Régimen de excepción persigue a ambientalistas y a sus familias

Vilma Laínez | 11/09/2023

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La Mesa por el Derecho a Defender Derechos registra varios casos de detenciones bajo el régimen de excepción de hijos o familiares de personas defensoras que ejercen su labor en los territorios rurales o alejados de la capital.

El régimen de excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2022, está siendo utilizado para perseguir a defensores de derechos humanos y del medioambiente, y a sus familiares. Organizaciones de la sociedad civil están llevando el registro de estos hechos y aseguran que se trata de una táctica intimidatoria dirigida a personas que trabajan en las zonas rurales, principalmente.  

La coordinadora de la Red de Defensoras de Derechos Humanos, Alejandra Burgos, aseguró que las agresiones contra defensores ambientalistas comunitarios y sus familias se han intensificado desde el año pasado, cuando se aprobó el régimen de excepción.

La Mesa por el Derecho a Defender Derechos ha reportado estos hechos en su informe de agresiones contra personas defensoras y periodistas, e incluye a cinco líderes de Santa Marta, Cabañas, capturados la madrugada del 11 de enero de 2023. A ellos se les acusa de un crimen ocurrido en la década de 1980, durante la guerra civil de El Salvador. El caso, sin embargo, se procesó al inicio bajo el contexto de suspensión de garantías judiciales del régimen de excepción, como la prolongación del periodo de detención provisional.

Los líderes fueron liberados en la madrugada del martes 5 de septiembre, 14 días después que la jueza de Instrucción de Sensuntepeque les otorgara arresto domiciliar. Sus familiares denunciaron públicamente que durante los ocho meses que estuvieron en la cárcel, no se les permitió verlos.

«Lo que vemos con preocupación que eso sea un patrón que se repita y que el régimen de excepción como tal sea justo un contexto favorable para que se use esta persecución, la criminalización de las personas defensoras como una forma de evitar que continúen con su labor», señaló Burgos. 

Agregó que este caso está relacionado con la labor de defensa del medioambiente que estos líderes hacen a través de la Asociación de Desarrollo Económico y Social, Santa Marta (ADES). Esta asociación lideró en Cabañas las luchas contra la explotación de la minería metálica, las cuales terminaron en 2017 con la aprobación de la ley que prohíbe la explotación minera en el país. Desde entonces, han continuado con el trabajo en territorio. 


La represión también arremete contra sus familiares 


En mayo de este año, fue detenido Manuel Gámez Morales, hijo de Vidalina Morales, quien es lideresa ambientalista de Santa Marta. Fue liberado un día después. El caso fue denunciado públicamente tanto a nivel nacional como internacional por haberse considerado como una represalia contra la ambientalista Morales. Su hijo no tiene antecedentes penales ni cargos por pertenecer a grupos de pandillas. Vidalina también es presidenta de la ADES y uno de los rostros más visibles en la lucha por la liberación de los cinco líderes detenidos de Cabañas. 

Para Burgos, estas acciones podrían ser entendidas como una estrategia de amedrentamiento para la labor de las personas defensoras. «En algunos casos de personas ambientalistas estamos encontrando esa reincidencia en detenciones a hijos o a familiares de las mismas». 

En febrero de 2023, fue capturado Benjamín Amaya, padre de la periodista Carolina Amaya. Según publicó ella en un texto en el periódico digital El Faro, su padre es un líder campesino defensor de tierras estatales ubicadas en la finca Argentina, de San Juan Opico, La Libertad. Don Benja, como es conocido, se oponía a los planes de una empresa financista de Nuevas Ideas, el partido político impulsado por el presidente de la República, Nayib Bukele. Carolina se ha dedicado desde hace años a investigar problemáticas ambientales relacionadas a proyectos extractivistas.

Otro de los casos es el de Leví César Morales, hijo del líder indígena de Nahuizalco en Sonsonate, Silverio Morales. Fue capturado el 11 de noviembre de 2022 mientras se dirigía a su casa. También fueron capturados sus primos Samuel y Ramiro Morales. Todos bajo el régimen de excepción. Silverio dijo ante los medios de comunicación que los detenidos no tienen antecedentes penales o tatuajes que los vinculen con grupos delincuenciales. 

Silverio Morales es un promotor del santuario de las semillas nativas, en su lucha por la soberanía alimentaria. Denuncia frecuentemente el uso de agrotóxicos en el monocultivo de la caña de azúcar, y aboga por una agricultura ecológica. 

En julio de 2022 fue detenido otro líder indígena de Sonsonate, Santos Adolfo Zetino, conocido como “el Tata Zetino” mientras estaba en su vivienda. Junto a él también fue detenido su hijo, Alexánder Zetino, ambos bajo el régimen de excepción. El Tata Zetino fue liberado en la misma noche, pero la policía ha detenido a sus otros cinco hijos en este mismo contexto. 

Zetino es dirigente de la Asociación Nacional Indígena Madre Tierra El Salvador (Animate), desde donde reclama soberanía para sus territorios. Además, es uno de los sobrevivientes de la masacre de Las Hojas, ocurrida en 1983, y es reconocido como guía espiritual náhuat pipil. 

Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, trabaja en los territorios. Ella asegura que ha sido testigo de la criminalización de defensores comunitarios por parte de las autoridades de seguridad pública. 

“Vemos que la situación que están viviendo de persecución tiene que ver con su activismo. Lo que hacen es desmovilizarte a través de neutralizar a la familia, de acosar a la familia; es justamente para disminuir su activismo, para disminuir la posibilidad de que esta gente con conciencia pueda ocasionar algún levantamiento entre la población”, explicó Amalia López.

Según Amaya, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente son las más vulneradas en los territorios.


Miguel teme por su hijo


Miguel (nombre ficticio) es un defensor de la tierra, la cultura y el agua en Sonsonate. Ha participado en marchas y protestas por la protección de estos recursos. Su hijo fue capturado en enero de este año mientras trabajaba en una institución de gobierno.   

«En el momento de la captura, me cuentan compañeros de trabajo que a la hora del almuerzo iba. A él lo acusan por resistencia al arresto y por asociaciones ilícitas… Estoy consciente de que no pertenece a ningún grupo de eso», explicó.   

Miguel aseguró que en mayo pasado supo que su hijo estaba enfermo, pero que no le han permitido verlo. Ha tocado puertas en la Procuraduría de Derechos Humanos y en la Procuraduría General de la República, pero en ninguna ha obtenido una respuesta favorable. Ahora ha recurrido a organizaciones defensoras de derechos humanos en busca de ayuda jurídica y para compartir su caso con otras familias. 

«La única esperanza que yo tengo es aquí en el Idhuca (Instituto de Derechos Humanos de la UCA), porque ellos me han dicho que si el caso es accesible lo pueden llevar ellos, pienso yo que en el momento dado que se pueda optar a un defensor, porque los defensores públicos no le ponen mucho entusiasmo para sacar a alguien», detalló Miguel. 

En El Salvador, desde marzo de 2022 se ha capturado a más de 70,000 personas acusadas de pertenecer a pandillas. Organizaciones no gubernamentales han documentado más de 6,000 casos de torturas, detenciones arbitrarias y otros abusos, los cuales son confirmados por quienes han logrado recuperar su libertad. 

El Gobierno ha admitido que, a la fecha, han liberado a unas 7,000 personas que estuvieron en prisión pese a ser inocentes. Además, 187 personas han muerto mientras estaban bajo custodia del Estado. El régimen de excepción es alargado a finales de cada mes por la Asamblea Legislativa y lleva ya 17 meses de vigor, pese a que la Constitución señala que no puede extenderse más allá de 60 días. 

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