Las mujeres nunca descansan
Lauri García Dueñas Y Vilma Laínez | 14/12/2023
Gloria Rivera, de 31 años, cuida a su hija, de seis, quien tiene discapacidad. María de la Merced Hernández, de 60, a dos nietos y a los animales sin hogar de su comunidad rural, mientras es trabajadora remunerada del hogar. Ambas intentan conciliar los cuidados con su trabajo remunerado, tarea complicada ante la insuficiente atención del Estado salvadoreño. Estas son sus historias, pero también las de los malabares casi imposibles de la conciliación en El Salvador, donde las políticas aprobadas no llegan aún a quienes las necesitan.
La cuidadora «malabarista»
Gloria Rivera tiene 31 años y es madre de Valentina. La niña de seis años tiene deleciones 3p25, una condición médica única en El Salvador que le produce convulsiones, problemas de habla y movilidad, y que la ha llevado a estar ingresada varias veces en el hospital nacional infantil Benjamín Bloom con pronóstico reservado.
Desde que nació su hija, Gloria Rivera batalla cada día para proporcionarle las mejores condiciones de vida. Este año logró escolarizarla, luego de varios rechazos en distintas escuelas públicas y privadas. Por eso sonríe, mientras muestra las fotografías de Valentina con el uniforme azul de parvularia que porta el alumnado de las escuelas públicas. Ese uniforme es un hito, para la madre y para la hija. Las mujeres son, en su mayoría, quienes preparan y llevan a las infancias a las escuelas públicas o privadas que cubren cuatro o cinco horas de clase, por lo que, este ir y venir en ciudades no diseñadas para las cadenas de cuidado también les dificulta tener un trabajo formal. Casi la mitad de las salvadoreñas que residen en el área urbana están en el mercado laboral informal, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Gloria comienza su jornada laboral a las 8:00 a.m. y la concluye a las 4:00 p.m., desempeñándose de forma remota desde su hogar. Esta modalidad le brinda la flexibilidad necesaria para estar más atenta a las necesidades de su hija.
Gloria Rivera, quien trabajó lavando platos desde los 14 años, tuvo que interrumpir su sueño de convertirse en la primera persona de su familia con estudios universitarios cuando quedó embarazada mientras estudiaba la licenciatura en Derecho en la Universidad de El Salvador. Ahora, mientras cuida de Valentina, de su abuelo de 94 años, de su abuela de 80 y trabaja de forma remota en servicio a la clientela, ha vuelto a la universidad para estudiar un técnico en Relaciones Públicas en una universidad privada.
En la antigua y acogedora casa familiar de un barrio de San Salvador, vive también su sobrina de cinco años y su hermana de 25, a quien Gloria Rivera reconoce como la persona que le acompaña a no sucumbir ante tanta carga económica y de cuidados. Su hermana comenzó a trabajar recientemente de forma remunerada, pero gana al mes 85 dólares menos que el salario mínimo (365 dólares) para los sectores industria, comercio y servicios, lo que obliga a Gloria a asumir los gastos más fuertes.
Además, sus amigas la ayudan a comprar pañales y medicinas. Muchas de esas amistades han surgido en el hospital durante los repentinos ingresos de Valentina. Esto demuestra la importancia de la red de apoyo que va construyendo en su entorno. «He estado en ambos lados: necesitando ayuda y pudiendo ayudar».
La luz de una mañana dominical se cuela para alumbrar la decoración sencilla y los juguetes de las niñas. El favorito de ambas es una unicornia embarazada. Al centro, está el corralito de Valentina, quien se acerca juguetona. Mientras conversa sobre su día a día, Gloria acude por intervalos a limpiar y atender a la niña. A un costado, la mochila negra de emergencia de Valentina, con ropa y medicamentos básicos, por si tienen que salir corriendo al hospital. La primera vez que Valentina tuvo una convulsión, su mamá salió corriendo descalza con la niña en brazos.
¿Qué necesitan las cuidadoras en El Salvador? es la principal pregunta. “Un estipendio mensual, un lugar público de cuidados, no solo para que se atiendan a las niñas y niños, personas con discapacidad o adultas mayores, sino también, para que una pueda descansar, al menos unas horas”, asegura, y recuerda la vez que se quedó paralizada de sus extremidades, en la puerta de la casa, a consecuencia de tanto estrés. “No duermo profundamente por si Vale convulsiona, pero he tenido que poner ojo en el autocuidado”.
Antes de salir de casa, Gloria prepara una mochila con todos los medicamentos necesarios para su hija.
Un aroma a arroz y especias invade el ambiente; al fondo, su hermana prepara la comida del almuerzo, el abuelo se ha ido de la habitación para permitir la conversación y la abuela mira con curiosidad de vez en cuando desde el pasillo.
La vida de Gloria acumula muchas heridas. Fue también víctima de violencia obstétrica y perdió a su primera hija en el parto porque en el hospital público no le realizaron la cesárea de emergencia que necesitaba. Desistió de poner una demanda porque implicaba exhumar el cuerpo de su bebé. El Estado tiene deudas históricas con ella. El genitor de Valentina apenas la visita y no participa equitativamente en su cuidado ni en su manutención.
Gloria también es activista a favor de la interrupción libre del embarazo en El Salvador, uno de los pocos países donde está penado bajo todas las causales. “A veces, me preguntan que si yo abogo por la interrupción libre del embarazo porque hubiese no querido tener a Valentina y no, Valentina es una niña muy deseada y por eso hago todas las cosas por ella con amor”. Es consciente de que muchas madres de infancias con discapacidad pierden sus empleos debido a los cuidados que asumen o por estos ingresos hospitalarios repentinos y recurrentes, por eso explica que sus jefes son empáticos cuando debe retirarse de su turno de teletrabajo para acudir con su hija al hospital.
Políticas sin dinero
A partir del 1 de enero de 2023, el Gobierno ha establecido la obligatoriedad para las empresas con más de 100 empleados de contar con un Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) en sus instalaciones. Esta medida se aplica tanto al sector privado como al público, incluyendo las instituciones autónomas. De acuerdo con la página web del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), han autorizado el funcionamiento de nueve centros en San Salvador y dos en La Libertad. La hija de Gloria aún no ha tenido acceso a estos centros.
Antes de la entrada en vigencia de la Ley Crecer Juntos, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ahora Conapina) registraba, entre enero y septiembre de 2022, 188 de estos centros que atendieron a 3,180 niñas y 3,263 niños, sumando un total de 6,443 infantes, con edades comprendidas entre 0.5 meses y 11.8 años. El 56.4 % operan en áreas rurales, mientras que el 46.3 % se ubican en áreas urbanas. Estos centros siguen siendo insuficientes al considerar que la población entre 0 y 9 años en El Salvador sumaba 945, 357 niñas y niños para 2022, de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.
“Ser madre no es una tarea fácil. Vivimos en una sociedad hostil a la maternidad. No es sencillo quedarte embarazada, tener un parto respetado, dar de mamar donde y cuando quieres, compaginar la crianza y el empleo. Todo el mundo cree que puede juzgarte”, consigna en el libro “Mamá desobediente” la escritora española Esther Vivas, publicado en 2019. Vivas ha denunciado en sus redes sociales el caso de un hotel de Barcelona (España) que despidió a una camarista por “bajar su rendimiento” a causa de la pérdida de un bebé.
Esta realidad se replica en las historias de vida de muchas madres en México, Chile, Uruguay y El Salvador.
En 2022, el Gobierno del presidente Nayib Bukele lanzó la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados, en la que se reconoce que la mayor parte de las mujeres que cuidan no reciben ingresos por este trabajo, ni seguridad social. Proyectada hasta 2030 y con el apoyo de ONU Mujeres, “busca establecer espacios y ampliar los servicios que respondan a las necesidades básicas de cuidados en su sentido amplio. La existencia de lugares para la atención a personas en situación de dependencia que sean seguros, higiénicos y de calidad constituye uno de nuestros principales objetivos”. Sin embargo, personas como Gloria Rivera aseguran que aún no perciben sus efectos tangibles, entre otras cosas, por falta de apoyo económico.
Carmen Urquilla, coordinadora del Programa Justicia Laboral y Económica de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), señala que el problema de la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados es la falta de recursos para su ejecución. “Se dice que va a ser con apoyo del sector público-privado, pero con las empresas, hasta donde yo sé, tampoco se ha hecho una presentación muy grande. Esta política es un avance interesante porque El Salvador no tenía políticas del cuidado, pero hay que ver cómo se va a implementar”. La política nacional contempla, entre otras cosas, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ofrece protección específica a las trabajadoras del hogar remuneradas, la ampliación de infraestructura del cuidado y la profesionalización de las personas que realizan estos trabajos. “El problema de la política es que de financiamiento no dice nada, cómo se va a financiar esto y cuándo se va a hacer”, puntualiza Urquilla.
La diputada de oposición Claudia Ortiz, de la fracción legislativa “Vamos”, lanzó el 17 de agosto de 2023 una propuesta de ley de beneficio económico por el trabajo de cuidados, que no ha tenido aún el respaldo de la bancada mayoritaria (56 de 84 diputaciones) del partido oficialista Nuevas Ideas. “Pero saber que hay alguien desde el parlamento pensando en nosotras es una luz”, afirma Gloria Rivera.
Cuidar animales, cuidar la comunidad
María de la Merced Hernández vive en el cantón El Capulín del departamento de La Libertad. Una zona rural que está a 24 kilómetros de San Salvador. Para ella, su día de trabajo inicia a las tres de la madrugada con la alimentación de sus diez perros y diez gatos que ha rescatado de las calles de su comunidad. La atención a los animales se ha vuelto su principal misión, tanto que, gran parte de lo que gana como trabajadora del hogar remunerada por día lo gasta en la alimentación y tratamiento médico de los gatos y perros.
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2022 de El Salvador reveló que el 4.7 % de la población con empleo remunerado se dedica a labores del hogar a cambio de salario. Además, el 10. 2 % de las mujeres con empleo remunerado se desempeñan como trabajadoras del hogar.
“Cuando los veo en la calle y que la gente los maltrata; los recojo, los llevo para mi casa y ahí empiezo a curarlos. He llegado a tener 15 perros en la casa, hay gente que es grosera. Yo tengo una vecina que los amarra y los tiene disecándose en el sol, no les da agua, no les da comida. Los chuchos lloran, todo eso veo yo, la crueldad que hacen con ellos”, explica.
A sus 60 años, hace labores de trabajo del hogar en cuatro casas en las que las mujeres trabajan en oficinas, organizaciones y supermercados. Por esas tareas, gana de 20 a 25 dólares diarios que le sirven para pagar los recibos de su domicilio, comprar la comida de su familia y afrontar el cuidado de los animales. “En las casas donde llego, hago limpieza, me ponen ropa a lavar, tengo que barrer el patio, limpiar, recoger el pupú de los perros, lavar la cochera; hacer todo lo de la casa: limpiar los vidrios, las ventanas, todo eso se tiene que hacer”. A eso dedica dos o tres días de la semana de seis de la mañana a 12 del mediodía. Por la tarde, se ocupa de las tareas de su propio hogar y de sus animales.
En su casa, vive con dos nietos de su primera hija, quien murió hace siete años por cáncer de útero, y con su compañero de vida. En marzo de 2022, sus dos hijos fueron capturados bajo el régimen de excepción impulsado por el Gobierno salvadoreño, el cual ha suspendido las garantías constitucionales y los derechos humanos para gran parte de las personas privadas de libertad. Hasta octubre de 2023, se registraron más de 73 mil 800 detenciones arbitrarias y 190 muertes bajo custodia estatal como resultado de este régimen, sobre todo hombres. Esta situación ha triplicado la carga de cuidado de las mujeres: abuelas, tías, hermanas, madres y vecinas, en algunos casos, están a cargo de la niñez que ha quedado en desamparo. María de la Merced Hernández ha dejado de llevar a prisión los paquetes de comida y aseo personal que el Gobierno exige a las familias. No le alcanza para comprarlos y no está segura de que se los entreguen a sus hijos.
Sus cargas continúan. Cuando no va a trabajar en limpiezas externas, cuida a su hermano de 50 años que padece de la vista. Para ello tiene que viajar por más de dos horas en bus hasta el distrito de Ilopango, en el municipio de San Salvador Este para acompañarlo a las consultas médicas y a la compra de medicamentos.
María de la Merced Hernández es una mujer con carisma. Se ríe con facilidad, pero se quiebra cuando habla de sus animales. Prefiere que se mueran antes que ella para poderlos enterrar y que no sufran ante su ausencia. A pesar de desempeñarse como trabajadora del hogar sin contar con prestaciones sociales, su principal petición al Estado es que cree políticas públicas de cuido para los animales a escala territorial: “Los animales rurales también merecen cuidado”. “Si pudiera tener esa oportunidad de decirle al presidente, le pediría que ayudara a los perros, que mandara a esterilizar colonia por colonia, no que vayan al hospital Chivo Pets, sino que tuvieran una unidad para andar yendo donde están un montón de perros, porque ellos sufren al final. Quieras o no, ellos lloran”.
Cuidadora incansable, asegura que varias veces le ha tocado rescatar perros con enfermedades contagiosas que han sido abandonados y, en ocasiones, también se ha metido a las casas de sus vecinos y vecinas para soltarlos cuando están amarrados. Por eso, tiene problemas en su localidad, tanto, que cree que no la apoyarían si ella lo necesita.
Se imagina sola cuando sea mayor y teme que sus energías ya no le respondan como hoy. Ya se empieza a cansar. Padece del corazón y los pulmones. Los médicos le han dicho que no haga muchos esfuerzos. “Me visualizo sola, no visualizo que me van a cuidar mis nietos, ellos viven en otro mundo. Para decirle que ni el señor con quien estoy creo que me puede cuidar”.
Explica que solo una vez ha trabajado con las prestaciones de ley, los 14 años que pasó en el área de limpieza en un kínder privado de la capital, donde le descontaban para el fondo de pensiones y el seguro social. Cuando la despidieron, no la indemnizaron. Con 55 años, retiró los 6 mil dólares de pensión que había cotizado para comprar ropa a sus nietos y pagarles sus estudios. Actualmente, no cuenta con ahorros en caso de que se enferme o para cuando cumpla la edad de retiro.
Protección para las que cuidan
Desde el 2010, el Estado salvadoreño otorga una pensión mínima universal de 50 dólares mensuales a personas mayores de 70 años que carecen de ingresos o viven en zonas de pobreza y vulnerabilidad, pero María de la Merced Hernández deberá esperar 10 años para optar a dicho beneficio. Según el análisis situacional sobre la población adulta mayor en El Salvador, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Ministerio de Desarrollo Local, la falta de acceso a pensiones afecta de manera más profunda a las mujeres que a los hombres. En 2021, de cada 100 mujeres pensionadas, de 60 años o más, al menos 57 recibieron una pensión por vejez; en los hombres, fue de 92 de cada 100. Para el caso de las personas adultas mayores, el Gobierno asegura que en el país hay 90 centros de atención, conocidos como asilos, hogares o centros de día, de los cuales, solo tres son públicos.
Ormusa lleva más de diez años estudiando y haciendo propuestas de políticas públicas sobre los cuidados con enfoque de género. En 2018, presentó una propuesta municipal para la alcaldía de San Salvador sobre las demandas de los cuidados de las mujeres de este municipio, en la que contemplaba la creación de una casa municipal para mujeres trabajadoras que requieran atención especial, la construcción de vivienda de interés social, una pensión digna y hasta una veterinaria para el cuidado de animales, sin embargo, no ha sido retomada. Carmen Urquilla señala que las leyes que se han aprobado en el país para las mujeres en este periodo de gobierno -como Nacer con Cariño, en contra de la violencia obstétrica y la participación de los genitores en el parto; Crecer Juntos, que promueve la estimulación temprana, el desarrollo y la protección a la primera infancia, o Amor Convertido en Alimento, para el fomento y apoyo de la lactancia materna- están ligadas a la maternidad, lo que deja de lado a mujeres que desempeñan trabajos de cuidado más allá de sus hijas e hijos. “Ellas ni siquiera son objeto de derechos, sino que son políticas con este binomio, madre-hijo. ¿Qué sucede con el resto de las mujeres que no necesariamente tienen hijos, pero maternan: se encargan de cuidar sobrinos, nietos, juntas de agua?”, se pregunta.
¿Qué significa para María de la Merced cuidar? “Que lo tenga todo. Por lo menos la comida, es lo más esencial. A mí, como así me enseñaron, que debería tener la comida, aunque nosotros aguantamos hambre en mi infancia”, recuerda.
El reciente informe de Oxfam y la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), ‘El Salvador un país de cuidados’, indica que la mayoría de las mujeres que han destinado gran parte de sus vidas al trabajo en y para el hogar hoy corren riesgo en afrontar su vejez sin una pensión. En este informe, se propone la creación de un nuevo pacto social que contemple políticas públicas como una economía más humana con corresponsabilidad del Estado que garantice la protección de las personas que cuidan.
María de la Merced Hernández vuelve a hablar de los animales, que en la zona rural tienen más libertad y pueden correr en el campo. En la ciudad, están encerrados, denuncia, aunque señala que tienen más acceso a ser atendidos cuando están enfermos. Su vecina, la antropóloga Gabriela Paz, se ha unido a ella para rescatar animales, impulsar campañas de esterilización y de adopción. Gabriela, más joven, también tiene cinco animales y se sintió motivada por el trabajo que su vecina mayor realiza. Para la antropóloga, la tarea de María de la Merced es un aporte a la salud pública de su cantón ante la ausencia del Estado: “Si no los cuidamos, también atentamos contra la salud de las personas en la comunidad. Hay muchos perros en la calle y si no hubiese nadie preocupado de vacunarlos de repente habría rabia o perros mordiendo a la gente. Creo que es un tema de política pública que no está siendo atendido y que hay una cantidad de personas que nos dedicamos al rescate, que estamos supliendo una necesidad que el Estado no está atendiendo de forma diligente”.
“Por el trabajo del hogar, llego tarde a la vida”
Las tareas no remuneradas de cuidados y del hogar implican no solo el cuidado de niños y niñas sino de personas adultas mayores, personas con discapacidades o animales, como es el caso de María Merced Hernández. Las mujeres dedican 2,6 más tiempo que los hombres a estos trabajos, según ONU Mujeres. La economista salvadoreña Ana Escoto, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha señalado que el problema fundacional de los cuidados es que están feminizados, es decir, tienen que estar mejor repartidos entre toda la sociedad. Subraya, además, que el reconocimiento de las labores invisibles de cuidado no necesariamente debe ser monetizado, sino que también debe ser simbólico y social. “Hay un debate entre las y los economistas, a veces creemos que para darle valor a algo lo tenemos que cuantificar o monetizar, pero tal vez no se pueda monetizar todo el trabajo del hogar o de cuidados, pero sí debe dársele reconocimiento social y simbólico”, expresó en el conversatorio virtual “El trabajo de cuidados sostiene el capital”, organizado por la Red de Exbecarias y Becarios de la Fundación Heinrich Böll, el 18 de mayo.
El canal Cultura Colectiva realizó un reportaje sobre madres jóvenes sobrepasadas que están creando contenido en redes sociales para hacer conciencia sobre la casi imposible conciliación entre la vida personal, el trabajo del hogar, la crianza y un empleo remunerado. @unamamitaprimeriza y @patadepirru lloran a cámara para dejar testimonio de su hartazgo y crisis de salud mental.
Carolina tiene 43 años y es de San Salvador. Prefiere no compartir su apellido, pero cuenta que, en todo su recorrido de madre, aunque ha sido asistida y apoyada por su clan, ha vivido “lo que es comer con un bebé sentado en las piernas y no comer a gusto, cagar con un niño o una niña sentada a la par”. “En fin, perder cien por cien de mi privacidad y del tiempo para mí”. El libro “Madres arrepentidas”, publicado en 2015 por la socióloga israelí Orna Donath, pone sobre la mesa algo de lo que apenas se habla: las muchas mujeres que, una vez han sido madres, no han encontrado la ‘profetizada’ plenitud. Alejandra, que tampoco quiere publicar su apellido, tiene 26 años, vive en Ilopango, no tiene hijos, pero le ha tocado asumir las tareas del hogar desde que su madre y su padre se divorciaron y esta dejó la casa familiar. “No es solo una taza”, se lamenta ante el reclamo familiar por sus quejas ante la cantidad de oficios que debe realizar. “Es que, por el trabajo del hogar, llego tarde a la vida”.
El origen del problema es la socialización de los roles asignados desde niñas, el sistema sexo-género que da por hecho que son las niñas y las mujeres las que deben ocuparse de las tareas del hogar y el cuidado, apunta Rhina Juárez, abogada feminista que trabaja en Ormusa. “Las que logramos salir al mercado laboral remunerado por ocho horas, también estamos pendientes del cuido del hogar, infancias y adultos mayores, que es una enorme carga mental, y al regresar nos enfrentamos a la tercera o cuarta jornada. “Hay mujeres que se dedican hasta más de 12 horas a las tareas del hogar y el cuidado. En el mercado laboral, se privilegia a las personas que tienen disponibilidad y tiempo y es ahí donde se abre la brecha para las mujeres que no lo tienen por estar realizando el trabajo no remunerado”.
El tema de la conciliación entre el cuidado y el empleo remunerado es todavía un tabú, como apunta el Banco Mundial. La Asociación Yo No Renuncio, de España, impulsada por el Club Malasmadres, es una de las organizaciones que han puesto el tema sobre la mesa. “Lo que hacemos las madres no es conciliar, es sobrevivir a costa de nuestros propios recursos. Habrá que pararse un día y decir ‘hasta aquí’. Ese día será la revolución de las madres y entonces, solo entonces, los gobiernos no podrán seguir mirando a otro lado”, sostiene Laura Baena, su presidenta.
El Movimiento Feminista del País Vasco, España, realizó el 30 de noviembre una huelga feminista general en la que se reivindicaba el derecho colectivo a los cuidados y denunciaba que siempre recaen en las mujeres más precarizadas y sin derechos.
A lo lejos, asoma la esperanza que llega en pequeños sorbos. Como el proyecto de Manzanas del Cuidado en Bogotá, Colombia, una de las formas de operación del Sistema Distrital de Cuidado. Son áreas de la ciudad en las que se concentra infraestructura y servicios para atender de manera próxima y simultánea a las cuidadoras y a sus familias. En los videos al respecto, se puede observar un factor clave: el empleo remunerado para las cuidadoras.
Una brecha en aumento
En El Salvador, desde 2011, funciona el proyecto Ciudad Mujer. Tiene los mismos objetivos que las Manzanas del Cuidado de Bogotá, Colombia. Fue dirigido por la exprimera dama Vanda Pignato. Sus mejores años, en los que recibió mucha cooperación internacional, incluso la visita de Michelle Obama el 22 de marzo de 2011, han quedado en el pasado con el nuevo gobierno y las acusaciones de corrupción y procesos jurídicos contra Pignato y el expresidente Mauricio Funes. Si bien defensoras de derechos de las mujeres en El Salvador, entrevistadas para un reportaje publicado en La Prensa Gráfica, destacaron la importancia de los servicios allí prestados -empoderamiento económico, atención médica y asesoría en casos de violencia de género-; todo quedó en un proyecto limitado en el tiempo y que no cambió ninguna estructura social.
Diez años después, el presupuesto de Ciudad Mujer ha experimentado reducciones, la variedad de servicios que brinda ha disminuido y, notablemente, no recibe menciones por parte del actual gobierno encabezado por Nayib Bukele.
A pesar de estas políticas, aprobadas a cuentagotas y en muchos casos sin fondos suficientes, el trabajo no remunerado de las mujeres sustenta los hogares en El Salvador. El estudio presentado este año por Fudecen y Oxfam, citado anteriormente, señaló que, en 2021, las mujeres salvadoreñas destinaron un promedio de 25 horas semanales más que los hombres al trabajo del hogar no remunerado. Esta brecha aumentó en comparación con 2017, cuando las mujeres dedicaron 19 horas semanales a estas tareas. «Para 2021, el 75 % de la carga de las actividades de trabajo doméstico [del hogar] y de cuidados no remunerados recayó sobre las mujeres y solamente el 25 % en los hombres».
La directora regional adjunta de la Oficina de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, Cecilia Alemany, considera que El Salvador es uno de los países más atrasados de la región en la creación de políticas que contribuyan a redistribuir las tareas de cuidado en los hogares y reconocerlas además como un trabajo. Estas declaraciones a La Prensa Gráfica las compartió en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Este atraso obliga en muchos casos a asirse de redes de amistades y familiares para sostener la pesada carga de los cuidados. Pero no todas las mujeres tienen la suerte de tener redes amplias y fuertes puesto que el trabajo del hogar y de los cuidados históricamente se ha feminizado. Gloria Rivera ha sido clara, y Gabriela Paz, y María de la Merced Hernández; mientras llega la conciliación real y las políticas públicas con fondos, es necesario tejer redes comunitarias fuertes. “A pesar de la resistencia que se pueden encontrar, no se rindan. La conciliación y la corresponsabilidad son posibles, solo hay que mirar más el futuro del país y entender que sin ella no hay futuro”, apuntan desde Malasmadres.
El camino es largo. La propuesta “Ley de beneficio económico por el trabajo de cuidados” todavía no ha sido aceptada en el debate legislativo salvadoreño ni es prioridad en la agenda pública o mediática. Pero, como han demostrado las activistas salvadoreñas que lograron liberar a 73 mujeres encarceladas por partos extrahospitalarios o emergencias obstétricas, son la sociedad civil y los feminismos organizados quienes empujan los cambios sociales.
Los cuidados han sido uno de los temas debatidos por alrededor de 1.600 feministas que participaron, este noviembre, en El Salvador, en el 15 Encuentro Feminista de América Latina y El Caribe (EFLAC). La cita sirvió para hacer un fuerte llamado a los gobiernos y estados latinoamericanos y del Caribe para proveer las condiciones necesarias para las cuidadoras, la justicia reproductiva, criar con dignidad y poner al centro la vida no el dinero. Para Victoria Chávez, defensora ambiental salvadoreña, estos deben incluir no sólo la visión individual sino la perspectiva hacia la tierra, la naturaleza y los territorios, así como, volver a los saberes ancestrales para cuidar la vida.
Coordinó: Lauri García Dueñas.
Texto: Lauri García Dueñas y Vilma Laínez, con asesoría y edición de M.ª Ángeles Fernández, de Pikara Magazine, España.
Foto: Kellys Portillo, con asesoría de Lissette Lemus.
Ilustración: Ale Sol.
Verificación de datos: Metzi Rosales Martel.
Este texto fue producido gracias al apoyo del Programa de becas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).