ley. En las elecciones presidenciales de 2019, las mujeres ocuparon el 52.62 % en el registro electoral.
El derecho al voto universal fue incluido en la Constitución en 1950. Estos derechos también están contemplados en convenios internacionales, como el Convenio sobre los Derechos Políticos de la Mujer firmado por el expresidente Alfredo Cristiani y ratificado el 15 de diciembre de 1993, el cual reconoce a la mujer como ciudadana, otorgándole el derecho a emitir el sufragio, así como la posibilidad de poder optar a cargos públicos.
Sin embargo, en las cifras de candidaturas a cargos públicos, las mujeres han sido más escasas. En las fórmulas presidenciales, de 1989 a 2019 solo se reportan 9 mujeres participantes, de estas solo una de ellas corresponde a una postulación a la presidencia, y el resto, a la vicepresidencia, de las cuales solo una —Ana Vilma de Escobar en 2004— llegó al cargo. En el caso de los hombres, la cifra asciende a 61 postulaciones.
Aunque en el actual gabinete se encuentren 8 hombres como ministros y 8 mujeres como ministras, en el resto de instituciones del Estado no es así. La Asamblea Legislativa en el 2018-2021 cuenta con 26 escaños de 84 ocupados por mujeres; de las 262 municipalidades, tan solo hay 29 alcaldesas. Respecto al Órgano Judicial, según datos de ORMUSA, los cargos de magistraturas y judicaturas el 47 % eran ocupados por mujeres. Sin embargo, la presencia de las mujeres disminuyó en los cargos de mayor jerarquía, representando las mujeres solo el 33% de Magistraturas de Corte Plena y 29% en Magistraturas de Cámara.
El Salvador es el país que menos ha avanzado en paridad de género en Centroamérica, de acuerdo al Informe Mundial de Brecha de Género del Foro Económico Mundial. Datos del informe muestran que solo 5 de cada 10 mujeres están empleadas. Aunque casi la mitad de personas capacitadas para trabajar en roles técnicos, académicos y científicos son mujeres, solo 3 de cada 10 personas que planifican, dirigen o coordinan y evalúan actividades de empresas, gobiernos y otras organizaciones son mujeres.
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En 2015, El Salvador adoptó la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al hacerlo, se comprometió a reconocer y valorar los cuidados y los trabajos domésticos.
Según la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo 2017, que busca conocer la administración del tiempo en actividades remuneradas y no remuneradas de mujeres y hombres de 12 años y más, las mujeres dedican 5:08 horas diarias al trabajo doméstico, mientras que los hombres solo dedican 2:23 horas.
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En el caso de las mujeres que tienen un trabajo remunerado dedican 3:48 horas diarias, los hombres 1:37 horas. Entre estos trabajos se abarca la preparación de alimentos, la limpieza de vivienda, zapatos y ropa y el cuidado de personas.
2020 fue un año en el que la pandemia por COVID-19 exacerbó muchas de estas situaciones que viven lasa mujeres, específicamente la carga desigual en las tareas de cuidado y del hogar. Apesar de que en febrero de 2019 el entonces gobierno del FMLN presentó el plan estratégico de acciones iniciales para la implementación de la política de corresponsabilidad social de los cuidados de El Salvador, este año la situación de los cuidados se agravó en la pandemia para las niñas, las jóvenes universitarias y las mujeres. La crisis por el COVID-19 trasladó las dinámicas de mercado a los hogares, multiplicando las tareas dentro de los hogares. En este tiempo hubo poca difusión gubernamental para dejar de normalizar el trabajo doméstico y de cuidados como uno designado para las mujeres.
Corrección 22/12/2020: una versión previa de este artículo establecía el partido político erróneo con el que el presidente Bukele ganó la presidencia.