Mónica Campos | 12/08/2022
Las denuncias por detenciones arbitrarias se cuentan por miles en los primeros 100 días del régimen de excepción, según un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH). La Procuraduría de Derechos Humanos, Cristosal e IDHUCA reportaron en conjunto 3,833 denuncias de detenciones ilegales. Para los investigadores, el deterioro en materia del derecho a la justicia y al debido proceso es alarmante.
En los primeros 100 días del régimen de excepción, decretado a finales de marzo por orden del Gobierno de El Salvador, han sido privadas de libertad 47,789 personas, según un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH). El pasado 27 de marzo de 2022, a raíz de un inusual pico de asesinatos, el presidente Nayib Bukele pidió a la Asamblea Legislativa que decretara un régimen de excepción que limitó derechos constitucionales como el derecho a la defensa, la libre asociación, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y que alargó los plazos de detención administrativa de 72 horas a 15 días.
Aunque la Constitución de la República detalla las condiciones en las que una declaratoria así puede establecerse, como en casos de catástrofes, los diputados aprobaron limitar los derechos de la ciudadanía y avalar el uso de fondos públicos sin mayores controles, dentro del marco del régimen. Aún más, si bien la Carta Magna indica que dicho régimen solo puede mantenerse durante 30 días, y prorrogarse por 30 más, el Legislativo lo ha extendido ya por cuarta ocasión, y se acumulan las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas valiéndose de este.
“El estado de excepción en El Salvador es un estado viciado”, dijo Omar Serrano, vicerector de proyección social de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), de la cual depende el OUDH. Serrano aseguró que el régimen, al que también calificó de “corrompido”, viola el marco jurídico nacional e internacional, ya que el Estado está obligado a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales.
Las cifras de denuncias por detenciones arbitrarias registradas se cuentan por miles. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) reportó 1,673 denuncias hasta el 24 de junio. Por su parte, la organización Cristosal acumulaba, hasta el 13 de junio, unas 1,941 denuncias de detenciones ilegales. El IDHUCA registró 219 casos, para un total de 3,833 denuncias por privación de libertad.
El informe del OUDH muestra un dato revelador: el Movimiento de Trabajadores de la Policía informó que se le está imponiendo a los agentes de seguridad estatales cuotas de detenciones. Es decir, se les pide cumplir con una determinada cantidad de personas detenidas.
Sobre las condiciones dentro de los centros penitenciarios, la PDDH informó que tuvo limitaciones al momento de realizar las inspecciones necesarias. Los inspectores solo pudieron ingresar a las cárceles 107 días después de que inició el régimen. Antes de eso, únicamente se les permitió ingresar a bartolinas y a centros de detención menor. Tres informes de la PDDH reportan 255 denuncias a violaciones de derechos humanos de personas dentro del sistema penitenciario.
Cristosal reportó la muerte de 63 personas dentro de los centros penitenciarios, durante el régimen de excepción. Muchas de estas tenían signos visibles de lesiones y tortura. La PDDH recibió 306 denuncias por vulneraciones, entre ellas, 28 de malos tratos, 12 por uso desproporcionado de la fuerza, 231 por negativas de agentes a decir la ubicación del centro penal donde se encontraban los detenidos, 3 por tratos cueles, inhumanos o degradantes y 6 por intimidaciones. La institución también reportó casos en los que los encargados de los resguardos no permitieron el ingreso de medicamentos para los internos.
Ante los resultados del informe, el OUDH recomendó al Estado salvadoreño, y específicamente a la Asamblea Legislativa, dejar sin efecto el régimen de excepción y restituir las garantías procesales y derechos fundamentales limitados por dicha declaratoria. Además, hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y del Ejército para que investiguen las miles de denuncias en contra de agentes de seguridad estatales.
Omar Serrano apuntó en su análisis posterior a la presentación del informe que la Convención Americana de Derechos humanos sí reconoce el estado de excepción y su aplicación siempre y cuando no se violen el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el principio de legalidad, protección a la familia y además prohíbe la suspensión de la garantía de procesos judiciales adecuados.
El vicerrector de proyección social de la UCA dijo también que más de la mitad de los detenidos son menores de treinta años, es decir, personas jóvenes, y que el problema de las pandillas es un problema social y debe tratarse con enfoque social, no como un problema de seguridad nacional. “Cualquier mega cárcel que construyan” no va a resolver el problema, concluyó.
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