«¡Nuestros familiares no son delincuentes!»: familias del Bajo Lempa
Angélica Ramírez | 06/05/2022
Familias originarias del Bajo Lempa acudieron a la Sala de lo Constitucional impuesta para presentar un habeas corpus y pedir la pronta liberación de sus familiares detenidos bajo el régimen de excepción.
El jueves 5 de mayo, 12 familias originarias de comunidades del Bajo Lempa acudieron a la Sala de lo Constitucional impuesta en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar habeas corpus por sus familiares detenidos bajo el régimen de excepción. Desde que este entró en vigor, el pasado 27 de marzo, se suspendieron garantías constitucionales como el derecho a la defensa.
El habeas corpus es una acción jurídica que determina que las personas detenidas deben ser presentadas ante el juzgado pertinente, de modo que puedan ser puestas en libertad si este no encuentra motivo suficiente para el arresto. Es un instrumento de garantía de la libertad individual cuando ésta ha sido limitada por cualquier autoridad, en forma arbitraria, ilegal o injusta.
«Queremos hacer oír nuestras voces, después de semanas de estar silenciadas por no saber cómo afrontar las diferentes violencias que el Estado ha ejercido a nuestras familias a través de las capturas y desaparecimiento de nuestros seres queridos», dijo Carmen Raquel Pineda, una de las personas que presentaron los habeas corpus. Señaló que las autoridades les han negado todo tipo de información sobre el estado de sus familiares detenidos.
La madre de Carmen, Sara Pineda, fue detenida el pasado 25 de abril. Desde ese día no se tiene información de su estado de salud, sobre si ha recibido alimentos o si le están maltratando. «¡Mi madre no es delincuente!», reiteró Carmen.
El Gobierno ha dicho que bajo el régimen de excepción se ha capturado a unos 20,000 presuntos pandilleros. Sin embargo, se han hecho públicas decenas de casos en las que los detenidos son personas sin antecedentes delictivos ni vínculos con estos grupos. Varios de los casos que se vuelven virales en redes sociales han llevado a la liberación de las personas. Organizaciones como FUNDE, Cristosal, Servicio Social Pasionista y Azul Originario han documentado capturas arbitrarias y violaciones a los derechos humanos.
Las familias del Bajo Lempa prepararon un comunicado en el que aseguran que algunas tienen más de 30 días recolectando documentos y buscando ayuda en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y otras organizaciones, para encontrar amparo legal. «Cada día se nos hace largo visitar la Procuraduría General de la Republica buscando sus nombres en los listados, escuchando las palabras de desaliento y que no nos dan esperanza de que podamos ver a nuestro familiar», dice el comunicado.
«El habeas corpus que presentamos estas 12 familias se resume en un grito de dolor», afirmó Pineda. Piden agilidad en el proceso de investigación y obtener información sobre el estado de sus parientes. «Queremos que con todas las pruebas que ya tenemos recabadas demuestren su inocencia y les dejen libres», agregó.
Las familias exigen que el Estado reconozca que está violentando los derechos de las y los salvadoreños y dejando profundas afectaciones sociales, económicas y psicológicas, en las personas más vulnerables. Alejandro Díaz, asesor legal de las familias y miembro de la organización Tutela Legal «María Julia Hernández», reiteró que muchas de las capturas efectuadas en la zona del Bajo Lempa han sido arbitrarias y explicó que en los requerimientos entregados a la Sala se exponen pruebas de que las personas detenidas tienen arraigo, son trabajadores y miembros importantes para la comunidad.
«No es justo que estas personas sigan detenidas por varios meses cuando no ha sido recibida la documentación que han presentado los defensores de la Procuraduría, no ha sido admitida por los jueces y juezas porque tienen una línea de solo tener detenida a estas personas», apuntó Díaz. Indicó que, luego de la entrega de los habeas corpus, la Sala tendría que ser expedita y responder con inmediatez, aunque dijo que tanto la Sala como la Procuraduría General de la República, están «colapsadas de tantos casos de familiares».
José Salvador Ruíz, miembro de las Comunidades Eclesiales de Base, quien acompañó en esta gestión a los pobladores del Bajo Lempa, dijo que las familias «han tocado todas las puertas de las instituciones del Estado y no los han escuchado». Hizo un llamado a la población que ha sido víctima del régimen de excepción para que se organicen, pues así pueden hacerse escuchar y demandar se cumplan sus derechos y el de las personas privadas de libertad.
«Para todos aquellos familiares que están siendo víctimas de este estado reprobado de excepción, que se organice, es la única forma de resistir frente a las estructuras que hoy están oprimiendo a las familias empobrecidas», acotó Ruiz.