Retiro de empleados públicos requerirá fondos que no están presupuestados

Mariana Belloso | 14/06/2023

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Una ley para incentivar el retiro voluntario de unos 5,000 empleados públicos que ya están jubilados pero siguen laborando fue aprobada este martes por la Asamblea Legislativa. Cada ministerio deberá costear la compensación para quienes decidan acogerse. El presupuesto para 2023 no incluye este gasto, y de hecho, se ha recortado el gasto social en lo que va del año.


Los diputados aprobaron el 27 de mayo de 2023, con 75 votos, la ley de retiro voluntario para empleados públicos jubilados y pensionados. Foto: Asamblea Legislativa.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes 16 de mayo, con 75 votos, la Ley Transitoria de Compensación Económica por Retiro Voluntario de Servidores Públicos Jubilados o Pensionados del Órgano Ejecutivo, Entidades Descentralizadas No Empresariales y Entidades Autónomas. Con esta ley, el retiro voluntario de empleados públicos requerirá hasta US$125 millones que no están presupuestados.

La medida establece una compensación de hasta US$25,000 para los trabajadores públicos pensionados o jubilados que continúan laborando en el Estado, y que decidan retirarse voluntariamente. El director general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Carlos Salazar, dijo que unos 5,000 empleados públicos cumplen los requisitos para ampararse en esta ley, que estará vigente por seis meses. 

La cantidad necesaria para cubrir estas compensaciones –US$125 millones si todos se acogen a la ley– deberá ser cubierta por cada ministerio o autónoma. Estos fondos no están contemplados en el presupuesto general del Estado para 2023, pero Hacienda dice que las entidades públicas cuentan con dinero disponible debido a plazas que han sido suprimidas.

Una fuente que labora en una entidad autónoma explicó que aún en esta institución, que genera un superávit –logra saldos positivos gracias a los ingresos que tiene–, no se logra cubrir a la cantidad de empleados que podrían acogerse al retiro voluntario. “Con el superávit que tenemos hemos calculado que solo podríamos indemnizar a un 22 % de las personas que pueden aplicar, para el resto no tendríamos cómo pagarles”, indicó.

Salazar dijo que, si los ministerios no logran cubrir el monto total de la compensación, Hacienda “va a gestionar los fondos necesarios para poder pagar la compensación».

Pero las finanzas del Estado tampoco están en un buen momento. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) publicó recientemente un informe en el que destaca los problemas que existen en las finanzas públicas salvadoreñas. 

Al comparar el presupuesto de 2022 y el de 2023, el ICEFI encontró una reducción en el gasto, que “podría implicar una disminución en la atención a las necesidades de la población”.

Ricardo Castaneda, del ICEFI, señaló que esta ley responde a la realidad financiera del gobierno, con dificultades de acceso a financiamiento externo, y caída en la recaudación, de modo que el ajuste debe hacerse por el lado del gasto. “Una de las partidas que están dispuestos a tocar son los sueldos y salarios. En un principio esto implicará erogaciones pero luego tendrán ahorros importantes”, apuntó.

Sin embargo, agregó, la pregunta es de dónde van a salir las fuentes de financiamiento para poder indemnizar a quienes se acojan al retiro voluntario. Explicó que es posible que hagan una especie de plazos para pagar, y que, aunque se comprometan en pagar esas indemnizaciones este año, no lo terminen haciendo. “Hay antecedentes sobre ello, personas que se retiraron y que no se les habían hecho los pagos”, recordó.

Para Castaneda, un punto clave de esta ley de retiro voluntario es qué áreas va a afectar.  “Nosotros ya hemos advertido desde el ICEFI que se ha estado dando un ajuste de austeridad, pero en áreas clave, como educación, salud y obras públicos, y la mayoría de empleados se concentran en esas áreas. Habría que ver si esto no va a terminar afectando la provisión de bienes y servicios públicos, en un contexto de aumento de pobreza, de pobreza extrema, y en un contexto de inseguridad alimentaria”, advirtió.


Menos fondos para la gente


Aunque el presupuesto social de 2023 muestra un aumento respecto al de 2022, esto se debe a que el año pasado el dinero destinado al desarrollo social fue menor al que se presupuestó en 2021. 

“Al analizar el presupuesto ejecutado en 2022 respecto al de 2021, se puede apreciar como el gobierno salvadoreño utilizó un enfoque de austeridad, obligado por la falta de acceso a financiamiento en los mercados de capital y también por la priorización del pago del servicio de la deuda. Esto provoco sendos recortes en áreas sensibles para el desarrollo del país como la educación, la salud, el medio ambiente, la cultura y la inversión pública en su conjunto”, dice el reporte del ICEFI.

El presupuesto aprobado para 2023 incluye cambios en la cantidad de dinero asignada a diferentes áreas. Algunas instituciones, como vivienda, desarrollo local, medio ambiente, turismo y educación, recibirán más fondos en comparación con el año pasado. Sin embargo, el sector de educación tendrá un presupuesto más bajo que en 2021, lo cual es preocupante, especialmente en lo que respecta a la educación parvularia.

En cuanto a la salud, el porcentaje del presupuesto en relación al Producto Interno Bruto (PIB) será el mismo que en 2022. Esto significa que no habrá un aumento o una reducción en la inversión en salud proporcional al crecimiento económico.

Es importante mencionar que, a pesar de la alta inflación y la falta de protección social suficiente, se han realizado recortes en el presupuesto para agricultura y para el programa de pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad. Además, se han reducido los fondos asignados a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 

Esto contrasta con el aumento de recursos asignados a la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. La partida más grande del presupuesto para 2023 se destinará al pago del servicio de la deuda pública, incluyendo intereses y amortizaciones, lo que suma US$2,134.9 millones. Esta cantidad supera significativamente los fondos asignados a educación (US$1,502.5) y salud (US$1,131.1 millones). Es decir, casi una cuarta parte del presupuesto total se utilizará para pagar la deuda en El Salvador.

La mayoría de los indicadores económicos que reflejan la situación de la deuda del sector público “muestran una condición de vulnerabilidad, como la relación de la deuda como porcentaje del PIB… el saldo de la deuda total a los ingresos tributarios que se acerca a tres veces el valor recomendado y la relación de intereses respecto del PIB, que incluyendo el costo previsional, se ubica en alrededor del 60 % por encima de losvalores recomendados”, advierte el ICEFI.

Lee además: Vos también pagás la deuda pública


El ICEFI publicó un estudio comparado de los presupuestos generales de la nación para 2022 y 2023.

Sobre la ley de retiro voluntario


  • La ley aprobada para el retiro voluntario aplica a los pensionados, que son quienes ya cumplieron con la edad de retiro, pero no así el tiempo laboral (30 años de servicio); y a los jubilados, que son los que ya cumplieron el periodo de trabajo y la edad para ese retiro (60 años los hombres y 55 años las mujeres).
  • Quienes cumplan con los requisitos tienen seis meses para hacer su renuncia voluntaria, según los requisitos del artículo 30-A de la Ley de Servicio Civil. La ley solo aplica a los empleados del Órgano Ejecutivo, en las entidades descentralizadas no empresariales y en las autónomas.
  • Se deja fuera a las entidades del sector financiero, como la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), el Fondo Social para la Vivienda, Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), Banco de Fomento Agropecuario (BFA), tampoco será aplicable a los empleados de otros Órganos de Estado ni al personal militar.
  • La indemnización se calculará con base en el último salario devengado, y será el equivalente a un salario por cada año laborado o fracción mayor de seis meses de servicio consecutivo, hasta un techo de $25 mil. Ese pago estará exento del Impuesto sobre la Renta y gozará del beneficio de la inembargabilidad.
  • El dinero se pagará en dos cuotas iguales, en un plazo entre pagos no mayor a 30 días.

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