Niñez sufre los efectos del régimen de excepción

---

La presencia de cuerpos de seguridad en comunidades empobrecidas y zonas con alta presencia de pandillas ya era motivo de tensión para la población joven, expuesta a revisiones violentas e incluso golpizas por parte de soldados o policías. Un estudio de la Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Servicio Social Pasionista, documentó, entre 2014 y 2018, 60 casos de víctimas de abusos policiales, los cuales fueron cometidos principalmente en horas del día y el lugares públicos como canchas de futbol. Entre esos abusos hay golpizas, allanamientos y capturas al margen de la ley, la mayoría cometidos contra jóvenes pobres y con edades de entre 19 y 29 años. 

Pero desde el 27 de marzo, cuando inició el régimen de excepción solicitado por el Ejecutivo y aprobado por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, los abusos y detenciones arbitrarias aumentaron. También aquellas dirigidas hacia niños y niñas.  

El régimen de excepción implicó la eliminación de garantías constitucionales, como el derecho a la defensa, y aumentó el periodo de detención provisional de 72 horas a 30 días. Unos días después, y siempre por iniciativa del Ejecutivo, la Asamblea aprobó ocho reformas punitivas, entre ellas una al Código Penal Juvenil, con la que se estableció una pena de 10 años de prisión como sanción mínima a niños entre los 12 y los 16 años de edad, acusados de ser miembros de pandillas o de agrupaciones ilícitas. En el caso de los adolescentes entre los 16 y 18 años la pena es de 20 años.   

Este incremento de las penas para los menores de edad ha sido señalado por organismos internacionales como violatorio de los derechos de la niñez y de tratados internacionales. Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Rights Watch, señaló que «en vez de proteger a la población está poniendo en riesgo sus derechos, incluyendo a niños que con 12 años pueden terminar en una cárcel espantosa». 

Estas medidas fueron la respuesta del Gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas, pese a que, desde el inicio de su administración, aseguró que lograron reducir al mínimo los homicidios con el Plan Control Territorial, un documento que se ha mantenido en secreto pero que una investigación conjunta de Alharaca y La Prensa Gráfica reveló que no solo no se ha ejecutado como tal, sino que lo que se lleva a la práctica en materia de seguridad pública es opuesto a lo que dicho plan sugiere.  

El régimen de excepción y las reformas posteriores han provocado ya detenciones arbitrarias de menores de edad, que han sido denunciadas generalmente a través de redes sociales. El Gobierno asegura que son 18,000 detenidos hasta la fecha. La Asociación Azul Originario (AZO), que ha estado ofreciendo apoyo legal a las familias de los detenidos y recolectando denuncias de violaciones a los derechos humanos durante los procedimientos del régimen de excepción, registra que siete de cada diez hombres detenidos por la Policía son jóvenes entre 18 y 29 años. 

Entidades como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) han denunciado que las reformas aprobadas tras el régimen de excepción violentan principios básicos y derechos esenciales contenidos en la Convención de los Derechos de la Niñez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Carta Americana de Derechos Humanos. La Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador ha señalado también que la implementación de prácticas como la revisión de mochilas por parte de elementos de la Fuerza Armada durante el actual régimen de excepción vulneran los derechos de la niñez y la adolescencia. 

Carlos, un niño de 12 años que vive en una comunidad en el Área Metropolitana de San Salvador, es un ejemplo de lo que se está viviendo en estas zonas. Teresa, su madre, dice que al iniciar el año escolar su hijo estaba feliz por regresar a la escuela de forma relativamente normal. Aún había preocupación en casa tras dos años de restricciones por la pandemia del COVID-19, pero entendían que él necesitaba convivir con sus amigos. Ahora, el camino a la escuela está lleno de miedo. Los padres de esta comunidad han optado por acompañar a sus hijos a las escuelas, con la esperanza de que, al verlos acompañados, se minimice el riesgo de que los detenga la Policía.  

«Lo primero que piden es el teléfono», cuenta Carlos. No quiere responder si ya ha sido parado y registrado por los cuerpos de seguridad. Sus padres no pueden acompañarlo todos los días a la escuela, porque ambos trabajan, por eso ha faltado algunos días y otros se anima a ir acompañado de amigos, pero dice que andar por la calle con más niños tampoco es ideal. Su colonia, ahora luce desolada. A los niños ya no les dejan salir. Han regresado al encierro.  

Ariela Arteaga, psicóloga, comentó que lo que se están viviendo la niñez y adolescencia es persecución. «Cualquier movimiento, situación o incluso características físicas, principalmente en comunidades donde el estigma es muy alto, puede representar un peligro», dijo. Explicó que el regresar a un entorno de cuarentena, esta vez por temor a ser detenidos, aumenta los niveles de ansiedad en los jóvenes.  

«Lamentablemente las condiciones de los niños en estos lugares de resguardo también son de mucho riesgo. Están recibiendo maltrato físico, psicológico, similares a un secuestro», apuntó, lo que puede tener un gran impacto en su desarrollo.  

Arteaga señaló que que estas condiciones generan traumas: perciben que su vida está en riesgo. Lo más importante en este contexto, indicó, es establecer medidas de protección para la niñez y también brindar herramientas de salud mental, así como proveerles de actividades que les permitan distraerse.  

Sin embargo, esto no entra en las posibilidades de la mayoría de familias en el país. En el caso de Carlos, descrito por su madre como un niño muy hiperactivo, intentan darle juegos para que pueda entretenerse en casa, pero lo más difícil es que no puede convivir con niños de la misma edad.  En su colonia, sus amigos ya no pueden ni salir a la tienda. Desde que noticias de jóvenes agredidos y detenidos al salir por mandados menores comenzaron a circular, las madres aumentaron sus medidas por la seguridad de sus hijos, contó la madre de Carlos. Solo pueden salir cuando consideran seguro y por momentos breves, pero siempre bajo supervisión. Consideran que es más seguro cuando un adulto está cerca.   

La mamá de Carlos ha solicitado, junto a otras madres, se entreguen carnés de identificación escolar a los estudiantes con la esperanza que eso ayude si sus hijos son detenidos.  De momento, aseguró la mamá de Carlos, las madres dicen que mantendrán estas medidas para proteger a sus hijos, niños que son criminalizados por el Estado.  

Este domingo 25 de abril, y de nuevo a solicitud del presidente Bukele, la Asamblea Legislativa alargó por 30 días más el régimen de excepción, además de aprobar la utilización de fondos públicos para compras y contrataciones, en el marco del régimen, sin necesidad de cumplir los requerimientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y a discresión del Ministerio de Hacienda.