¿A quién le quedan?: Niñez en desamparo por el régimen
Vilma Laínez | 01/11/2022
Abuelas, madres y hermanas están asumiendo las tareas de cuidado de niñas y niños cuyos padres y madres fueron capturados en el marco del régimen de excepción. En este reportaje, cuatro mujeres narran las cargas adicionales que han tenido que asumir ante la ausencia obligada por el Estado de sus familiares.
A Victoria, Sofía, Antonia y Margarita les cambió la vida después de que la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada llegaran a sus comunidades a hacer capturas como parte del régimen de excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2022. Han sido ellas las que han asumido el cuidado de sus nietas y sobrinas, que quedaron desamparadas cuando sus padres y madres fueron detenidos. Son mujeres pobres que ya estaban asumiendo tareas de cuidado por enfermedades o por la desaparición de familiares. Sus nombres han sido cambiados para proteger sus identidades.
El Gobierno reporta 55 mil capturas en lo que va del régimen de excepción. En este periodo han quedado suspendidas garantías constitucionales como el derecho a la libertad de asociación y reunión, la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a tener información sobre el motivo de una detención, a guardar silencio, el derecho a la defensa o representación legal y el requisito de presentar a cualquier persona detenida ante un juez en las 72 horas posteriores a su detención.
Organizaciones como Human Rights Watch han advertido que estas acciones en nombre de la seguridad pública abren las puertas para que se comentan torturas y graves violaciones a derechos humanos.
La organización Servicio Social Pasionista, que está trabajando en apoyar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, registra ya alrededor de 148 casos de niñas y niños de entre las edades de 0 a 17 años que han sido víctimas directas del desamparo generado por las capturas de sus padres y madres. Según esta organización, 51 de estos niños y niñas quedaron bajo el cuidado de uno de sus progenitores. El resto quedó a cargo de otros familiares, como abuelas, tías, hermanas o hermanos mayores y madrastras.
No hay acceso a cifras oficiales sobre casos como estos más allá de los que está documentando la sociedad civil, pues los expedientes de capturas en el régimen de excepción han sido declarados información reservada.
Victoria y Sofía
Victoria, de 44 años de edad, y Sofía, de 25, son madre e hija. Ambas viven en una comunidad de Mejicanos caracterizada por la presencia de pandillas. El régimen de excepción no ha llevado la tranquilidad a esta zona. Según Victoria y Sofía, los policías y soldados han hecho capturas arbitrarias. Se han llevado gente sin estar involucradas con pandillas, solo por llamadas telefónicas anónimas o por tener vínculo con personas detenidas, indicaron. Ellas tienen familiares detenidos en estos operativos, y dicen que lo mismo pasa con la mayoría de hogares de su comunidad.
Soldados y policías capturaron a una de las hermanas de Victoria y a su cuñado. A él lo buscaban por una supuesta llamada telefónica y a ella por ser su compañera de vida. Victoria y su hija Sofía han quedado a cargo de la hija de ambos.
Victoria cree que a sus familiares los capturaron «por vivir en una zona con alta presencia de pandillas, aunque ellos nunca estuvieran involucrados». Como prueba de su afirmación, muestra los documentos de antecedentes penales de sus parientes, donde las mismas autoridades de seguridad pública certifican que tenían un expediente limpio.
Al cuñado lo capturaron el 30 de marzo, mientras almorzaba en el chalet de su esposa. Policías y soldados se acercaron a él y le dijeron que se subiera al carro patrulla. Victoria asegura que mientras lo hacía le dieron patadas. «Cuando mi hermana preguntó bajo qué delito se lo llevaban, le dijeron que mejor pidiera que no fueran a llegar pronto por ella», recuerda Victoria.
Dos meses después de este hecho, el 7 de junio, las autoridades llegaron por la hermana de Victoria al mismo chalet donde ella trabaja y donde su esposo fue capturado. Los policías y soldados le pidieron el Documento de Identidad Personal (DUI). Según Victoria, le preguntaron si tenía a un pariente detenido, a lo que su hermana respondió que sí, que su compañero de vida. Le dijeron que se subiera a la patrulla. Cuando Victoria llegó a preguntar por ella a la delegación policial de la comunidad, los mismos agentes le dijeron que mejor le comprara ropa blanca porque su hermana quedaba detenida, acusada de asociaciones ilícitas. «Solo por ser la compañera de vida de mi cuñado. No sé cuál sería ese delito. A ella la acusan de agrupaciones», explica Victoria.
Ahora Victoria y su hija Sofía deben repartir su tiempo entre cuidar a su sobrina, tratar de obtener información y conseguir las pruebas de que sus parientes no tienen nada que ver con las pandillas. «Yo, por ser familia, soy la que me he encargado de la niña y la de las vueltas que hay que dar con respecto a ellos», indicó Victoria.
Este no ha sido el único golpe en su familia. A otra hermana la amenazaron con capturarla y tuvo que huir de su casa junto a sus hijos. Victoria dice que en esa comunidad hubo redadas desde el inicio del régimen, y que no hay ninguna familia que no tenga parientes capturados. La mayoría de niños y niñas que han quedado expuestos al abandono a raíz de ello, ahora están bajo el cuidado de sus abuelas, hermanas o tías, relataron Victoria y su hija, quienes además son vecinas de una abuela que cuida a una nieta porque su hija fue capturada. Cerca de ellas también vive otra familia con dos niñas y la madre de ellas. Las menores de edad se quedan solas en casa porque su papá fue capturado al inicio del régimen y la mamá debe ir a trabajar para obtener el sustento diario.
Mientras Victoria asume las labores de cuidado de su sobrina, y la búsqueda del papeleo para ayudar a su hermana y cuñado, su propia hija, Sofía, asume la carga económica. Ella es quien ayuda a Victoria a comprar los paquetes solicitados por la Dirección General de Centros Penales para las personas detenidas, y quien se encarga de cuidar a su prima cuando su madre sale.
Sofía también tiene que ayudar a su sobrina con las tareas de la escuela. «Ha sido difícil. Yo siento que tenemos mucha carga. Con ella [prima] cuesta un poquito por todo el proceso que está pasando. Está rebelde, no quiere hacer las tareas de la escuela». Sofía también cuida a otro sobrino, hijo de un hermano desaparecido desde 2019 y que, a pesar de una búsqueda intensa, no saben dónde está. Ese mismo año sufrió la pérdida de su padre como consecuencia de la desaparición de su hermano. Su hogar está roto después de todo esto. A este dolor se suma la detención de su tía y de otro tío capturado en septiembre, para cuyo hogar también deben proveer alimentos.
Antonia
Antonia, de 43 años, cuida a su nieta. Su hijo mayor fue capturado por agentes policiales y soldados en junio, cuando regresaba de trabajar. La niña de 7 años de edad quedó a su cargo porque la mamá está fuera del país. Antonia cree que lo detuvieron porque tenía un tatuaje en su brazo izquierdo con los rostros de sus dos hijos. «Crecer con cariño dicen, y dejan a los niños solos, sin su papá o su mamá. Es una farsa todo lo que hacen», recrimina Antonia. «Es duro cómo el Estado, en vez de ayudarnos, nos está torturando con esto del régimen», cuestiona.
Antonia está triste. Su nieta se va a graduar del kínder a finales de noviembre. Para ese mes, su hijo cumplirá seis meses de haber sido capturado y recluido en el penal de Izalco. Antonia afirma que el deseo de su nieta es que su papá esté presente ese día de su graduación. «Yo espero en Dios que cuando llegue eso, mi hijo pueda estar con ella, en esos momentos importantes», dice.
Esta abuela debe llevar consigo a su nieta mientras busca a su otra hija, Katia, de 16 años de edad, desaparecida desde 2016. La niña la acompaña a las actividades de búsqueda porque no puede dejarla sola en su casa. A finales de septiembre, la menor se cayó y se fracturó un dedo de la mano. Antonia pausó la búsqueda de su hija para dedicarse de lleno al cuidado de su nieta. «Si uno busca ayuda en las instituciones que supuestamente están para ayudarles con los casos de las personas desaparecidas, no hacen nada, y hoy que tienen que investigar si las personas son inocentes, tampoco lo hacen», señala.
Antonia y Victoria son amigas y, aparte de sus familiares cercanos, también tienen amistades y vecinos en común que viven sus mismas realidades: personas que cuidan a niñas y niños que quedaron sin la protección de sus padres y madres que fueron capturados. «Hoy uno no teme de las pandillas porque se supone que no hay, pero de la Policía sí. Cuando nos encontramos con ellos, ya sentimos miedo: ¿nos van a detener?, ¿nos van a decir algo? Porque para ellos todos somos delincuentes», señala Victoria.
Margarita
La hija de Margarita fue capturada en una redada en junio pasado, mientras esperaba el bus de regreso de su trabajo a Santa Ana. Su nieta quedó a su cuidado, en condiciones agravadas por el hecho de que era su hija quien proveía económicamente para el hogar. La niña ha bajado en su rendimiento escolar y ha tenido que llevarla a un psicólogo. «Empezaba a llorar, a preguntar por la mamá. Nosotros le decíamos que trabajando andaba y la niña decía, ‘¿por qué no le dan permiso, por qué ni un audio me manda?’. Ya cuando ella empezó así es que la llevamos al psicólogo», cuenta.
Margarita, de aproximadamente 65 años de edad, lleva a su nieta consigo cada vez que sale de la casa. Por ejemplo, en septiembre, cuando un tío fue liberado tras seis meses de haber sido detenido, la niña la acompañó hasta las bartolinas del Penalito en horas de la noche y bajo la lluvia. Mientras esperaban la salida del tío de Margarita, la niña preguntaba por su mamá. Quería saber cuándo iba a salir.
La hija de Margarita está recluida en el penal de Apanteos, en Santa Ana, luego de haber sido trasladada desde Cárcel de Mujeres.
Huellas permanentes
La niñez está padeciendo en su salud mental y física los efectos de las capturas de sus madres y padres en el régimen de excepción, señaló Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de la organización Cristosal, una organización de defensa de los derechos humanos que ha registrado varios cientos de denuncias por abusos durante la vigencia del régimen.
Navas advierte graves vulneraciones a los derechos de la niñez por el desamparo en el que están quedando. «El impacto ya no solo fue al momento de la detención que los niños presenciaron la violencia, sino la ausencia injustificada de la familia (…) Cuando se han llevado a la pareja, los niños y las niñas no comprenden qué es lo que ocurre y esto genera una grave afectación e interrumpe su siclo educativo (…) Por otra parte, genera un impacto psicológico gravísimo, un duelo no resuelto, incluso, hay una situación de grave riesgo y exposición de estos niños a ser víctimas de cualquier abuso», explica.
Recalcó que el separarles de sus padres y madres genera estrés postraumático en la niñez, como en el caso de la sobrina de Victoria. La niña no solo presenció la captura y golpiza de su padre, también tuvo que moverse de su hogar a la casa de Victoria y aprender nuevas reglas de convivencia. En ese nuevo hogar le dice mamá a su prima, Sofía. Ella cuenta que la niña hace berrinches a cada rato y por cualquier cosa.
Navas dice que este es un claro ejemplo de cómo la niñez está expresando los efectos de la ausencia de sus padres. «Probablemente el tema del berrinche de la niña no está vinculado a cómo sus padres la habían educado, sino a la forma en cómo la niña expresa la ausencia de sus padres, la falta de cariño, la falta de afecto, la falta de orientación directa de sus padres. El cariño, el amor que un niño o niña sienten hacia sus padres, esa protección es fundamental en la etapa de su desarrollo», aseguró.
Los casos registrados por Cristosal que tienen que ver con menores de edad son remitidos al Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) y al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), instituciones que deben garantizar los derechos de los infantes, y que los familiares o personas que los cuidan les ofrezcan una adecuada protección, educación, alimentación y salud, entre otras condiciones.
En uno de esos casos, siete niñas y niños quedaron bajo el cuidado de su abuela, porque sus madres y padres fueron detenidos.
Navas lamenta que instituciones como el CONNA, la cual presidió entre los años 2011 y 2019, no estén asumiendo sus roles de protección a la niñez. «Por casos particulares, a los que le hemos dado seguimiento, nos damos cuenta de que ni el CONNA ni el ISNA tienen la preparación en este momento para dar respuesta a esta población. Se siguen usando las medidas de protección tradicionales, que es trasladar el cuidado de los niños a familias, pero está siendo tan masiva esta situación, que los niños ya no solo han sido extraídos del hogar porque en su casa había violencia, sino, que no hay quién provea económicamente a las familias que asume el cuidado de niñas y niños», explicó.
Agregó que no se tiene un dato exacto de cuántos niños han sido separados de sus padres por el régimen de excepción, porque tampoco se tiene acceso a esa información.
Señaló que cuando una niña o un niño pierde la presencia de mamá o papá, o de la persona con la que se ha criado desde muy pequeño, «tiene un rompimiento profundo, que le genera sufrimiento y lo expresa de distintas maneras».
Para esta experta, se está exponiendo a la desprotección a una cantidad muy grade de niños y niñas a través de los arrestos masivos que se dan durante el régimen de excepción. «Imagínese, más de 53 mil o casi 54 mil [ahora más de 55 mil, según el último reporte oficial] casos de personas detenidas: ¿quién se está haciendo cargo en su crianza?, ¿quién está asumiendo ese proceso formativo, educativo, evitando que los niños y niñas sean víctimas de abusos, que los utilicen para cometer delitos?», acotó.