Leonor Arteaga: «El Salvador se encamina a una nueva condena internacional por violar derechos humanos»
Vilma Laínez | 01/04/2022
La directora del Programa de Lucha contra la Impunidad de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con sede en Washington, consideró que las recientes medidas tomadas por el Gobierno, le pasará al país graves facturas. En esta entrevista profundiza en las implicaciones que tendrán los cambios en el sistema judicial de El Salvador en materia de derechos humanos
Por Vilma Laínez
Edición: Mariana Belloso
El Salvador vive, desde el pasado fin de semana, un ambiente de zozobra. Tras una repentina alza en los homicidios, que dejó más de 70 muertos en dos días, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ordenó a la Asamblea Legislativa, controlada en su mayoría por el oficialismo, declarar un régimen de excepción. Se han suspendido garantías constitucionales como el derecho a la defensa, y se han aprobado reformas de ley que permiten que una persona esté detenida indefinidamente, y a que niños de 12 años se les pueda condenar a 10 años de prisión, entre otras.
Hasta este jueves 31 de marzo, el mismo presidente publicó a través de su cuenta de Twitter que habían capturado a 3,800 supuestos pandilleros, en el marco del régimen de excepción. El gobernante ordenó a la Corte Suprema de Justicia y a los jueces, también controlados por el Ejecutivo, que no dejen en libertad a estas personas. En las calles, mientras tanto, se multiplica las denuncias por parte de familiares de quienes han sido detenidos de forma arbitrarias.
El Programa de Lucha contra la Impunidad de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), del cual es directora Leonor Arteaga, es parte de los 70 organismos internacionales que el jueves firmaron un pronunciamiento, en el que piden al Estado salvadoreño que cumpla con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. “El régimen de excepción es tan amplio que permite abusos de derechos humanos”, señala el DPLF. Alharaca habló con Arteaga para ampliar al respecto. “Se trata de una estrategia para acumular poder y para tener controlada a la población”, advirtió la experta.
¿Qué lectura están haciendo ustedes sobre esta situación que vive El Salvador con el régimen de excepción?
Primero, reconocemos que El Salvador vive en un contexto muy, muy difícil de violencia desde hace muchos años, y lo que ocurrió el fin de semana fue solo otro episodio. Las víctimas tienen derecho a que se investiguen estos casos y a vivir en un ambiente con seguridad, es lo primero, libre de violencia. Sin embargo, por muy trágica que sea esta situación, El Salvador tiene todo un sistema de justicia destinado a responder a ello, es decir, existen leyes e instituciones, la Policía y Fiscalía, inteligencia, etc. Ya estamos muy establecidos en El Salvador para investigar el crimen. De tal manera que el primer cuestionamiento es, ¿realmente se necesitaba un estado de excepción para responder a estos homicidios? Repito, son muy graves, muy dolorosos, pero finalmente son homicidios. Lo último que se puede pensar es un estado de excepción, que se ha previsto para situaciones catastróficas. El artículo 29 de la Constitución salvadoreña habla de guerras, de catástrofes ambientales, naturales y también, dice graves perturbaciones del orden social. Expresamente dice que un aumento de homicidios no constituye una causa para declarar un régimen especial. Es decir, por un lado, tenemos lo que dicen los tratados internacionales, lo que dice el artículo de la Constitución, de tal forma que no había donde perderse. Entonces, si ahora pueden detener a cualquier persona sin decirle por qué, sin que tenga derecho a abogado, puede sacarle una confesión contra sí mismo. No parece que haya jueces y una Corte Suprema que vaya a poder controlar la situación y revertirla. Hay partes de este estado de excepción que son contrarias al derecho penal. Entonces, todo este escenario nos preocupa. Quizás no era necesario, no es proporcional, pero, además, abre la puerta a violaciones de derechos humanos. Podría haber torturas.
Sobre esos abusos, ¿qué se podría esperar en los próximos días con las reformas que se han hecho al sistema judicial?
Lo primero, capturas masivas de personas sin ninguna investigación, básicamente basadas en perfiles de pobreza y personas que viven en zonas en teoría de actividad de pandillas. Estamos viendo que lo que ha ocurrido en centros penales, que se ha decretado sólo bajando el dedo, solo con un tuit, se ha decretado alerta máxima, eso implica incomunicación absoluta de las personas. Se está restringiendo el derecho de alimentación, aislamiento permanente, eso es considerado tortura. Entonces, por un lado, se están violando derechos de personas privadas de libertad, por otro, violando derechos de personas capturadas masivamente y también estamos viendo registros indiscriminados. Eso nos preocupa y lo que ocurrió ayer (miércoles) ya no sólo se trata de acciones de la Policía, sino que, además, ahora se han reformado siete leyes, sino me equivoco, sobre el sistema penal, y bueno, aquí hay varios temas muy, muy preocupantes. Primero, que se está caminando hacia lo que se llama una justicia secreta, es decir, las personas que sean capturadas no solo no van a saber por qué se les captura, no van a tener abogado por su cuenta, se les puede o se pueden incriminar y además no van a saber por qué de la justicia secreta, porque bajo el pretexto o bajo la sombra de que se quiere proteger a jueces, se incorporó en el Código Procesal Penal, básicamente lo que en América Latina se conoce como jueces sin rostro, es decir, el hecho de que la persona que es juzgada no sabe quién lo está juzgando, eso es violatorio de la Convención Americana. Perú y Colombia con figuras similares, recibieron muchas sanciones internacionales por tener ese tipo de figuras, entonces, se debe proteger a jueces y juezas contra ataques de pandilleros, por supuesto, pero para eso hay otros caminos. Se tienen que crear tribunales especializados, tener medidas de seguridad, tener otras cosas, pero no caminar en lo secreto, que además, si lo ponemos en contexto de este Gobierno, que todo es secreto, oculto, hace que la gente no sepa cómo defenderse, no sepa de qué se le acusa. Sí estamos a favor de que la justicia sea efectiva, pero el camino no es eliminar todos los controles.
Ya que se refirió a Columbia y a Perú, ¿podría detallarnos algunos ejemplos por los que se les sancionó al usar esta figura de jueces sin rostros?
Voy a hablar de Perú durante el régimen de Fujimori y Montesinos, que era su mano derecha para instalar jueces sin rostro, para juzgar a las personas por terrorismo, es decir, a la guerrilla peruana y a otros opositores políticos. Y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios de sus casos, condenó a Perú. Eso no puede ser, todas las personas tenemos derecho a saber quién nos está juzgando. O sea, es de la época prehistórica, que una persona vaya a un juicio frente a una pared negra, eso no es admisible en una justicia moderna. No creo que este Gobierno no lo sepa. Este Gobierno tan digital en las últimas tendencias, seguro que sabría cómo proteger a jueces. Esto es algo que nos preocupa mucho. Además, no son medidas nuevas que se le hayan ocurrido a Bukele. Ya en época del presidente Antonio Saca y toda su versión de proscripción de pandillas se adoptaron medidas similares. Todos los países que han optado por esta vía de populismo punitivo siempre tienen que retroceder porque la comunidad internacional los va a presionar y finalmente van a tener que cumplir los mismos derechos a los que el Estado está obligado.
¿Usted cree que el Estado salvadoreño podría ser condenado por organismos internacionales como la CIDH o la ONU, por esta situación?
Definitivamente ese es el camino. El camino al cual va El Salvador. A ser condenado por cortes internacionales y claro, el Estado ahora tiene una actitud de que eso no es importante y que no le importa, y que, en esta narrativa muy peligrosa, de que para proteger a la población necesita violar derechos humanos. Eso no es cierto.
Bueno, Bukele incluso ha planteado la posibilidad de retirarse de estos organismos como país.
Claro. Hay que pensar en otros países de la región, ¿qué otro gobierno ha tenido su mismo discurso? Los mayores violadores de derechos humanos, como Nicaragua, Venezuela, Honduras, etc.; en algún momento reciente Colombia, bueno, Estados Unidos, ya no se diga, ni si quiera es parte de todos estos tratados, entonces, los países con mayor número de privación de derechos humanos son los que no quieren cumplir con las normas del derecho internacional.
¿Qué implicaría para El Salvador una condena internacional más?
El Salvador tendría una muy mala imagen internacional y eso podría desincentivar inversiones y podría condicionar préstamos internacionales.
¿Hay retrocesos en temas de justicia que ya se creían superados después de la guerra?
Estamos viendo un retroceso hacia la oscuridad, la falta de controles y lo que El Salvador ha venido ganando en todos estos años después de los Acuerdos de Paz está en peligro de perderse, y la población tiene que darse cuenta antes de que sea demasiado tarde. Hay que verlo en el espejo de Nicaragua, lo que en un principio parecía positivo, terminó apostando en contra de la población. También hay que pensar que la población que más sufre por la violencia de las pandillas es ahora la que también está siendo acosada por la Policía y los militares.
¿Por qué considera que este Gobierno ha recurrido a medidas que fracasaron en gobiernos anteriores, cuando prácticamente tiene todo a su favor?
Yo creo que no tienen nada que ver con el interés de combatir a las pandillas. Creo que se trata de una estrategia para acumular poder y para tener controlada a la población y también para pelearse con la comunidad internacional, con cualquier voz crítica y tratar de desacreditar. Tampoco es una fórmula que se le ha ocurrido al presidente Bukele. Es de manual de dictador. Es lo mismo que han hecho otros presidentes en América Latina. Así vemos similitudes muy peligrosas en otros países y eso nos debe alertar para poder despertar y leer de mejor manera todas estas decisiones que parecen que aparentemente tienen un fin positivo, pero que en la práctica están consolidando un régimen autoritario.
Mucha población apoya al Gobierno por estas medidas.
Es un tema muy complejo y al que hay que entenderlo. Es cierto que la población mayoritariamente apoya estas medidas, al menos una mayor parte de la población, no solo son troles, no lo son funcionarios, la gente lo apoya porque está cansada de las pandillas. Las pandillas los tienen de rodillas. Hay un desencanto grande, un cansancio y hay que entenderlo. Además, la idea de Estado de Derecho, de la democracia, no ha significado mucho para la gente en el día a día. Para la gente esos son conceptos lejanos. Entonces, hay que hacer un trabajo de llevar a estas discusiones a la gente, no dejarlas en un círculo de abogados. Hay que hacerlo porque además la gente que no apoya otra dimensión de eso tiene miedo. También se está generando cultura de miedo de nuevo, que eso era algo que debíamos haber erradicado después de la guerra. De nuevo hay miedo. Miedo a opinar, a hablar.